Celia Juárez Jiménez

Expediente 1507/2020 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 5 actuaciones registradas, la última del 23 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1507/2020
Año
2020
Actuaciones
5
Última actuación
23/09/2021

Partes del expediente

  • Juez Sexto en Materia Civil del Primer Partido Judicial en el Estado de Jalisco
  • Celia Juárez Jiménez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Visto lo de cuenta, téngase por recibido el oficio y anexos que remite la secretaria del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, al cual se adjuntó´ el testimonio de la resolución pronunciada en la queja 23/2021, en la cual se advierte que dicho Tribunal determino´: "U´NICO.- Es infundado el recurso de queja interpuesto por CELIA JUÁREZ JIMÉNEZ, contra el auto de veintisiete de noviembre de dos mil veinte, dictado por el Juez Decimocuarto en Materias Administrativa, Civil y del Trabajo en el Estado de Jalisco, en el juicio de amparo indirecto 1507/2020, mediante la cual desechó por notoria improcedencia la demanda de amparo." Acúsese el recibo y háganse las anotaciones correspondientes. II. Archivo. Por otra parte, toda vez que el presente asunto ya se encuentra debidamente integrado y concluido, de archívese, este asunto con fundamento en el canon 196 de la Ley de Amparo, aplicado por analogía, previas anotaciones que se realicen en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en el libro de gobierno. III. Valoración del expediente. Toda vez que en el presente asunto se dicto´ un acuerdo que, sin decidir en el juicio en lo principal lo dio por concluido, toda vez que en provei´do de veintisiete de noviembre de dos mil veinte, se desechó la demanda de amparo, el expediente se encuentra en el supuesto previsto en el inciso b) del artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece la disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, por tanto, sera´ destruible una vez que trascurra el plazo de tres an~os de haberse ordenado su archivo.

  2. Principal

    Zapopan, Jalisco, dieciocho de marzo de dos mil veintiuno. Tribunal Colegiado admite queja. Téngase por recibido el oficio firmado electrónicamente por la actuaria judicial adscrita al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, mediante el cual informa que admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por la quejosa, el cual quedó registrado bajo el número 23/2021 de su índice. Notifíquese.

  3. Principal

    Zapopan, Jalisco, veinticinco de febrero de dos mil veintiuno. Tribunal Colegiado solicita acuse. Téngase por recibido el comunicado que remite el secretario de acuerdos del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, como lo solicita, se comisiona al actuario judicial de la adscripción a efecto de que realice la notificación al citado tribunal colegiado, respecto al auto de seis de octubre de dos mil veinte, en el que se tuvo por recibido el oficio 1120/2020, mediante el cual remitió el juicio de amparo 2185/2019 y la ejecutoria pronunciada en la revisión principal 130/2019, en la que dicho tribunal confirmó la sentencia de veintisiete de diciembre de dos mil diecinueve. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Rogelio Alberto Ayala Gutiérrez, Juez Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y del Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, ante Mónica Alejandra Vargas Domínguez, secretaria que autoriza y da fe. RAAG/MAVD/hmre

  4. Principal

    AVISO.- Por este medio, se le notifica a la parte quejosa, el auto de fecha veintisiete de noviembre de dos mil veinte, que indica: Zapopan, Jalisco, veintisiete de noviembre de dos mil veinte. I. Radicación. Téngase por recibida la demanda promovida por ****, por propio derecho; contra actos que atribuye al Juez Sexto en Materia Civil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco y otra autoridad. II. Creación del expediente. Fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno de este juzgado y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes bajo el número 1507/2020. III. Decisión sobre la instancia constitucional. 1. Desechamiento. Del análisis de la demanda de amparo y anexos, se advierte que es improcedente y, por tanto, deberá desecharse como se verá a continuación. Los artículos 62 y 113 de la ley de la materia disponen que las causas de improcedencia se deben de analizar de oficio y que el juez de distrito, si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia al examinar el escrito de demanda, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; esto, atendiendo primordialmente al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual impide dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para no crear falsas expectativas en las personas que solicitan la protección federal en asuntos que, al final de cuentas, resultarán indudablemente sobreseídos. En atención a lo anterior, se debe señalar que el numeral en comento fija la taxativa consistente en que, para desechar una demanda de amparo, no basta con que el juzgador haya encontrado un motivo de improcedencia, sino que, además, se requiere que dicha causa sea manifiesta e indudable. Así, aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por algún medio de prueba durante el juicio. De una intelección del artículo 107, fracción V, de la ley de la materia,3 se desprende que el amparo biinstancial sólo procede en contra de actos en juicios cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndolos como aquellos que afecten derechos sustantivos. En sentido contrario, el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando el acto reclamado no produce un menoscabo de esa naturaleza. Al no actualizarse el supuesto de procedencia del juicio de amparo previsto en el artículo 107, fracción V, de la ley que lo regula, se actualizaría la causa de improcedencia prevista por el diverso artículo 61, fracción XXIII, del mismo cuerpo normativo.5 El citado numeral 107, fracción V, establece dos condiciones para la procedencia del juicio de amparo, a saber:  Que sean actos dentro de juicio.  Que afecten derechos sustantivos. Los actos dentro de juicio son aquellos dictados dentro de un proceso jurisdiccional entendido como la institución jurídica compuesta de una serie sucesiva de actos, constituidos por etapas expositiva, probatoria y conclusiva. Cabe destacar que después de la fase conclusiva del proceso, en algunos casos existe la etapa ejecutiva, aunque para los actos dictados en esta etapa la ley citada hace una distinción, ya que les da el tratamiento de actos dictados después de concluido el juicio (artículo 107, fracción IV, del ordenamiento legal aplicable), con reglas de procedencia distintas al estudio que nos ocupa. El juicio o proceso comienza con la presentación de la demanda y concluye con el dictado de la sentencia definitiva; por lo que los actos que tengan lugar entre estos extremos constituirán actos en juicio. Ahora, sobre el concepto de ejecución de imposible reparación, debe señalarse que son aquellos actos dictados dentro del juicio que el legislador dispuso afectan de modo directo e inmediato alguno de los derechos sustantivos consagrados en la constitución y no los que sólo afectan derechos adjetivos o procesales. Lo anterior significa que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, cuando sus consecuencias son susceptibles de incidir inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, que tutela la constitución por medio de los derechos fundamentales, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, entre otras, porque esta afectación o sus efectos, no se destruyen fácticamente con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. En cambio, las meras violaciones procesales no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado. Luego, el prototipo de los primeros (actos irreparables) está en la infracción de los derechos sustantivos, en razón de que éstos constituyen especies de los que la Ley Fundamental preserva al gobernado como géneros, citándose a guisa de ejemplo, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, el auto que ordena la intercepción de la correspondencia de alguna de las partes en las oficinas de correos, el que se conmina a una parte a que forzosamente desempeñe un trabajo o el arraigo, pues en los primeros casos se puede afectar la propiedad y posesión, en el cuarto la libertad personal, en el quinto el derecho a la inviolabilidad de la correspondencia, en el sexto la libertad de trabajo y en el séptimo la de tránsito; afectaciones éstas que no podrían repararse en alguna actuación posterior del juicio. En tanto que el supuesto de los segundos (actos reparables), se actualiza esencialmente respecto de los denominados derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal. Además, el juicio de amparo contra actos de autoridades judiciales dictados dentro de juicio, es procedente cuando se afecten derechos sustantivos, pero no cuando se reclamen violaciones a las garantías individuales, puesto que éstas no son derechos sustantivos, ya que como su nombre lo indica, garantizan la aplicación de la ley en cuanto a los procedimientos seguidos ante tribunales, con el objeto de proteger la integridad física, la libertad y los bienes, siendo éstos, los derechos fundamentales del gobernado, entre otros; es decir, las garantías individuales, no son derechos sustantivos, sino que constituyen el instrumento constitucional establecido por la propia norma fundamental del país, para salvaguardar tales derechos. En el caso, se reclama el auto de veintiocho de octubre de dos mil veinte dictado por el Juez Sexto en materia Civil del Primer Parido Judicial, en el juicio 817/2019, mediante el cual declaró infundado el recurso de revocación hecho valer en contra del diverso por el que se determinó que no había lugar a declarar por confesa a la parte demandada. De lo anterior, se advierte que, el acto reclamado tiene la característica de ser dentro de juicio, al emanar de un procedimiento jurisdiccional en el que se ha presentado la demanda y no se ha dictado sentencia definitiva. Con base en ello, se evidencia que los elementos de las definiciones de ejecución irreparable no se actualizan en el acto reclamado por la quejosa, por lo siguiente: Por ende, dicha determinación tiene como efecto la continuación del procedimiento de origen, al determinarse que no era procedente declarar por confeso a la parte demandada, por lo que sólo se pueden afectar los derechos procesales de la quejosa, pero en modo alguno los de naturaleza sustantiva, como serían la vida, la libertad, entre otros. Luego, será, en su caso, hasta el pronunciamiento del fallo definitivo, cuando pudiera influir o no en el sentido de la decisión del juzgador y, por ello, hasta entonces podrá actualizar la posibilidad de que la pretendida violación procesal llegara a trascender al resultado del fallo y dar lugar así a una afectación de derechos sustantivos, si la sentencia es adversa a los intereses de la solicitante de amparo. En tales condiciones, como ya se dijo, al no ser actos que afecten derechos sustantivos, se estima que no se actualiza la hipótesis contemplada por el artículo 107, fracción V, de la norma en consulta, para poder ser impugnado de inmediato a través del juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, se actualiza, la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el precepto 107, fracción V, aplicada en sentido contrario, de la misma ley, respecto de los actos reclamados en estudio. Por tanto, con apoyo en el ordinal 113 de la referida ley de la materia, se desecha la demanda en estudio.

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