Celia Hernández Hernández
Expediente 721/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 5 actuaciones registradas, la última del 23 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 721/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 23/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Celia Hernández Hernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Se recibe testimonio. Agréguese el oficio del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito "PRIMERO. Si existe el conflicto competencial. SEGUNDO. El Juez Segundo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, es competente para conocer de la demanda de amparo ...archívese como asunto totalmente concluido.
- Principal
... Se tiene por recibido el oficio ...se toma conocimiento de que ...conflicto competencial se admitió y fue registrado con el 36/2022.
- Principal
Se recibe el oficio de cuenta, proveniente del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, capital; mediante el cual, acusa recibo ... De igual forma, la autoridad oficiante informa que sostiene la incompetencia y que remitió los autos de los juicios constitucionales al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, en turno, para sustanciación del conflicto competencial suscitado entre ambos Juzgados.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, treinta de noviembre de dos mil veintidós. Se recibe oficio Se tiene por recibido el oficio proveniente del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en la ciudad del mismo nombre, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento que le fue formulado en auto de veintidós de noviembre pasado, remite los cuadernos incidentales derivados del juicio de amparo 726/2022 de su índice. Acúsese recibo. Ahora bien, en el referido auto de veintidós de los cursantes, se reservó acordar lo relativo a la incompetencia planteada por la autoridad oficiante para conocer del juicio de amparo 726/2022 de su índice, promovido por ***, contra actos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en San Luis Potosí, toda vez que a su consideración este órgano jurisdiccional resulta competente por ser quien tiene jurisdicción en donde tiene efectos el acto negativo reclamado; ello, hasta en tanto la aludida autoridad, remitiera los cuadernos incidentales derivados del referido controvertido; circunstancia que ya aconteció, por ende se procede a acordar lo conducente. Registro Atento a lo anterior, se ordena formar y registrar los expedientes impreso y electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes -SISE-, bajo el número 721/2022. Digitalización Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico estará a disposición de las partes, tan pronto como las mismas cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. No se acepta la competencia declinada Ahora bien, de la sentencia pronunciada el quince de noviembre pasado, en el juicio 726/2022 en la que el Juez Segundo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en la ciudad del mismo nombre, declinó competencia se advierte que consideró como acto reclamado el oficio DPSH 024.300.302.6.00240/2022 de nueve de mayo de dos mil veintidós en el que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en la ciudad de San Luis Potosí, negó otorgar a la quejosa la pensión por viudez solicitada. Al efecto, indicó que la justiciable reclamaba la negativa establecida por el instituto responsable a otorgarle una pensión de viudez y del análisis integral de la demanda y de las documentales allegadas al juicio, se obtenía que la misma reside en la localidad de Temamatla, Tamazunchale, San Luis Potosí, por lo que si bien el acto reclamado era negativo, tendría repercusión material en la esfera jurídica de la persona que no vio que su pretensión prosperara, lo que ocurriría en Tamazunchale, San Luis Potosí. Añadió, que si bien el acto reclamado es una resolución declarativa, lo cierto es que erige una negativa, la cual sí tiene efectos en la esfera jurídica de la afectada por la decisión y tales efectos se producen tanto en su vertiente positiva (pues de obtener la pensión en el lugar en el que tiene establecida su residencia, según las constancias de autos, es donde se habrá de materializar el disfrute de la pensión solicitada), como en su vertiente negativa (por ser en ese sitio donde repercutirá la imposibilidad de disponer de un monto económico por concepto de pensión); lugar que al no estar comprendido en la jurisdicción de dicho juzgado, genera que el Juez Federal competente deba ser el que ejerza jurisdicción en el municipio de Tamazunchale, San Luis Potosí. No obstante, este órgano respetuosamente disiente de la determinación del aludido órgano jurisdiccional y, por ende, no se acepta la competencia declinada. Lo anterior, porque el acto reclamado no se trata de un acto negativo con ejecución material, sino de un acto negativo simple, que carece de cualquier efecto positivo, pues se negó a la quejosa el disfrute de la pensión por viudez solicitada, lo que implica que no se realizará (por lo menos hasta este momento) acción alguna para el pago de dicha pensión, lo que conlleva a un acto sin efecto material alguno, que no transciende al mundo fáctico, pues no se modifica el estado de las cosas en la esfera física, ni formal, por lo que carece de efectos positivos. Al efecto, es de referirse que los actos negativos son aquéllos en los que la autoridad se rehúsa a satisfacer la pretensión de los gobernados. Esto es, la autoridad hace manifestación de su voluntad para no conceder a la quejosa lo que a ella presuntamente le corresponde; esta clase de acto se manifiesta con la conducta de las autoridades, que niegan lo que los gobernados les solicitan. Así, para que se actualice la existencia de los actos negativos, debe existir una respuesta por parte de la autoridad donde se niegue la pretensión solicitada, lo que en el caso aconteció, pues la responsable Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en la ciudad de San Luis Potosí, en el oficio DPSH 024.300.302.6.00240/2022, determinó no otorgar a la quejosoa la pensión de viudez solicitada. Por lo que ante esa negativa, no podría desplegarse alguna ejecución material, por el contrario, las cosas se mantienen en el estado que guardan, sin actividad por parte de la autoridad, ni de la gobernada, pues se exteriorizó una negativa con relación a la pretensión de esta última, sin imponerle ninguna carga concreta identificable, es decir, el acto no tiene efectos que puedan traducirse en la imposición de obligaciones; características distintivas con las que cuentan los actos negativos con efectos positivos. En ese sentido, no se deben confundir los actos negativos simples, con aquellos que pudieran tener efectos positivos en los cuales la autoridad no solo exterioriza una negativa con relación a la pretensión de los gobernados, sino que además impone cargas concretas identificables, lo que en el caso no acontece de forma alguna. Por tanto, al ser el acto reclamado un acto negativo simple, sin efecto material alguno, pues es ineludible que la responsable rechazó la solicitud de la gobernada de obtener una pensión por viudez, la competencia para conocer del juicio corresponde al Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda y además resida la autoridad señalada como ordenadora, pues la competencia por territorio de los Juzgados de Distrito para conocer de una demanda de amparo deriva, primordialmente de la naturaleza y consecuencias del acto reclamado. Aunado a lo anterior, la regla de competencia establecida en el artículo 37 de la Ley de Amparo, respecto de actos no ejecutables, es literal, lo que impide al juzgador realizar interpretaciones sistemáticas, teleológicas o lógicas, pues la intención del legislador fue evitar conflictos competenciales a través de una mejor operatividad de los derechos de audiencia y acceso a la justicia pronta y expedita establecidos en los numerales 14 y 17 constitucionales. Por tanto, atendiendo a lo establecido en el párrafo tercero del artículo 37 de la Ley de Amparo, se considera que la competencia para conocer del juicio de amparo de cuenta se surte a favor del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en la ciudad del mismo nombre, ya que ante dicho órgano jurisdiccional fue turnada la demanda de amparo, presentada en aquella demarcación. Lo anterior, pues el acto que se atribuye a dicha autoridad es de carácter meramente negativo y no implica ejecución material alguna, que es el elemento que la disposición legal citada toma en cuenta para determinar qué juzgador es el competente, para conocer de la demanda de amparo. De ahí que no resultan aplicables al caso las tesis en que apoyó sus consideraciones la autoridad declinante pues se refieren a actos con ejecución material inminente, lo que en el caso como se explicó no acontece. Al no aceptar la competencia declinada devuélvanse las constancias al órgano jurisdiccional oficiante para que provea lo conducente. Fórmese cuaderno de antecedentes y se solicita acuse de recibo. Reproducción electrónica Por otro lado, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos como cámaras fotográficas, teléfonos celulares con cámaras fotográficas y escáner, sin necesidad de solicitud por escrito y acuerdo que recaiga al mismo; lo anterior siempre y cuando los acuerdos no se traten de aquéllos que por su naturaleza sean de carácter confidencial o reservados, debiendo asentar la razón correspondiente respecto de la actuación objeto de reproducción a través de los citados medios electrónicos, lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en la inteligencia que el uso de los aludidos medios tecnológicos no implica la captación de las firmas que están plasmadas en la resolución correspondiente, dada la facilidad con que pueden confeccionarse. Expedición de copias En otro contexto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 278, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, desde este momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que integren el presente juicio y de las remitidas por las autoridades responsables en apoyo a su informe justificado, sin necesidad de promoción y acuerdo que le recaiga; lo anterior, siempre y cuando las constancias solicitadas no contengan datos sensibles, reservados o confidenciales en términos de la Ley de Transparencia. Para ello bastará: I) que las soliciten a la Secretaria o el Secretario del juzgado responsable de su expediente; (II) que paguen el costo de su reproducción directamente en el centro de fotocopiado más cercano al edificio en el que se encuentra este juzgado federal; y, (III) que se deje en el expediente constancia legal de su recepción, por lo que no será necesario que lo soliciten por escrito. Protección de datos personales Conforme a los artículos 9 y 68 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; los numerales 6, 8 y 9 del Reglamento para la aplicación de la Ley Federal relativa, así como los preceptos 25 a 27, 31, 34 y 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, se hace del conocimiento de las partes que el asunto se clasifica como de información no reservada. Sin embargo, en términos del artículo 108 de la Ley Federal en comento, en las versiones públicas de las resoluciones dictadas por este Órgano de Control Constitucional se testarán las partes o secciones que en su momento tuviesen información reservada o confidencial. Notifíquese.
Quedan 1 actuación en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · 3,298 expedientes
- Cecilio Rivas Rivera161/2023
- Ceferino Hernández Vidales499/2021
- Celene Ceron Torres406/2021
- Celene Ceron Torres635/2021
- Celia Amelia Pintor Guzman286/2021
- Celia Camacho Ramos28/2023
- Celia Rangel Rocha183/2018
- Celia Trejo Aguillon130/2022
- Cenaida Martínez García328/2018
- Cenorina Bernal Fernández690/2022
- Cesar Armando García De León (defensor)103/2017
- César Augusto Aguilar Garlant17/2020