Celia Gutiérrez Guzmán

Expediente 40/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 22 actuaciones registradas, la última del 26 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
40/2023
Año
2023
Actuaciones
22
Última actuación
26/04/2023

Partes del expediente

  • Celia Gutiérrez Guzmán

Actuaciones

Las 4 más recientes de 22.

  1. Principal

    Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, se advierte que no fue recurrida dentro del término legal la determinación de veintinueve de marzo de la presente anualidad, por la cual se sobreseyó fuera de audiencia constitucional en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que quedó firme. Notifíquese lo anterior a las autoridades responsables y háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. Archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no encontrarse en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se considera que no es de relevancia documental. Por otra parte, toda vez que en el presente expediente se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b), del acuerdo citado en el párrafo que antecede. Por lo que hace al original del incidente de suspensión, será susceptible de depuración una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), del citado acuerdo, toda vez que se concedió la suspensión provisional y definitiva, por lo que, se deberán conservar todas las constancias relativas al otorgamiento de las medidas; por tanto, mientras acontece lo anterior, se ordena glosar el original del cuaderno incidental para mejor resguardo. Finalmente, toda vez que las partes omitieron manifestar si están o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se les tiene aceptando que se publiquen dichos datos.

  2. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL INCISO C), FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE VEINTINUEVE DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS, A LA PARTE QUEJOSA: Visto el estado de autos, se advierte que en el presente asunto sobreviene de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los diversos 5º, fracción II y 108, fracción III, todos de la Ley de Amparo que literalmente establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios;" A manera de preámbulo, conviene señalar que la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, debe interpretarse en el sentido de que las causas de improcedencia que ahí se contemplan, deben derivar necesariamente de la propia ley, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o incluso, de la jurisprudencia. Por ello, el contenido de este numeral se debe interpretar en el sentido de que en sus veintidós primeras fracciones sólo se prevén algunos de los múltiples supuestos de improcedencia que operan en el juicio de amparo, de tal forma que la actualización de estas hipótesis no se deben entender bajo un criterio limitativo, es decir, que los supuestos expresamente contenidos en las veintidós fracciones del aludido numeral 61 de la Ley de Amparo, no son los únicos casos en que este juicio debe estimarse improcedente. Más bien, la hipótesis normativa de la fracción XXIII del aludido precepto evidencia que la intención del legislador estribó en que las causas de improcedencia del amparo, se pueden actualizar por motivos diversos a los establecidos taxativamente en el citado artículo 61. Supuestos que pueden tener su génesis tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la ley o, incluso, en la jurisprudencia. Por su parte, el artículo 108 de la Ley de Amparo enuncia los requisitos que debe contener todo escrito en el que se solicite el amparo y protección de la justicia federal, entre los que destaca el de la fracción III, que estatuye que se debe mencionar a la autoridad o autoridades responsables; asimismo, el diverso precepto 5º, fracción II, del mencionado ordenamiento legal dispone que es autoridad responsable la que con independencia de su naturaleza formal, dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. En ese sentido, la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé en la fracción III, del artículo 5º, que las autoridades responsables son parte en el juicio de amparo y, como tales, deben ser oídas dentro del procedimiento en que ha de juzgarse sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos que de ellas se reclaman, de modo que si no son llamadas es jurídicamente imposible que el juez de amparo se pronuncie al respecto. Ahora bien, a fin de establecer con claridad que se actualiza la causal de improcedencia antes aludida, se precisa que, de la lectura integral de la demanda se advierte que el acto que reclama la quejosa en la presente instancia es: La orden de Inmovilización y aseguramiento de la cuenta bancaria del Banco del Bajío, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, número de cuenta ****************, clave interbancaria ************, numero de cliente **************. En ese orden, mediante proveído de veintidós de febrero del año en curso, se tuvo al Titular de la Unidad Concentradora de Solicitudes y Requerimientos Formulados por los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial del Estado de Guanajuato, con sede en la ciudad del mismo nombre, informando que: Todo lo actuado por la Unidad Concentradora de las solicitudes y/o requerimientos del Poder Judicial del Estado, se generó bajo una orden emitida por un órgano jurisdiccional; y que El requerimiento formulado en el oficio JOMEC-1162-2022 con motivo del cual se ordenó la inmovilización de la cuenta bancaria de la quejosa (acto reclamado), derivó del expediente ********** del Juzgado Oral Mercantil, Región Celaya, Guanajuato. Por tal motivo, en el referido auto, se requirió a la parte quejosa para que en el plazo de quince días ampliara su demanda de amparo en contra del Juez Oral Mercantil, Región Celaya, Guanajuato, bajo apercibimiento que de no hacerlo, se continuaría la secuela procesal teniendo como autoridades responsables únicamente los que señaló en su escrito inicial de demanda. En dicho proveído se ordenó su notificación personal, la que se efectuó el veintiocho de febrero de dos mil veintitrés; luego, como no desahogó dicho requerimiento, en proveído de veintiocho de los actuales, se le hizo efectivo el apercibimiento decretado. En esa tesitura, se advierte de los antecedentes narrados, que es el Juez Oral Mercantil, Región Celaya, Guanajuato, es quien ordenó la inmovilización de la cuenta bancaria de la quejosa (acto reclamado), sin que fuera señalada como autoridad responsable. Bajo las anteriores consideraciones, se patentiza que en la especie no se encuentra integrada la relación jurídica-procesal respecto de los actos que se tachan de inconstitucionales; pues ante la omisión de la parte quejosa en señalar como autoridad responsable a la autoridad antes aludida, por ser quien emitió el acto reclamado; este juzgado no puede resolver sobre la constitucionalidad de los actos dictados en el citado controvertido. Esto es, la omisión en que incurrió el solicitante del amparo genera, en su perjuicio, una deficiencia en la integración de la relación procesal de este juicio, porque este juzgador se encuentra impedido para estudiar el fondo del negocio ya que para analizar la constitucionalidad de los actos que se reclama, se insiste, era necesario que se hubiera llamado a juicio como autoridades responsables a aquéllas a quienes lo ordenaron. Por ello, ante esa omisión es indiscutible que jurídicamente es imposible resolver de fondo el presente sumario constitucional, pues al hacerlo así, se violarían derechos tanto adjetivos como sustantivos en perjuicio de la referida autoridad, pues no obstante que se previno al quejoso para que la señalara como responsable, es decir, se le dio la oportunidad para ello, no cumplió con el requisito establecido en la fracción III, del artículo 108, de la Ley de Amparo. Consideración que cobra relevancia porque de conformidad con la fracción II del artículo 5º de la ley de la materia, autoridad responsable es, con independencia de su naturaleza formal, "(.) la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas (.)". Por tanto, es inconcuso que respecto del acto reclamado que se analiza se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción III del diverso numeral 108 del propio ordenamiento legal. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia en estudio, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, y se deja sin efectos el señalamiento de hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, lo cual hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes, y las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo.

  3. Principal

    Visto el estado de autos, se advierte que en el presente asunto sobreviene de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los diversos 5º, fracción II y 108, fracción III, todos de la Ley de Amparo que literalmente establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios;" A manera de preámbulo, conviene señalar que la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, debe interpretarse en el sentido de que las causas de improcedencia que ahí se contemplan, deben derivar necesariamente de la propia ley, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o incluso, de la jurisprudencia. Por ello, el contenido de este numeral se debe interpretar en el sentido de que en sus veintidós primeras fracciones sólo se prevén algunos de los múltiples supuestos de improcedencia que operan en el juicio de amparo, de tal forma que la actualización de estas hipótesis no se deben entender bajo un criterio limitativo, es decir, que los supuestos expresamente contenidos en las veintidós fracciones del aludido numeral 61 de la Ley de Amparo, no son los únicos casos en que este juicio debe estimarse improcedente. Más bien, la hipótesis normativa de la fracción XXIII del aludido precepto evidencia que la intención del legislador estribó en que las causas de improcedencia del amparo, se pueden actualizar por motivos diversos a los establecidos taxativamente en el citado artículo 61. Supuestos que pueden tener su génesis tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la ley o, incluso, en la jurisprudencia. Por su parte, el artículo 108 de la Ley de Amparo enuncia los requisitos que debe contener todo escrito en el que se solicite el amparo y protección de la justicia federal, entre los que destaca el de la fracción III, que estatuye que se debe mencionar a la autoridad o autoridades responsables; asimismo, el diverso precepto 5º, fracción II, del mencionado ordenamiento legal dispone que es autoridad responsable la que con independencia de su naturaleza formal, dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. En ese sentido, la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé en la fracción III, del artículo 5º, que las autoridades responsables son parte en el juicio de amparo y, como tales, deben ser oídas dentro del procedimiento en que ha de juzgarse sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos que de ellas se reclaman, de modo que si no son llamadas es jurídicamente imposible que el juez de amparo se pronuncie al respecto. Ahora bien, a fin de establecer con claridad que se actualiza la causal de improcedencia antes aludida, se precisa que, de la lectura integral de la demanda se advierte que el acto que reclama la quejosa en la presente instancia es: La orden de Inmovilización y aseguramiento de la cuenta bancaria del Banco del Bajío, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, número de cuenta ****************, clave interbancaria ************, numero de cliente **************. En ese orden, mediante proveído de veintidós de febrero del año en curso, se tuvo al Titular de la Unidad Concentradora de Solicitudes y Requerimientos Formulados por los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial del Estado de Guanajuato, con sede en la ciudad del mismo nombre, informando que: Todo lo actuado por la Unidad Concentradora de las solicitudes y/o requerimientos del Poder Judicial del Estado, se generó bajo una orden emitida por un órgano jurisdiccional; y que El requerimiento formulado en el oficio JOMEC-1162-2022 con motivo del cual se ordenó la inmovilización de la cuenta bancaria de la quejosa (acto reclamado), derivó del expediente ********** del Juzgado Oral Mercantil, Región Celaya, Guanajuato. Por tal motivo, en el referido auto, se requirió a la parte quejosa para que en el plazo de quince días ampliara su demanda de amparo en contra del Juez Oral Mercantil, Región Celaya, Guanajuato, bajo apercibimiento que de no hacerlo, se continuaría la secuela procesal teniendo como autoridades responsables únicamente los que señaló en su escrito inicial de demanda. En dicho proveído se ordenó su notificación personal, la que se efectuó el veintiocho de febrero de dos mil veintitrés; luego, como no desahogó dicho requerimiento, en proveído de veintiocho de los actuales, se le hizo efectivo el apercibimiento decretado. En esa tesitura, se advierte de los antecedentes narrados, que es el Juez Oral Mercantil, Región Celaya, Guanajuato, es quien ordenó la inmovilización de la cuenta bancaria de la quejosa (acto reclamado), sin que fuera señalada como autoridad responsable. Bajo las anteriores consideraciones, se patentiza que en la especie no se encuentra integrada la relación jurídica-procesal respecto de los actos que se tachan de inconstitucionales; pues ante la omisión de la parte quejosa en señalar como autoridad responsable a la autoridad antes aludida, por ser quien emitió el acto reclamado; este juzgado no puede resolver sobre la constitucionalidad de los actos dictados en el citado controvertido. Esto es, la omisión en que incurrió el solicitante del amparo genera, en su perjuicio, una deficiencia en la integración de la relación procesal de este juicio, porque este juzgador se encuentra impedido para estudiar el fondo del negocio ya que para analizar la constitucionalidad de los actos que se reclama, se insiste, era necesario que se hubiera llamado a juicio como autoridades responsables a aquéllas a quienes lo ordenaron. Por ello, ante esa omisión es indiscutible que jurídicamente es imposible resolver de fondo el presente sumario constitucional, pues al hacerlo así, se violarían derechos tanto adjetivos como sustantivos en perjuicio de la referida autoridad, pues no obstante que se previno al quejoso para que la señalara como responsable, es decir, se le dio la oportunidad para ello, no cumplió con el requisito establecido en la fracción III, del artículo 108, de la Ley de Amparo. Consideración que cobra relevancia porque de conformidad con la fracción II del artículo 5º de la ley de la materia, autoridad responsable es, con independencia de su naturaleza formal, "(.) la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas (.)". Por tanto, es inconcuso que respecto del acto reclamado que se analiza se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción III del diverso numeral 108 del propio ordenamiento legal. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia en estudio, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, y se deja sin efectos el señalamiento de hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, lo cual hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes, y las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo.

  4. Principal

    Visto el estado que guardan los autos y la certificación que antecede, se advierte que el término concedido a la parte quejosa en auto de veintidós de febrero del año en curso, para que señalara como autoridad responsable al Juez Oral Mercantil, Región Celaya, Guanajuato, transcurrió sin que lo haya hecho; en tal virtud, se hace efectivo el apercibimiento formulado en dicho proveído y se ordena continuar la secuela procesal teniendo como autoridades responsables únicamente a las que señaló en su escrito inicial de demanda y en los actos en que se vea la intervención de esta autoridad no serán materia de estudio en el presente juicio de amparo.

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