Celia Eulalia Guillen Guerrero

Expediente 54/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 7 actuaciones registradas, la última del 28 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
54/2020
Año
2020
Actuaciones
7
Última actuación
28/12/2021

Partes del expediente

  • Celia Eulalia Guillen Guerrero
  • Celia Eulalia Guillen Guerrero y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    SE CELEBRA AUDIECIA CONSTITUCIONAL

  2. Principal

    por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo. Notifíquese, en términos de lo dispuesto por el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

  3. Principal

    Ciudad de México, veinticinco de octubre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los autos del cual se advierte que se encuentra transcurriendo el plazo otorgado a la parte quejosa, para que desahogue la prevención decretada por auto de cinco de octubre pasado; por lo tanto, a fin de no dejar en estado de indefensión a la parte en cita, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan para que tenga verificativo las DIEZ HORAS CON CUATRO MINUTOS DEL TREINTA DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, para que tenga verificativo. Notifíquese, en términos de lo dispuesto por Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

  4. Principal

    Ciudad de México, cinco de octubre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los autos del que se advierte en proveídos de seis de febrero, veinticinco y veintisiete de marzo, todos de dos mil diecinueve, el juzgado de origen ordenó reservar los oficios registrados con folios 1645, 3990 y 4112, respectivamente por motivo del recurso de queja interpuesto en autos, y en vista de que el veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno, se tuvo por recibido el oficio a través del cual la superioridad que en turno le correspondió conocer del recurso en mención resolvió lo conducente y determinó declarar infundado el recurso de queja interpuesto en autos, se ordena levantar las citadas reservas, por lo que al respecto se acuerda: Por lo que respecta al oficio registrado con folio 1645, del índice del juzgado de origen, presentado por la representación Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, por el que devuelve el diverso 281/2019 del índice del juzgado de origen, a través del cual admitió a trámite la demanda de amparo y considerando que en autos obra agregado el informe justificado del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, remítase el oficio en comento a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, únicamente para la debida integración del juicio de amparo en que se actúa. Por cuanto hace a los oficios registrados con folios 3990 y 4112 del índice del juzgado de origen, remitidos por la representación de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, agréguense únicamente para que obren como correspondan, lo anterior así ya que informa respecto de la notificación del recurso de queja interpuesto en autos, dado que el medio de impugnación que refiere ya fue resuelto. Ahora bien, vistas las constancias que integran el juicio de amparo en que se actúa se advierte que no obra constancia de notificación de la autoridad responsable señalada como Administración Regional del Consejo de la Judicatura Federal, con residencia en Mexicali, Baja California, del oficio 283/2019 de tres de enero de dos mil diecinueve, a través del cual el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, la emplaza a juicio y le requiere su informe justificado; por tanto, en obvio de mayores dilaciones con copia del escrito de demanda, escrito de desahogo del auto de prevención, del auto de admisión de tres de enero de dos mil diecinueve, así como de la determinación de veintiuno de enero de dos mil veinte, dictado por este juzgado de distrito, se ordena notificar a la Administración Regional del Consejo de la Judicatura Federal, con residencia en Mexicali, Baja California, a fin de que quede debidamente emplazada a juicio y esté en posibilidad de rendir su informe con justificación. Por otra parte, dado que en el presente juicio de amparo fue señalada como autoridad responsable el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, quien de conformidad con el artículo 72, apartado B, de la Constitución Federal, promulgó (implícitamente) el Decreto por el que se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se adiciona el Código Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de noviembre de dos mil dieciocho, de igual forma omite señalar que acto en concreto le atribuye a la Cámara de Senadores y Cámara de Diputados, ambas del Congreso de la Unión, circunstancia que incide en la integración de este juicio de amparo. Así las cosas, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 111, fracción II, y segundo párrafo y 110 de la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa para que en el plazo de quince días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente auto, manifieste si es su voluntad ampliar su demanda de amparo y, de ser así, realice lo siguiente: a) Manifieste qué actos en particular atribuye a las autoridades legislativas, esto es, si a las Cámaras de Senadores y de Diputados, ambas del Congreso de la Unión, les reclama la discusión y aprobación de las normas que controvierte en la demanda de amparo, en el ámbito de su respectiva competencia. b) Indique si es su deseo señalar como acto reclamado destacado la promulgación (implícita) del Decreto por el que se expidió la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se adiciona el Código Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de noviembre de dos mil dieciocho, y atribuirlo al Presidente de la República, puesto que tal circunstancia, incide en la integración de este juicio de amparo. El requerimiento anterior se efectúa de dicha manera, ya que se advierte que la parte quejosa en la demanda de amparo no le atribuyó al Presidente de la República dicho acto, autoridad que de conformidad con el artículo 72, apartado B, de la Constitución Federal, promulgó (implícitamente) el Decreto por el que se expidió la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se adicionó al Código Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de noviembre de dos mil dieciocho. Lo anterior es así, ya que si bien de la publicación de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos no se desprende que tanto su aprobación como su promulgación fuera realizada, de manera expresa, por el Presidente de la República, tal circunstancia es insuficiente para estimar que dicha autoridad no participó en el proceso legislativo del que el citado ordenamiento emanó. Para explicar la decisión que se asume, es útil tener presente que el artículo 72, apartados A y B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos indican: "Artículo 72. Todo proyecto de ley o decreto, cuya resolución no sea exclusiva de alguna de las Cámaras, se discutirá sucesivamente en ambas, observándose la Ley del Congreso y sus reglamentos respectivos, sobre la forma, intervalos y modo de proceder en las discusiones y votaciones: A. Aprobado un proyecto en la Cámara de su origen, pasará para su discusión a la otra. Si ésta lo aprobare, se remitirá al Ejecutivo, quien, si no tuviere observaciones que hacer, lo publicará inmediatamente. B. Se reputará aprobado por el Poder Ejecutivo todo proyecto no devuelto con observaciones a la Cámara de su origen dentro de los treinta días naturales siguientes a su recepción; vencido este plazo el Ejecutivo dispondrá de diez días naturales para promulgar y publicar la ley o decreto. Transcurrido este segundo plazo, la ley o decreto será considerado promulgado y el Presidente de la Cámara de origen ordenará dentro de los diez días naturales siguientes su publicación en el Diario Oficial de la Federación, sin que se requiera refrendo. Los plazos a que se refiere esta fracción no se interrumpirán si el Congreso cierra o suspende sus sesiones, en cuyo caso la devolución deberá hacerse a la Comisión Permanente. (...)" De la transcripción que antecede se desprende que, durante el proceso de creación de leyes, una vez aprobado un proyecto en la cámara de origen, pasará para su discusión a la revisora, la que, de aprobarlo, lo remitirá al Ejecutivo Federal, quien, si no tuviera observaciones qué hacer, lo publicará inmediatamente. En estrecha vinculación con lo anterior, el apartado B del citado precepto constitucional dispone que se reputará aprobado por el Poder Ejecutivo todo proyecto de ley no devuelto con observaciones a la cámara de origen dentro de los treinta días naturales siguientes a su recepción, al término del cual, aquella autoridad dispondrá de un diverso plazo de diez días naturales para promulgar y publicar la ley o decreto. En el propio apartado B del artículo 72 constitucional reproducido se señala que, transcurrido el segundo plazo, es decir, el previsto para la promulgación y publicación de la ley o decreto, de que se trate se considerará promulgado, y el presidente de la cámara de origen ordenará, dentro de los diez días naturales siguientes, su publicación en el Diario Oficial de la Federación, sin que se requiera refrendo. Expuestos tales aspectos, es menester hacer mención del caso concreto, en que, del proceso legislativo respectivo, se obtiene que por oficio con folio DGPL-1P3A.-2074, de ocho de noviembre de dos mil once, el Vicepresidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión remitió a su colegisladora, para los efectos constitucionales, el proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se adiciona el Código Penal Federal. Seguido el procedimiento correspondiente en la Cámara de Diputados, en su calidad de revisora, se aprobó, en lo general y en lo particular, el proyecto en cita, tal como se observa del diario de los debates de ese órgano, de trece de septiembre de dos mil dieciocho. Como consecuencia del acuerdo alcanzado en ese último cuerpo colegiado se ordenó remitir el proyecto al Ejecutivo Federal, para sus efectos constitucionales, el que, dentro del plazo de treinta días naturales siguientes, no realizó alguna observación y tampoco lo promulgó ni ordenó su publicación al cabo de los diez días naturales posteriores al término del primer plazo indicado. De ahí que, acorde con lo previsto en el artículo 72, apartado B, de la Constitución, se debe entender que el Presidente de la República aprobó en sus términos, si bien mediante una ficción, el proyecto que le fue remitido, el que, a su vez, por disposición del propio precepto en cita, se consideró promulgado, prueba de lo cual es la determinación adoptada por el Presidente de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión de ordenar la publicación de la ley cuestionada en el Diario Oficial de la Federación, una vez finalizados los plazos de los que el Ejecutivo Federal disponía para ejercer las facultades que la Constitución le otorga dentro del proceso de creación de leyes. En concordancia con ese razonamiento, se concluye que el Presidente de la República sí tuvo una participación tácita en el proceso legislativo del cual emana el ordenamiento reclamado, en concreto en su promulgación; de ahí que resulte necesario, prevenir a la parte quejosa para que informe si a su interés legal conviene atribuirle el citado acto a dicha autoridad, tal y como se expuso en párrafos que anteceden. Cuestión que debe ser precisada por la parte promovente en su demanda y no dejarla a la interpretación de este órgano jurisdiccional, con la finalidad de crear certidumbre en este Juzgado Federal sobre la totalidad de los actos que se tildan de inconstitucionales y las autoridades responsables, como consecuencia de ello, se eviten violaciones procesales en el asunto que nos ocupa, habida cuenta que con la información requerida se fijará la litis constitucional en el presente asunto y así las autoridades responsables a las que se atribuyen el acto reclamado, estarán en aptitud de rendir con mayor certeza los informes que les sean solicitados y este órgano jurisdiccional contará con los elementos suficientes para proveer lo que en derecho corresponda. Resulta necesario hacer del conocimiento de la parte quejosa, que la omisión de atribuir al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, la promulgación del Decreto que reclama, daría lugar a decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo por actualizarse la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXlll, en relación con los artículos 5, fracción ll y 108, fracciones lll y IV de la Ley de Amparo, los últimos aplicados en sentido contrario, por no encontrarse debidamente integrada la litis. Cobra aplicación al caso, en lo conducente, la tesis visible en la página 54, del tomo III segunda parte-1, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que a la letra establece: "ACTO RECLAMADO, FALTA DE PRECISIÓN EN EL SEÑALAMIENTO DEL. PROCEDE LA ACLARACIÓN DE LA DEMANDA Y NO EL SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO." Son aplicables también los criterios contenidos en las tesis con números de registro 206049 y 2020126, de rubros: "LEYES, AMPARO CONTRA. SU ESTUDIO NO PUEDE HACERSE SI NO SE EMPLAZA AL JUICIO DE GARANTIAS A LA AUTORIDAD QUE LAS EXPIDE." "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA NORMAS GENERALES. CUANDO EL QUEJOSO OMITA SEÑALAR COMO AUTORIDAD RESPONSABLE AL TITULAR DEL ÓRGANO DE ESTADO QUE PROMULGÓ EL DECRETO LEGISLATIVO RECLAMADO, AUNQUE NO SE IMPUGNE ESE ACTO POR VICIOS PROPIOS, SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA DEL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XXIII, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 108, FRACCIÓN III, AMBOS DE LA LEY DE AMPARO." De igual forma cobra aplicación, la Jurisprudencia 2ª./J. 11/2020 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación, el 28 de febrero de 2020, Décima Época, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: "DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY FEDERAL DE REMUNERACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 75 Y 127 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y SE ADICIONA EL CÓDIGO PENAL FEDERAL. EN LOS JUICIOS DE AMPARO EN LOS QUE SE IMPUGNE, DEBE SEÑALARSE COMO AUTORIDAD RESPONSABLE AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA." APERCIBIMIENTO Se apercibe a la parte quejosa que de no desahogar el requerimiento formulado dentro del plazo señalado, esto es, no señalar como actos reclamados y autoridades responsables a los antes mencionados, acompañando en su caso copias del escrito de ampliación necesarias para correr traslado, al momento de resolver el presente asunto se decretará el sobreseimiento en el juicio de amparo por actualizarse la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXlll, en relación con los artículos 5, fracción ll y 108, fracciones lll y IV de la Ley de Amparo, los últimos aplicados en sentido contrario, por no encontrarse debidamente integrada la problemática a resolver en el juicio. De igual forma, es necesario aclarar que en caso de que la parte quejosa desahogue la prevención en los primeros días del plazo concedido, pero sin cumplir con la totalidad de los requerimientos impuestos, este juzgador procederá a emitir un acuerdo en el que señale las omisiones que subsisten -el que deberá notificarse personalmente-, a efecto de dar oportunidad a la quejosa de subsanar dichas omisiones antes del vencimiento del plazo concedido originalmente. Esto es, el término de quince días se suspenderá con la presentación del escrito con el que se pretenda desahogar el requerimiento y se reanudará al día siguiente al en que surta efectos la notificación del proveído en el que se señalen las omisiones que subsisten. Notifíquese por medio de lista a la parte quejosa y en términos de lo dispuesto por Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

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