Celia Esther Padilla Guizar

Expediente 489/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 18 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
489/2023
Año
2023
Actuaciones
18
Última actuación
24/11/2023

Partes del expediente

  • Celia Esther Padilla Guizar

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el quince de junio de dos mil veintitrés, a través del Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, Celia Esther Padilla Guizar a través de sus mandatarios jurídicos Jesús Sandoval García y Manuel Gutiérrez Ramírez, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y respecto del acto precisado en su escrito de demanda, siguientes. Autoridades responsables Magistrada de la Tercera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con sede en Morelia. Acto reclamado ".la sentencia de fecha 24 veinticuatro de mayo de 2023 dos mil veintitrés, dictada en el Toca de apelación número 1-137/2023, relativo al incidente de oposición al inventario y avalúo planteado por la aquí quejosa Celia Esther Padilla Guizar a través de los suscritos como sus apoderados jurídicos, y formulado por el albacea formulado por Manuel Vasco Padilla Guizar, dentro de los autos del juicio sucesorio testamentario número 971/2023 radicado a bienes de Celia Guizar Farías y/o Celia Guizar Farías de Padilla, del índice del Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán.." Jueza Tercero de Primera Instancia en Materia Civil, con sede en esta ciudad. Acto reclamado ".se reclama la ejecución que realice de la sentencia interlocutoria recurrida en apelación, la que es fuente del presente juicio constitucional, así como la posible resolución que pronuncie dentro de la segunda sección del juicio sucesorio que corresponde al inventario a avalúo, los que se sostiene sería contrario a derecho." Segundo. Turno del asunto. Por auto de diecinueve de junio dos mil veintitrés, este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Uruapan, al que se remitió el asunto por cuestión de turno, registró la demanda con el número 489/2023-V. Tercero. Derechos fundamentales que la parte quejosa estima transgredidos. La parte quejosa narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que consideró pertinentes y señaló como derechos fundamentales violados los contenidos en los artículos 1º, 14º, 16º y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Cuarto. Admisión y trámite de la demanda de amparo. En auto de diecinueve de junio de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda (fojas 20-27); se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable; se dio la intervención que legalmente compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, y finalmente señaló fecha hora para que tuviera verificativo la celebración de la audiencia constitucional. Quinto. Emplazamiento. En proveído de tres de agosto de dos mil veintitrés, se tuvo por legalmente emplazo al tercero interesado Manuel Vasco Padilla Guizar (fojas 45-47 y 53 -56). Sexto. Celebración de la audiencia constitucional. Sustanciado el trámite relativo al juicio, se celebró la audiencia constitucional prevista en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la cual se llevó a cabo sin la asistencia de las partes, al tenor de lo asentado en el acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O Primero. Competencia. Este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Uruapan, es legal y constitucionalmente competente para conocer y resolver el juicio de amparo, con fundamento en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 33 fracción IV, 35, 37 y 107, de la Ley de Amparo; 49 y 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la 'determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito'; en virtud que se reclaman actos de autoridades judiciales, cuyos efectos se residente en la zona geográfica que ejerce jurisdicción este Juzgado Federal, en el caso, Uruapan, Michoacán. Segundo. Fijación de los actos reclamados. El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, dispone que toda sentencia debe contener la fijación clara y precisa del acto reclamado. En cumplimiento a tal disposición, se atenderá el escrito de demanda de amparo, así como a los demás datos que se desprendan de las constancias del expediente, a fin de determinar cuál fue la intención de la parte quejosa al promover el juicio de amparo y estar en condiciones de resolver la cuestión efectivamente planteada. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia P./J. 40/2000 y tesis P. VI/2004, Sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En el presente caso, tenemos que la parte quejosa esencialmente reclama: 1). De la Magistrada de la Tercera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, residente en Morelia. La resolución de veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés, dictada en autos del toca I-137/2023, a través de la cual, confirmó la diversa emitida el veintiocho de febrero del citado año, en autos del juicio sucesorio testamentario 971/2022, radicado a bienes de Celia Guizar Farías/Celia Farías de Padilla, del índice del Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Civil de esta ciudad. 2). De la Jueza Tercero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Uruapan. La ejecución de la resolución confirmada. Precisados los actos reclamados, lo procedente es verificar su existencia a fin de que posteriormente, se analicen las causas de improcedencia del juicio de amparo y, en dado caso, su constitucionalidad. Lo anterior tal como lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada de rubro y texto: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACION LOGICA DE SUS CONSIDERANDOS. Del análisis del artículo 77 de la Ley de Amparo se desprende que el legislador estableció una prelación lógica en el orden de los considerandos que integran una sentencia, de manera que el juzgador, al dictarla, debe primero verificar si los actos reclamados existen o no, después cerciorarse si opera o no alguna causa de improcedencia o de sobreseimiento que impida someter, al juicio de constitucionalidad, los actos de autoridad existentes, y finalmente emitir criterio respecto de si éstos se ajustan o no a las garantías individuales contenidas en la Constitución Federal; y, en virtud de esa prelación, resulta incuestionable que cada uno de esos considerandos conservan autonomía y que la naturaleza de su vinculación es exclusivamente de carácter condicionante, pues no puede existir el posterior a falta del anterior. Además, debe destacarse que los considerandos que versan sobre la existencia de los actos reclamados y las causas de improcedencia o de sobreseimiento, constituyen meros requisitos de procedibilidad." También es aplicable la jurisprudencia número XVII.2o. J/10, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, de rubro y texto: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TECNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." Tercero. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a las autoridades responsables Magistrada de la Tercera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con sede en Morelia y Jueza Tercero de Primera Instancia en Materia Civil, con sede en esta ciudad, pues al rendir su informe justificado aceptaron la existencia de dichos actos reclamados (tomo de pruebas señalados con los números I-VIII, que se manejan por separado). Lo que así se corrobora con la documental que remitieron en apoyo a su informe justificado, consistente en el original del Toca I-137/2023, remitido por la Magistrada responsable, así como copia certificada del juicio sucesorio testamentario 971/2021 que adjuntó la Jueza responsable a su informe justificado, documentales que tienen pleno valor probatorio, con fundamento en los artículos 129, 130, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a lo estatuido en el artículo 2°, del último ordenamiento legal invocado. Tiene aplicación y sirve de apoyo, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "ACTUACIONES JUDICIALES. Las actuaciones judiciales, lo mismo que las copias certificadas de ellas, hacen prueba plena." Así como la tesis de jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de nuestro más Alto Tribunal del País, localizable en la página ciento cincuenta y tres del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, Tomo VI, Parte SCJN, que dice así: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." También la número 305 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Novena Época, página 206, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Cuarto. Improcedencia. Previamente al estudio de la constitucionalidad de los actos reclamados cuya certeza se acreditó, procede el análisis de las causas de improcedencia que se adviertan oficiosamente, toda vez que son de estudio preferente a cualquier otra cuestión planteada, conforme a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En lo que se refiere al acto reclamado a la Jueza Tercero de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en esta ciudad, consistente en la sentencia interlocutoria de veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, dictada en autos del juicio sucesorio testamentario 971/2023, que resolvió el incidente de oposición al inventario y avalúo planteado por la quejosa Celia Esther Padilla Guizar, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. La cesación de efectos se actualiza por revocación y por sustitución, la primera cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos humanos, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial; en tanto que, la relativa a la sustitución, se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo. Tiene aplicación a lo expuesto la jurisprudencia III.2o.C. J/22, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando la resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a sustituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." Así como la diversa 2a./J. 9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO.CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. En el caso, se considera que, respecto del acto precisado, se actualiza la cesación de efectos por sustitución procesal, ya que sobrevino un nuevo acto de autoridad que incidió en su vigencia y ejecutividad, en la especie, la resolución del recurso de apelación dictada el veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés, por la Magistrada de la Tercera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, al resolver el toca de apelación I-137/2023, que confirmó la sentencia interlocutoria de veintiocho de febrero del mismo año, dictada en autos del juicio sucesorio testamentario 971/2023, que resolvió el incidente de oposición al inventario y avalúo planteado por la aquí quejosa; de modo que, al haberse interpuesto un recurso o medio de defensa en su contra, la determinación dictada en aquél sustituyó procesalmente el acto analizado en este considerando, por lo que el amparo resulta improcedente. Lo anterior, porque cuando el acto reclamado ya fue materia de análisis en un medio por el cual se puede lograr su confirmación, modificación o revocación y recayó una resolución, la validez o insubsistencia de aquél ya depende de lo resuelto en la nueva determinación; esto es, la nueva resolución sustituyó procesalmente a la anterior y es precisamente esta última, la que rige la situación jurídica de la parte quejosa y la que realmente le causa perjuicio a la parte quejosa. Esto es, la decisión que recayó al recurso de apelación enunciado sustituyó procesalmente lo determinado en la interlocutoria de veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, dictada dentro del juicio sucesorio testamentario con registro 971/2023, radicado a bienes de Celia Guizar Farías/Celia Farías de Padilla, del índice del Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Civil de esta ciudad, de modo que es aquélla la que, ahora, rige la situación jurídica del peticionario de amparo (La sentencia de veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés, dictada en el Toca de Apelación I-137/2023). En ese contexto, al actualizarse la causa prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el juicio de amparo, por lo que hace al acto reclamado analizado. Quinto. Estudio de fondo del acto reclamado. En el presente considerando se abordará el estudio del acto reclamado a la Magistrada de la Tercera Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, el cual se hace consistir en la resolución de veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés, dictada en el toca de apelación I-137/2023, que confirmó la interlocutoria de veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, que a su vez resolvió el incidente de oposición al inventario y avalúo planteado por la aquí quejosa, dentro del juicio sucesorio testamentario con registro 971/2022, radicado a bienes de Celia Guizar Farías/Celia Farías de Padilla. En este apartado, se tienen por transcritos los conceptos de violación expresados por la parte quejosa en su escrito de demanda; sin que sea el caso reproducirlos, pues no existe precepto legal alguno que obligue a ello, además que tal circunstancia no deja en estado de indefensión a las partes, dado que no se les priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estimen pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. No obstante lo anterior, se procede a realizar una breve reseña de los disensos planteados, para mejor comprensión del caso. 1) El quejoso alega que la determinación combatida carece de los principios de fundamentación, congruencia y exhaustividad, por lo que la Magistrada responsable trasgrede los preceptos legales con los que sustenta su propia determinación. 2) Refiere que se equivoca la Magistrada, al sostener que sus motivos de inconformidad planteados en vía de apelación, resultan inoperantes; dice que es así, porque sus agravios formulados en esa vía -apelación- sí cumplen con las exigencias del artículo 692, del Código de Procedimientos Civiles, para el Estado de Michoacán, pues ellos contienen razonamientos jurídicos tendientes a desvirtuar los fundamentos y consideraciones de la a quo, y al estimar lo contrario, la sala responsable conculca en su perjuicio el artículo 1º, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 3) Señala, que todas las autoridades en el ámbito de su competencia, están obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las personas, bajo los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; lo que a su parecer, fue inobservado por la Magistrada, y que dicha autoridad también inobservó lo que establece el artículo 14º, de la Carta Magna. 4). Respecto de esa trasgresión que señala (artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos), agregó: "en los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios generales del derecho, preceptos que no acató el Juez responsable en sus resoluciones, lo que origina una franca a los derechos humanos de la quejosa directa." 5). Finalmente, reitera casi en su totalidad los agravios vertidos en su recurso de apelación, mismos que se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, en obvio de repeticiones innecesarias. Contestación de los motivos de disenso Decisión. Establecidos los conceptos de violación, resulta pertinente señalar que, para demostrar la ilegalidad de la resolución motivo de amparo, el quejoso debe atacar de manera frontal y eficaz la determinación que se pretende dejar inexistente; pues de lo contrario, acertada o no, deberá permanecer incólume la decisión combatida, pues en la especie la Ley de Amparo no prevé suplir la deficiencia de la queja, a favor de la parte quejosa, al no actualizarse ninguno de los supuestos previsto en el artículo 79, de la Ley de la materia; en tal virtud, la constitucionalidad del acto reclamado se analizará, únicamente, a la luz de los conceptos de violación que se expresaron. Apoya lo anterior, la tesis 1a. VII/2020 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIAS CIVIL, MERCANTIL Y ADMINISTRATIVA. EL ARTÍCULO 79, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE AMPARO QUE ESTABLECE SU PROCEDENCIA ÚNICAMENTE ANTE VIOLACIONES EVIDENTES DE LA LEY QUE HAYAN DEJADO SIN DEFENSA AL QUEJOSO, NO VIOLA EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA. Tanto la Constitución Federal como la Ley de Amparo establecen que tratándose de las materias en las que no opera oficiosamente la suplencia de la queja deficiente, la carga argumentativa de demostrar la inconstitucionalidad del acto reclamado recae en el quejoso. De esta forma, no es posible que tratándose de las materias civil, mercantil o administrativa, las cuales se rigen por el principio de estricto derecho, los juzgadores deban, en todos los casos, suplir la queja deficiente; pues ello implicaría ir en contra de lo establecido en el propio texto constitucional, además de que conllevaría que la excepcionalidad de la cual está revestida esta institución se tornara una regla general, lo que desvirtuaría su teleología. De ahí que el artículo 79, fracción VI, de la Ley de Amparo, al disponer que la autoridad que conozca del juicio de amparo deberá suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios en otras materias cuando se advierta que ha habido en contra del quejoso o del particular recurrente una violación evidente de la ley que lo haya dejado sin defensa por afectar los derechos previstos en el artículo 1o. de la propia ley, no viola el derecho de acceso a la justicia, pues no establece una negación de justicia ni impone una traba innecesaria para que el quejoso pueda acceder al juicio de amparo a defender sus intereses, ya que sólo se trata de un supuesto específico que el legislador incorporó para dar efectividad al medio de protección constitucional en aquellos casos en los que la violación a los derechos fundamentales es palpable y evidente, además de que no excluye una eventual aplicación de las demás fracciones previstas en el artículo 79 citado." Ahora, al formular sus conceptos de violación, la parte disidente se limitó a señalar que el Juez responsable viola en su perjuicio los artículos, 1º, 14º, 16º y 17º, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 692, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán, consideraciones que de modo alguno se encuentra controvertida, pues al respecto, la inconforme únicamente se limitó a citar los referidos preceptos constitucionales, así como el diverso 692, de la Codificación mencionada, para posteriormente hacer manifestaciones de forma genérica y realizar diversas transcripciones del acto que dice le causa un agravio personal y directo, lo que no puede considerarse como verdadero concepto de violación. Es decir, el agraviado omitió controvertir la decisión de la Magistrada responsable; además, tampoco hizo alguna manifestación relacionada con las supuestas transgresiones de los artículos constitucionales que refiere; no manifestó el por qué la aplicabilidad de los criterios invocados para el caso en concreto, menos expresó un verdadero argumento específico y concreto del que se evidenciara de qué modo el acto reclamado trasgrede su esfera jurídica de derechos; por tanto, tales aseveraciones se traducen en simples reiteraciones, citas o transcripciones, por lo que esta Juzgadora no está obligada a emprender una ociosa exposición del por qué no se trastocan las porciones normativas genéricamente planteadas, ya que, como se adelantó, tales referencias no constituyen verdaderos conceptos de violación, pues no contienen por lo menos una concepción más elemental y privilegiando incluso la causa de pedir. Proceder esa manera -realizar una ociosa exposición-, sería contraria a los objetivos de contribuir a una justicia pronta, completa y expedita en términos del artículo 17, de la Carta Magna, que no por el hecho de garantizar el derecho de acceso a la justicia o a la titula judicial efectiva, presupone una simple labor de reiteración injustificada del sentido de las normas que integran el sistema jurídico respectivo. Es así, porque las simples afirmaciones dogmáticas no pueden constituir verdaderos argumentos que expresen razonamientos jurídicos concretos que pongan en evidencia ante esta potestad federal la violación del derecho humano reclamado; lógicamente, no se acredita la ilegalidad de la aparente conducta de la responsable, sin que en la especie, la Ley de Amparo permita suplir la deficiencia de la queja a favor de la parte quejosa, pues como ya se dijo, no se actualiza ninguno de los supuestos previsto en el artículo 79 de la Ley de la materia. Es oportuno, señalar que jurisprudencialmente se ha establecido que el concepto de violación debe ser la relación razonada que el peticionario de amparo ha de establecer entre los actos desplegados por las autoridades responsables y los derechos fundamentales que se estimen violados, demostrando jurídicamente la contravención de éstos por dichos actos, expresando el porqué, resultan conculcatorios de sus derechos individuales. Si bien no es menester, que la expresión de éstos se haga con determinada formalidad o solemnidad, sí resulta indispensable que se expresen argumentos que tiendan a demostrar la ilegalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, señalándose con claridad cuál es la lesión o agravio que el peticionario de amparo estima, le causa la determinación o abstención impugnada, así como los motivos que originan tal agravio, para que éstos puedan ser analizados en la sentencia. Por consiguiente, los argumentos que se expresen en los conceptos de violación deben, invariablemente, estar dirigidos a descalificar y evidenciar la ilegalidad de las consideraciones en que se sustenta el acto reclamado, porque de no ser así, las manifestaciones que se viertan no podrán ser analizadas por el Juez de amparo. En este sentido, resulta aplicable la tesis de jurisprudencia 1a./J. 81/2002, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. AUN CUANDO PARA LA PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O RECURRENTES SE LIMITEN A REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO. El hecho de que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya establecido en su jurisprudencia que para que proceda el estudio de los conceptos de violación o de los agravios, basta con que en ellos se exprese la causa de pedir, obedece a la necesidad de precisar que aquéllos no necesariamente deben plantearse a manera de silogismo jurídico, o bien, bajo cierta redacción sacramental, pero ello de manera alguna implica que los quejosos o recurrentes se limiten a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues es obvio que a ellos corresponde (salvo en los supuestos legales de suplencia de la queja) exponer razonadamente el porqué estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o recurren. Lo anterior se corrobora con el criterio sustentado por este Alto Tribunal en el sentido de que resultan inoperantes aquellos argumentos que no atacan los fundamentos del acto o resolución que con ellos pretende combatirse". También resulta oportuno, precisar que de la interpretación sistemática de los artículos 74 y 75 de la Ley de Amparo, en relación con el principio procesal de congruencia que debe observarse en toda resolución jurisdiccional, se advierte que la litis constitucional en el juicio de amparo se integra, por regla general, con la demanda de garantías y el informe justificado que rinda la autoridad responsable; por tanto, para que en la sentencia constitucional que emita el Juzgado de Distrito se observe tal principio, deberá acotar su decisión a lo que constituya la materia de la litis en el juicio biinstancial, esto es, deberá existir identidad jurídica entre lo resuelto por el juzgado y lo que es materia de la controversia en el juicio de amparo, entendida ésta como las cuestiones de hecho y de derecho que se deben ponderar para decidir si el acto reclamado resulta o no violatorio de garantías constitucionales. En ese sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sustentó criterio en el sentido de que, para que el juzgador de amparo se encuentre obligado a estudiar los motivos de la queja, basta con que en ellos se hubiera expresado con claridad la causa de pedir, mediante el señalamiento de la lesión o agravio que estime le cause el acto y los motivos que originaron ese agravio, lo que sostuvo en la tesis 63/98 aprobada por la Segunda Sala de ese Alto Tribunal, en sesión privada del siete de agosto de mil novecientos noventa y ocho, de la novena época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VIII, septiembre de 1998, página 323, cuyo rubro y texto son: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. PARA QUE SE ESTUDIEN, BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS LA CAUSA DE PEDIR.- Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, abandona el criterio formalista sustentado por la anterior Tercera Sala de este Alto Tribunal, contenido en la tesis de jurisprudencia número 3a./J. 6/94, que en la compilación de 1995, Tomo VI, se localiza en la página 116, bajo el número 172, cuyo rubro es 'CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. REQUISITOS LÓGICO JURÍDICOS QUE DEBEN REUNIR.', en la que, en lo fundamental, se exigía que el concepto de violación, para ser tal, debía presentarse como un verdadero silogismo, siendo la premisa mayor el precepto constitucional violado, la premisa menor los actos autoritarios reclamados y la conclusión la contraposición entre aquéllas, demostrando así, jurídicamente, la inconstitucionalidad de los actos reclamados. Las razones de la separación radican en que, por una parte, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales no exige, en sus artículos 116 y 166, como requisito esencial e imprescindible, que la expresión de los conceptos de violación se haga con formalidades tan rígidas y solemnes como las que establecía la aludida jurisprudencia y, por otra, que como la demanda de amparo no debe examinarse por sus partes aisladas, sino considerarse en su conjunto, es razonable que deban tenerse como conceptos de violación todos los razonamientos que, con tal contenido, aparezcan en la demanda, aunque no estén en el capítulo relativo y aunque no guarden un apego estricto a la forma lógica del silogismo, sino que será suficiente que en alguna parte del escrito se exprese con claridad la causa de pedir, señalándose cuál es la lesión o agravio que el quejoso estima le causa el acto, resolución o ley impugnada y los motivos que originaron ese agravio, para que el Juez de amparo deba estudiarlo." Lo que obedece a la necesidad de precisar que los conceptos de violación no necesariamente deban plantearse a manera de silogismo jurídico como lo sustentaba la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ni bajo alguna fórmula sacramental. Sin embargo, la Primera Sala de nuestro órgano supremo, consideró que lo anterior, de ninguna manera implica que los peticionarios de amparo se limiten a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, porque es obvio que al accionante de amparo le corresponde, salvo los supuestos legales de suplencia de la queja, exponer razonadamente el por qué estima inconstitucionales o ilegales los actos que reclama. Criterio que se encuentra visible en la página cuarenta, tomo XV, Mayo de dos mil dos, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que es del tenor literal: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. AUN CUANDO PARA LA PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O RECURRENTES SE LIMITEN A REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO. El hecho de que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya establecido en su jurisprudencia que para que proceda el estudio de los conceptos de violación o de los agravios, basta con que en ellos se exprese la causa de pedir, obedece a la necesidad de precisar que aquéllos no necesariamente deben plantearse a manera de silogismo jurídico, o bien, bajo cierta redacción sacramental, pero ello de manera alguna implica que los quejosos o recurrentes se limiten a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues es obvio que a ellos corresponde (salvo en los supuestos legales de suplencia de la queja) exponer razonadamente el porqué estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o recurren. Lo anterior se corrobora con el criterio sustentado por este Alto Tribunal en el sentido de que resultan inoperantes aquellos argumentos que no atacan los fundamentos del acto o resolución que con ellos pretende combatirse." Así, los motivos de disenso marcados con los arábigos 1), 2), 3) y 4), como se adelantó, son inoperantes, en virtud de que el impetrante se limita a establecer que la resolución reclamada es violatoria de dichos principios constitucionales, sin exponer un parámetro o medida válida a partir de la que se determine si existe o no alguna violación a esos derechos; de ahí que, es evidente que dichos argumentos son inoperantes, pues no existen los requisitos mínimos para atender la causa de pedir. Cabe resaltar, que en sus motivos de disenso identificados con los arábigos 1, 2, 3 y 4, el quejoso simplemente señaló de manera genérica, que la autoridad responsable vulnera en su perjuicio las garantías consagradas en los artículos 1º, 14º, 16º y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, citó el artículo 692, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán; hizo manifestaciones de forma genérica y transcribió diversos contenidos de la resolución combatida, sin embargo, no atacó en lo absoluto lo resuelto por la autoridad responsable, pese a estar obligado a exponer un verdadero razonamiento (entendiéndose por razonamiento, en términos del Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia, la serie de conceptos encaminados a demostrar algo o a persuadir o mover a oyentes o lectores), que se traduce a la mínima necesidad de explicar por qué o cómo el acto reclamado se aparta del derecho, a través de la confrontación de las situaciones fácticas concretas frente a la norma aplicable; es decir, no debió limitarse a exponer que la autoridad responsable, violó los preceptos que menciona e inobservó los principios que refiere, sino que debió expresar los motivos por los cuáles consideró actualizada dicha violación, proponiendo en su caso, cómo es que dicho quejoso, consideró que debió actuar la responsable, con lo que se evidenciarían las violaciones que aduce. Por consiguiente, en los asuntos que se rigen por el principio de estricto derecho, una alegación que se limita a realizar afirmaciones sin sustento alguno o conclusiones no demostradas, no puede considerarse un verdadero razonamiento y, por ende, debe calificarse como inoperante. Sirven de apoyo a lo anterior, las jurisprudencias de rubro y texto, siguientes: "CONCEPTOS O AGRAVIOS INOPERANTES. QUÉ DEBE ENTENDERSE POR "RAZONAMIENTO" COMO COMPONENTE DE LA CAUSA DE PEDIR PARA QUE PROCEDA SU ESTUDIO. De acuerdo con la conceptualización que han desarrollado diversos juristas de la doctrina moderna respecto de los elementos de la causa petendi, se colige que ésta se compone de un hecho y un razonamiento con el que se explique la ilegalidad aducida. Lo que es acorde con la jurisprudencia 1a./J. 81/2002, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el sentido de que la causa de pedir no implica que los quejosos o recurrentes pueden limitarse a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues a ellos corresponde (salvo en los supuestos de suplencia de la deficiencia de la queja) exponer, razonadamente, por qué estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o recurren; sin embargo, no ha quedado completamente definido qué debe entenderse por razonamiento. Así, conforme a lo que autores destacados han expuesto sobre este último, se establece que un razonamiento jurídico presupone algún problema o cuestión al cual, mediante las distintas formas interpretativas o argumentativas que proporciona la lógica formal, material o pragmática, se alcanza una respuesta a partir de inferencias obtenidas de las premisas o juicios dados (hechos y fundamento). Lo que, trasladado al campo judicial, en específico, a los motivos de inconformidad, un verdadero razonamiento (independientemente del modelo argumentativo que se utilice), se traduce a la mínima necesidad de explicar por qué o cómo el acto reclamado, o la resolución recurrida se aparta del derecho, a través de la confrontación de las situaciones fácticas concretas frente a la norma aplicable (de modo tal que evidencie la violación), y la propuesta de solución o conclusión sacada de la conexión entre aquellas premisas (hecho y fundamento). Por consiguiente, en los asuntos que se rigen por el principio de estricto derecho, una alegación que se limita a realizar afirmaciones sin sustento alguno o conclusiones no demostradas, no puede considerarse un verdadero razonamiento y, por ende, debe calificarse como inoperante; sin que sea dable entrar a su estudio so pretexto de la causa de pedir, ya que ésta se conforma de la expresión de un hecho concreto y un razonamiento, entendido por éste, cualquiera que sea el método argumentativo, la exposición en la que el quejoso o recurrente realice la comparación del hecho frente al fundamento correspondiente y su conclusión, deducida del enlace entre uno y otro, de modo que evidencie que el acto reclamado o la resolución que recurre resulta ilegal; pues de lo contrario, de analizar alguna aseveración que no satisfaga esas exigencias, se estaría resolviendo a partir de argumentos no esbozados, lo que se traduciría en una verdadera suplencia de la queja en asuntos en los que dicha figura está vedada." "CONCEPTOS DE VIOLACION. NO LOS CONSTITUYE LA SIMPLE CITA DE PRECEPTOS LEGALES. Las simples manifestaciones hechas por el agraviado aduciendo infracción de preceptos legales y transcribiendo párrafos de disposiciones constitucionales que contienen garantías individuales que estima violadas no pueden considerarse conceptos de violación, si no atacan los fundamentos del fallo impugnado, ni exponen argumentos jurídicos concretos para demostrar que la autoridad responsable conculcó los preceptos citados. "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. SON AQUELLOS QUE, COMBATIENDO EL FONDO DEL ASUNTO, NO ATACAN LAS CONSIDERACIONES QUE LA RESPONSABLE TOMÓ EN CUENTA PARA DECLARAR INOPERANTES LOS AGRAVIOS ESGRIMIDOS. Si la responsable emite declaratoria de inoperancia respecto de los agravios formulados, y el quejoso esgrime argumentos orientados a combatir el fondo del asunto, mas no a desvirtuar las consideraciones que aquélla tomó en cuenta para dictar el fallo reclamado, ello trae como consecuencia que los conceptos de violación se estimen inoperantes." En cuanto al disenso marcado con el diverso 5), quien hoy resuelve considera que su inoperancia deriva de la existencia de una reiteración de los agravios planteados en el recurso de apelación intentado. Lo anterior, se observa claramente del comparativo que se hace a continuación. Agravios en el recurso de apelación Concepto de violación en este juicio de amparo .tanto el testimonio rendido por la indiciada María Esther López Padilla y por Johana Celeste Pedraza Santiago, gozan de valor probatorio pleno, y por ello crean certidumbre de su veracidad, ya que, las respuestas que dieron al interrogatorio fueron uniformes respecto de los hechos que sobre los que declararon al rendir, dando la razón fundada de la razón de su dicho, ya que ambas atestes son coincidentes al señalar: a) Ambas conocen a los partes del incidente en el que declararon, así como a la autora de la sucesión; b) Ambas tuvieron conocimiento de que la autora de la sucesión señora Celia Guizar Farías y/o Celia Guizar Farías, sufrió un infarto cerebral; c) Las 2 dos testigos tuvieron conocimiento de que quien se hacía cargo de los gastos en general inherentes a la atención de la de cujus Celia Guizar Farías y/o Celia Guizar Farías, desde inicio del año 2022 dos mil veintidós lo fue la señora Celia Esther Guizar Padilla y que antelación a esta data quien se hacía cargo de los gastos era el señor Manuel Vasco' Padilla Guizar; d) Las atestes saben de manera personal y directa, que respecto del periodo de inicio del año 2022 dos mil veintidós, hasta la fecha de fallecimiento de la de cujus, quien se hizo cargo en forma exclusiva de los gastos médicos y de alimentación fue la señora Celia Guizar Farías y/o Celia Guizar Farías, fue su hija Celia Esther Guizar Padilla. Declaraciones claras, precisas y contundentes, que en forma desacertada no valoró la Juez de origen, conforme a las reglas que enumeran los ordinales 547 y 548 del código procedimental de la materia ya insertos en el cuerpo de este líbelo, basándose en el argumento fallido y parcializado, pero sobre omiso en de ser debidamente razonado lógica y jurídicamente en el sentido de que a la primera de los atestes no le constan los hechos sobre los que declaró, sino que es una testigo de "oídas", lo que desde luego es falaz, ya que de la lectura integra de la declaración que realizó se obtiene que las respuestas que dio al interrogatorio directo, acreditan en forma por demás fehaciente que los hechos sobre los que declaró le constan de manera directa y no tomo conocimiento de ellos por medio de ninguna persona, hechos que conoció de manera directa por ser "sobrina" de la autora de la sucesión Celia Guizar Farías y/o Celia Guizar Farías, y, prima-hermana de todos los herederos testamentarios instituidos en el juicio natural, respuestas de la ateste que fueron imparciales (.) .tanto el testimonio rendido por María Esther López Padilla y por Johana Celeste Pedraza Santiago, tienen valor probatorio pleno, pues las respuestas que dieron al interrogatorio que se les formuló fueron uniformes respecto de los hechos que sobre los que declararon al rendir, dando la razón fundada de la razón de su dicho, ya que ambas atestes son coincidentes al señalar: a) Ambas conocen a los partes del incidente en el que declararon, así como a la autora de la sucesión; b) Ambas tuvieron conocimiento de que la autora de la sucesión señora Celia Guizar Farías y/o Celia Guizar Farías, sufrió un infarto cerebral; c) Las 2 dos testigos tuvieron conocimiento de que quien se hacía cargo de los gastos en general inherentes a la atención de la de cujus Celia Guizar Farías y/o Celia Guizar Farías, desde inicio del año 2022 dos mil veintidós lo fue la señora Celia Esther Guizar Padilla y que antelación a esta data quien se hacía cargo de los gastos era el señor Manuel Vasco' Padilla Guizar; d) Las atestes saben de manera personal y directa, que respecto del periodo de inicio del año 2022 dos mil veintidós, hasta la fecha de fallecimiento de la de cujus, quien se hizo cargo en forma exclusiva de los gastos médicos y de alimentación fue la señora Celia Guizar Farías y/o Celia Guizar Farías, fue su hija Celia Esther Guizar Padilla. Declaraciones claras, precisas y contundentes, que en forma desacertada no valoró la Juez de origen, conforme a las reglas que enumeran los ordinales 547 y 548 del código procedimental de la materia ya insertos en el cuerpo de este líbelo, basándose en el argumento fallido y parcializado, pero sobre omiso en de ser debidamente razonado lógica y jurídicamente en el sentido de que a la primera de los atestes no le constan los hechos sobre los que declaró, sino que es una testigo de "oídas", lo que desde luego es falaz, ya que de la lectura integra de la declaración que realizó se obtiene que las respuestas que dio al interrogatorio directo, acreditan en forma por demás fehaciente que los hechos sobre los que declaró le constan de manera directa y no tomo conocimiento de ellos por medio de ninguna persona, hechos que conoció de manera directa por ser "sobrina" de la autora de la sucesión Celia Guizar Farías y/o Celia Guizar Farías, y, prima-hermana de todos los herederos testamentarios instituidos en el juicio natural, respuestas de la ateste que fueron imparciales (.). De la comparativa realizada con anterioridad puede apreciarse que la parte quejosa se constriñe a repetir los argumentos formulados en sus agravios dentro del recurso de apelación, haciendo adecuaciones de forma que no afectan ni contribuyen en el fondo de las manifestaciones vertidas; los cuales ya fueron abordados por la sala responsable. En efecto, tales argumentos merecen dicho calificativo, en virtud de que constituyen una reiteración de los argumentos expuestos en el medio defensivo ordinario, en el que solo abundan y complementan lo manifestado, sin combatir las consideraciones que sustentan la resolución que constituye el acto reclamado. Se sostiene lo anterior, pues en atención a los agravios alegados en el recurso de apelación, la sala responsable, en lo que interesa, resolvió lo siguiente: "En este sentido, analizados los conceptos de inconformidad que hizo valer la apelante, se advierte que no le asiste razón cuando afirma que la justipreciación efectuada por la a quo en torno a lo declarado por la primera de los Testigos fue incorrecta, pues de las respuestas que dicha ateste proporcionó al interrogatorio al que fue sometida, se advierte que efectivamente no tuvo conocimiento directo y personal en torno al evento cerebro-vascular antes referido, al admitir que esto le fue comentado por la oferente de la prueba -es decir, por persona con interés directo, como lo destacó la juez-, como se advierte de la respuesta que proporcionó a la novena pregunta directa, señalando en cuanto razón de su dicho, que sabe lo que declaró: "(...) porque somos familia, estoy enterada, es una tía querida, con mi prima chelis me platicaba ahora que estuvo y yo la frecuentaba porque se sentía sola y ella me comentaba, no mucho pero platicábamos y trataba de visitar a mi tía Celia (...)": además, al contestar a la primera repregunta, relacionada con la quinta directa, en la que se le cuestionó el por qué supo que el infarto cerebral aconteció el 20 veinte de marzo de 2018 dos mil dieciocho, respondió: "(..) me preguntó mi prima si podía venir por el motivo de que se negaba que su mamá había tenido un infarto cerebral yo accedí y le pregunte que cuándo había sido el infarto y ella me dio la fecha". Lo anterior, hace patente que el hecho cuya justificación aquí resulta relevante no fue del conocimiento directo de la testigo, sino producto de la referencia que sobre el particular le hiciera la propia incidentista, siendo insuficiente para considerar que otorgó una razón fundada de su dicho, la relación de parentesco que guardara para con la de cujus y los coherederos incluida la apelante, pues lo que la norma exige para que un testimonio resulte atendible para acreditar un hecho, es que el testigo lo conozca por sí mismo en términos de1 artículo 548 fracción IV, del código adjetivo del ramo, lo que no ocurrió en el presente caso, en torno al aspecto más relevante/trascendente para lo pretendido por la incidentista, que no es otra cosa sino la existencia del padecimiento que aquejó a la autora de la sucesión y cuándo aconteció dicho evento, pues la propia apelante ha hecho depender la procedencia de su incidencia en el escrito impugnativo, más allá del o los documentos que exhibió, de la propia prueba testimonial. En este tenor, entonces, el hecho de que la testigo fuese sobrina de la de cujus -contra lo pretendido por la inconforme- no constituye un elemento que implique que la razórrde su dicho resulte fundada, pues en lo esencial, admitió no haber sabido por sí misma o en forma directa cuando aconteció el presunto infarto cerebral al que aludió la incidentista, siendo precisa en referir que la fuente de esa información fue precisamente ésta última, sin que el conocimiento referencial de ese hecho pueda considerarse subsanado a partir del tiempo transcurrido entre el momento en que supo de él y la fecha en que rindió su testimonio, precisamente porque lo esencial no era si se enteró de él o no; si la de cujus lo padeció o no; o, si quien la atendió en primer término fue el albacea o alguien más, sino que diera cuenta, a partir del conocimiento directo y personal (y no a través de una tercera persona) de cuándo se presentó ese padecimiento para así estar en condiciones de definir sí efectivamente su dicho permitía demostrarlo o no, lo que se conduce a afirmar que, en efecto, se está en presencia de un testimonio de oídas, que -por ese hecho- carece de relevancia probatoria. Máxime que, no debe pasar inadvertido que, al plantear su incidente, la aquí inconforme señaló que el infarto cerebral al que alude -se insiste, como causa originaria de los gastos que, pretende, le sean resarcidos- ocurrió el 10 diez de septiembre de 2015 dos mil quince, en tanto que la testigo refirió que ello aconteció el 20 veinte de marzo de 2018 dos mil dieciocho, es decir, en principio no corrobora el dicho de la incidentista en cuanto a la fecha en que supuestamente tuvo lugar la enfermedad que dio lugar a los diversos gastos que reclamó con motivo de ella, lo cual por si solo hace carente de eficacia probatoria el testimonio señalado, porque en este tenor, no se cumple con la carga probatoria que establece el artículo 343 del código adjetivo civil, que señala que el que afirma está obligado a probar, lo que en el caso no acontece. Ello aunado a que existe una diferencia de más de 2 dos años y 6 seis meses entre una y otra fecha, lo que implica - contra lo que refiere la disidente - que sí existen reticencias en las manifestaciones de la propia testigo en un dato de especial trascendencia, lo que conlleva a afirmar que tampoco se satisface el requisito contenido en la fracción y del citado numeral 548 del ordenamiento adjetivo civil, lo que conduce desde luego a negarle eficacia probatoria al testimonio de referencia como ya se indicó y por ende, resultan infundadas las manifestaciones vertidas en vía de agravio, por la parte incidentista, respecto de la valoración del testimonio de María Esther López Padilla, efectuada en la interlocutoria que se cuestiona, pues como se ha visto, la a quo justipreció dicha prueba ajustándose a las reglas que expresamente contemplan los artículos 547y 548 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado, que establecen los requisitos que deben reunir las declaraciones de los testigos para generar convicción en el órgano jurisdiccional. Por otro lado, también son infundados los alegatos esgrimidos por la disidente en torno al valor que en su opinión- debe otorgarse a la declaración rendida por Johana Celeste Pedraza Santiago, pues con independencia de su actividad profesional y de las labores de cuidado/atención que, dijo, llevó a cabo en relación con la de cujus, así como el conocimiento que señaló tener de los hechos, su solo testimonio resultaría insuficiente para tener por demostrada la existencia del accidente cerebro-vascular o infarto cerebral al que se viene haciendo referencia, ya que de conformidad con el artículo 547 párrafo primero, de la codificación adjetiva civil, se requiere de la concurrencia de cuando menos dos testigos cuyas declaraciones reúnan los requisitos y condiciones señalados en dicho precepto legal y en el diverso 548, para considerar probado un hecho, lo que no ocurre en la especie, pues en todo caso, lo referido por Johana Celeste Pedraza Santiago quedaría reducido a un testimonio aislado no corroborado con la declaración de la testigo a la que se hizo referencia en párrafos que anteceden. En otro orden de ideas, se declara infundado el planteamiento que aduce la inconforme cuando indica que la a quo debió valorar en vía de confesión judicial expresa, lo referido por el albacea Manuel Vasco Padilla Guizar, al formular la primera repregunta relacionada con la sexta directa, en los términos siguientes: "(...) Sabe la testigo los años anteriores al dos mil veintidós, quién se hacía cargo de los gastos de mi madre Celia Guizar Farías (...)"; apreciación que resulta inexacta, pues a formulación de Un cuestionamiento en vía de contrainterrogatorio a un testigo no necesariamente implica la admisión de un hecho determinado por parte de quien lo realiza, pues para ello debe tenerse en cuenta, en principio que el propósito de las repreguntas no es otro sino confrontar al testigo con su propio dicho, con la finalidad de evidenciar -en su caso- la veracidad o mendacidad con la que se conduce, esto es, lo que se persigue a través de ese tipo de preguntas es controvertir.. las afirmaciones del declarante, de ahí que lo que se llegue a manifestar en esa vía por parte, en este caso, del albacea, no constituye una confesión que le perjudique, máxime que se reitera- lo que aquí está sujeto a comprobación como presupuesto originario es la existencia de un padecimiento de salud y la fecha en la que éste pudo haber acontecido, y en todo caso, la repregunta a la que alude la apelante, no tiene el alcance de esclarecer esos dos aspectos. Por último, las determinaciones antes anotadas, tornan innecesario el estudio y calificación del resto de los motivos de inconformidad que expuso la inconforme en su escrito relativo en particular, lo relacionado al valor y alcance que pudiera corresponder a las documentales consistentes en recibos de honorarios de dinero, facturas, notas de venta, recibos de compra y, tickets de pago que exhibierapues al no haberse demostrado el evento cerebro-vascular que dijo padeció la de cujus, lo que se constituye el origen de los gastos que la incidentista/apelante pretende sean considerados como deudas y pagados en su favor, por parte de la sucesión, el estudio de los agravios con relación a las documentales que se precisan en el escrito itnpugnativo, no conduciría a una conclusión distinta a la originalmente adoptada por la primigenia. Lo antes expuesto no implica que se incurra en una contradicción o que, en su caso, la decisión que se contiene en la interlocutoria resulte incongruente por cuanto se refiere a la declaratoria de procedencia parcial del incidente planteado porque, en todo caso, los gastos que la juez determinó que realizó la incidentista y que deben ser tomados en cuenta en el respectivo inventario por parte del albacea, se corresponden a conceptos absolutamente distintos a los que se refirió la decisión judicial cuestionada, pues aquellos aluden a erogaciones realizadas por concepto de embalsamamiento y funeral, y la decisión que aquí se debate se refiere a las presuntas erogaciones que, dijo la incidentista, debió realizar por si para la atención de la autora de la sucesión con motivo del padecimiento que adujo -accidente cerebro-vascular-. En consecuencia, uno de los motivos de inconformidad hechos valer por Celia Esther Padilla Guizar -a través de sus apoderados jurídicosresultó inoperante; en tanto que otro devino infundado, lo que tomó innecesario el estudio de los restantes; ello conduce a confirmar el sentido de la sentencia interlocutoria emitida el 28 veintiocho de febrero de 2023 dos mil veintitrés." Reproducción anterior que evidencia los razonamientos que la autoridad responsable consideró para declarar por una parte, inoperantes; y por la otra, infundados los agravio formulados en el recurso de apelación interpuesto, confirmando la resolución de primera instancia de veintiocho de febrero de dos mil veintitrés. Es decir, el quejoso no expone argumento alguno tendente a combatir las consideraciones expresadas por el tribunal de alzada, sino que, los conceptos de violación insertos en la demanda de amparo que se analiza en esta considerando, se limitan a repetir los argumentos vertidos en el recurso de apelación origen del acto reclamado, por lo que resulta inconcusa su inoperancia y por ende la imposibilidad jurídica de estudiar la constitucionalidad del acto reclamado en este biinstancial. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "CONCEPTOS DE VIOLACION INOPERANTES. Son inoperantes los conceptos de violación que se limitan a repetir casi textualmente los agravios expresados en la apelación, sin aducir nuevos argumentos para combatir las consideraciones medulares que sirven de base a la responsable para desestimar dichos agravios, que se reiteran como conceptos de violación." Así como la jurisprudencia en Materia Civil, del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, de rubro y texto: "CONCEPTOS DE VIOLACION INOPERANTES, SI SE CONCRETAN A REPETIR LOS AGRAVIOS Y NO ATACAN LAS CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DEL FALLO. Si en los conceptos de violación el quejoso se concreta a repetir en esencia los agravios expresados en la apelación, y omite atacar las consideraciones y fundamentos que sirvieron a la Sala responsable para confirmar el fallo de primera instancia, dichos conceptos de violación resultan inoperantes." En consecuencia, al haber resultado inoperantes los conceptos de violación expresados por el quejoso, lo que procede es negar el amparo y protección de la Justicia Federal, respecto de la autoridad responsable y acto reclamado mencionado. Alegatos. Resulta innecesario tomar en consideración los alegatos formulados por Manuel Gutiérrez Ramírez, en cuanto mandatario jurídico de la quejosa, toda vez que éstos, por su naturaleza jurídica, constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, los cuales no forman parte de la Litis. Tiene apoyo lo anterior, el contenido de la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia publicada con el número 42, en la página 67, de la Octava Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, sostuvo el criterio de que el Juez de Distrito exclusivamente está obligado a examinar la justificación de los conceptos violatorios contenidos en la demanda constitucional, en relación con los fundamentos del acto reclamado y con los aducidos en el informe con justificación; pero, en rigor, no tiene el deber de analizar directamente las argumentaciones que se hagan valer en los alegatos, ya que no lo exigen los artículos 77 y 155 de la Ley de Amparo; este criterio debe seguir prevaleciendo, no obstante que con posterioridad mediante decreto de treinta de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, publicado el dieciséis de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, se hubiera reformado el artículo 79 de la Ley de Amparo, que faculta a los Tribunales Colegiados de Circuito y a los Jueces de Distrito para corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, así como examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, "así como los demás razonamientos de las partes", a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pues basta el análisis de citado precepto para advertir que no puede estimarse que tal reforma tuvo como finalidad incorporar forzosamente los alegatos dentro de la controversia constitucional, sino que exclusivamente está autorizando la interpretación de la demanda con el objeto de desentrañar la verdadera intención del quejoso, mediante el análisis íntegro de los argumentos contenidos en la misma y de las demás constancias de autos que se encuentren vinculadas con la materia de la litis, como lo son: el acto reclamado, el informe justificado, y las pruebas aportadas, en congruencia con lo dispuesto por los artículos 116, 147 y 149 de la invocada ley, ya que sólo estos planteamientos pueden formar parte de la litis en el juicio constitucional, además, de que atenta la naturaleza de los alegatos, estos constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que puedan tener la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación, por lo que no puede constituir una obligación para el juzgador entrar al estudio de los razonamientos expresados en esos alegatos." En el entendido que los diversos criterios contenidos en la presente resolución, resultan aplicables al caso en términos de lo establecido en el Artículo Sexto Transitorio del Decreto por el cual se expidió la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en vigor a partir del día siguiente, el cual dispone: "La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente ley". Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 10/2016 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. LA REFORMA AL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011, NO IMPLICA QUE LA EMITIDA CON ANTERIORIDAD A AQUÉLLA SE TORNE OBSOLETA. La citada reforma que dio origen a la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, no implica que la jurisprudencia emitida en términos de los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo abrogada, con anterioridad a aquélla, se torne obsoleta, por el contrario, sigue vigente y es obligatoria. No obsta a lo anterior, el hecho de que tomando como sustento el cambio de parámetros que originó el nuevo contenido del artículo 1o. constitucional, los órganos autorizados para integrar jurisprudencia puedan variar algunos de los criterios sostenidos tradicionalmente, atendiendo para ello a las particularidades de cada asunto." Sexto. Publicidad. En términos de lo previsto en los artículos 113, 118, 119 y 120, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos. Séptimo. Se requieren acuses de recibo. Para los efectos legales a que haya lugar, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable (foránea) para que dentro del término de tres días hábiles, contado a partir de la fecha en que reciba el oficio que derive de la presente determinación, informe a esta autoridad federal al correo electrónico 5jdo11cto@correo.cjf.gob.mx, la fecha en que quedó debidamente notificada de esta sentencia. Se apercibe a dichas autoridades que, de no cumplir con el presente requerimiento, con apoyo en los artículos 237 fracción I y 259, ambos de la Ley de Amparo se le impondrá una multa por el equivalente a cincuenta valores diarios de la unidad de medida y actualización (UMA), conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de conformidad con los artículos 4 y 5 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización. Octavo: Firma Electrónica. Finalmente, de conformidad con el artículo 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, en relación con el punto tercero del diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se ordena que la firma de este asunto se realice a través de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), al tener ésta el mismo valor que la autógrafa. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 73, 75, 107, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E Primero. Se SOBRESEE en el juicio de amparo, promovido por Celia Esther Padilla Guizar a través de sus mandatarios jurídicos, contra el acto precisado en el punto 2), del segundo considerando de esta sentencia, por los motivos precisados en el cuarto decisorio de la misma. Segundo. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Celia Esther Padilla Guizar, quien acudió ante esta instancia constitucional a través de sus mandatarios jurídicos, por el acto y autoridad precisado en el punto 1), del considerando segundo, y por los motivos expuestos en el quinto decisorio de la presente determinación. Tercero. En términos del sexto considerando de la presente resolución, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial. Cuarto. En términos del séptimo considerando de la presente resolución, requiérase a las autoridades responsables para que, dentro del término de tres días hábiles, contado a partir de la fecha en que reciban el oficio que derive de la presente determinación, informen a esta autoridad federal al correo electrónico 5jdo11cto@correo.cjf.gob.mx, la fecha en que quedaron debidamente notificados de esta sentencia. Quinto. En términos del octavo considerando de la presente resolución, se ordena que la firma de este asunto se realice a través de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), al tener ésta el mismo valor que la autógrafa. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE; POR OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE.

  2. Principal

    CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCION I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO Y EN CUMPLIMIENTO AL APERCIBIMIENTO DECRETADO EN EL AVISO DE FECHA VEINTISIETE DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA ASI COMO A SUS APODERADOS LA SENTENCIA DE VEINTICUATRO DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, POR MEDIO DE LISTA QUE FIJA EN LOS ESTRADOS DE ESTE ORGANO JURISDICCIONAL, RESOLUCIÓN DE REFERENCIA QUE EN LO CONDUCENTE DICE: R E S U E L V E Primero. Se SOBRESEE en el juicio de amparo, promovido por Celia Esther Padilla Guizar a través de sus mandatarios jurídicos, contra el acto precisado en el punto 2), del segundo considerando de esta sentencia, por los motivos precisados en el cuarto decisorio de la misma. Segundo. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Celia Esther Padilla Guizar, quien acudió ante esta instancia constitucional a través de sus mandatarios jurídicos, por el acto y autoridad precisado en el punto 1), del considerando segundo, y por los motivos expuestos en el quinto decisorio de la presente determinación. Tercero. En términos del sexto considerando de la presente resolución, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial. Cuarto. En términos del séptimo considerando de la presente resolución, requiérase a las autoridades responsables para que, dentro del término de tres días hábiles, contado a partir de la fecha en que reciban el oficio que derive de la presente determinación, informen a esta autoridad federal al correo electrónico 5jdo11cto@correo.cjf.gob.mx, la fecha en que quedaron debidamente notificados de esta sentencia. Quinto. En términos del octavo considerando de la presente resolución, se ordena que la firma de este asunto se realice a través de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), al tener ésta el mismo valor que la autógrafa. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE; POR OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE.

  3. Incidental

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, doce de septiembre de dos mil veintitrés.****************************************EXHIBE BILLETE DE DEPÓSITO. Con fundamento en el artículo 136 de la Ley de Amparo, téngase a la quejosa ********************, exhibiendo el billete de depósito ********************, expedido por el Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, valioso por la cantidad de ******************** a fin de que continúe surtiendo efectos la suspensión definitiva del acto reclamado, concedida en resolución interlocutoria de tres de julio de dos mil veintitrés, lo anterior con apoyo en el artículo 132 de la Ley de Amparo.**************************************** Ahora bien, el artículo 136 de la ley de la materia, establece:**************************************** "Artículo 136. La suspensión, cualquiera que sea su naturaleza, surtirá sus efectos desde el momento en que se pronuncie el acuerdo relativo, aún cuando sea recurrido.**************************************** Los efectos de la suspensión dejarán de surtirse, en su caso, si dentro del plazo de cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación del acuerdo de suspensión, el quejoso no otorga la garantía fijada y así lo determina el órgano jurisdiccional. Al vencimiento del plazo, dicho órgano, de oficio o a instancia de parte, lo notificará a las autoridades responsables, las que podrán ejecutar el acto reclamado. No obstante lo anterior, mientras no se ejecute, el quejoso podrá exhibir la garantía, con lo cual, de inmediato, vuelve a surtir efectos la medida suspensional."******************** ******************** Consecuentemente, tomando en consideración que con la exhibición de dicha garantía, la parte quejosa cumplió con los requisitos exigidos por este Juzgado, para que continúe surtiendo efectos la medida suspensional defintivia de tres de julio de dos mil veintitrés, gírese oficio a las autoridades responsables, para los efectos legales conducentes.******************** ********************DÉSE REGISTRO Y ENTRÉGUESE AL SECRETARIO ENCARGADO. Regístrese el ingreso del billete de depósito en el libro de gobierno y entréguese al Secretario encargado de su guarda y custodia, asentando la razón de entrega correspondiente y agréguese al presente incidente copia del mismo.****************************************SE ....NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA Y MEDIANTE OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES.

  4. Incidental

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B, DE LA LEY DE AMPARO, SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO CON EL QUE SE LE CONMINÓ A LA PARTE QUEJOSO JESUS SANDOVAL GARCIA O MANUEL GUTIERREZ RAMIREZ,MANDATARIOS JURIDICOS DE CELIA ESTHER PADILLA GUIZAR, MEDIANTE CITATORIO DE CUATRO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, POR LO QUE SE PUBLICA POR MEDIO DE LISTA EL AUTO DE UNO DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Uruapan, Michoacán de Ocampo, uno de septiembre de dos mil veintitrés. De la certificación de cuenta, se desprende que transcurrió el término de tres días de que disponía la parte quejosa a efecto de que diera cumplimiento a lo ordenado en proveído de diecisiete de agosto de dos mil veintitrés, se inserta parte relativa: "BILLETE A DISPOSICIÓN. Por tanto, déjese a disposición de la parte quejosa, el referido billete de depósito N 955761, por la suma de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 M.N), a efecto de que dentro del término de tres días comparezca a recogerlo y realice los trámites correspondientes a fin de realizar el canje ordenado en autos, como se advierte de la certificación de cuenta, atendiendo los requisitos señalados en la razón actuarial de que se trata; esto es, que dicho certificado deberá contener los datos relativos al nombre de la quejosa como depositante, número de expediente, autoridad en favor de quien otorga la garantía, cantidad que ampara y el concepto para el cual se exhibe "para que siga surtiendo sus efectos la suspensión definitiva", bajo apercibimiento que de omitirse tales requisitos, no se tendrá por exhibido. Asimismo, deberá proporcionar a la institución financiera los requisitos destacados por el fedatario judicial adscrito a este juzgado, para la elaboración del "formato autorizado"; como son, nombre del depositante, fecha de nacimiento, domicilio y copia de su identificación oficial vigente." Consecuentemente, por última ocasión requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de tres días computados legalmente, comparezca ante este Juzgado a efecto de que realice el canje del billete de depósito N 955761, por la suma de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 M.N), exhibido mediante escrito presentado el treinta de junio del año en curso, para que continuara surtiendo efectos la suspensión provisional que le fue concedida, la cual dejó de surtir sus efectos con la emisión de la diversa definitiva; por lo que en razón de que en interlocutoria de tres de julio de dos mil veintitrés, la suscrita determinó que a efecto de evitar formalismos procesales innecesarios en perjuicio de la peticionaria del amparo y garantizar a las partes la expedites de justicia a que se refiere el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, con el certificado de depósito exhibido, tener por cubierta la garantía fijada de manera definitiva -interlocutoria de tres de julio de dos mil veintitrés-. En el entendido que de no hacerlo o no informar oportunamente la imposibilidad jurídica o material que para ello tenga, se le hará efectivo el apercibimiento con que se le previno en auto de diecisiete de agosto, esto es: "APERCIBIMIENTO. En el entendido de que no hacerlo así, dejara de surtir efectos la suspensión definitiva, y en términos de lo dispuesto por el artículo 136, de la Ley de Amparo, se dará aviso a la autoridad responsable para que en caso de que lo considere necesario proceda la ejecución del acto reclamado." NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

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