Celia del Rosario Valenzuela
Expediente 209/2017 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 12 actuaciones registradas, la última del 20 de junio de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 209/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 20/06/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Celia del Rosario Valenzuela
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Incidental
Mazatlán, Sinaloa, veinte de junio de dos mil diecisiete. Orden de archivo. Vista la certificación que antecede, y atento al estado procesal de autos, se ordena archivar los cuadernos del incidente de suspensión en los que se actúa, tomando en consideración que mediante acuerdo dictado el día de hoy, se declaró concluido el expediente principal relativo. Acuerdo de depuración y destrucción. Cuaderno original. De conformidad a lo dispuesto por el artículo vigésimo primero, fracción III, párrafo segundo, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, aprobado el veintiocho de septiembre de dos mil nueve, por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, el cuaderno original del incidente de suspensión es susceptible de depuración, es decir, deberá conservarse la resolución relativa al otorgamiento de la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados. b) Cuaderno duplicado. Atendiendo a lo establecido en el artículo vigésimo, fracción III, del citado acuerdo, el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción en el plazo de seis meses. Relevancia documental. La presente incidencia no se considera de relevancia documental, siguiendo los lineamientos establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto, citado en el párrafo que antecede. Devolución de documentos. De conformidad con la fracción XVIII, del punto segundo, del multicitado acuerdo, se hace constar que ninguna de las partes allegó documentos probatorios originales a la incidencia en que se actúa. Notifíquese.
- Principal
Mazatlán, Sinaloa, veinte de junio de dos mil diecisiete. Ejecutoria. Visto el estado procesal de los autos y atendiendo a la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que señala el artículo 86, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión contra el proveído de veintiocho de abril de dos mil diecisiete, dictado dentro del presente juicio de amparo, en el que se sobreseyó fuera de la audiencia constitucional; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente en términos del artículo 2° de la Ley de Amparo, se declara que la misma ha causado ejecutoria para todos los efectos de ley. II. Archivo. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes, y archívese el expediente, como asunto concluido. III. Destrucción. En cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, en sus artículos vigésimo y vigésimo primero, el presente expediente es susceptible de destrucción, toda vez que se sobreseyó en el juicio de amparo. IV. Información reservada. Hágase saber para los efectos establecidos en el citado Acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. V. Oposición de datos personales. De la certificación de cuenta se advierte que las partes no manifestaron oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. VI. Acuerdo en incidente. Tomando en consideración lo anterior, acuérdese lo correspondiente en el incidente de suspensión, para los efectos legales a que haya lugar. VII. Devolución de documento. De conformidad con lo dispuesto por el artículo décimo primero, del referido Acuerdo General, hágase del conocimiento que en el presente expediente no existen documentos algunos, en original, que devolver a las partes. VIII. Devolución de constancias. Por resultar innecesaria la retención de las constancias allegados al presente juicio de amparo, remítanse a su lugar de origen, esto es, al Juzgado Cuarto del Ramo Civil, con residencia en esta ciudad. Notifíquese.
- Principal
EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN PROVEÍDO DE VEINTIOCHO DE ABRIL DE DOS MIL DIECISIETE, SE NOTIFICA POR LISTA AL QUEJOSO, QUE SE FIJE EN LUGAR VISIBLE Y DE FÁCIL ACCESO EN ESTE JUZGADO DE DISTRITO, ASÍ COMO EN EL PORTAL DE INTERNET DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN EL PROVEÍDO DE REFERENCIA, QUE A LA LETRA DICE: Mazatlán, Sinaloa, veintiocho de abril de dos mil diecisiete. I. Estado procesal. Visto el estado procesal de autos, se advierte que en el presente sumario sobreviene una causa de improcedencia del juicio de amparo, como se verá a continuación. Los artículos 61, fracción XXIII y 107, fracción VI, este último aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, a la letra dicen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Artículo 107. El amparo se pedirá ante juez de distrito: VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas. De la interpretación sistemática de dichos preceptos legales, se advierte, en lo que interesa, que el juicio de amparo es improcedente contra actos dictados dentro o fuera de juicio que no afectan a personas extrañas. II. Antecedentes. Luego, a fin de establecer los motivos por los que se advierte la aludida causal de improcedencia, es pertinente enunciar los antecedentes que se desprenden de las constancias que anexó el juez responsable a su informe justificado, como a continuación se indica. 1. El veintidós de abril de dos mil diez, el Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil en esta ciudad, admitió a trámite la demanda promovida en la vía sumaria civil hipotecaria por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda de los Trabajadores (tercero interesado), por conducto de su apoderado legal, en contra de la aquí quejosa Celia del Rosario Valenzuela, la cual quedó registrada con el número de juicio 403/2010, donde se ordenó emplazar a la demandada. 2. En diligencia de seis de mayo de dos mil once, se realizó el emplazamiento respectivo. 3. Mediante escrito de doce de mayo de dos mil once, el apoderado legal de la parte actora y la demandada (aquí quejosa), realizaron un convenio judicial, ratificado el mismo día, ante la fe del licenciado José Isaac Ornelas Castro, Notario Público ciento veintinueve de esta ciudad, allegándolo al juicio sumario civil hipotecario 403/2010, a fin de someter el citado convenio a la consideración del juez de origen, el cual fue aprobado y elevado a la categoría de sentencia ejecutoriada en acuerdo de treinta y uno de mayo de dos mil once. 4. En proveído de dos de abril de dos mil trece, se tuvo al apoderado legal de la parte actora, promoviendo la ejecución forzosa del convenio judicial, con lo cual se dio vista a la demandada para que dentro del plazo de tres días, manifestara lo que a su derecho conviniera. 5. Por resolución de diecinueve de abril de dos mil trece, se decretó procedente la ejecución del convenio de transacción celebrado por la partes, determinando el monto que adeudaba y debía pagar la demandada. 6. Contra dicha determinación la demanda interpuso recurso de apelación, sin embargo, en acuerdo de quince de mayo de dos mil trece, se le informó que con motivo del incidente de ejecución de convenio judicial, la misma no admitía recurso alguno. 7. En acuerdo de dos de abril de dos mil catorce, se recibió el avalúo correspondiente, y se dio vista a la demandada por el plazo de tres días, para que se impusiera del mismo y manifestara lo que a su derecho correspondiera. 8. En virtud de haber transcurrido el plazo concedido, el nueve de mayo de dos mil catorce, a solicitud de la parte actora, se tuvo por concluido el trámite de avalúo. 9. El quince de mayo de dos mil catorce, se adjudicó a favor de la parte actora el bien inmueble ubicado en calle Vainillo número 9424, fraccionamiento San Joaquín, Sección Villa Florida, en esta ciudad, al ser superior el adeudo a que fue condenada a pagar la parte demandada ; por tal motivo, el once de julio de ese año, se requirió a esta última para que otorgara la escritura de venta a favor de la primera. 10. El doce de agosto de dos mil catorce, el juzgado de origen, otorgó en rebeldía de la demandada, la escritura correspondiente. III. Determinación. Ahora, en el presente asunto la quejosa se ostenta tercera extraña al juicio sumario civil hipotecario 403/2010, entablado en su contra por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (parte tercera interesada), ante la autoridad responsable. Al respecto, nuestro Máximo Tribunal ha interpretado que cuando el quejoso siendo parte formal en un juicio y no fue emplazado a éste, o bien, fue citado en forma distinta de la prevenida por la ley, lo que le ocasionó el desconocimiento total del juicio, se le equiparará a una persona extraña a juicio. Sobre el particular, resulta aplicable la Jurisprudencia que dice: Octava Época Registro: 205455 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Núm. 78, Junio de 1994 Materia(s): Común Tesis: P./J. 18/94 Página: 16 EMPLAZAMIENTO, IRREGULARIDADES EN EL. SON RECLAMABLES EN AMPARO INDIRECTO CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN. Cuando el quejoso no fue emplazado al juicio o fue citado en forma distinta de la prevenida por la ley, lo que le ocasionó el desconocimiento total del juicio, se le equiparará a una persona extraña a juicio, por lo que el conocimiento del amparo en estos supuestos, compete a un Juez de Distrito y no a los Tribunales Colegiados, de conformidad con la disposición expresa contenida en la fracción VII del artículo 107 constitucional, y el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo; pero, además de que el texto de las disposiciones constitucional y legal indicadas, bastaría para sostener lo anterior, dada la primacía que establece el artículo 133 de la propia Constitución, existen otras razones accesorias, pero no por ello menos importantes, que fundan la misma conclusión, y que son las que enseguida se citan: El quejoso, por medio del amparo indirecto, tiene la posibilidad de aportar ante el Juez de Distrito, en la audiencia constitucional, las pruebas necesarias para demostrar la falta de emplazamiento o que el llamamiento que se le hizo al juicio, se realizó en forma distinta de la prevenida por la ley. En cambio, en el amparo directo, el quejoso se encontraría en la imposibilidad de rendir tales pruebas, pues le estaría vedado, por disposición expresa del artículo 190 de la Ley de Amparo que establece que las sentencias sólo comprenderán las cuestiones legales propuestas en la demanda de garantías, lo que significa que, dada la naturaleza del juicio de amparo directo, las pruebas que se rindan en el mismo, únicamente pueden consistir en las constancias del expediente formado por la autoridad responsable, por lo que si la cuestión planteada se tramitara a través del expresado juicio de amparo directo, el quejoso no tendría oportunidad de aportar pruebas para acreditar la irregularidad del emplazamiento. Si bien es cierto que la fracción I del artículo 159 de la Ley de Amparo establece como violación reclamable en amparo directo, el hecho de que al quejoso no se le cite a juicio o se le cite en forma distinta a la prevista por la ley, también es verdad que tal disposición no es posible aplicarla cuando el quejoso es persona extraña a juicio, por equiparación, ya que de aplicarse ese dispositivo legal se dejaría al peticionario de garantías en estado de indefensión porque no se le daría oportunidad de comprobar la violación alegada. Además, cuando el quejoso ocurre como persona extraña al juicio, a pesar de que él sea el demandado, se da la procedencia del juicio de amparo indirecto, supuesto que la violación principal cometida en su contra, la constituye precisamente esa falta de citación que lo hace desconocedor y, por ende, extraño al juicio seguido en su contra, y de prosperar la acción constitucional se invalidarían todas las actuaciones posteriores. A mayor abundamiento, si lo reclamado es la falta de emplazamiento, ya sea porque materialmente no existió esa actuación o porque la efectuada presente defectos tales que impidieron a la parte demandada el conocimiento del juicio seguido en su contra, hace suponer que en estos casos no se llegó a formar la relación procesal y, por ende, no se ataca intrínsecamente la sentencia o el laudo, sino el no haber sido oído y vencido en juicio. Consecuentemente, de conformidad con lo antes expuesto es el amparo indirecto el procedente contra actos reclamados consistentes en todo lo actuado en un juicio, en el que el quejoso asegura que no fue emplazado, por equipararse a una persona extraña al juicio, y prevenirlo así los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción V, de la Ley de Amparo. De lo anotado se colige, que si bien, la quejosa se ostenta en la presente vía constitucional como tercera extraña por equiparación, debe tenerse presente que tal figura, como se dijo, se entiende como aquella persona que al ser parte formal y material en la controversia, no fue emplazada o lo fue pero en forma distinta a lo prevenido por la ley, ocasionando el desconocimiento total del juicio, supuesto en el que procede la promoción del juicio de amparo en la vía indirecta, para reclamar la ausencia del llamado a juicio o en su caso, los vicios en que se incurrió al realizar dicho acto jurídico; y sólo acorde con esa posición, se le podrá equiparar a un tercero y evidentemente será extraño a todo lo actuado en el pleito. Luego, como se destacó en la narrativa de antecedentes, la solicitante de la tutela constitucional compareció al juicio sumario civil hipotecario 403/2010, toda vez que en auto de treinta y uno de mayo de dos mil once, se tuvo por recibido el escrito firmado en forma conjunta por el apoderado legal de la parte actora y por el demandado, que contiene el convenio judicial celebrado entre ambas partes, sometido a consideración del juez del conocimiento, ratificado ante notario público. Inclusive, de las constancias que adjuntó el juez de origen, a su informe justificado, se desprende que en noviembre de dos mil quince, la quejosa presentó diversa demanda de amparo , en la que, bajo protesta de decir verdad, refirió ser parte demandada dentro del expediente 403/2010, del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil de esta ciudad, estableciendo como acto reclamado, los proveídos de once de julio y doce de agosto de dos mil catorce, dictados en el aludido asunto (los cuales se precisaron en los puntos 9 y 10 de los antecedentes). De lo anterior es dable concluir, que no asiste a la reclamante de la protección constitucional la calidad de persona extraña a juicio, dado que se encuentra debidamente incorporada a la relación procesal en el juicio natural, donde tiene el carácter de demandada, por lo que se patentiza que fue sabedora del contenido del procedimiento seguido en su contra, cuando menos desde el treinta y uno de mayo de dos mil once; data en que se tuvo por recibido el escrito que contiene el convenio judicial celebrado por la parte actora y la demandada. Por ende, tal fecha debe considerarse como aquella en la que conoció el procedimiento del que deriva el acto que en esta vía se reclama, desvirtuándose plenamente el carácter de persona extraña al procedimiento, al no ser jurídicamente válido que ahora alegue indefensión cuando acudió al juicio natural a fin de dar por concluida la contienda judicial, mediante la presentación del convenio aludido. En esa tesitura, si la quejosa reclama el emplazamiento al juicio sumario civil hipotecario 403/2010, y si de autos se advierte que tuvo conocimiento del procedimiento de origen seguido en su contra, antes de que se dictara sentencia definitiva y, además, compareció al mismo, es evidente que perdió el carácter de persona extraña a juicio, pues tal conocimiento y comparecencia, le permitió en su momento, imponerse de los autos y hacer valer, a través de los mecanismos de impugnación ordinarios, la defensa a sus intereses dentro del propio procedimiento. En ese orden argumentativo, al desvirtuarse el carácter de tercera extraña al juicio de origen con el que se ostenta la peticionaria de amparo, se configura la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el 107, fracción VI, este último aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. Apoya lo considerado, la jurisprudencia con los datos de localización, rubro y texto siguientes: Novena Época Registro: 189916 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIII, Abril de 2001 Materia(s): Común Tesis: P./J. 39/2001 Página: 93 PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY. La sola circunstancia de que el afectado conozca de la existencia del juicio en el que funge como parte y comparezca al mismo, a pesar de no haber sido legalmente emplazado, desvirtúa su carácter de persona extraña al procedimiento, por lo que si promueve el juicio de amparo indirecto, ostentándose con tal carácter, el Juez de Distrito debe sobreseerlo con fundamento en el artículo 74, fracción III, de la Ley de Amparo, fundamentalmente porque el promovente ya no es persona extraña al juicio por haber comparecido al procedimiento ordinario, quedando en posibilidad de defenderse dentro del contencioso y, en su oportunidad, si es el caso, acudir al amparo directo, fundamentándose la improcedencia en los artículos 73, fracción XVIII y 114, fracción V, aplicada en sentido contrario, de la propia ley; sin que lo anterior implique que el promovente del amparo indirecto, por el hecho de ostentarse como tercero extraño, quede al margen del término previsto en el artículo 21 de la Ley de Amparo, esto es, al plazo de quince días contados a partir del día siguiente al en que tenga conocimiento del juicio, bajo el argumento de que la falta o ilegalidad del emplazamiento sea una violación de gran magnitud, pues si bien la improcedencia por extemporaneidad o consentimiento tácito basado en los artículos 21 y 73, fracción XII, del propio ordenamiento, puede llegar a configurarse, tal circunstancia no se surte necesariamente porque puede suceder que el afectado por la falta de emplazamiento promueva el juicio de garantías antes de que transcurra el plazo referido y en tal supuesto no cabría sobreseer por inoportunidad de la demanda, ya que seguiría en pie la otra causal. En ese tenor, al tener actualización la causa de improcedencia en estudio, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Sobreseimiento que se hace extensivo a los actos subsecuentes y de ejecución, dado que no se relaman por vicios propios sino en vía de consecuencia. Apoya lo anterior, las Jurisprudencias que dicen: Séptima Época Registro: 394472 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 516 Página: 339 SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios. Novena Época Registro: 184572 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XVII, Marzo de 2003 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 10/2003 Página: 386 SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Por lo anterior, se ordena dejar sin efecto la citación para la celebración de la audiencia constitucional (NUEVE HORAS CON CINCUENTA Y NUEVE MINUTOS DEL DOS DE MAYO DE DOS MIL DIECISIETE). IV. Transparencia y acceso a la información pública. En otro aspecto, toda vez que en el presente juicio no existe oposición expresa por la parte quejosa en cuanto a la publicación de la presente resolución, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dígase a las partes, que esta resolución estará a disposición del público para su consulta en versión pública, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información, en los términos de dicha legislación. Notifíquese personalmente.
- Principal
Notifíquese personalmente.
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