Celia Casillas Medina
Expediente 534/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos. 31 actuaciones registradas, la última del 18 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 534/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 31
- Última actuación
- 18/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Celia Casillas Medina
Actuaciones
Las 4 más recientes de 31.
- Principal
MESA IV.- Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días para la interposición del recurso de revisión, que establece el artículo 86, en relación con el 81, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo, sin que las partes del juicio de amparo lo hayan hecho valer en contra del auto de cuatro de mayo de dos mil veintidós, por el cual se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2º, se declara que dicho auto ha quedado firme, para todos los efectos legales a que haya lugar. Consecuentemente, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Glósese a los presentes autos únicamente el original del incidente de suspensión derivado del presente juicio; y destrúyase el duplicado, de conformidad con lo establecido en el artículo 20, párrafo primero, fracción II, inciso a) y párrafo tercero, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Para los efectos legales correspondientes, se hace constar que el presente expediente y el incidente de suspensión relativo se ubican, respectivamente, en las hipótesis previstas en los artículos 21, párrafo primero, incisos b), y c), del Acuerdo General citado; por tanto, ambos son susceptibles de destrucción. En virtud de lo anterior, una vez que transcurra el término de tres años, contado a partir de que se dictó el presente acuerdo, destrúyanse ambos expedientes dentro del plazo indicado en el párrafo tercero del citado numeral y remítase el acta de baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Sin necesidad de proveer con motivo de garantía alguna, toda vez que no fue solicitada dentro del incidente de referencia. Ahora bien, dado que la autoridad responsable Juez Tercero Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, remitió copia certificada de diversas constancias, en dos tomos, al no ser indispensable la retención de las mismas, devuélvanse las documentales descritas a la citada autoridad con sin necesidad de que sea remitido acuse de recibo, toda vez que el sello de recepción hará las veces del mismo. Finalmente, se hace notar que en el presente juicio de amparo no obran constancias originales ofrecidas por las partes. QSJA
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MESA IV .Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término de veinte días previsto en el artículo 27, fracción III, inciso b), párrafo segundo, de la Ley de Amparo, para que la quejosa, Celia Casillas Medina, acreditara ante este órgano jurisdiccional haber entregado para su publicación los edictos ordenados a fin de emplazar al presente juicio al tercero interesado ***, o en su caso, manifestara la imposibilidad que tuviera para ello; sin que lo hubiera hecho así. En consecuencia, con fundamento en lo previsto en el artículo 63, fracción II, de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento decretado en auto de veintidós de febrero de dos mil veintidós, y por tanto, se sobresee fuera de audiencia en el presente juicio de amparo para todos los efectos legales conducentes, ya que la norma prevé que procede el sobreseimiento cuando el quejoso no acredite sin causa razonable a juicio del órgano jurisdiccional de amparo haber entregado los edictos para su publicación en términos del artículo 27 de la ley de la materia, una vez que se compruebe que se hizo el requerimiento del órgano que los decretó. Lo anterior es así, porque ante la imposibilidad de emplazar al tercero interesado, ***, mediante proveído de nueve de septiembre de dos mil veintiuno, se ordenó la búsqueda de algún domicilio de dicha parte, por lo que luego de agotados los domicilios proporcionados por las autoridades, instituciones y personas morales requeridas, en acuerdo de veintidós de febrero del año en curso, se ordenó el emplazamiento del citado tercero por medio de edictos. Por tanto, en el propio auto de referencia se requirió a la quejosa, ***, a fin de que compareciera ante este órgano jurisdiccional a recibir los edictos respectivos para el efecto de publicarlos, requerimiento que le fue notificado el veinticuatro de febrero del presente año. Además, si bien es cierto que en comparecencia de veintitrés de marzo de dos mil veintidós se hizo constar la entrega de los edictos respectivos al autorizado de la parte quejosa ***, también lo es que con posterioridad a esa fecha no se aprecia gestión alguna de la citada parte quejosa a fin de acreditar la publicación de los mencionados edictos con la finalidad de lograr el emplazamiento de la parte tercera interesada, en el plazo concedido para tal efecto. En esas condiciones, la parte quejosa incumple con un presupuesto procesal, que se erige en formalidad esencial del procedimiento y hace que este órgano judicial no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional, pues con la no publicación de los edictos ordenados queda paralizado el juicio al arbitrio de los quejosos, con lo que se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Carta Magna, puesto que con ello se entorpece la administración de Justicia, por retardarse la solución del conflicto, y lo anterior no es atribuible a este Juzgado de Distrito, sino a la propia parte quejosa, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público tutelado por el precepto constitucional invocado, en razón de que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso de la parte quejosa. Por lo tanto, es procedente decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio, toda vez que como ya se señaló, la parte quejosa incumplió con un presupuesto procesal, que se erige en formalidad esencial del procedimiento y hace que este órgano jurisdiccional no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional, lo que genera un impedimento para continuar con la secuela procesal. En consecuencia, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las diez horas con cincuenta minutos de esta misma fecha. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. QSJA
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AVISO.- SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA DEL ACUERDO DE CUATRO DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS, QUE EN SINTESIS DICE.- Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término de veinte días previsto en el artículo 27, fracción III, inciso b), párrafo segundo, de la Ley de Amparo, para que la quejosa, Celia Casillas Medina, acreditara ante este órgano jurisdiccional haber entregado para su publicación los edictos ordenados a fin de emplazar al presente juicio al tercero interesado ***, o en su caso, manifestara la imposibilidad que tuviera para ello; sin que lo hubiera hecho así. En consecuencia, con fundamento en lo previsto en el artículo 63, fracción II, de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento decretado en auto de veintidós de febrero de dos mil veintidós, y por tanto, se sobresee fuera de audiencia en el presente juicio de amparo para todos los efectos legales conducentes, ya que la norma prevé que procede el sobreseimiento cuando el quejoso no acredite sin causa razonable a juicio del órgano jurisdiccional de amparo haber entregado los edictos para su publicación en términos del artículo 27 de la ley de la materia, una vez que se compruebe que se hizo el requerimiento del órgano que los decretó. Lo anterior es así, porque ante la imposibilidad de emplazar al tercero interesado, ***, mediante proveído de nueve de septiembre de dos mil veintiuno, se ordenó la búsqueda de algún domicilio de dicha parte, por lo que luego de agotados los domicilios proporcionados por las autoridades, instituciones y personas morales requeridas, en acuerdo de veintidós de febrero del año en curso, se ordenó el emplazamiento del citado tercero por medio de edictos. Por tanto, en el propio auto de referencia se requirió a la quejosa, ***, a fin de que compareciera ante este órgano jurisdiccional a recibir los edictos respectivos para el efecto de publicarlos, requerimiento que le fue notificado el veinticuatro de febrero del presente año. Además, si bien es cierto que en comparecencia de veintitrés de marzo de dos mil veintidós se hizo constar la entrega de los edictos respectivos al autorizado de la parte quejosa ***, también lo es que con posterioridad a esa fecha no se aprecia gestión alguna de la citada parte quejosa a fin de acreditar la publicación de los mencionados edictos con la finalidad de lograr el emplazamiento de la parte tercera interesada, en el plazo concedido para tal efecto. En esas condiciones, la parte quejosa incumple con un presupuesto procesal, que se erige en formalidad esencial del procedimiento y hace que este órgano judicial no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional, pues con la no publicación de los edictos ordenados queda paralizado el juicio al arbitrio de los quejosos, con lo que se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Carta Magna, puesto que con ello se entorpece la administración de Justicia, por retardarse la solución del conflicto, y lo anterior no es atribuible a este Juzgado de Distrito, sino a la propia parte quejosa, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público tutelado por el precepto constitucional invocado, en razón de que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso de la parte quejosa. Por lo tanto, es procedente decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio, toda vez que como ya se señaló, la parte quejosa incumplió con un presupuesto procesal, que se erige en formalidad esencial del procedimiento y hace que este órgano jurisdiccional no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional, lo que genera un impedimento para continuar con la secuela procesal. En consecuencia, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las diez horas con cincuenta minutos de esta misma fecha.
- Principal
MESA IV .Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que se encuentra programada para el día de hoy la celebración de la audiencia constitucional, sin que sea posible llevarla a cabo, toda vez que aún no transcurre el plazo de veinte días otorgado a la parte quejosa en proveído de veintidós de febrero de dos mil veintidós, a efecto de que comparezca ante este Juzgado Federal a exhibir los edictos ordenados en el referido auto, a fin de emplazar a la parte tercera interesada. Lo anterior, al considerar que los citados edictos fueron entregados a la parte quejosa, por conducto de su autorizado, en diligencia de veintitrés de marzo de dos mil veintidós. Por tal motivo, se difiere la audiencia constitucional, señalada para el día de hoy, fijándose de nueva cuenta las diez horas con cincuenta minutos del cuatro de mayo de dos mil veintidós para su celebración. Notifíquese. QSJA
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