Celia Carolina Garcia Solorzano

Expediente 291/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 22 de mayo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
291/2018
Año
2018
Actuaciones
5
Última actuación
22/05/2018

Partes del expediente

  • Celia Carolina Garcia Solorzano

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que el auto de veintisiete de abril de dos mil dieciocho, por el que se SOBRESEYÓ FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio de amparo, no fue recurrido mediante el recurso de revisión procedente en términos del artículo 81, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el precepto 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara firme dicho proveído. Archívese este asunto como totalmente concluido, procediendo a realizar las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Toda vez que no se aperturaron cuadernos incidentales por no haberlo solicitado la parte quejosa, no se realiza manifestación alguna respecto al destino de los mismos. Por otra parte, y toda vez que el presente juicio, carece de relevancia documental, sin que se advierta del mismo documento alguno en original exhibido por las partes, lo anterior se hace constar de conformidad a lo señalado en el punto Décimo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, con vigencia a partir de treinta días después de su publicación, según su artículo primero transitorio; en tal virtud, en términos del punto Vigésimo y Vigésimo Primero, supuesto II, del citado Acuerdo General, el presente expediente es susceptible de ser DESTRUIDO. Se ordena hacer la anotación correspondiente en la carátula del expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto décimo primero del acuerdo en comento. Por otra parte, se hace constar que las partes no ejercieron el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales al momento de hacerse pública la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, a pesar de habérseles hecho el señalamiento respectivo en el acuerdo correspondiente a las partes.

  2. Principal

    SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO REALIZADO EN DILIGENCIA DE NOTIFICACIÓN, POR LO QUE SE PROCEDE A REALIZAR LA NOTIFICACIÓN POR MEDIO DE LISTA, EN LOS TERMINOS SIGUIENTES: Visto el estado que guardan los presentes autos se advierte que en el caso se actualiza una causal de improcedencia, razón por la cual procede sobreseer el presente asunto aun fuera de la audiencia. Al respecto, cabe destacar que de lo dispuesto en el artículo 81, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo se desprende que el legislador previó la posibilidad de que se decretara el sobreseimiento en los términos referidos, tan es así que en dicho precepto estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento. En la especie la quejosa Celia Carolina García Solorzano, reclama del Delegado Estatal en Puebla de la Procuraduría General de la República, los siguientes actos: "1.- LA ILEGAL OMISIÓN DE INICIAR LA INDAGATORIA CON MOTIVO DE LA DENUNCIA PRESENTADA POR LA SUSCRITA MEDIANTE ESCRITO DE FECHA 20 DE MARZO DEL ACTUAL, EN CONTRA DE LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO. 2.- LA ILEGAL OMISIÓN DE DESAHOGAR LAS DILIGENCIAS NECESARIAS PARA INTEGRAR LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN QUE DEBERÍA DAR INICIO CON MOTIVO DE LOS HECHOS DENUNCIADOS COMETIDOS EN MI AGRAVIO, POR ESCRITO DE FECHA 20 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO. 3.- LA ILEGAL OMISIÓN DE INVESTIGAR LOS HECHOS DENUNCIADOS MEDIANTE ESCRITO DE FECHA 20 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, DEJANDO EN CONSECUENCIA DE INTEGRAR Y PERFECCIONAR LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN. " Sin embargo, esta autoridad federal estima que respecto a dichas omisiones, la aquí inconforme antes de acudir a esta instancia se encontraba obligada a agotar el medio ordinario de defensa previsto en la ley que rige, ya que al no hacerlo así se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; (...) Efectivamente, el Código Nacional de Procedimientos Penales establece que las determinaciones de la instancia investigadora sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal se deberán notificar a los sujetos pasivos del delito, quienes podrán impugnar ante el Juez de Control dicha resolución; instancia jurisdiccional que convocará a una audiencia para decidir en definitiva, con la concurrencia de las partes (víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y su Defensor). Tal como se advierte del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, cuyo texto es el siguiente: Artículo 258. Notificaciones y control judicial Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. Al respecto, de una interpretación funcional y extensiva de los artículos 16 párrafo décimo cuarto; 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Federal y los numerales 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional, se puede concluir que las determinaciones del Ministerio Público en el desempeño de su labor investigadora deben estar sujetas a control judicial, con la finalidad de que sea el juez de control quien revise su legalidad. Circunstancia que implica que la revisión de la conducta omisiva por parte de la autoridad investigadora en dicho precepto no se limite a las taxativamente previstas en dicho numeral (abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal), sino que en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. De ahí que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadren en la procedencia de dicho recurso, ya que implican la paralización de su función investigadora. Por lo tanto, la inconforme debió agotar el medio de defensa ordinario previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales invocado, previo a promover el juicio de amparo indirecto contra las omisiones de la autoridad investigadora que aquí controvierte, pues no se satisface el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis III.2o.P.123 P (10a.) del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, de rubro y texto: "MINISTERIO PÚBLICO. LA OMISIÓN DE INVESTIGAR LOS HECHOS QUE SON CONSIDERADOS POR EL DENUNCIANTE CONSTITUTIVOS DE DELITOS, SE EQUIPARA A UN ACTO DE ABSTENCIÓN, POR LO QUE, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO, DEBE INTERPONERSE EL RECURSO DE APELACIÓN (SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO). Cuando el Ministerio Público no ha emitido una determinación en el sentido de que se abstiene de investigar los hechos materia de un delito, pero incurre en la omisión de emprender esa labor investigadora, dicho proceder se equipara a un acto de abstención que amerita que, previo a la promoción del amparo indirecto y en observancia al principio de definitividad, se agote el recurso idóneo ante un Juez de control (apelación), conforme al artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales y, al no haberlo hecho valer, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con el numeral 258 citado." Criterio similar al sostenido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en sesión de 18 de abril de 2018, al resolver por mayoría de votos la contradicción de tesis 233/2017, cuya síntesis consultarse en el boletín de prensa 57/2018. Por tanto, es inconcuso que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la ley de Amparo; por ende, procede sobreseer en el juicio de amparo con fundamento en el artículo 63, fracción V, del ordenamiento legal invocado. En consecuencia de lo acordado en el presente proveído se deja sin efectos la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional, misma que fue fijada para las nueve horas con veintiocho minutos del catorce de mayo de dos mil dieciocho. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno y, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto concluido.

  3. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos se advierte que no es posible celebrar la audiencia constitucional en virtud de que mediante proveído de diecisiete de abril de dos mil dieciocho se ordenó dar vista con el informe justificado del DELEGADO ESTATAL EN PUEBLA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, por lo que las partes no han tenido conocimiento del mismo con la anticipación de ocho días en términos del párrafo segundo del artículo 117 de la Ley de Amparo; en consecuencia, lo procedente es diferir la audiencia constitucional señalada para este día y en su lugar se señalan las NUEVE HORAS CON VEINTIOCHO MINUTOS DEL DÍA CATORCE DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO para su celebración.

  4. Principal

    Agréguese a sus autos el oficio de cuenta del DELEGADO ESTATAL EN PUEBLA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, mediante el cual rinde su INFORME JUSTIFICADO, con su contenido dése vista a las partes en los términos del primer párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo. De igual manera, se tiene a la oficiante ofreciendo como pruebas de su parte la documental pública que adjunta al oficio de mérito, así como la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto, en conformidad con lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo vigente; sin perjuicio de hacer relación de las mismas al momento de celebrarse la audiencia constitucional.

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