Celia Basurto Cruz
Expediente 504/2019 tramitado ante el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito. 2 actuaciones registradas, la última del 15 de julio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 504/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 15/07/2019
- Órgano jurisdiccional
- Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito · Tribunales Colegiados de Circuito
Partes del expediente
- Celia Basurto Cruz
Actuaciones
- Juicio de Amparo Directo
VISTO EL ESTADO DE AUTOS Y LA CERTIFICACIÓN DE CUENTA, DE LOS CUALES SE ADVIERTE QUE EL TÉRMINO DE TRES DÍAS PREVISTO EN EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 104 DE LA LEY DE AMPARO, TRANSCURRIÓ SIN QUE LA PARTE QUEJOSA HAYA IMPUGNADO LA RESOLUCIÓN DSE CINCO DE JULIO DEL AÑO EN CURSO, POR LA CUAL ESTE TRIBUNAL NO ACEPTÓ LA COMPETENCIA PLANTEADA POR EL JUEZ SEGUNDO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE HIDALGO; EN CONSECUENCIA, SE TIENE POR CONSENTIDA DICHA RESOLUCIÓN. EN MÉRITO DE LO ANTERIOR, HAGASE DEL CONOCIMIENTYO AL JUEZ DE DISTRITO PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. AHORA BIEN, AL NO EXISTIR DOCUMENTO ORIGINAL QUE DEVOLVER, ARCHIVESE EL PRESENTE ASUNTO COMO CONCLUIDO, PREVIAS LAS ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE. POR OTRA PARTE, EL EXPEDIENTE EN QUE SE ACTUA ES DESTRUIBLE Y CARECE DE RELEVANCIA DOCUMENTAL; TODA VEZ QUE NO SE ENCUENTRA EN LOS SUPUESTOS QUE PREVÉ EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL NUMERAL Y ACUERDO CITADO.
- Juicio de Amparo Directo
Visto el oficio de la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Hidalgo, mediante el cual acompaña copias certificadas consistentes en: escrito de demanda promovida por la quejosa Celia Basurto Cruz, diversas constancias, proveídos de diez y veintiuno de junio del año actual ambos emitidos por el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Hidalgo; en consecuencia, fórmese expediente, regístrese y acúsese recibo. Ahora bien, tomando en consideración que mediante resolución de diez de junio del año en curso, emitida por el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Hidalgo, en los autos del juicio de amparo indirecto 656/2019-5 de su índice; el a quo constitucional, en el considerando tercero, acordó lo relativo a la competencia escalonada; y determinó declarar su legal incompetencia respecto del acto reclamado consistente en la sentencia definitiva dictada por el Juez Civil y Familiar del Distrito Judicial de Huichapan, Hidalgo, el doce de mayo de dos mil dieciséis en el juicio ordinario civil 1496/2013 de su índice. Razón por la que ordenó escindir la demanda de garantías y remitirla al tribunal colegiado en turno, para que asuma competencia y resuelva lo pertinente en relación a la misma, tocando su conocimiento a este órgano jurisdiccional. En ese contexto, en el presente caso, contrario a lo estipulado en el acuerdo de diez de junio de dos mil diecinueve, donde se declina la competencia a favor de un tribunal colegiado, no se da la competencia escalonada, como se dice, toda vez que la demanda de amparo no fue promovida por la quejosa Celia Basurto Cruz, como tercera extraña por equiparación, en el procedimiento en que se dictó, porque no le fue reconocida su personalidad formalmente como parte, es decir, como actora o demandada, sino que la demanda la promueve como tercera extraña a juicio en estricto sentido, es decir, que sin haber sido formalmente parte en un juicio, los actos y sentencia que señaló como actos reclamados, alega que le afectan como gobernada, por lo tanto, al haber presentado el amparo como tercera extraña en sentido estricto, la competencia para conocer de todos los actos dictado en el mismo, compete al juez de distrito. Cabe precisar que de los registros que obran en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) de este tribunal federal, se advierte que se encuentran radicados los juicios de amparos directos 938/2017 y 939/2017, promovidos por los quejosos Adrián Javier Guerrero Basurto y Enrique Guerrero Garfias, respectivamente; quienes figuran como demandados en el juicio ordinario 1496/2013, promovido por Erick Rafael Martínez González, actor en el juicio ordinario civil citado; Situaciones estas que serán tomadas como un hecho notorio en la presente determinación, por tanto las partes en el juicio ordinario 1496/2013 únicamente son Erick Rafael Martínez González, quien es actor, y Adrián Javier Guerrero Basurto y Enrique Guerrero Garfias, quienes son demandados. Para evidenciar lo anterior, es necesario destacar que el más alto tribunal del país ha sostenido el criterio de que la emisión de una ejecutoria pronunciada con anterioridad por el Pleno de la Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación o por una de sus Salas, constituye para los Ministros que intervinieron en su votación y discusión un hecho notorio, el cual puede introducirse como elemento de prueba en otro juicio, sin necesidad de ser ofrecido como tal o lo aleguen las partes. Partiendo de ello, es innegable que para un tribunal colegiado, un hecho notorio lo constituyen los diversos asuntos que ante él se tramitan y, por tanto, las diversas actuaciones practicadas por el propio órgano jurisdiccional en diverso cuaderno de amparo pueden tenerse a la vista para constatar su contenido y válidamente invocarlos de oficio como hechos notorios, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al 2° de la Ley de Amparo, como medio probatorio para fundar la ejecutoria correspondiente, pues se trata de una facultad que les otorga la ley y que pueden ejercitar para resolver una contienda judicial. Ilustra lo expresado, el criterio emitido por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, con el que este órgano jurisdiccional comulga, publicado en el Apéndice de 1995, Tomo VI, Tesis 812, página 552, de rubro y texto: "HECHO NOTORIO. PARA LOS MAGISTRADOS DE UN COLEGIADO QUE RESOLVIÓ UN JUICIO DE AMPARO, LO CONSTITUYE LA EJECUTORIA CULMINATORIA DE ESTE. Se considera que son notorios para un tribunal, los hechos de que tenga conocimiento por razón de su actividad jurisdiccional. Por consiguiente, por ser quienes intervinieron en la discusión y votación de una ejecutoria de amparo, los Magistrados integrantes de un Tribunal Colegiado de Circuito, como medios de convicción y en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, pueden oficiosamente invocar e introducir esa ejecutoria en un diverso juicio de garantías, aun cuando no se haya ofrecido ni alegado por las partes". De igual forma, apoya lo anterior el criterio compartido por este órgano federal, contenido en la tesis aislada XXVII.1º. (VIII Región) 13 K, del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región, visible en la página 1785, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XX, Tomo 3, materia Común, cuyo rubro y texto son los siguientes: "EMPLAZAMIENTO. SI EN AMPARO INDIRECTO SE IMPUGNA SU ILEGALIDAD O AUSENCIA, ASÍ COMO EL LAUDO O SENTENCIA DEFINITIVA, SI SE DECRETA QUE AQUÉL FUE LEGAL O SE SOBRESEE EN EL JUICIO EN CUANTO A ÉSTE, EL JUEZ DE DISTRITO, PARA DECIDIR SI SE ESTÁ O NO ANTE UN CASO DE "JURISDICCIÓN ESCALONADA" EN RELACIÓN CON ESTAS RESOLUCIONES, DEBERÁ ATENDER A LA EXISTENCIA DE LA CAUSA DE PEDIR PARA DETERMINAR SI PROCEDE LA ESCISIÓN DE LA DEMANDA. De la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia P./J. 70/2010, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, agosto de 2010, página 9, de rubro: "EMPLAZAMIENTO. SI EN AMPARO INDIRECTO SE IMPUGNA SU ILEGALIDAD O AUSENCIA EN UN JUICIO LABORAL, ASÍ COMO EL LAUDO RESPECTIVO, OSTENTÁNDOSE EL QUEJOSO COMO PERSONA EXTRAÑA POR EQUIPARACIÓN, Y EL JUEZ DE DISTRITO RESUELVE QUE AQUÉL FUE LEGAL, SE DEBE ATENDER A LA DEFINITIVIDAD DE LA RESOLUCIÓN RECLAMADA PARA DECIDIR LO CONDUCENTE (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 121/2005).", se desprende que cuando se reclame la ilegalidad o ausencia del emplazamiento, así como el laudo o sentencia definitiva, al respecto, si el Juez de Distrito estima que aquél fue legal o sobresee en el juicio, debe decidir si se está o no ante un caso de jurisdicción escalonada en relación con el laudo o sentencia definitiva. Para resolverlo, debe atender a la existencia de la causa de pedir, pues la "jurisdicción escalonada" opera sólo cuando del análisis de la demanda de amparo se advierta una real intención del quejoso en reclamar el laudo o sentencia por vicios propios y no sólo como consecuencia de la omisión o ilegalidad del emplazamiento. De ahí que procede la escisión si contra el laudo o sentencia definitiva existen motivos de disenso encaminados a impugnar infracciones procesales (distintas del emplazamiento), formales o de fondo. Por el contrario, si el laudo o sentencia definitiva sólo se reclama en vía de consecuencia, no deberá escindirse la demanda sino extenderse el sobreseimiento o la negativa de amparo por la declaración de constitucionalidad del emplazamiento, a la sentencia definitiva o laudo, ya que no se presenta el supuesto de "jurisdicción escalonada", pues la nota distintiva para determinar si debe escindirse o no la demanda, radica en una auténtica subsistencia de temas controvertidos que sean competencia de un órgano constitucional diverso. Lo anterior permite respetar el derecho fundamental de justicia pronta y expedita reconocido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." También cobra aplicación el criterio que este tribunal federal comparte, sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, en la tesis visible a página 2865, Tomo III, Febrero de 2015, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "TERCERO EXTRAÑO A JUICIO EN ESTRICTO SENTIDO. REQUISITOS PARA ACREDITAR SU INTERÉS JURÍDICO AL PROMOVER EL AMPARO PARA PROTEGER EL EMBARGO DECRETADO EN UN DIVERSO JUICIO. Cuando se promueve el juicio de amparo con el carácter de tercero extraño a juicio en estricto sentido, se tiene como finalidad interferir en un juicio preexistente, del cual no se es parte, para hacer valer intereses propios y distintos a los del actor y demandado, teniendo como único objetivo retirar el derecho afectado con el acto de autoridad. Así, para acreditar el interés jurídico, por una parte, debe probarse el justo título que ampare el derecho respectivo y, por otra, que esté afectado con el acto de autoridad. Bajo ese contexto, para acreditar el interés jurídico cuando se promueve el juicio de amparo como tercero extraño a juicio en estricto sentido con la finalidad de proteger un embargo decretado en un diverso juicio, por una parte, se tiene que probar la existencia de éste y, por otra, que el tercero se encuentre afectado en el juicio del que es extraño. Ahora bien, el hecho de que en tal juicio se ordene al encargado del Registro Público de la Propiedad, como medida preventiva, la inmovilización del bien inmueble embargado, no conlleva la afectación del embargo, pues dicha orden no produce su cancelación, sino sólo la anotación marginal de inmovilización. Máxime que ésta es de carácter provisional y no definitivo, por lo cual, no puede dejar sin efectos el embargo. No es obstáculo a lo planteado, que se alegue que por tal inmovilización evidentemente no se podrá continuar la prosecución del juicio donde se originó el embargo porque, para que esa situación pueda ser analizada en el juicio de amparo, necesariamente se requiere que se haya intentado la prosecución de dicho juicio y el Juez natural haya negado la solicitud en virtud de la inmovilización." Asimismo, cobra aplicación el criterio, sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Séptimo Circuito, en la tesis visible a página 3341, Tomo XXXIII, Enero de 2011, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, de rubro y texto siguientes: "TERCERO EXTRAÑO POR EQUIPARACIÓN. CUANDO EN AMPARO DIRECTO SE IMPUGNA EL EMPLAZAMIENTO, TAL CARÁCTER DEBE ADVERTIRSE DE LAS CONSTANCIAS DEL PROCEDIMIENTO NATURAL Y NO DE SU AUTODENOMINACIÓN (INTERPRETACIÓN DE LAS JURISPRUDENCIAS P./J. 40/2001 Y P./J. 39/2001). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las jurisprudencias P./J. 40/2001 y P./J. 39/2001, de rubros: "EMPLAZAMIENTO. LA FALTA O ILEGALIDAD DEL MISMO SON IMPUGNABLES EN AMPARO INDIRECTO CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN, NO OBSTANTE QUE TENGA CONOCIMIENTO DE LA SENTENCIA, LAUDO O RESOLUCIÓN DEFINITIVA DURANTE EL TRANSCURSO DEL TÉRMINO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 21 Y 22 DE LA LEY DE AMPARO." y "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY.", dejó sentado como premisa, el concepto de "persona extraña" a que se refiere la fracción V del artículo 114 de la Ley de Amparo, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos ejecutados dentro o fuera de juicio que la afecten, así como la parte material en el proceso (demandado) que se equipara a esa figura. Así, puede advertirse en estricto sentido, que un extraño a juicio es aquella persona física o moral distinta de los sujetos porque no figura en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro de él o en ejecución de la resolución que ahí se dicte, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas. Asimismo, existe otra figura que jurisprudencialmente ha sido equiparada a la persona extraña, y es quien formando parte de la controversia (demandado) no se apersonó al juicio y tampoco conoció de su existencia porque -debiendo serlo- no fue emplazado o fue citado en forma distinta a la prevista por la ley (tercero extraño por equiparación). En cambio, cuando ese demandado haya comparecido al juicio (entendiéndose que no necesariamente a través del emplazamiento, sino que se haya integrado por cualquier medio a esa relación jurídico procesal) y, por tanto, sabedor del proceso seguido en su contra, es razón suficiente para desvirtuar su carácter de persona extraña al juicio en términos del precepto citado. Es decir, el rasgo distintivo para equiparar al demandado con una persona extraña al procedimiento, debe partir desde la perspectiva que la falta de emplazamiento a él o que la citación en forma distinta a la prevista por la ley, le haya ocasionado "el desconocimiento total del juicio". Esta distinción es fundamental, pues del conocimiento de su participación o no en el proceso depende en qué momento y en qué términos puede esa persona intentar el amparo (directo o indirecto) contra la resolución que irrogue perjuicio a su esfera jurídica. Así, si el gobernado que conoce del juicio porque compareció a él, opta por la vía indirecta, el Juez de Distrito debe sobreseer, fundamentalmente porque ya no es persona extraña al juicio, en virtud de que puede (o pudo, si ese juicio ya hubiese concluido) defenderse dentro del procedimiento ordinario y, en su oportunidad, si fuese el caso, acudir al amparo directo; es evidente que en este supuesto, el promovente equivocó la vía. En cambio, cuando el gobernado que por alguna causa se integró a la relación jurídico procesal en la que ya se dictó la resolución definitiva respectiva (sentencia o laudo); que conoce del procedimiento que la originó y, por ende, a sabiendas de su participación en el mismo opta por promover amparo directo, impugnando en sus conceptos de violación ese acto procesal del emplazamiento, eligió la vía correcta. En efecto, aun cuando el quejoso se ostentare como "tercero extraño por equiparación", serán las constancias del procedimiento natural y no la forma de su autodenominación las que se deberán tomar en cuenta para determinar si realmente tiene tal carácter y fincarle competencia al Juez de Distrito, pues para hacer esa declaratoria (cuya hipótesis es la única que le daría competencia), el Tribunal Colegiado de Circuito deberá atender a lo que arrojen las constancias de autos y no al hecho de advertir que se impugna el emplazamiento, incluso como acto reclamado destacado (cuando sabemos que se trata de un concepto de violación), pues si el promovente fue parte integrante de la relación jurídico procesal y, por ende, no es tercero extraño, no resultaría jurídicamente válido declinar competencia por razón de vía y enviarla a una que -se sabe- no resultaría procedente, por la sencilla razón que de las constancias se advierte que no se ubica en esos supuestos de competencia. En estos casos, al ser correcta la vía directa intentada, el tema del emplazamiento tendrá que analizarse a la luz de los conceptos de violación que contra tal acto procesal se invoquen, sin desconocer el principio de definitividad que rija en el procedimiento de que se trate, cuya observancia o no definirá la viabilidad de su estudio." En mérito de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 47 de la Ley de Amparo, no se acepta la competencia planteada mediante resolución de de diez de junio de dos mil diecinueve, emitida por el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Hidalgo, en el juicio de amparo indirecto 656/2019-5, de su índice. Finalmente, con fundamento en los artículos 1, 3, 9, 68, 113 y 117 a cada caso específico de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, difundida en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y que entró en vigor al día siguiente, se hace del conocimiento de las partes que, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3° referido, la información en el presente asunto es pública y accesible a cualquier persona, siempre y cuando se cumplan con los requisitos que establece la propia ley, así como la normatividad que emita en su momento el Consejo de la Judicatura Federal. Además, la información confidencial que proporcionen en el presente asunto no estará sujeta a temporalidad alguna, sólo podrán tener acceso a ella sus titulares, representantes y servidores públicos facultados para ello; y para permitir el acceso a dicha información, se deberá obtener el consentimiento de los particulares titulares de la misma.
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