Celia Amelia Pintor Guzmán

Expediente 217/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 1 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
217/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
01/06/2021

Partes del expediente

  • Celia Amelia Pintor Guzmán

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, y atendiendo al contenido de la certificación que antecede, en el sentido de que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que el artículo 98 de la Ley de Amparo establece para que el peticionario del amparo interpusiera el recurso de queja en contra del proveído dieciocho de mayo de dos mil veintiuno que desechó la demanda de amparo que dio origen al presente sumario; en términos de lo dispuesto por los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo segundo, en relación con el 97, fracción I, inciso a), de la ley de la materia, se declara que dicho proveído ha causado estado. ARCHIVO Y ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado y, archívese el expediente como asunto totalmente concluido. VALORACIÓN DOCUMENTAL. De conformidad con los artículos 12 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, de diecisiete de marzo de dos mil veinte, este expediente es susceptible de destrucción, dado que en el mismo se dictó un auto en el que se desechó la demanda de amparo, no existen documentos originales exhibidos por las partes y no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o relevancia documental deba conservarse. TEMPORALIDAD PARA DESTRUCCIÓN DE EXPEDIENTE. Previo transcurso del plazo de tres años que se establece en el primer párrafo del citado artículo 21 del Acuerdo General en comento, este órgano jurisdiccional procederá a su destrucción, con apoyo además en el numeral 24 del mismo ordenamiento. ORDEN DE ARCHIVO. Anótese en la carátula que este expediente que es susceptible de destrucción y la fecha en que se ordena el archivo, conforme con lo dispuesto en el artículo 35 del mencionado Acuerdo General. Notifíquese.

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por...contra actos de Comisión Federal de Electricidad, División Comercial Golfo Centro, Zona Comercial Valles, en esta ciudad, por trasgresión que estima de los artículos 1, 14, 16 y 17 Constitucionales. Regístrese su ingreso en el Libro Uno de Juzgado de Registro de Juicios de Amparo que se lleva en este órgano jurisdiccional, bajo el número 217/2021-I-A. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito procede a efectuar el análisis correspondiente de la demanda, de la que se aprecia que la quejosa señala como autoridad responsable a Comisión Federal de Electricidad División Comercial Golfo Centro Zona Comercial Valles, con sede en esta ciudad, a quien le reclama: Asimismo, de los antecedentes de la demanda de amparo, que bajo protesta de decir verdad refiere, señala que recibió por parte de trabajadores de la empresa Comisión Federal de Electricidad División Comercial Golfo Centro Zona Comercial Valles, con sede en esta ciudad, avisos para realizar el corte de energía eléctrica que tiene contratado en los domicilios ubicados en calle Tulipán número 20, Planta Alta, e Interior 1, de la colonia Loma Bonita en esta ciudad, los días veinticuatro de noviembre y catorce de diciembre ambas fechas del año dos mil veinte, y la última fue el doce de abril del presente año, quienes manifestaron a sus familiares que se encontraban en dichos inmuebles, que el motivo de su visita era para cortar el servicio de energía eléctrica que tiene contratado en los indicados domicilios, argumentando un supuesto adeudo que tiene una tercera persona con la empresa Comisión Federal de Electricidad. Bien, en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Bien, quien esto resuelve, advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, por lo que procede desechar la demanda constitucional en términos de lo dispuesto en el artículo 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con la fracción XXIII del numeral 61, así como con los diversos 1 y 5, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, en los que se establece lo siguiente: Art. 103. Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Como se aprecia de las normas transcritas, la acción de amparo procede única y exclusivamente contra actos o leyes dictadas por autoridad, que violen derechos fundamentales y las garantías para su protección, es decir, no es suficiente que se reclame una violación a dichos derechos y garantías para que el juicio constitucional sea procedente, sino que es necesario que tal transgresión se atribuya a una autoridad. Ello, porque no todos los actos que el particular estime contrarios a su interés son susceptibles de impugnarse en el juicio de que se trata, sino únicamente los actos de "autoridad". Ahora, del texto de la fracción II del artículo 5 de la Ley de Amparo se advierten dos supuestos para considerar a un sujeto como autoridad responsable, a saber: a) La autoridad que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica, o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas, con independencia de la naturaleza formal de dicho sujeto. b) Los particulares cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esa fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. De lo anterior, se colige que se atribuye la calidad de autoridad con independencia de la naturaleza formal del órgano o sujeto que emite el acto. Es decir, el concepto de autoridad responsable quedó desvinculado de su naturaleza formal y atiende ahora, al tipo de acto que se impugne, el cual debe ser susceptible de crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas, de forma unilateral y obligatoria, precisando que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esa fracción y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Así, para definir cuándo se está en presencia de una autoridad para los efectos del juicio constitucional, debe tenerse en cuenta: a) La existencia de un ente y organismo del Estado, independientemente de su naturaleza formal; b) Que emita actos jurídicos, desde luego, derivados de las facultades que les confiera una norma jurídica u omita hacerlos, y c) Que cree, modifique o extinga una situación jurídica en forma unilateral y obligatoria. Como puede advertirse, la definición de autoridad para efectos de juicio de amparo que se establece en el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, sigue esencialmente las notas distintivas que se describen en la jurisprudencia 2a./J. 164/2011 de la Segunda Sala del Alto Tribunal del país, pero resulta ser más flexible, debido a que acepta la posibilidad de que los actos de particulares sean considerados de autoridad, cuando afecten derechos de las personas y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. El criterio en cita es consultable en la página 520, tomo II, del Apéndice 2011 al Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Expuesto lo anterior, conviene citar los siguientes criterios sustentados también por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en torno a los actos de la Comisión Federal de Electricidad. ...De las jurisprudencias invocadas, de carácter obligatorio para este Juzgado Federal en términos de lo dispuesto en el artículo 217 de la Ley de Amparo, se obtiene que los derechos y obligaciones que se derivan del contrato de suministro de energía eléctrica a los particulares, por parte de la empresa productiva del Estado o sus subsidiarias, tiene origen en un acuerdo de voluntades de naturaleza comercial que se materializa en un contrato de adhesión, en el que los contratantes no se someten arbitraria y unilateralmente a las condiciones de la empresa, lo que se traduce en que el suministro de energía eléctrica no se ejerce en un plano de supra a subordinación, sino en una relación de coordinación, por lo que no puede considerarse como un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. Así, de manera ejemplificativa, citó como tales: 1. Que la falta de energía eléctrica ponga en evidente peligro la vida (enfermos dependientes de instrumentos y máquinas que los mantienen con vida o en caso de grupos vulnerables). 2. Personas imposibilitadas para proveer su subsistencia (pueblos y comunidades indígenas, personas con discapacidad, entre otros). 3. Grupos que han solicitado el suministro de energía eléctrica y no se les haya proporcionado ni actuado en vías de superar una imposibilidad técnica. En la especie, la quejosa reclama los avisos para realizar el corte de energía eléctrica que tiene contratado en los domicilios ubicados en calle Tulipán número 20, Planta Alta, e Interior 1, de la colonia Loma Bonita en esta ciudad, que le fueron entregados por los trabajadores de la empresa Comisión Federal de Electricidad, los días veinticuatro de noviembre y catorce de diciembre ambas fechas del año dos mil veinte, y el último fue el doce de abril del presente año, quienes manifestaron a sus familiares que se encontraban en dichos inmuebles, que el motivo de su visita era para cortar el servicio de energía eléctrica que tiene contratado en los indicados domicilios, argumentando un supuesto adeudo que tiene una tercera persona con dicha empresa. En esa medida, si derivado de las obligaciones de pago del suministro básico de energía eléctrica que se tiene contratado en los domicilios que la quejosa dice le dejaron los avisos, es claro que tales actos no son impugnables a través del juicio constitucional, en términos de los criterios jurisprudenciales emitidos por el Alto Tribunal, pues no pueden considerarse como actos de autoridad, al emanar de un vínculo de coordinación en donde el citado organismo actúa desprovisto de imperio. En efecto, al dejarle los avisos de que se trata, la subsidiaria de Comisión Federal de Electricidad Distribución, no actuó como autoridad, ni como particular en funciones de autoridad, pues no determinó por sí, la situación jurídica de la quejosa en ejercicio de alguna atribución establecida en la ley, sino que actuó como particular, en tanto mantiene una relación comercial con la quejosa Celia Amelia Pintor Guzmán, con motivo del servicio de suministro de energía eléctrica que le proporciona en los domicilios ubicado en calle Tulipán número 20, Planta Alta, e Interior 1, de la colonia Loma Bonita en esta ciudad, donde dice habitar, la cual a su vez se encuentra sujeta a la observancia de las disposiciones regulatorias expedidas por la Comisión Reguladora de Energía. De ahí que, dicha entidad no tiene el carácter de autoridad para efectos del juicio constitucional, porque el acto que se les atribuye resulta ser una controversia suscitada entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones generados en el marco del contrato de suministro de energía eléctrica. Sin que, por otra parte, se advierta que con los actos que por esta vía se impugnan pongan en riesgo la salud y la vida de la disidente. En mérito de lo anterior, al actualizarse la causa de improcedencia que se deriva de lo previsto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 1º, último párrafo, 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, lo que se impone desechar la demanda de amparo promovida por Celia Amelia Pintor Guzmán, en términos del artículo 113 de la invocada ley. Apoya lo expuesto, la Jurisprudencia 2a./J. 2/2019 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el ocho de febrero de dos mil diecinueve, que dice: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LA EXISTENCIA DE JURISPRUDENCIA QUE DEFINA LA NATURALEZA DE SUS ACTOS, CONSTITUYE UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA, PARA DESECHAR LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDA EN CONTRA DE AQUÉLLOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que el Juez de Distrito debe desechar la demanda de amparo indirecto sólo cuando de ésta se advierta, sin lugar a dudas, un motivo manifiesto de improcedencia. Entonces, es factible el desechamiento de la demanda como causa notoria y manifiesta cuando se impugnen actos de la Comisión Federal de Electricidad cuya naturaleza ha sido definida mediante jurisprudencia por el Máximo Tribunal, pues dichos criterios son de observancia obligatoria en términos del artículo 217, párrafo primero, de la Ley de Amparo, para todos los órganos de menor jerarquía, vedando así cualquier posibilidad de que el obstáculo declarado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para entrar al estudio del fondo del asunto sea superado. Sostener lo contrario, implicaría admitir que un órgano de menor jerarquía puede revisar un criterio obligatorio que derivó de un ejercicio hermenéutico del contenido de una norma, lo que sería tanto como permitir distorsionar la certeza y la seguridad jurídica que genera la definición del tema vía jurisprudencia del máximo intérprete constitucional." DOMICILIO Y AUTORIZADOS. En otro contexto, con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito inicial de demanda y como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la mencionada ley, a Mayra Alicia Galván García y Jaime Nicolas Martínez Ávalos y únicamente para oír notificaciones e imponerse de los presentes autos a las otras personas indicadas, toda vez que no tienen su cédula profesional inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales, que las autorice a ejercer la profesión de abogado. EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS "EN LÍNEA" Y DATOS DE CONTACTO. En otro aspecto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, tomando en consideración el estado de contingencia que actualmente se vive en el país, en estricta observancia a las medidas adoptadas para evitar la concentración de personas y la propagación del virus, se exhorta a las partes a que continúen la tramitación de este juicio en forma electrónica, mediante el esquema de "juicio en línea", a través del uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma). HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA LA PRÁCTICA DE NOTIFICACIONES.De conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita a los actuarios judiciales adscritos a este órgano jurisdiccional, para que de ser necesario, realicen las notificaciones que deban hacerse en forma personal, en horas y días inhábiles. DIGITALIZACIÓN. Con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario responsable para que lleve a cabo la supervisión de la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como de los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema electrónico, a efecto de que tanto el expediente electrónico como el impreso coincidan en su totalidad; de igual modo, se instruye a los actuarios judiciales, analista jurídico SISE (sistema integral de seguimiento de expedientes) y oficiales administrativos que lleven a cabo de manera oportuna la integración del expediente electrónico, conforme al estado procesal de los asuntos, dentro del ámbito de sus respectivas funciones. TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Se hace saber a las partes que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación en veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1, 3, fracciones IX y XVII, 5, 22, fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de esta juzgadora y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de protección de datos personales publicado el diez de octubre de dos mil dieciocho; así como el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, publicado el seis de septiembre de dos mil diecinueve; aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no contravenga las disposiciones señaladas en la legislación en cita. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, el presente expediente está sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 de la última ley en cita; hágase del conocimiento de las partes que, atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, tienen derecho a oponerse a que se publiquen sus datos personales, una vez que se dicte la sentencia o en su caso la resolución que ponga fin al procedimiento en el presente asunto, por lo que, de no hacer manifestación alguna, se entenderá que se oponen a la publicación de sus antecedentes, de conformidad con el artículo 21 de la ley de referencia. Notifíquese y personalmente.

  3. Principal

    Con fundamento en el artículo 27 fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista la determinación de dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, a la parte quejosa, que dice: "Vista la demanda de amparo promovida por...contra actos de Comisión Federal de Electricidad, División Comercial Golfo Centro, Zona Comercial Valles, en esta ciudad, por trasgresión que estima de los artículos 1, 14, 16 y 17 Constitucionales. Regístrese su ingreso en el Libro Uno de Juzgado de Registro de Juicios de Amparo que se lleva en este órgano jurisdiccional, bajo el número 217/2021-I-A. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito procede a efectuar el análisis correspondiente de la demanda, de la que se aprecia que la quejosa señala como autoridad responsable a Comisión Federal de Electricidad División Comercial Golfo Centro Zona Comercial Valles, con sede en esta ciudad, a quien le reclama: Asimismo, de los antecedentes de la demanda de amparo, que bajo protesta de decir verdad refiere, señala que recibió por parte de trabajadores de la empresa Comisión Federal de Electricidad División Comercial Golfo Centro Zona Comercial Valles, con sede en esta ciudad, avisos para realizar el corte de energía eléctrica que tiene contratado en los domicilios ubicados en calle Tulipán número 20, Planta Alta, e Interior 1, de la colonia Loma Bonita en esta ciudad, los días veinticuatro de noviembre y catorce de diciembre ambas fechas del año dos mil veinte, y la última fue el doce de abril del presente año, quienes manifestaron a sus familiares que se encontraban en dichos inmuebles, que el motivo de su visita era para cortar el servicio de energía eléctrica que tiene contratado en los indicados domicilios, argumentando un supuesto adeudo que tiene una tercera persona con la empresa Comisión Federal de Electricidad. Bien, en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Bien, quien esto resuelve, advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, por lo que procede desechar la demanda constitucional en términos de lo dispuesto en el artículo 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con la fracción XXIII del numeral 61, así como con los diversos 1 y 5, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, en los que se establece lo siguiente: Art. 103. Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Como se aprecia de las normas transcritas, la acción de amparo procede única y exclusivamente contra actos o leyes dictadas por autoridad, que violen derechos fundamentales y las garantías para su protección, es decir, no es suficiente que se reclame una violación a dichos derechos y garantías para que el juicio constitucional sea procedente, sino que es necesario que tal transgresión se atribuya a una autoridad. Ello, porque no todos los actos que el particular estime contrarios a su interés son susceptibles de impugnarse en el juicio de que se trata, sino únicamente los actos de "autoridad". Ahora, del texto de la fracción II del artículo 5 de la Ley de Amparo se advierten dos supuestos para considerar a un sujeto como autoridad responsable, a saber: a) La autoridad que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica, o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas, con independencia de la naturaleza formal de dicho sujeto. b) Los particulares cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esa fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. De lo anterior, se colige que se atribuye la calidad de autoridad con independencia de la naturaleza formal del órgano o sujeto que emite el acto. Es decir, el concepto de autoridad responsable quedó desvinculado de su naturaleza formal y atiende ahora, al tipo de acto que se impugne, el cual debe ser susceptible de crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas, de forma unilateral y obligatoria, precisando que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esa fracción y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Así, para definir cuándo se está en presencia de una autoridad para los efectos del juicio constitucional, debe tenerse en cuenta: a) La existencia de un ente y organismo del Estado, independientemente de su naturaleza formal; b) Que emita actos jurídicos, desde luego, derivados de las facultades que les confiera una norma jurídica u omita hacerlos, y c) Que cree, modifique o extinga una situación jurídica en forma unilateral y obligatoria. Como puede advertirse, la definición de autoridad para efectos de juicio de amparo que se establece en el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, sigue esencialmente las notas distintivas que se describen en la jurisprudencia 2a./J. 164/2011 de la Segunda Sala del Alto Tribunal del país, pero resulta ser más flexible, debido a que acepta la posibilidad de que los actos de particulares sean considerados de autoridad, cuando afecten derechos de las personas y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. El criterio en cita es consultable en la página 520, tomo II, del Apéndice 2011 al Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Expuesto lo anterior, conviene citar los siguientes criterios sustentados también por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en torno a los actos de la Comisión Federal de Electricidad. ...De las jurisprudencias invocadas, de carácter obligatorio para este Juzgado Federal en términos de lo dispuesto en el artículo 217 de la Ley de Amparo, se obtiene que los derechos y obligaciones que se derivan del contrato de suministro de energía eléctrica a los particulares, por parte de la empresa productiva del Estado o sus subsidiarias, tiene origen en un acuerdo de voluntades de naturaleza comercial que se materializa en un contrato de adhesión, en el que los contratantes no se someten arbitraria y unilateralmente a las condiciones de la empresa, lo que se traduce en que el suministro de energía eléctrica no se ejerce en un plano de supra a subordinación, sino en una relación de coordinación, por lo que no puede considerarse como un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. Así, de manera ejemplificativa, citó como tales: 1. Que la falta de energía eléctrica ponga en evidente peligro la vida (enfermos dependientes de instrumentos y máquinas que los mantienen con vida o en caso de grupos vulnerables). 2. Personas imposibilitadas para proveer su subsistencia (pueblos y comunidades indígenas, personas con discapacidad, entre otros). 3. Grupos que han solicitado el suministro de energía eléctrica y no se les haya proporcionado ni actuado en vías de superar una imposibilidad técnica. En la especie, la quejosa reclama los avisos para realizar el corte de energía eléctrica que tiene contratado en los domicilios ubicados en calle Tulipán número 20, Planta Alta, e Interior 1, de la colonia Loma Bonita en esta ciudad, que le fueron entregados por los trabajadores de la empresa Comisión Federal de Electricidad, los días veinticuatro de noviembre y catorce de diciembre ambas fechas del año dos mil veinte, y el último fue el doce de abril del presente año, quienes manifestaron a sus familiares que se encontraban en dichos inmuebles, que el motivo de su visita era para cortar el servicio de energía eléctrica que tiene contratado en los indicados domicilios, argumentando un supuesto adeudo que tiene una tercera persona con dicha empresa. En esa medida, si derivado de las obligaciones de pago del suministro básico de energía eléctrica que se tiene contratado en los domicilios que la quejosa dice le dejaron los avisos, es claro que tales actos no son impugnables a través del juicio constitucional, en términos de los criterios jurisprudenciales emitidos por el Alto Tribunal, pues no pueden considerarse como actos de autoridad, al emanar de un vínculo de coordinación en donde el citado organismo actúa desprovisto de imperio. En efecto, al dejarle los avisos de que se trata, la subsidiaria de Comisión Federal de Electricidad Distribución, no actuó como autoridad, ni como particular en funciones de autoridad, pues no determinó por sí, la situación jurídica de la quejosa en ejercicio de alguna atribución establecida en la ley, sino que actuó como particular, en tanto mantiene una relación comercial con la quejosa Celia Amelia Pintor Guzmán, con motivo del servicio de suministro de energía eléctrica que le proporciona en los domicilios ubicado en calle Tulipán número 20, Planta Alta, e Interior 1, de la colonia Loma Bonita en esta ciudad, donde dice habitar, la cual a su vez se encuentra sujeta a la observancia de las disposiciones regulatorias expedidas por la Comisión Reguladora de Energía. De ahí que, dicha entidad no tiene el carácter de autoridad para efectos del juicio constitucional, porque el acto que se les atribuye resulta ser una controversia suscitada entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones generados en el marco del contrato de suministro de energía eléctrica. Sin que, por otra parte, se advierta que con los actos que por esta vía se impugnan pongan en riesgo la salud y la vida de la disidente. En mérito de lo anterior, al actualizarse la causa de improcedencia que se deriva de lo previsto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 1º, último párrafo, 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, lo que se impone desechar la demanda de amparo promovida por Celia Amelia Pintor Guzmán, en términos del artículo 113 de la invocada ley. Apoya lo expuesto, la Jurisprudencia 2a./J. 2/2019 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el ocho de febrero de dos mil diecinueve, que dice: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LA EXISTENCIA DE JURISPRUDENCIA QUE DEFINA LA NATURALEZA DE SUS ACTOS, CONSTITUYE UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA, PARA DESECHAR LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDA EN CONTRA DE AQUÉLLOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que el Juez de Distrito debe desechar la demanda de amparo indirecto sólo cuando de ésta se advierta, sin lugar a dudas, un motivo manifiesto de improcedencia. Entonces, es factible el desechamiento de la demanda como causa notoria y manifiesta cuando se impugnen actos de la Comisión Federal de Electricidad cuya naturaleza ha sido definida mediante jurisprudencia por el Máximo Tribunal, pues dichos criterios son de observancia obligatoria en términos del artículo 217, párrafo primero, de la Ley de Amparo, para todos los órganos de menor jerarquía, vedando así cualquier posibilidad de que el obstáculo declarado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para entrar al estudio del fondo del asunto sea superado. Sostener lo contrario, implicaría admitir que un órgano de menor jerarquía puede revisar un criterio obligatorio que derivó de un ejercicio hermenéutico del contenido de una norma, lo que sería tanto como permitir distorsionar la certeza y la seguridad jurídica que genera la definición del tema vía jurisprudencia del máximo intérprete constitucional." DOMICILIO Y AUTORIZADOS. En otro contexto, con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito inicial de demanda y como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la mencionada ley, a Mayra Alicia Galván García y Jaime Nicolas Martínez Ávalos y únicamente para oír notificaciones e imponerse de los presentes autos a las otras personas indicadas, toda vez que no tienen su cédula profesional inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales, que las autorice a ejercer la profesión de abogado. EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS "EN LÍNEA" Y DATOS DE CONTACTO. En otro aspecto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, tomando en consideración el estado de contingencia que actualmente se vive en el país, en estricta observancia a las medidas adoptadas para evitar la concentración de personas y la propagación del virus, se exhorta a las partes a que continúen la tramitación de este juicio en forma electrónica, mediante el esquema de "juicio en línea", a través del uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma). HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA LA PRÁCTICA DE NOTIFICACIONES.De conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita a los actuarios judiciales adscritos a este órgano jurisdiccional, para que de ser necesario, realicen las notificaciones que deban hacerse en forma personal, en horas y días inhábiles. DIGITALIZACIÓN. Con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario responsable para que lleve a cabo la supervisión de la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como de los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema electrónico, a efecto de que tanto el expediente electrónico como el impreso coincidan en su totalidad; de igual modo, se instruye a los actuarios judiciales, analista jurídico SISE (sistema integral de seguimiento de expedientes) y oficiales administrativos que lleven a cabo de manera oportuna la integración del expediente electrónico, conforme al estado procesal de los asuntos, dentro del ámbito de sus respectivas funciones. TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Se hace saber a las partes que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación en veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1, 3, fracciones IX y XVII, 5, 22, fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de esta juzgadora y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de protección de datos personales publicado el diez de octubre de dos mil dieciocho; así como el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, publicado el seis de septiembre de dos mil diecinueve; aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no contravenga las disposiciones señaladas en la legislación en cita. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, el presente expediente está sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 de la última ley en cita; hágase del conocimiento de las partes que, atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, tienen derecho a oponerse a que se publiquen sus datos personales, una vez que se dicte la sentencia o en su caso la resolución que ponga fin al procedimiento en el presente asunto, por lo que, de no hacer manifestación alguna, se entenderá que se oponen a la publicación de sus antecedentes, de conformidad con el artículo 21 de la ley de referencia. Notifíquese y personalmente. "

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