Celia Aguirre Garcia

Expediente 1642/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1642/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
28/11/2023

Partes del expediente

  • Celia Aguirre Garcia

Actuaciones

  1. Principal

    VI. Vista la certificación de cuenta y estado procesal de autos, se advierte que transcurrió el plazo para interponer recurso de revisión contra la sentencia de ocho de noviembre de dos mil veintitrés, en la que se concedió la protección de la Justicia Federal solicitada, sin que alguna de las partes legitimadas lo haya hecho valer; con apoyo en lo dispuesto en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA. Solicítese al Comité de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, para que en el plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, acredite el cumplimiento al fallo protector y remita copia certificada de las constancias que lo demuestren. En el entendido que de no cumplir con lo anterior en el plazo indicado, se dará trámite al procedimiento establecido en los párrafos segundo y tercero del citado numeral 192; es decir, se le impondrá multa, equivalente a cien unidades de medida y actualización, en términos del diverso 258 de la ley de la materia; con el apercibimiento que de no dar cabal cumplimiento sin causa justificada se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según proceda, para seguir el trámite de inejecución, que pueda culminar con la separación de su puesto y su consignación. Por otra parte, visto el escrito de cuenta por medio del cual la quejosa ********************, refiere que ha transcurrido en exceso el plazo para que la autoridad responsable se pronuncie sobre el cumplimiento a la ejecutoria de amparo; asimismo, refiere no se archive al asunto hasta se cumpla el fallo protector. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese al expediente físico y electrónico sin mayor proveído, en virtud de lo acordado en párrafos que anteceden.

  2. Principal

    III. El Subadministrador Desconcentrado de Recaudación adscrito a la Administración Desconcentrada de Recaudación de México "1" con sede en México, mediante el cual, a fin de hacer efectivas las multas impuestas en autos, solicita diversa información y constancias; por tanto, con apoyo en el artículo 3 de la Ley de Amparo, intégrese al expediente electrónico y físico para los efectos legales conducentes. Atento a lo anterior, como lo solicita la autoridad oficiante, hágase de su conocimiento que las multas impuestas en autos, ascienden a la cantidad de: 1. Auto de quince de agosto de dos mil veintitrés: $*** (*** pesos 00/100 moneda nacional), equivalente a cien unidades diarias de medida y actualización; y, 2. Auto de treinta de agosto anterior: $*** (*** pesos 00/100 moneda nacional), equivalente a doscientas unidades diarias de medida y actualización. Vista la certificación de cuenta de la que se aprecia que en auto de treinta de octubre anterior, se turnó el presente asunto a la Secretaria encargada del juicio de amparo en que se actúa, a fin de que proceda al estudio del trámite realizado por las autoridades responsables para el cumplimiento al fallo protector, y en su caso, se ordene la apertura del incidente solicitado por el promovente; por lo que, se provee lo siguiente: Visto el estado procesal de los autos, se observa que el presente juicio de amparo se encuentra en cumplimiento desde el diecisiete de julio de dos mil veintitrés y que a la fecha aún no se ha cumplido el fallo a pesar de que han transcurrido más de dos meses y diversos requerimientos realizados a las autoridades responsables por este órgano juridiccional. Ante ello, este juzgador de amparo estima necesario realizar un estudio a profundidad de este expediente a efecto de establecer lineamientos que permitan que este juicio se cumpla, o bien, que se impongan a las autoridades responsables y a las vinculadas al cumplimiento del amparo las sanciones que prevé la Constitución y la Ley de Amparo. En primer término debe establecerse que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé el derecho de acceso a la justicia en su artículo 17, que reconoce el derecho de las personas a que se les administre justicia completa y expedita, por tribunales gratuitos e imparciales; este derecho también se reconoce en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que hace referencia a la existencia de un recurso sencillo, rápido y efectivo ante tribunales competentes y establece la obligación de los Estados de adoptar medidas para garantizar que la autoridad judicial decida sobre los derechos de las personas que interponen el recurso, desarrollen las posibilidades de estos mecanismos y garanticen el cumplimiento de las decisiones. Esto significa que el derecho de acceder a la justicia no se limita a la existencia formal de un recurso, sino a su efectividad. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha desarrollado este derecho en distintos criterios, en los que ha establecido que la garantía a la tutela jurisdiccional se define como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella; con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión planteada y en su caso, se ejecute esa decisión. De esta manera, este derecho que comprende tres etapas: i) Una previa al juicio, a la que le corresponde el derecho de acceso a la jurisdicción; ii) Una judicial, que va desde el inicio del procedimiento hasta la última actuación, a la que le corresponden las garantías del debido proceso; y, iii) Una posterior al juicio, identificada con la eficacia de las resoluciones emitidas. Por ese motivo, el derecho de acceder a la justicia no se limita a la facultad de someter una controversia al conocimiento de los tribunales y que la misma se tramite conforme a las garantías procesales, sino que comprende la posibilidad de que la sentencia dictada tenga plena eficacia mediante su ejecución, lo que implica que la ejecución de las sentencias y resoluciones sea sin dilación en un tiempo razonable, lo que es especialmente relevante cuando el Estado tenga el carácter de parte y sea quien debe acatar la sentencia o resolución. Con relación al derecho de acceso a la justicia, existen distintas garantías judiciales para asegurar la efectividad de los derechos fundamentales. Una de las más relevantes en nuestro sistema jurídico es el juicio de amparo, cuyas reglas fundamentales se encuentran en los artículos 103 y 107 de la Constitución y se desarrollan en la Ley de Amparo. Como se observa, estos numerales establecen la forma en que deberá procederse para el cumplimiento de las sentencias de amparo, a saber: 1. En primer lugar se establece la obligación de las autoridades de cumplir puntualmente la sentencia de amparo; 2. Cuando la sentencia adquiera el carácter de ejecutoria, la autoridad de amparo deberá requerir a la autoridad responsable, a su superior jerárquico (si lo tiene) y a las autoridades que deban intervenir en la sentencia de amparo en razón de sus funciones (si existen), para que en el plazo de tres días cumplan la sentencia de amparo. Este plazo puede extenderse cuando la complejidad del caso lo amerite o reducirse en casos urgentes. Deberá apercibirse con la imposición de una multa y con la remisión del expediente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para seguir el trámite de la inejecución; 3. Si la ejecutoria se cumple se dará vista a las partes con las constancias respectivas para que en el plazo de tres días manifiesten lo que a su derecho corresponda, tras lo cual el órgano de amparo emitirá la decisión correspondiente; 4. Si la ejecutoria no se cumple en el plazo establecido, se impondrá multa, posteriormente se remitirán los autos al Tribunal Colegiado de Circuito, lo cual deberá notificarse a las autoridades responsables y a su superior jerárquico; Se considerará incumplimiento al retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales; en cambio, si la autoridad demuestra que está en vías de cumplimiento o justifica el retraso, se podrá ampliar el plazo por una sola vez; 5. En el supuesto de que sea necesario definir, precisar o concretar la forma o términos del cumplimiento, cualquiera de los órganos judiciales puede ordenar la tramitación de un incidente, ya sea de oficio o a petición de parte. 6. Una vez remitidos los autos al Tribunal Colegiado de Circuito con motivo de la tramitación de la inejecución, se notificará a las partes la radicación del asunto y se emitirá la resolución que corresponda. Si hay incumplimiento, se remitirá el expediente a la Suprema Corte de Justicia de la nación con un proyecto de separación de cargo de las personas titulares de la responsable y, en su caso, de su superior jerárquico; 7. Si la ejecutoria de amparo se cumple de manera extemporánea injustificadamente, se podrá considerar como atenuante al imponer la sanción penal, pero no exime de responsabilidad a la autoridad ni a sus superior. 8. Una vez que la Suprema Corte reciba los autos emitirá la resolución correspondiente. La corte podrá reponer el procedimiento a efecto de que se defina algún aspecto del cumplimiento del fallo; si considera que el retraso de la responsable es justificado podrá dar un plazo a la responsable para que cumpla, el cual podrá ampliarse una vez; si el incumplimiento no es excusable tomará en cuenta el proyecto del Tribunal Colegiado, separará de sus cargos a los titulares de las responsables, a sus superiores jerárquicos, realizará su consignación ante un Juzgado de Distrito, y devolverá los autos al juzgado de amparo a efecto de reiniciar el trámite del cumplimiento con los nuevos titulares. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido distintos criterios en los que ha interpretado y definido con mayor claridad el procedimiento del cumplimiento y algunos aspectos de éste. De esta manera ha establecido que: 1. Una vez que cause ejecutoria el fallo protector, el juez de Distrito lo notificará a las partes; en el entendido de que en la notificación que se haga a la autoridad responsable se le requerirá para que cumpla con la ejecutoria en el plazo de tres días (que puede ser ampliado o reducido según las circunstancias específicas del caso); apercibiéndola que en caso de incumplir injustificadamente, se le impondrá una multa y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito para que continúe con el trámite de inejecución, mismo que puede culminar con la separación del cargo y consignación. 2. El órgano de amparo también debe notificar y requerir al superior jerárquico de la responsable para que aquél ordene a ésta el cumplimiento de la ejecutoria; en la inteligencia de que éste también debe ser apercibido. 3. Si la ejecutoria no queda cumplida en el plazo concedido, el juez de Distrito impondrá las multas que procedan y esperará un plazo razonable para que la responsable cumpla con el fallo protector; si la ejecutoria no queda cumplida en ese plazo, el juez remitirá los autos al Tribunal Colegiado de Circuito, notificando tal resolución a la autoridad responsable y a su superior jerárquico. 4. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado, se notificará a las partes la radicación del asunto. Posteriormente, el tribunal revisará el trámite seguido por el juez Federal y dictará la resolución que en derecho corresponda, según sea el caso: I.- Si el procedimiento de ejecución fue incorrecto, el Tribunal Colegiado deberá devolver los autos al juez Federal para que se reponga; II.- En cambio, si se considera que el procedimiento se llevó correctamente y que hay incumplimiento, entonces se remitirán los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de la(s) autoridad(es) responsable(s) y su(s) superior(es) jerárquico(s), a quienes se les notificará la resolución. Igualmente definió algunos conceptos relacionados con el cumplimiento de las sentencias de amparo que son relevantes al momento de estudiar el cumplimiento por parte de las responsables. De esta manera ha determinado que el cumplimiento de las sentencias de amparo debe ser total, sin excesos ni defectos. También ha establecido qué debe entenderse por principio de inejecución que existe con las primeras acciones realizadas por la autoridad tendentes a cumplir realmente con los deberes u obligaciones impuestos en la ejecutoria de amparo, es decir, ese principio se traduce en los preparativos realizados para cumplir con dicha ejecutoria, pero no constituyen propiamente un cumplimiento, aunque sí muestran la voluntad de la autoridad de cumplir. Por otra parte, el cumplimiento parcial existe cuando la autoridad responsable ha ido más allá de un principio de ejecución y ha realizado parte de los deberes impuestos en la ejecutoria de amparo, esto es, ha cumplido con lo fundamental o sustancial y ha quedado pendiente algo, sea porque así lo considera el quejoso, o bien, por alguna circunstancia que ha impedido a la autoridad dar ese entero cumplimiento. En el entendido de que el principio de cumplimiento no debe considerarse como tal cuando sólo se han realizado actos intrascendentes, preparatorios, preliminares o secundarios que crean la apariencia de que se está cumpliendo el fallo, sino cuando se trasciende al núcleo esencial del fallo con la clara intención de cumplir. Igualmente, ha establecido que cuando se determina que alguna autoridad está vinculada el cumplimiento del amparo, se le sujeta a esta sentencia y, por ende, le son aplicables todas las reglas relacionadas con la ejecución, entre ellas las sanciones, al igual que los superiores jerárquicos de las responsables, que deben hacer uso de todos los medios a su alcance, incluso las prevenciones y sanciones que conforme a las disposiciones aplicables pueda formular e imponer, respectivamente, para conseguir ese cumplimiento. En lo anterior se observa que el municipio es una forma de gobierno encabezada por un ayuntamiento, sin que pueda haber alguna autoridad intermedia entre éste y el gobierno del Estado. Por lo cual, los ayuntamientos no tienen superior jerárquico. También se observa que los municipios tienen personalidad jurídica y patrimonio propio, asimismo que están facultados para administrar libremente su hacienda, que se forma de los rendimientos de sus bienes, contribuciones y otros ingresos, de esta manera, percibirán contribuciones en razón de los rubros que prevé la constitución, de los ingresos por la prestación de servicios públicos y participaciones federales de acuerdo con las bases que determinen las Legislaturas de cada Estado. Finalmente se observa que las Legislaturas estarán facultadas para aprobar las leyes de ingresos de los municipios y fiscalizarán sus cuentas públicas. Por su parte, los ayuntamientos aprobarán sus presupuestos de egresos, asimismo ejercerán sus recursos de manera directa o a través de quienes autoricen. se observa que la base de la división territorial y de la organización del Estado es el Municipio libre, que será gobernado por un Ayuntamiento sin autoridad intermediaria alguna, estos ayuntamientos decidirán en asamblea deliberante y la ejecución de esas decisiones corresponde al presidente municipal. También, que los municipios administrarán libremente su hacienda, percibirán sus contribuciones y las participaciones federales con arreglo a los plazos, montos y bases que determine la legislatura. Igualmente se establece que los ayuntamientos deberán establecer su presupuesto de egresos a más tardar el veinticinco de febrero y deberán enviarlo en la misma fecha al Órgano Superior de Fiscalización, aunque podrán celebrar sesiones extraordinarias de cabildo para adecuar ese presupuesto. Los recursos municipales serán ejercidos directamente por los ayuntamientos o por quienes autoricen. Luego se establece que las participaciones que deba cubrir el Estado a los municipios se programará y entregará oportunamente a los ayuntamientos y el incumplimiento o retraso causará responsabilidad. Los recursos económicos deberán administrarse con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y se documentarán todos los pagos de manera escrita. se reitera que el municipio es la base de la organización política del Estado, que tiene todas las atribuciones que señala la ley y será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular sin intervención alguna entre éstos y el Estado. Entre sus atribuciones destacan que: 1. Pueden acordar el destino y uso de sus bienes; 2. Administras su hacienda a través de un presupuesto de egresos que podrá adecuarse en función de la Ley de Ingresos y las aportaciones que reciban; 3. Autorizar la contratación de empréstitos; 4. Desafectar del servicio público los bienes municipales o cambiar el destino de bienes dedicados a un servicio público o de uso común. Lo anterior deberá realizarse a través de una solicitud de autorización por conducto del Ejecutivo del Estado, cuyos requisitos establezca para tal efecto. Entre las funciones de los presidentes municipales se encuentran presidir las sesiones del ayuntamiento y ejecutar sus acuerdos, representar al municipio y vigilar el pago de las responsabilidades económicas de los ayuntamientos en conflictos laborales, entregar mensualmente al cabildo la relación detallada del contingente económico de litigios laborales en contra del ayuntamiento para la prevención, atención y pago de sus responsabilidades económicas, elaborar el presupuesto para el pago de responsabilidades de créditos laborales, así como cumplir y hacer cumplir las leyes y reglamentos federales, estatales y municipales. Nótese que la ley destaca el papel fundamental de este funcionario para el cumplimiento de las obligaciones a cargo de los municipios. Dentro de los órganos subordinados al presidente municipal se encuentra la Tesorería Municipal encargada de recaudar ingresos y realizar las erogaciones del ayuntamiento, los cuales deberán registrarse en contabilidad, también se encarga de auxiliar en la elaboración del proyecto de Presupuesto de Egresos Municipal y proporcionar la información relacionada con el pago de créditos laborales, así como de recaudar los ingresos relacionados con los sistemas de coordinación. Posteriormente se establece que la Hacienda Municipal se integra por los bienes muebles e inmuebles propiedad del municipio, su capital y créditos en su favor, así como los intereses y productos que generen, sus rentas y productos de los bienes municipales, las participaciones que reciban conforme a las leyes federales, las contribuciones que se recauden y las donaciones, herencias y legados. El presidente municipal es la persona encargada de elaborar el proyecto de presupuesto de egresos, que debe contener la previsión del gasto público de los municipios. En éste debe incluirse, entre otras cuestiones, la situación de deuda pública, incluyendo créditos laborales, en consideración a los principios de proporcionalidad y equidad. Posteriormente se establece que los bienes de dominio público son de uso común o destinados a un servicio público, y los que no encuadren en estas características serán bienes de dominio privado. Aunque el ayuntamiento, previo dictamen del comité correspondiente podrá acordar la transmisión de bienes inmuebles de dominio privado. los bienes de las entidades públicas, entre ellas, de los ayuntamientos, se clasifican en bienes de dominio público y bienes de dominio privado. Los de dominio público son aquellos que se consideran como de uso común -como parques y jardines- y los destinados a un servicio público. Estos bienes son inembargables e inalienables. En cambio, los bienes de dominio privado son los que no reúnen las características de los bienes de dominio público, y si bien, son inembargables e inalienables, sí se pueden transmitir en ciertos supuestos a particulares, siempre que previamente sean desincorporados del patrimonio público. Ahora, existe un procedimiento para que un bien de dominio público pueda ser considerado como de dominio privado, llamado desafectación, pero sólo procede en ciertos supuestos, en atención a atender las características y vocación de aprovechamiento del bien y la compatibilidad entre el uso para el que se le requiere. De todo lo antes expuesto se obtiene: ? Que los municipios son personas jurídicas públicas con patrimonio propio y sin un superior jerárquico; ? Que tienen libertad de administrar libremente su hacienda que se integra por sus bienes y toda clase de ingresos; ? Que el municipio es gobernado por un ayuntamiento, que tiene facultades de decisión, el cual es encabezado por un presidente municipal que está encargado de ejecutar las decisiones del ayuntamiento; ? Entre las funciones del ayuntamiento de encuentra la de establecer su presupuesto de egresos anual, determinar el destino de sus bienes, desafectarlos del dominio público y desincorporarlos para poder transmitirlos a terceros; ? Que este presupuesto puede modificarse de manera extraordinaria; ? Que los ayuntamientos reciben ingresos con motivo de participaciones federales que debe entregar la legislatura sin tardanza, ya que de lo contrario se puede incurrir en responsabilidad. No obstante la autonomía de los ayuntamientos, éstos tienen la obligación de acatar la Constitución y respetar, garantizar, promover y proteger los derechos que establece en favor de las personas, como el derecho de acceso a la justicia. Lo anterior implica entonces, que tienen el deber de cumplir las sentencias emitidas en su contra y las ejecutorias de amparo que estén firmes, en términos de la propia ley fundamental y la Ley de Amparo. Respecto a este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que para que el Estado garantice un efectivo derecho de acceso a la justicia, los recursos deben ser efectivos, lo que supone la ejecución de las sentencias y resoluciones y, respecto al plazo de cumplimiento, que éste sea sin dilación en un tiempo razonable; esto inclusive cuando el Estado, como parte, sea quien incumpla la ejecución de una sentencia o resolución, puesto que, para la efectividad del "Estado democrático de derecho", es indispensable que las autoridades estatales cumplan con sus obligaciones contenidas en la Constitución y en los diversos tratados internacionales. ? ACTUACIONES EMITIDAS EN CUMPLIMIENTO A LA EJECUTORIA DE AMPARO. Ahora, de una revisión de las constancias de este expediente se observa que la parte quejosa reclamó: 1) De la (1) Congreso; (2) Gobernador; (3) Secretario de Gobierno; y, (4) Director General del Periódico Oficial, todos del Gobierno del Estado de México. La aprobación, discusión, expedición, la sanción promulgación y publicación de la Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de México para el ejercicio fiscal del año 2023, en particular del artículo 1 inciso 4 Derechos, apartado 4.3.11 de dicho ordenamiento, así como de los preceptos 161 y 162 del Código Financiero del Estado de México y Municipios. 2) Del Gobernador del estado de México; (5) Ayuntamiento y, (6) Presidente Municipal, ambos del Municipio de Ocoyoacac, de esta entidad federativa. Celebración del convenio para el cobro del Derecho por Alumbrado Público, correspondiente al ejercicio fiscal 2023, con la Comisión Federal de Electricidad por conducto de Servicios Básicos de dicha dependencia; así como, la omisión de ordenar su publicación. 3) Del Director General del Periódico Oficial, todos del Gobierno del Estado de México. Omisión de ordenar la publicación del convenio para el cobro del Derecho por Alumbrado Público, correspondiente al ejercicio fiscal 2023. 4) (5) Ayuntamiento; (6) Presidente Municipal; y, (7) Tesorero Municipal, todos del Municipio de Ocoyoacac, Estado de México. El acto de aplicación del artículo 1 inciso 4 Derechos apartado 4.3.11 de la Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de México para el ejercicio fiscal 2023, así como de los artículos 161 y 162 del Código Financiero del Estado de México, materializado mediante recibos de luz *** de los períodos facturados (1) treinta y uno de marzo al treinta e abril de dos mil veintitrés y (2) treinta de abril al treinta y uno de mayo del año en curso y su ejecución. El veintiocho de junio de dos mil veintitrés, se dictó sentencia en la que se concedió el amparo a la parte quejosa. Seguida la secuela procesal, en auto de diecisiete de julio pasado, causó ejecutoria la sentencia de mérito y se requirió su cumplimiento a las autoridades responsables Presidente Municipal y Tesorero, ambas de Ocoyoacac, Estado de México. Toda vez que las responsables no dieron cumplimiento a la ejecutoria de amparo en el plazo concedido para tal efecto, en auto veintiséis de julio del año en curso, se requirió por segunda ocasión el cumplimiento de la ejecutoria de amparo a las autoridades responsables Presidente Municipal y Tesorero, ambas de Ocoyoacac, Estado de México, sin que hayan acatado dicha determinación. Por ello, en auto de quince de agosto anterior, se impuso al Presidente y al Tesorero, así como al Ayuntamiento del Municipio de Ocoyoacac, Estado de México, una multa individual de $**** (**** pesos 00/100 moneda nacional), equivalente a cien unidades diarias de medida y actualización, toda vez que fueron omisas en dar cumplimiento al fallo protector. Asimismo, en dicha determinación se requirió a la Contraloría Municipal de Ocoyoacac, Estado de México, para que comunicara el nombre de las personas que ostentan los cargos de Presidente y Tesorero del Ayuntamiento del Municipio de Ocoyoacac, Estado de México, así como, registro federal de contribuyente y domicilio actual; y, por última ocasión se requirió a las autoridades responsables sancionadas en este auto, para que en el plazo de veinticuatro horas cumplieran el fallo protector, sin que hayan informado tal circunstancia. Por lo que, en auto veintitrés de agosto pasado, se requirió al Presidente Municipal, Tesorero, Ayuntamiento, al Síndico Municipal y siete regidurías todos de Ocoyoacac, Estado de México, para que en el plazo de veinticuatro horas, acreditaran el cumplimiento al fallo protector y remitan copias certificadas completas y legibles, de las constancias que así lo demostraran. Sin que pasara inadvertido para este juzgador que el Síndico Municipal y las siete regidurías de dicho ayuntamiento no son autoridades responsables en el presente asunto; sin embargo, al ser parte del ayuntamiento, están obligadas a cumplir con la sentencia firme dictada en este juicio de amparo, en razón de sus funciones se encuentran vinculadas a su cumplimiento, y por tanto obligadas a realizar, dentro de los límites de su competencia, todos los actos necesarios para el acatamiento íntegro y fiel de la sentencia protectora. Asimismo, en tal determinación se requirió por última ocasión a la Contraloría Municipal de Ocoyoacac, Estado de México, para que en el plazo de tres días, comunicara a este órgano jurisdiccional el nombre de las personas que ostentan los cargos de Presidente y Tesorero del Ayuntamiento del Municipio de Ocoyoacac, Estado de México, así como, registro federal de contribuyente y domicilio actual. En el entendido que debía de realizar las gestiones que estimara necesarias ante la autoridad correspondiente para contar con dicha información y remitirla a este órgano jurisdiccional. Sin que hayan dado cumplimiento a tal requerimiento. Por lo que, en proveído de seis de septiembre de la presente anualidad, se hizo efectivo el apercibimiento a las citadas autoridades responsables decretado en auto de treinta de agosto pasado, y se les impuso una multa individual de $**** (**** pesos 00/100 moneda nacional), equivalente a doscientas unidades diarias de medida y actualización. Con independencia de lo anterior, previo a dar cumplimiento a lo ordenado en el artículo 193 de la Ley de Amparo, se requirió de nueva cuenta al Presidente Municipal, Tesorero, Ayuntamiento, Síndico Municipal y a las Siete Regidurías, para que en el plazo de veinticuatro horas, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, acreditaran el cumplimiento al fallo protector Con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior se les impondría una multa equivalente a doscientas cincuenta unidades de medida y actualización y se continuaría con el procedimiento de inejecución de sentencia, sin que hayan dado cumplimiento a tal requerimiento. También, se comisionó al Actuario Judicial adscrito para que se constituyera en las instalaciones que ocupa el Ayuntamiento de Ocoyoacac, Estado de México, solicitara entrevistarse con personal de la Contraloría o dependencia municipal que corresponda e indagara sobre los datos de localización, tales como: fecha de nacimiento o Clave Única de Registro de Población (CURP), domicilio fiscal con los siguientes elementos (calle, numero interior, numero exterior, colonia, localidad, código postal, municipio o delegación, entidad federativa) y Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave de los sancionados, datos que son requeridos por la Administración Desconcentrada de Recaudación México "1" para hacer efectivas las multas impuestas en autos, debiendo asentar la razón correspondiente, sin que haya obtenido tal información. Por lo que, en auto de trece de septiembre pasado, se requirió al Titular de la Secretaría de Contraloría del Gobierno del Estado de México y a Titular del Área de Recursos Humanos el Ayuntamiento de Ocoyoacac, Estado de México, para que en el plazo de tres días remitiera el nombre, domicilio, clave CURP y clave del Registro Federal de Contribuyentes de las personas que han ocupado los siguientes cargos: 5. Presidente Municipal; 6. Tesorero; 7. Síndico Municipal; 8. Síndico Municipal; Todos de Ocoyoacac, Estado de México. Por el periodo de julio a dicha fecha. Asimismo, se requirió a la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral Estado de México, para que en el plazo de tres días informara el domicilio actual de dichas personas. Tambien, se requirió al Instituto Electoral del Estado de México para que, en el plazo de tres días, remitiera los nombres y, en caso de contar con esta información, también la clave única de registro de población, la clave de registro federal de contribuyentes y el domicilio de las personas de los servidores públicos de mérito. Seguida la secuela procesal, en auto de veintiocho de septiembre anterior, se comisionó de nueva cuenta al Actuario Judicial adscrito para que se constituya en las instalaciones que ocupa el Ayuntamiento de Ocoyoacac, Estado de México, solicite entrevistarse con el Titular del Área de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Ocoyoacac, Estado de México e indague sobre los datos de localización del Presidente Municipal, Tesorero, Síndico y de los titulares de las siete regidurías, tales como: fecha de nacimiento o Clave Única de Registro de Población (CURP), domicilio fiscal con los siguientes elementos (calle, numero interior, numero exterior, colonia, localidad, código postal, municipio o delegación, entidad federativa) y Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con homoclave de los sancionados, datos que son requeridos por la Administración Desconcentrada de Recaudación México "1" para hacer efectivas las multas impuestas en autos, debiendo asentar la razón correspondiente, sin que haya obtenido la información solicitada. En determinación de tres de octubre anterior, con la información proporcionada por la Directora Jurídica Consultiva del Instituto Electoral del Estado de México, se giró oficio a la Subadministradora Desconcentrada de Recaudación México "1", para que ejecutara las multas impuestas en autos, determinación que se notificó el cinco siguiente. Asimismo, en proveído de once de los cursantes, en atención al requerimiento formulado en autos, la Contraloría del Gobierno del Estado de México, proporcionan los datos de localización del servidor público Pedro Hernández Ruiz, Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Ocoyoacac, Estado de México; por lo que, se giró oficio a la Subadministradora Desconcentrada de Recaudación México "1", para que ejecutara las multas impuestas en el presente asunto, determinación que se notificó el dieciséis siguiente. Como se precisó al inicio de esta determinación, las autoridades responsables son las primeras obligadas al cumplimiento del fallo protector, sin embargo, también son responsables de acatarlo sus superiores jerárquicos -que tienen que adoptar todos los medios a su alcance para logar su materialización y no sólo remitir oficios a sus inferiores conminándoles a ejecutar el fallo- así como las demás autoridades que se vinculen al cumplimiento del amparo con motivo de sus funciones. Todas estas autoridades están sujetas al procedimiento de cumplimiento del amparo y a las sanciones que prevé esta norma y la Constitución Federal, es decir, a la imposición de multas, su destitución y a responsabilidad penal. En este caso, según se ha definido en este proceso de cumplimiento por este juzgado, las autoridades que deben cumplir el fallo son: 1. Presidente Municipal; 2. Tesorero; 3. Ayuntamiento; 4. Síndico Municipal; 5. Las siete regidurías Todos de Ocoyoacac, Estado de México. Las últimas autoridades a partir de que se les vinculó al cumplimiento del amparo el veintitrés de agosto del año en curso. Dentro del procedimiento de cumplimiento del juicio de amparo, las autoridades responsables integrantes del Ayuntamiento de Ocoyoacac, Estado de México, han sido omisas en informar las gestiones realizadas para dar cumplimiento al fallo protector y el cumplimiento extemporáneo y tardío injustificado es un incumplimiento que debe ser sancionado. Ahora, los recursos del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (Fefom), que de conformidad con el artículo Cuarto del Acuerdo por el que se dan a conocer las fórmulas y variables utilizadas para determinar el monto asignado a cada municipio del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal para el ejercicio fiscal 2023, publicado en la Gaceta del Gobierno del Estado de México, el quince de febrero de dos mil veintitrés, al Municipio de Ocoyoacac le corresponden $*** (*** pesos 70/100 moneda nacional): De igual forma, los recursos que conforman el FORTAMUN que en términos del artículo Quinto del Acuerdo por el que se dan a conocer las variables, la fórmula, metodología, distribución y el calendario de las asignaciones por municipio que corresponden al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN) para el ejercicio fiscal 2023, publicado en la Gaceta del Gobierno del Estado de México, el treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, al Municipio de Ocoyoacac, le corresponden $*** (*** moneda nacional): Con lo cual, este juzgado observa que el ayuntamiento responsable sí tiene recursos suficientes para el cumplimiento al fallo protector y que tiene una capacidad de pago para su acatamiento. los municipios pueden reconducir sus recursos no etiquetados para destinarlos al cumplimiento de sus obligaciones de pago, si la entidad se encuentra adherida al programa FEFOM podrá disponer de este recurso en los términos establecidos en los lineamientos respectivos, igualmente, se puede disponer de los recursos del FORTAMUNDF que se puede destinar a la satisfacción de los requerimientos de las entidades. De acuerdo con estos artículos, los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, como es: - Fondo General de Participaciones; - Fondo de Fomento Municipal; - Los recursos a los que se refiere el artículo 4-A, fracción I, de la ley. Válidamente puede ser destinado al saneamiento financiero, sin embargo, no pueden ser embargables ni se pueden afectar en garantía, salvo para garantizar obligaciones en caso de incumplimiento, o servir como fuente de pago de dichas obligaciones que contraigan con personas morales de nacionalidad mexicana, siempre que cuenten con autorización de las legislaturas locales y se inscriban a petición de las Entidades Federativas o los Municipios, según corresponda, ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades y Municipios, así como en el registro único de obligaciones y empréstitos a que se refiere el quinto párrafo del artículo 9o. del presente ordenamiento. Esto implica entonces, que los recursos de este fondo también podrían ser afectados por el municipio para el pago de la sentencia y se pueden afectar con los requisitos mencionados con anterioridad, es decir: 1. Que los municipios lo convengan así; 2. Que se autorice por parte de la legislatura y se inscriba en el Registro Público Único; 3. Que se realice el pago en favor de personas morales de nacionalidad mexicana. No se soslaya que el artículo 50 dispone que los financiamientos mencionados sólo podrán destinarse a los fines establecidos en el artículo 33 de la ley, pues esto sólo se refiere al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, ya que respecto al Fondo de Aportaciones Federales para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas sí es posible atender a los objetivos establecidos en el artículo 47, entre los cuales destaca el pago de pasivos, aunque en este caso no podrán destinarse más del veinticinco por ciento de estos recursos. En esos términos, este juzgado concluye que sí es posible ordenar la retención de ciertos fondos correspondientes a las participaciones federales del Municipio de Ocoyoacac, Estado de México. Por lo cual se ordena a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México y a su superior jerárquico Gobernador del Estado de México para que se retengan el importe de $*** (*** pesos 00/100 moneda nacional) y $*** (*** pesos 20/100 moneda nacional). De los recursos correspondientes al Fondo General de Participaciones, al Fondo de Fomento Municipal y los recursos a los que se refiere el artículo 4-A, fracción I, de la Ley de Coordinación Fiscal. Lo anterior deberá hacerlo de inmediato e informar lo correspondiente a este juzgado en el plazo máximo de veinticuatro horas. Cabe preciar que el Gobernador, como superior jerárquico, no solo deberá girar un oficio a su subordinado en el que le instruye el cumplimiento a lo ordenado, sino que deberá cerciorarse de que este mandato se cumpla ya que, de lo contrario, si no se acata lo anterior, se le impondrán las mismas sanciones que a las responsables y a la Secretaría de Finanzas del Estado de México. 1. A la Legislatura del Estado de México deberá aprobar lo anterior y realizar las gestiones para su inscripción en términos de la Ley de Coordinación Fiscal. De acuerdo con lo anterior, se requiere al Presidente de la Directiva de la Legislatura del Estado de México para que, en el plazo de LEY acredite que sometió al pleno este asunto para su aprobación, en caso de que aun esté vigente el periodo de sesiones ordinario; en caso contrario, en el plazo de tres días deberá acreditar que convocó a un periodo extraordinario de sesiones en el que se discutirá este asunto, el cual deberá verificarse dentro del plazo de diez días. Se apercibe al Presidente de la Legislatura, al Secretario de Finanzas, al Gobernador de la entidad, en su calidad de superior jerárquico del Secretario de Finanzas, y al Presidente de la Directiva de la Legislatura del Estado de México, que de no cumplir con lo anterior en el plazo indicado, se seguirá el trámite al procedimiento establecido en los párrafos segundo y tercero del citado numeral 192; es decir, se les impondrá a cada uno de ellos UNA MULTA, equivalente a cien unidades de medida y actualización, en términos del diverso 258 de la Ley de Amparo; con el apercibimiento que de no dar cabal cumplimiento sin causa justificada se seguirá el trámite de inejecución, que pueda culminar con la separación de su puesto y su consignación. Cabe precisar que esta determinación no es contraria al principio de autonomía municipal ni transgrede algún principio del orden jurídico nacional. Es así porque este juzgado ha dado oportunidad al municipio responsable de adecuar sus finanzas para el pago del adeudo al que fue condenado y no lo ha realizado, incluso se le requirió para ajustar su presupuesto de egresos de este año sin tener resultado favorable. Por ende, se adopta esta determinación como único medio para lograr el cumplimiento del fallo. Aunado a que el ayuntamiento responsable está facultado para ajustar su presupuesto de egresos y realizar los recortes que estime pertinentes, para ajustar sus finanzas a esta determinación. Cabe precisar que tampoco se trastoca algún principio democrático por la adopción de esta determinación, si se considera que la democracia también implica el respeto al Estado de Derecho y a los derechos fundamentales de las personas, por lo cual, las decisiones de los órganos electos democráticamente deben estar ajustadas a estos valores fundamentales. Se ordena que esta determinación se notifique a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público Federal para su conocimiento. ? INCIDENTE DE INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. Ante el incumplimiento de las autoridades responsables de dar cumplimiento al fallo protector, SE PROCEDE A APERTURAR EL INCIDENTE DE INEJECUCIÓN, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 107 fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el diverso 192 y 193 de la Ley de Amparo, y con el criterio contenido en la jurisprudencia P./J. 54/2014 (10ª.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro siguiente: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO." Por todo lo anterior, se remite el presente expediente al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, en Turno, para la substanciación del referido incidente. Como lo indica el artículo 193 de la Ley de Amparo, obténgase copia certificada de las constancias necesarias a efecto de que este Juzgado de Distrito continúe realizando las gestiones necesarias para el cumplimiento al fallo protector. ? REQUERIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Con independencia de lo anterior, se requiere al Presidente Municipal, Tesorero, Ayuntamiento, Síndico Municipal y a las Siete Regidurías, para que en el plazo de veinticuatro horas, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, acrediten el cumplimiento al fallo protector y remitan copias certificadas completas y legibles, de las constancias que así lo demuestren. Se hace de su conocimiento que de no cumplir con lo anterior se les impondrá una multa equivalente a doscientas unidades de medida y actualización y se continuará con el procedimiento de inejecución de sentencia.

  3. Principal

    VI. Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por ***, contra actos del Comité de Pensiones del Instituto de Seguridad Social de Estado de México y Municipios (ISSEMYM) y otra autoridad. Es importante señalar que, de conformidad con el artículo 21 de la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios y el Manual General del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, el acto reclamado compete únicamente al Comité de Pensiones de dicho instituto, por lo que es dable determinar que la autoridad señalada como responsable Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM), no tiene ni tendrá intervención en el acto reclamado (omisión de emitir el dictamen de pensión por jubilación). En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 5°, fracción ll, ambos de la ley de la materia, el último aplicado a contrario sentido, el juicio de amparo resulta improcedente y, por tanto, con apoyo en el artículo 113 del citado ordenamiento legal, se desecha parcialmente la demanda de amparo promovida por ***, al encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, respecto de la autoridad señalada Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM) Sin que con esta determinación se deje en estado de indefensión al quejoso, en virtud que en caso de que el acto reclamado al Comité de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM) sea cierto, éste deberá hacer del conocimiento de este Juzgado de Distrito a qué autoridades corresponde emitir el dictamen de pensión, cuya omisión por esta vía se reclama. Además, tal determinación guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 de la Constitución General de la República, en cuanto dispone que la administración de justicia debe ser pronta y, en caso de admitir la demanda de amparo por todas las autoridades indicadas por la quejosa, se retardaría la integración del asunto que se provee. Se admite a trámite la demanda; se ordena dar la intervención que le compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado de Distrito. No ha lugar a formar incidente de suspensión, en virtud de no haberse solicitado su apertura en términos del ordinal 125 de la legislación invocada. Se fijan las diez horas con treinta minutos del ocho de noviembre de dos mil veintitrés (miércoles), para la audiencia constitucional. En atención a lo expuesto, es evidente que no existe persona cuya actuación encuadre en los supuestos previstos en el invocado numeral 5º, fracción III, de la Ley de Amparo. La quejosa ofreció como medios de convicción los siguientes: 1. El expediente que se formó con motivo de la solicitud de pensión de veintiuno de agosto de dos mil veintitrés, que solicita sea requerido a la responsable. 2. Copia simple de la solicitud de pensión de veintiuno de agosto de dos mil veintitrés. 3. Instrumental de actuaciones. 4. Presunción, legal y humana. Con apoyo en el numeral 119 de la ley de la materia, se tienen por anunciadas, sin perjuicio de su admisión en la audiencia constitucional, conforme a los ordinales 123 y 124 de la propia legislación. Ello, a excepción de expediente formado con motivo de la solicitud de pensión, de la que se reserva el pronunciamiento relativo, una vez que la responsable rinda su informe de ley. Se tiene como domicilio para recibir notificaciones el señalado por la parte quejosa. Con apoyo en el artículo 12 de la Ley de Amparo, se tienen por autorizados en términos restringidos a los profesionistas que cita, sólo para recibir notificaciones y documentos, en atención a que no cuentan con el registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, limitación que subsiste hasta en tanto registren sus cédulas en dicho Sistema y lo hagan del conocimiento con diversa promoción. Se hace del conocimiento de las partes que sus datos personales serán clasificados como confidenciales, salvo que expresen su consentimiento para permitir el acceso a dicha información.

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