Celestino Soto Martínez y otro y Otros.

Expediente 1286/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 16 actuaciones registradas, la última del 8 de febrero de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1286/2015
Año
2015
Actuaciones
16
Última actuación
08/02/2016

Partes del expediente

  • Celestino Soto Martínez y otro
  • Celestino Soto Martínez y otro y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Incidental

    MESA VI A Oaxaca de Juárez, Oaxaca, ocho de febrero de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el escrito de José David Torres Ramírez autorizado de la parte quejosa, por el cual solicita la devolución de los billetes de depósito exhibidos en este cuaderno incidental para garantizar la suspensión definitiva, en tal virtud y toda vez que el juicio principal del que deriva este cuaderno incidental se sobreseyó por virtud del cambio de situación jurídica de los aquí quejosos quienes comparecieron ante la autoridad responsable y dicho auto causó estado, por seguridad jurídica, devuélvase a los aquí quejosos, y no a sus autorizados, los billetes de depósitos, serie N 182477 y N 182476, expedidos por Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros Sociedad Nacional de Crédito, Sucursal en esta ciudad, por la suma de dos mil pesos moneda nacional, cada uno, mismos que se encuentran guardados en la caja de valores de este juzgado bajo los números 188/2015 y 187/2015/2015; por lo que deberán presentarse ante este órgano jurisdiccional en días y horas hábiles, con identificación oficial que lo acredite fehacientemente como la persona que promovió el juicio de amparo, previa toma de razón y recibo que se deje en autos. Por otra parte, se le tiene señalando como nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de cuenta. En tales circunstancias, en observancia de lo dispuesto en los artículos 39 y 46 del Acuerdo General 17/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la organización y funcionamiento del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia, para los fines legales consiguientes, regístrense en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de la Dirección General de Estadística y Planeación Judicial del Consejo de la Judicatura Federal (SISE), esta fecha como la que se autoriza la devolución de la garantía de que se trata, y la de su entrega, cuando se verifique, en la inteligencia de que también a partir de esa fecha empezará a correr el plazo que establece la Ley de Tesorería de la Federación para la prescripción de la citada garantía en favor del Erario Federal. Notifíquese. Así lo proveyó, el Juez de Distrito Miguel Arroyo Herrera, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante la Secretaria Fabiola Rebeca Machorro Castillo, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    MESA VI A Vistos los autos y el cómputo secretarial que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión en contra del auto por el que se sobreseyó fuera de audiencia en este juicio; consecuentemente, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, según su artículo 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído, para todos los efectos legales. Con fundamento en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de esa anualidad, en vigor a partir del veintiséis de noviembre del citado año, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia en este juicio de amparo, hágase del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción, conforme a lo establecido en la fracción II del punto Vigésimo Primero del Acuerdo invocado. En otro orden, toda vez que este expediente se tramitó con incidente de suspensión, acuérdese lo relativo a su destino en ese propio cuaderno. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Para los fines legales consiguientes, téngase por efectuada la certificación de que las partes no manifestaron su oposición a la publicación de sus datos personales cuando se presente alguna solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente.

  3. Incidental

    MESA VI A Vista la certificación de cuenta, se provee lo relativo al destino del presente incidente de suspensión, que se tramitó en original y duplicado. De los autos se advierte que por interlocutoria de nueve de septiembre de dos mil quince (fojas 26 a 29), se concedió la medida cautelar respecto de los actos reclamados por la parte quejosa; por tanto, con fundamento en los puntos cuarto, vigésimo, fracción III, y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre del año citado, en vigor el veintiséis de noviembre siguiente, transcurridos más de seis meses, contados a partir de que surtió efectos la notificación de la citada interlocutoria, procédase a la destrucción del duplicado de este incidente, en tanto que el original, por haberse concedido en parte, la medida cautelar, en su oportunidad, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su depuración en términos del punto vigésimo primero, fracción III, segundo párrafo, del acuerdo invocado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.

  4. Principal

    MESA VI A Agréguese a los autos para los efectos legales correspondientes, el oficio 5919 signado por el Juez Segundo de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, por el que remite copia certificada de la resolución de veinte de septiembre del año en curso, emitida en el expediente penal 162/2015, de su índice, que resolvió la situación jurídica de los aquí quejosos, decretando en su contra el auto de formal prisión, como probables responsables en la comisión del delito de abuso de autoridad, cometido en agravio de la sociedad y de Fernando Robles González. Ahora bien, una vez analizadas en su integridad las constancias que obran en este asunto así como las remitidas por la autoridad responsable, se advierte que en la especie se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XVII de la Ley de Amparo, que impone sobreseer fuera de audiencia en este juicio de control constitucional, en términos del diverso artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior." La disposición legal transcrita (similar a la que preveía la fracción III del artículo 74 de la anterior Ley de Amparo) fue interpretada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que cuando durante el juicio sobreviene una causa de improcedencia manifiesta e indudable, de tal manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional. Tiene aplicación al respecto, la jurisprudencia 2a./J.10/2003, visible en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Luego, de las constancias de referencia, mismas que gozan de valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de acuerdo a su numeral 2°, se advierte que los quejosos Celestino Soto Martínez y Luis Franklin López Sosa, duelen de la orden de aprehensión librada en su contra, así como de su pretendida ejecución atribuida al Coordinador de la Agencia Estatal de Investigaciones en el Estado. La autoridad responsable Juez Segundo de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, al rendir su informe justificado (foja 24), convino en la existencia del acto reclamado, manifestando que dos de septiembre de dos mil quince, en el expediente penal 162/2015, libró orden de aprehensión contra Celestino Soto Martínez y Luis Franklin López Sosa, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de abuso de autoridad, cometido en agravio de la sociedad y de Fernando Robles González, ilícito previsto en los artículos 208, fracción XXXI, y 209 tercer párrafo del Código Penal vigente en el Estado. En otro orden, se advierte que la autoridad responsable, Coordinador de la Agencia Estatal de Investigaciones en el Estado, al rendir su informe justificado, convino en la existencia del acto reclamado. Posteriormente, el veinte de septiembre del año en curso, la autoridad judicial responsable resolvió la situación jurídica de los aquí quejosos decretando en su contra auto de formal prisión como probables responsables en la comisión del ilícito de referencia. En consecuencia, al haberse dictado auto de formal prisión contra los impetrantes, operó un cambio de situación jurídica, por virtud del cual deben considerarse consumadas irreparablemente las violaciones atribuidas a la orden de aprehensión reclamada por no poder decidirse respecto de dicho acto sin afectar la nueva situación jurídica creada por la resolución de plazo constitucional; por tanto, es evidente que en el caso sobrevino la causa de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: En esa tesitura, con fundamento en lo que dispone el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 61, fracción XVII del mismo ordenamiento legal, se sobresee fuera de audiencia, en este juicio de amparo. Lo anterior es así, toda vez que la aludida causal de improcedencia es notoria, manifiesta e indudable, por lo que no se causa agravio a los quejosos ni se les priva de defensa decretando el sobreseimiento del juicio fuera de audiencia, pues ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido. Sirve de apoyo, la jurisprudencia número 17/2008, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 270, Tomo XXVII, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y textos siguientes: "SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PROCEDE DECRETARLO RESPECTO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN RECLAMADA SI DEL INFORME JUSTIFICADO APARECE QUE SE SUSTITUYÓ AL HABERSE DICTADO AUTO DE FORMAL PRISIÓN. Si del informe con justificación aparece que el acto reclamado originariamente (una orden de aprehensión) ha sido sustituido por uno diverso (el auto de formal prisión), por cuya virtud se genera un cambio en la situación jurídica del quejoso, el Juez de Distrito debe decretar el sobreseimiento, pues al ser la improcedencia del juicio de garantías una cuestión de orden público y estudio preferente, el juzgador está obligado a decretarlo en cuanto aparece la causal, sin dar vista previa al quejoso, aunque tal circunstancia se conozca con la rendición del informe justificado. Lo anterior se corrobora con las consideraciones sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, de la que derivó la tesis 2a./J. 10/2003, publicada con el rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". Además, esta solución no se opone a la regla emitida en la tesis P./J. 15/2003, de rubro: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE.", que permite ampliar la demanda de amparo incluso si ya se rindió el mencionado informe, pues con dicho criterio el Tribunal en Pleno no obliga al juzgador a permitir la ampliación en todos los casos, sino sólo cuando sea ineludible la vinculación entre el acto originalmente reclamado y el nuevo, lo cual no puede predicarse cuando ha operado cambio de situación jurídica en términos del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo; sin que pueda considerarse que ello afecta al quejoso, quien puede combatir el auto de sobreseimiento a través de la revisión o promover otra demanda de garantías respecto del nuevo acto. Desde luego, cabe puntualizar que el sentido de esta determinación comprende el acto de ejecución atribuido a la autoridad responsable ejecutora, en virtud de que el acto que se le reclama no se combate por vicios propios, sino que su alegada inconstitucionalidad se hace depender del acto de ordenamiento del cual deriva. Se invoca en apoyo, por su contenido, la jurisprudencia, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible a página 690, Tomo II, Segunda Parte-2, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, bajo el rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCION NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios. En tales condiciones, se ordena dejar sin efecto la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en este juicio (foja 6); hágase lo anterior del conocimiento de las partes para los efectos legales consiguientes. Notifíquese personalmente.

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