Celestino Medrano Grajales

Expediente 554/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 2 actuaciones registradas, la última del 21 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
554/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
21/07/2022

Partes del expediente

  • Celestino Medrano Grajales

Actuaciones

  1. Principal

    III-Visto el contenido de la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que señala el artículo 98, en relación con el 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, sin que se hubiese recurrido el acuerdo de siete de julio de dos mil veintidós, mediante el cual este juzgado desechó la demanda de amparo, promovida por Celestino Medrano Grajales; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente por disposición expresa del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que dicho acuerdo ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, carátula del presente cuaderno, y en su oportunidad archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En consecuencia, en cumplimiento al artículo 21, inciso b) del Capítulo Octavo, del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción después de los tres años siguientes a partir del presente acuerdo. De igual forma, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades carece de valor jurídico o histórico y al no considerarse de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el artículo 15 del Capítulo Quinto, del citado acuerdo. Finalmente, vista la certificación de cuenta, se advierte que el presente expediente no contiene documentos originales que deban ser recogidos por las partes. Notifíquese por lista.

  2. Principal

    III-Vista la demanda de amparo de cuenta con la que Celestino Medrano Grajales, solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de la juez del Tribunal Laboral con sede en el Distrito Judicial de Chetumal Quintana Roo y otra autoridad. Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 554/2022-III-A. Ahora, antes de entrar al estudio de la demanda de amparo promovida por la parte quejosa, es pertinente hacer notar lo que establece el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Congruente con lo anterior, se estima que en el caso se debe desechar de plano la demanda de amparo al actualizarse de manera notoria e indudable la causal de improcedencia. En esos términos, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquél que no requiere mayor demostración, toda vez que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto, de tal modo que, aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. De esta manera, para advertir la notaria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen, y así considerarla probada, sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por la parte promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal, que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que ésta y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia, ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Es necesario precisar que "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia I.60.C.J/19, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que indica: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad.". Ahora, de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama los acuerdos de veintiséis de mayo y quince de junio de dos mil veintidós, dictados en los expedientes laborales 6/2022 y 8/2022 del índice del Tribunal Laboral con sede en el Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo; en los que se ordenó y autorizó al actuario de su adscripción para que lleve a cabo las diligencias de requerimiento de pago o embargo en contra de la parte demandada aquí quejosa, las cuales se llevaron a cabo el veintidós de junio del año en curso. Al respecto, es necesario destacar que la parte quejosa no tiene el carácter de tercero extraño, toda vez que de las constancias que adjuntó a su demanda de amparo, se desprende que es la parte demandada y que incluso firmó los convenios de conciliación OPB/CI/2022/000152 y OPB/CI/2022/000232, con la parte actora, ante la funcionaria Conciliadora adscrita al Centro de Conciliación Laboral del Estado de Quintana Roo, que se elevaron a cosa juzgada, de los cuales derivaron los procedimientos ordinarios 6/2022 y 8/2022 del índice de la autoridad responsable, de donde derivan los actos reclamados. En ese contexto, este Juzgado de Distrito advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el 61, fracción XXIII, con relación al 107, fracción IV, segundo párrafo de la Ley de Amparo. Dichos preceptos establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107.- El amparo indirecto procede: (...) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;" De la lectura del segundo párrafo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, se advierte que cuando se trata de actos de ejecución de sentencia, el juicio de amparo indirecto únicamente es procedente en contra de la última resolución dictada en dicho procedimiento. En la inteligencia de que, por última resolución en el procedimiento de ejecución correspondiente, señala que es aquélla en que se apruebe o reconozca de manera expresa el cumplimiento total de la sentencia o laudo o, en su caso, se declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, supuesto en el cual será el momento procesal en que proceda el juicio biinstancial y en el que la parte agraviada esté en aptitud de impugnar tanto la resolución de mérito como todas aquéllas intermedias que considere le dejaron sin defensa. Ello es así, porque en los actos surgidos de una contienda en el juicio de amparo se establecen dos reglas fundamentales para distinguir su procedencia en tratándose de los emitidos dentro del procedimiento de ejecución de una sentencia o laudo. La primera hipótesis genérica, consiste básicamente en que el juicio de amparo biinstancial procede contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, después de concluido el juicio, siempre y cuando no se dicten en ejecución de sentencia o laudo, y por tanto no tengan como finalidad directa e inmediata ejecutar la resolución dictada en el juicio natural, es decir, que se emitan de manera destacada, autónoma e independiente del procedimiento de ejecución. La segunda, que opera como regla específica, que consiste en impedir que el juicio de amparo sea utilizado para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva o laudo que goza de firmeza por el carácter de cosa juzgada, y que sólo permite la tramitación de la acción de amparo cuando se emita la última resolución de la fase ejecutiva de que se trata; porque de permitir la interposición de esta acción de control contra cualquier resolución emitida en fase de ejecución, sería tanto como permitir que una persona que ya ha sido oída y vencida en juicio en el que ya alegó y probó sus defensas sin obtener fallo a su favor, obstaculizara la acción de la justicia e impidiera que las prestaciones de quien obtuvo a su favor se vieran denegados o retardados en detrimento de la firmeza del sistema jurídico en su conjunto. Por ello, con toda relación el legislador estableció qué actos dictados en ejecución de la acción debe prosperar si y sólo sí se impugna la última resolución, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda de amparo las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa a la parte quejosa, ya que se reitera, tratándose de los procedimientos de ejecución la sociedad y el Estado están interesados en que se cumplan las resoluciones emitidas en una contienda entre partes determinadas que culminaron con una sentencia que dirimió el derecho a favor de una de ellas, dado que se encuentran inmersos en el principio de cosa juzgada. En efecto, el cumplimiento de un fallo definitivo es de orden público, atendiendo a su naturaleza, pues emana de un juicio donde la parte quejosa ya fue oída y vencida, en respeto a la garantía de audiencia previa al acto de privación definitiva y que se identifica con la sentencia que tiene esa calidad, por lo que debe en todo momento evitarse que se obstaculice su cumplimiento. Robustece lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia número 108/2010, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 6, Tomo XXXIII, Enero de 2011, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 163152, que dice: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben.Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto.". En el presente caso, se reclaman los acuerdos de veintiséis de mayo y quince de junio de dos mil veintidós, dictados en los expedientes laborales 6/2022 y 8/2022 del índice del Tribunal Laboral con sede en el Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo, en los que se ordenó y autorizó al actuario de su adscripción para que lleve a cabo las diligencias de requerimiento de pago o embargo en contra de la parte demandada aquí quejosa, las cuales se llevaron a cabo el veintidós de junio del año en curso. Por tanto, es factible concluir que, en la especie, aún no se ha dictado la última resolución en los procedimientos respectivos, en los que el quejoso es parte, por lo que el juicio de amparo que insta, sólo será procedente en contra de dicha resolución y no en contra de las determinaciones intermedias que se emiten para hacer cumplir los convenios celebrados que se elevaron a categoría de cosa juzgada. Al respecto, debe distinguirse entre lo que constituye una resolución dictada "para la ejecución de una sentencia o laudo" y la diversa, "en ejecución de la misma"; la primera, debe entenderse como aquella que está encaminada directa e inmediatamente a la ejecución de un fallo, y la que, por su propia naturaleza, ya no requiere de otra determinación legal -por lo que es autónoma-; en cambio, la resolución emitida en ejecución de sentencia no constituye precisamente la última determinación judicial previa a su material ejecución, sino que está orientada a preparar y lograr tal objetivo, como en el caso particular acontece. Asimismo, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha interpretado lo que debe entenderse por la expresión "última resolución" en la jurisprudencia por contradicción número P/J 32/2001, visible en la página 31 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, abril de 2001, que a la letra dice: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN ÚLTIMA RESOLUCIÓN, A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE AMPARO. El artículo 114, fracción III, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, exige para la impugnación de los autos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Este requisito persigue, de conformidad con la exposición de motivos de la ley citada, evitar abusos del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la última resolución que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquélla en la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 114 de la legislación invocada, el que se acude en forma analógica, ante la existencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente.". Tomadas las ideas plasmadas en la jurisprudencia transcrita, puede válidamente concluirse que los actos reclamados en el presente juicio constitucional, se ha dado en la etapa de ejecución de los convenidos celebrados que se elevaron a categoría de cosa juzgada, lo que se equipara a un laudo, de lo que se desprende que no es impugnable en el amparo indirecto, en virtud de que el mismo no constituye la "última resolución" dictada en el procedimiento de ejecución; es decir es un acto propio del procedimiento de ejecución, por tanto, es claro, que el juicio natural se encuentra en etapa de ejecución de dichos convenidos ante su incumplimiento. Así que no será sino hasta que se dicte la última resolución en el procedimiento de ejecución correspondiente, cuando proceda el amparo, en el cual podrá la parte quejosa impugnar la determinación de mérito, así como todas aquellas violaciones que considere lo dejaron sin defensa. De igual forma, sirve de apoyo la jurisprudencia sustentada por el Pleno del Decimoctavo Circuito, número PC.XVIII. J/10 L (10a.), consultable en la página 1492, tomo II, Noviembre de 2015, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con registro 2010430, que establece: "AUTO DE REQUERIMIENTO DE PAGO Y EMBARGO EN EL JUICIO LABORAL. CONSTITUYE UN ACTO DICTADO EN EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL LAUDO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME A LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 107 DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MORELOS). El precepto aludido establece que el juicio de amparo indirecto procede contra de actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido y, tratándose de actos dictados dentro del procedimiento de ejecución de una sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, en la que podrán reclamarse las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. Por su parte, los artículos 151 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y 950 de la Ley Federal del Trabajo, ambos de aplicación supletoria a la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, conforme a su numeral 11, prevén la emisión del auto de requerimiento de pago y embargo una vez fenecido el plazo otorgado al demandado para cumplir voluntariamente el laudo. De lo anterior se concluye que dicho auto forma parte del procedimiento de ejecución del laudo, toda vez que a través de dicho proveído da inicio, pues en ese acto, el órgano jurisdiccional emplea el poder coercitivo que le brinda el Estado para ejecutar el laudo en contra de la voluntad del demandado, específicamente, requerirlo de pago y, en caso de no hacerlo, embargarle bienes suficientes para cubrir el adeudo. De manera que no es factible considerarlo como un acto autónomo que prepara la ejecución del laudo, pues su emisión tiene como presupuesto la posibilidad material de ejecutarlo, ya sea porque en el propio laudo se cuantificó la cantidad líquida o bien, porque se hizo a través de un incidente de liquidación. Por tanto, como el auto de requerimiento de pago y embargo es un acto que forma parte de la etapa de ejecución, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, acorde con la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, no le es aplicable la regla genérica de procedencia contenida en la citada fracción, sino la que específicamente se refiere a los actos dictados en ejecución de sentencia.". En esas condiciones, ante la manifiesta e indudable presencia de la invocada causal de improcedencia, lo procedente es desechar la demanda de amparo promovida por Celestino Medrano Grajales; con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda de amparo y como su autorizado en términos amplios del artículo 12, de la Ley de Amparo, a Virginio Gaspar Sanguino Contreras, toda vez que tiene su cédula profesional registrada, en Sistema Computarizado para el Registro Único de Cédulas Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Circuito. De conformidad con lo establecido en la parte final del artículo 1, fracción I, del Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes a que de ser posible y en consideración a las dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen con la tramitación del presente juicio mediante el esquema de "juicio en línea" utilizando los medios electrónicos disponibles desde el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación. A fin de dar puntual cumplimiento al derecho humano consagrado en el artículo 17, Constitucional, con fundamento en el arábigo 21, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que cualesquiera de los actuarios judiciales de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. Con fundamento en el artículo 6°, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se ordena la protección de los datos personales y la información relativa a la vida privada de los particulares, en las constancias y actuaciones judiciales que se encuentren en este expediente, en caso de su requerimiento vía solicitud de acceso a la información, no obstante que las partes no se opongan a la publicación de los datos personales. Finalmente, para efecto de colmar los presupuestos de existencia y validez de la presente determinación, se precisa que ésta será signada, primero de manera autógrafa y en segundo momento de forma electrónica. Lo anterior, en términos del numeral 3 de la Ley de Amparo, donde se precisa que la firma electrónica produce los mismos efectos que la autógrafa para emitir, entre otros, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales. Además, en concordancia con los artículos 115 y 124 de la Ley de Amparo, 60, 61, 219 y 275, del Código Federal de Procedimientos Civiles, con lo cual es posible arribar a la consideración de que las actuaciones y determinaciones pronunciadas en un juicio de amparo indirecto que se firman de manera electrónica, para su validez, deben estar firmadas mediante el uso de la FIREL tanto por el juez, como por el secretario que da fe de ellas, las cuales, deben constar integradas al expediente electrónico para dar fe de lo en ella asentado. De ahí que la decisión de este juzgado federal, de signar por los dos medios -autógrafa y electrónicamente- no contraviene disposición legal alguna, sino por el contrario refuerza los presupuestos de validez y existencia de la presente determinación. Notifíquese personalmente.

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