Celestino Manuel Ortiz Denetro

Expediente 1065/2018 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 24 de enero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1065/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
24/01/2019

Partes del expediente

  • Celestino Manuel Ortiz Denetro
  • Juez Segundo de Primera Instancia, Misantla, Veracruz

Actuaciones

  1. Principal

    Téngase por recibido el oficio número A9/2019, signado por la Actuaria del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad, al que adjunta el testimonio de la resolución dictada en el recurso de queja 268/2018, de su índice, cuyo único punto resolutivo establece: "ÚNICO. Es INFUNDADO el recurso de queja, intentado contra el acuerdo pronunciado por el Juez del Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado, con residencia en Xalapa, Veracruz, el veintiséis de octubre de dos mil dieciocho, en el juicio de amparo 1065/2018, mediante el cual desechó la demanda de amparo promovida por Celestino Manuel Ortiz Denetro." En consecuencia, acúsese el recibo de estilo correspondiente; asimismo, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; por lo tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno; y archívese el asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento al capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto número 01/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, resulta procedente decretar que el presente expediente es susceptible de destrucción, al haberse confirmado el auto por el cual se desechó de plano la demanda de amparo, por lo que una vez transcurridos más de cinco años se procederá a la destrucción del mismo; lo anterior, con posterioridad al VEINTICUATRO DE ENERO DE DOS MIL VEINTICUATRO. Notifíquese por lista de acuerdos.

  2. Principal

    Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por la Actuaria Judicial adscrita al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa que ese tribunal colegiado admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa en contra del acuerdo de veintiséis de octubre pasado, por el que se desechó la demanda de amparo con la que se formó el presente expediente, radicándolo bajo el toca 268/2018; al respecto, agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda y surta sus efectos legales conducentes.

  3. Principal

    Téngase por recibido el escrito de cuenta, signado por la parte quejosa mediante el cual interpone recurso de queja en contra del acuerdo de veintiséis de octubre pasado, a través del cual se desechó la demanda de amparo con la que se formó el presente expediente, por ser notoria e indudablemente improcedente; por tanto, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 101, de la Ley de Amparo, se rinde informe con justificación en relación con la materia de la queja, aceptándose como cierto el acto reclamado, cuya legalidad se sostiene por sus propios fundamentos y consideraciones. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 101 de la ley de la materia, remítase copia certificada de las constancias que integran el presente asunto a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia de Civil del Séptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, conjuntamente con el escrito original de agravios, y la copia que corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a dicho tribunal colegiado, para la substanciación de la queja en comento.

  4. Principal

    Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, notifico por lista de acuerdos a la parte quejosa, la determinación que dice: Vista la demanda de amparo promovida por el quejoso contra actos reclamados a Juez Segundo de Primera Instancia, del Distrito Judicial de Misantla, con residencia en Misantla, Veracruz. FÓRMESE JUICIO Y REGÍSTRESE en el Libro de Gobierno correspondiente bajo el número 1065/2018. Al respecto se acuerda: ANÁLISIS INTEGRAL DE LA DEMANDA. Al analizar íntegramente la demanda que nos ocupa, de conformidad con lo dispuesto por la fracción I del numeral 74 de la Ley de Amparo, tal como lo establece la jurisprudencia número P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al rubro: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD; y la tesis al rubro: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO; que si bien se refieren a la fijación clara y precisa del acto reclamado en la sentencia, también resultan aplicables al pronunciarse sobre la demanda de amparo; se advierte que el solicitante de amparo expuso hechos, bajo protesta de decir verdad, lo que presupone su certeza, conforme al criterio sustentado por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro y contenidos siguientes: "PROTESTA DE DECIR VERDAD COMO REQUISITO EN LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. RESPONSABILIZA AL QUEJOSO Y GENERA CERTEZA EN EL JUZGADOR DE QUE LO AFIRMADO SUCEDIÓ EN LA FORMA DESCRITA.- El examen de los antecedentes legislativos del artículo 116, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece como requisito de la demanda de amparo indirecto la obligación del quejoso de manifestar "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, revela que el propósito fundamental del legislador es evitar el abuso del ejercicio de la acción de garantías, imponiendo sanciones a los quejosos que manifiesten hechos o abstenciones falsos en la demanda constitucional, según se corrobora de lo dispuesto en el artículo 211 de esa legislación al señalar que cuando algún quejoso afirme hechos falsos u omita los que le consten, se hará acreedor a una sanción de seis meses a tres años de prisión y multa de diez a noventa días de salario; por lo que si lo aseverado por el quejoso, bajo protesta de decir verdad, resulta falso, será sancionado. Además, esa protesta de decir verdad es susceptible de influir en el ánimo del juzgador de que los hechos o abstenciones expresados bajo esa condición, sucedieron en la forma que se describen, y si bien pueden no implicar la veracidad de lo narrado, sí presuponen su certeza, en tanto se trata de un juicio de buena fe y, en todo caso, las partes pueden demostrar la falsedad de lo afirmado". ACTO RECLAMADO. En ese tenor, de la demanda de amparo, se advierte que los impetrantes de amparo reclaman de las autoridades responsables lo siguiente: 1. La audiencia de remate de tres de octubre de la presente anualidad, dictada en los autos del juicio ejecutivo mercantil 381/2009/I, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Distrito Judicial de Misantla, Veracruz. FACULTAD DE DESECHAR LA DEMANDA ANTE UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". El dispositivo transcrito establece que el juez de amparo tiene la obligación de estudiar la demanda de garantías y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, tomando como base que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del ocurso, y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Tal consideración encuentra sustento, por identidad de razón, en la jurisprudencia I.1o.A. J/4 emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, localizable en la página 890, Tomo VII, Mayo de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro digital 196196, de rubro y texto siguientes: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." INTERPRETACIÓN DE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Este órgano de control constitucional advierte que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV de la propia ley, que establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;." Lo dispuesto en el primer precepto legal transcrito debe interpretarse en el sentido de que las causas de improcedencia del juicio de amparo que en forma enunciativa prevé dicho numeral, deben derivar necesariamente de cualquier mandamiento de la propia Ley de Amparo o de la Carta Magna, lo que de suyo implica que las veintidós primeras fracciones del artículo 61 de la Ley de Amparo, sólo establecen algunos de los supuestos de improcedencia del juicio de amparo, pero esos supuestos no son los únicos en que dicho juicio puede estimarse improcedente, pues existen otras causas claramente previstas en algunos de los preceptos de la Constitución Federal y de la propia Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales. Tal disposición se relaciona con el diverso artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, del cual se desprende que el juicio de amparo es procedente contra actos de tribunales judiciales realizados fuera de juicio o después de concluido. Sin embargo, tratándose de asuntos donde se esté tramitando un procedimiento de remate, la ley de la materia impone como restricción que el juicio de amparo sólo será procedente contra la última resolución, entendida ésta como la que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación, o bien, la que ordene la entrega de los bienes rematados; es decir, basta con que se haya emitido cualquiera de las resoluciones antes señaladas para que en términos de esta fracción, proceda el juicio de amparo indirecto. Lo anterior encuentra apoyo en el criterio jurisprudencial 13/2016 emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en la página 1066, Libro 29, Abril 2016, Tomo II, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 2011474, de rubro y texto siguientes: "REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De conformidad con el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede tratándose de actos emitidos en el procedimiento de remate, contra la última resolución dictada, entendida ésta como aquella que ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Disposición de la cual se advierte una problemática al incluir la conjunción copulativa "y" de la que se puede interpretar que es necesario dictar ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, de lo cual se advierte que, de ser así, dicha situación puede provocar un fenómeno contrario al derecho de acceso a la tutela judicial, pues si bien quizá se ordene la escrituración del inmueble en el procedimiento de remate, la autoridad responsable omita dictar la orden de entrega del bien adjudicado, lo que postergaría la fase de ejecución del juicio, afectando el derecho a la tutela judicial efectiva al obstaculizar la ejecución de una sentencia judicial y a su vez obstaculizando el acceso a la justicia constitucional. Es por ello que esta Primera Sala sostiene que el juzgador federal debe interpretar la norma en el sentido de que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la última resolución del remate, la cual de forma indistinta la constituye la orden de entrega o escrituración del bien inmueble rematado. Esto es, la disposición debe leerse no con una conjunción copulativa que necesariamente obligue a considerar la emisión de ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, sino con una conjunción disyuntiva equivalente, en el sentido de que de forma indistinta ambas órdenes, escrituración y/o entrega del bien inmueble, son consecuencias connaturales del acto de adjudicación y, por tanto, basta que se emita una sola de ellas para considerar actualizada la última resolución del remate, pues así se satisface la razonabilidad subyacente de la norma que es acorde con el derecho de tutela judicial efectiva reconocido en los artículos 17 de la Constitución Federal y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto el requisito establecido en el párrafo tercero, de la fracción IV, del artículo 107, de la Ley de Amparo, tiene como objeto evitar que los actos emitidos para lograr la ejecución de sentencias de procedimientos jurisdiccionales, sean obstaculizados indebidamente, en la lógica de que culminar la etapa de ejecución es imprescindible para lograr el goce íntegro del derecho a la tutela judicial." Ahora bien, de la lectura integra de la demanda, se advierte, que la parte quejosa manifestó, bajo protesta de decir verdad, los siguientes antecedentes: Marcelina Montero Miranda promovió juicio ejecutivo mercantil, en contra del aquí quejoso José Manuel Gil Reyes, ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia del Distrito Judicial de Misantla, Veracruz, radicado bajo el número 381/2009/I, de su índice. Posteriormente, seguida la secuela procesal, se dictó sentencia, la cual quedó firme, aperturándose, en su momento, la sección de ejecución. Consecutivamente, el tres de octubre de dos mil dieciocho se llevó a cabo la audiencia de remate en cuarta almoneda (acto reclamado). De lo antes detallado, se advierte que en los autos del juicio de origen no se ha ordenado la escrituración del bien inmueble embargado, la entrega de este, ni se ha determinado la adjudicación directa del anterior. Bajo este contexto, resulta patente para el suscrito juzgador que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia que resulta de relacionar los artículos 61, fracción XXIII, con el 107, fracción IV de la Ley de Amparo, en razón de que el acto que se pretende combatir no es la última resolución del procedimiento de remate, entendida esta como la que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación, o bien, la que ordena la entrega de los bienes rematados, sino que únicamente se trata de un acto intermedio emitido dentro de tal procedimiento. De tal manera, que si el acto que pretende combatir mediante juicio de amparo el promovente, es únicamente la celebración de la audiencia de remate; por tanto, es claro que no se actualiza el supuesto de procedencia que establece el tercer párrafo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo. Al caso, es oportuno citar de modo orientador y aplicada en sentido contrario la jurisprudencia PC.I.C. J/20 C (10a.), emitida por el Pleno en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la página 528, Libro 25, Diciembre de 2015, Tomo I, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro digital 2010632, de rubro y texto siguientes: "ADJUDICACIÓN DIRECTA DE BIENES EMBARGADOS O HIPOTECADOS. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE LA NIEGA PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Si bien es cierto que el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que sólo puede impugnarse en amparo indirecto la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia, y que tratándose de remates, únicamente la que ordena en forma definitiva la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados tiene ese carácter, también lo es que las normas no sólo deben interpretarse literalmente, especialmente cuando se advierte que bajo ese tipo de interpretación el efecto sería precisamente el que la norma pretende evitar. En el caso del artículo mencionado, la ratio legis consiste en impedir que se obstaculice la ejecución de las sentencias a través de la promoción de los juicios de amparo y, precisamente tomando en cuenta ese fin, al impedir que se impugne en el juicio de amparo biinstancial la resolución que niega la adjudicación directa del bien embargado durante el juicio, o hipotecado, en favor de quien obtuvo sentencia definitiva favorable, puede provocarse el efecto contrario, porque se impide que la ejecución de la sentencia se lleve a cabo con la mayor expeditez posible a través de la adjudicación directa de los bienes indicados, la cual constituye una vía alterna al procedimiento ordinario de remate que la ley otorga expresamente al ejecutante para satisfacer el derecho que tiene a la realización práctica de la sentencia firme que acogió su pretensión; además, con la decisión denegatoria de la petición respectiva se concluye el trámite por el que se optó en lugar de seguirse el cauce ordinario del procedimiento de remate por todas sus etapas. Así, se concluye que atento al propio fin de la norma, cuando el Juez niega adjudicar en forma directa al ejecutante el bien embargado o hipotecado, esa resolución, una vez que se hace definitiva, puede impugnarse en el amparo indirecto sin necesidad de esperar a que se emita la sentencia en que se ordene su entrega y escrituración, precisamente porque la sentencia estimatoria que obtuvo le generó el derecho a obtener la satisfacción plena de las prestaciones materia de la condena impuesta a su contraparte; y no permitir el control constitucional sobre esas determinaciones, podría hacer nugatorio el derecho que por disposición legal le corresponde para tales efectos al ejecutante. Esta interpretación es la más apegada a los fines a los que obliga el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en tanto que el derecho al acceso a la justicia no sólo incluye el dictado de la resolución, sino además la expeditez en su ejecución, de modo que, de estimarse improcedente el amparo biinstancial contra el fallo que niega la adjudicación directa al ejecutante, se propiciaría el entorpecimiento de la ejecución en casos en que puede llevarse a cabo en forma abreviada." En tales condiciones, resulta claro que no se actualiza la hipótesis de procedencia establecida en el artículo 107, fracción IV, en virtud de que la audiencia de remate celebrada por la autoridad señalada como responsable, en los autos del juicio ejecutivo mercantil 381/2009/I, de su índice, no se trata de una resolución que actualice alguna de las hipótesis previstas en el citado artículo. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. En consecuencia, resulta notoria e indudable la causal de improcedencia que resulta de relacionar el artículo 61, fracción XXIII, con el 107, fracción IV de la propia ley; por ende, de acuerdo con lo que dispone el artículo 113 de la ley de la materia, se desecha la presente demanda de amparo. COMO DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA para oír y recibir todo tipo de notificaciones, se tiene el que señala en el escrito que se provee y por autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a María Teresa Espinoza Cano y Antonio Barat Pérez, quienes acorde a los lineamientos trazados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales, que establece el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, cuenta con el registro número 56346 y 182627. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte promovente, por si o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, pueda hacer uso de scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro medio electrónico similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el suscrito juez federal, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el actuario de juzgado, así como la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de que documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a disponibilidad del expediente y que este en trámite en este juzgado; lo anterior, de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. DIGITALIZACIÓN DE ACTUACIONES E INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Se comisiona al Secretario, así como a los Oficiales Administrativos correspondientes y demás encargados de la digitalización de constancias, y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a supervisar y/o realizar, la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias y documentos que obren en el mismo, de conformidad con lo previsto en el numeral 3 de la Ley de Amparo, así el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. DEPURACIÓN. En caso de que al concluirse este juicio existan documentos originales en términos del capítulo primero, punto segundo, fracción dieciocho del Acuerdo General Conjunto 1/2009, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se requiere a la parte oferente del mismo para que se presente a recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a que cause estado la resolución que ponga fin el presente juicio. Con apercibimiento que de no hacerlo se destruirán en términos del Capítulo Quinto, último párrafo del punto Vigésimo del citado Acuerdo General. Para ello se instruye al Secretario del Juzgado para que certifique junto con la orden de archivo la existencia de tales documentos; sin que se consideren como documentos originales la carta poder manuscrita, por no ser insustituible por otro que hay sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda; ni aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaria o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico. TRANSPARENCIA. Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

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