Celestino Juan Javier García Ramiro
Expediente 661/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 9 actuaciones registradas, la última del 19 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 661/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 19/04/2022
Partes del expediente
- Celestino Juan Javier García Ramiro
- Celestino Juan Javier García Ramiro y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Toluca, Estado de México, diecinueve de abril de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que mediante proveído de treinta y uno de enero del año en curso, se ordenó enviar al archivo el juicio de amparo en que se actúa; sin embargo, no se remitieron las constancias que envió como complemento a su informe justificado el Juzgado Cuarto de lo Civil de Proceso Oral de la Ciudad de México. Por tanto mediante oficio que derive del presente proveído devuélvase las constancias que remitió la autoridad responsable para los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
Toluca, Estado de México, treinta y uno de enero de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que la parte quejosa, no recurrió dentro del plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, la sentencia de treinta de septiembre de dos mil veintiuno, por la cual se sobreseyó en el presente juicio de amparo. Por tanto, con fundamento en los artículos 86 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la primera ley invocada, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En otro orden, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. Asimismo, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que el cuaderno principal es destruible, en términos del artículo 21, inciso a). Por tanto, se comunica a las partes que de conformidad con el artículo indicado en el párrafo anterior, dentro de los treinta días siguientes, después de cumplidos tres años de haberse dictado el presente acuerdo, será destruido el presente expediente, para lo cual, se remitirá el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. En la inteligencia que no existen documentos originales exhibidos por las partes de los referidos en el artículo 21 de tal ordenamiento; asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental, por lo que no encuadra en los supuestos del artículo 15 del multicitado Acuerdo General. Asimismo, devuélvanse al Juzgado Cuarto de lo Civil de Proceso Oral de la Ciudad de México; los anexos que remitió como complemento a su informe justificado. Se hace la precisión que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará materialmente al archivo el expediente en que se actúa. Finalmente, de conformidad, con el artículo 35 del citado Acuerdo General se ordena hacer constar en la carátula de este expediente la clasificación realizada al mismo, a través de los sellos correspondientes.
- Principal
SENTENCIA VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 661/2021-VIII, promovido por ********************, en contra de actos del Juzgado Cuarto de lo Civil de Proceso Oral en Ciudad de México y otra autoridad; y, R E S U L T A N D O: 1. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado, el veintiuno de julio de dos mil veintiuno, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en esta ciudad, turnado el mismo día a este Juzgado de Distrito, ********************, por derecho propio, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por los actos que se mencionan a continuación: "IV. AUTORIDADES RESPONSABLES. Tienen el carácter de tal, el C. JUEZ CUARTO DE LO CIVIL DE PROCESO ORAL DE LA CIUDAD DE MEXICO, con domicilio en Avenida Patriotismo 230, 6° piso, Colonia San Pedro de los Pinos, C.P. 03800, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. Y COMO AUTORIDAD EJECUTORA: El C. EJECUTOR ADSCRITO A LA CENTRAL DE EJECUTORES, con domicilio en Doctor Nicolas San Juan, número 104, Colonia Ex Rancho Cuauhtémoc, Toluca, México. Código Postal 50010, Estado de México. V. ACTO RECLAMADO. DE LA AUTORIDAD SEÑALADA COMO RESPONSABLE ORDENADORA reclamo, todo lo actuado en el Expediente número ********************, relativo a un Juicio Oral Mercantil, promovido por ********************, en su carácter de acreedora, en contra de ********************, toda vez que tal autoridad, sin previo juicio seguido en ml contra, pretende privarme de la posesión del inmueble de ml exclusiva propiedad, cuyas medidas y colindancias, serán objeto de descripción en el capítulo de los hechos de la presente. DE LA AUTORIDAD ELECTORA se reclama, el ilegitimo embargo practicado en un bien inmueble propiedad del suscrito, dentro de los autos del Expediente número ********************, radicado en el C. JUEZ CUARTO DE LO CIVIL DE PROCESO ORAL DE LA CIUDAD DE MEXICO.". Acto reclamado que el promovente del amparo señaló violaba los derechos fundamentales protegidos por los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 2. Admisión. En proveído de veintidós de julio de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables, se dio la intervención que compete al Ministerio Público Federal adscrito, y se señaló día y hora para el verificativo de la audiencia constitucional. 3. Emplazamiento a terceros interesados: El veintinueve de julio y tres de agosto, ambos de dos mil veintiuno, se emplazó a los terceros interesados ******************** y ********************, respectivamente. 4. Informe justificado. El cinco de agosto y dos de septiembre de dos mil veintiuno, se tuvieron por recibidos los informes justificados de las autoridades señaladas como responsables, y con su contenido se dio vista a las partes. 5. Audiencia constitucional. La audiencia constitucional, previos diferimientos, tuvo verificativo el veinticuatro de septiembre del año en curso, en términos del acta respectiva; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Noveno de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 103 y 107, fracción III, inciso c) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, fracción I, 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, 49 y 60, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, modificado por el diverso 12/2019 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al inicio de funciones de este Juzgado de Distrito, en virtud de que se reclama una determinación judicial cuya ejecución tendrá lugar dentro del ámbito territorial donde este Juzgado ejerce competencia. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En términos de lo dispuesto por los artículos 74, fracción I, y 75 de la Ley de Amparo, así como de la lectura íntegra de la demanda de amparo y de los datos que emanan del presente expediente, se advierte que los actos reclamados se hacen consistir en: a) Todo lo actuado en el expediente ********************, del índice del Juzgado Cuarto de lo Civil de Proceso Oral de la Ciudad de México. b) El embargo practicado en el bien inmueble de su propiedad, ubicado en ********************, ordenado en el expediente ********************. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. La Juez Cuarto de lo Civil de Proceso Oral de la Ciudad de México, al rendir su informe justificado, aceptó la existencia del acto reclamado, en el sentido de que en el expediente ******************** de su índice, promovido por ********************, en contra de ********************, se dictó sentencia definitiva el veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho, y el veintiocho de enero de dos mil diecinueve, dictó diversa interlocutoria donde resolvió el incidente de ejecución de sentencia promovido por la actora; girando diverso exhorto a efecto de que el demandado diera cumplimiento a dichas determinaciones. Sin embargo, dicho Juez responsable precisó que, en los autos del expediente ******************** de su índice, no existía diligencia alguna tendente a privar de la posesión del inmueble ubicado en ********************, que defiende el aquí quejoso. Esto último que se corrobora con las constancias que, como complemento a su informe justificado, remitió el Juez responsable, consistentes en copias certificadas de todo lo actuado en el expediente ******************** de su índice, así como diversos discos compactos de las audiencias celebradas en ese asunto. Constancias a las que, dada su naturaleza de documentales públicas, por ser emitidas por servidor público en uso de sus facultades, se les otorga valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, por tratarse de actuaciones judiciales; pues, aunque algunas obra en formato DVD, las mismas deben considerarse como prueba documental pública lato sensu. Es aplicable al caso, la Jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, primera parte, Quinta Época, consultable en la página 153, que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y por consiguiente, hacen prueba plena." Así como la Jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 703, del Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que indica: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Por lo tanto, dado que de las constancias que remitió como complemento al mismo, se advierte que el aquí quejoso no es parte en los autos del juicio oral mercantil ********************, y que el domicilio donde se ha requerido el cumplimiento de la sentencia a la parte demandada ********************, es en ********************, es evidente que el acto reclamado por el ahora quejoso es inexistente, pues, como lo señaló la Juez responsable, no se ha ordenado diligencia alguna tendente a privar de la posesión del inmueble que defiende el aquí quejoso, y tampoco se ha practicado diligencia de embargo en el mismo. En consecuencia, al encontrarse en el supuesto que al efecto establece la fracción IV, del artículo 63, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo, al advertirse de las constancias de autos que no existe el acto reclamado. Sobreseimiento que debe hacerse extensivo a los actos de ejecución atribuidos al Ejecutor adscrito a la Central de Ejecutores, al no combatirse por vicios propios, sino en vía de consecuencia. Apoya lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Tribunal Colegiado del Decimo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen 91-96, Sexta Parte, Séptima Época, página 286, que establece "AUTORIDAD EJECUTORA. SOBRESEIMIENTO. LE ES EXTENSIVO EL RELATIVO A LA ORDENADORA. Si en un juicio de garantías se sobresee respecto de la autoridad ordenadora del acto reclamado, en el mismo sentido debe de fallarse en lo que toca a la señalada como ejecutora, cuando a ésta no se atribuyen vicios propios de ejecución, porque debiendo sobreseerse en cuanto al acto emanado de la primera, es inconcuso que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución. Lo anterior en modo alguno pueda considerarse una denegatoria de justicia, ya que justo a través del presente pronunciamiento se está impartiendo ésta, de conformidad con las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, no obstante que sea desfavorable a la pretensión de la parte promovente, dado que ya se explicaron los motivos del por qué no procede el juicio de amparo. En apoyo a lo anterior, se cita la jurisprudencia número VII.2o.C. J/23, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, t. XXIV, Julio de 2006, página 921, cuyo rubro y texto son: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA. Cuando se desecha una demanda de amparo o se sobresee en el juicio, ello no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento. Así, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para desechar o sobreseer en un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negar que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico." Finalmente, en razón del sentido del presente fallo, este juzgador se encuentra impedido para abordar el estudio de los conceptos de violación planteados por la parte inconforme. Cobran aplicación al caso, la jurisprudencia VI. 1o. J/23, publicada en la página 252, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 22-24, Octubre-Diciembre de 1989, Materia Común, Octava Época, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que omite ocuparse de los razonamiento tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." CUARTO. Vigencia jurisprudencial. No es obstáculo para arribar a la anterior determinación, el hecho de que algunos de los criterios invocados en la presente sentencia, se hayan emitido durante la vigencia de la Ley de Amparo anterior, esto es, la publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de mil novecientos treinta y seis; sin embargo, resultan aplicables conforme a lo previsto en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo publicada en ese medio de difusión oficial el dos de abril de dos mil trece, que establece que la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior, continuará en vigor en lo que no se oponga a este nuevo ordenamiento, sin que en el caso se advierta oposición alguna al respecto. QUINTO. Protección de información y datos personales. A pesar de que las partes no hicieron uso del derecho previsto en el artículo 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, relativo a la oposición a la publicación de sus datos personales en consulta o publicación de la presente sentencia, de conformidad con los artículos 6, apartado A., fracción II y 16, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3, fracciones IX y X de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, y 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dese cumplimiento a lo establecido en el diverso 118 de ley especial citada, suprímanse los datos sensibles que contenga la presente resolución. Lo anterior, en atención al Criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, del rubro y texto siguiente: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONAL NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6º, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estado, a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y a los datos personales de los particulares. Por otro lado, los artículos 18º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de dicha ley, prevén como información confidencial aquella cuya difusión, comercialización o distribución, requiere necesariamente del consentimiento expreso de las personas que son titulares de los datos, por lo que deberá protegerse dicha información en las constancias y actuaciones judiciales que se encuentren en los expedientes jurisdiccionales o administrativos, independientemente de que las partes hayan hecho valer el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos. En ese sentido la omisión de manifestar el consentimiento o la oposición, no exime a los órganos jurisdiccionales y a la unidades administrativas de suprimirlos en las sentencias, resoluciones y constancias que obren en los expedientes bajo su resguardo, y que fueron requeridas vía solicitud de acceso a la información, protegiendo así la privacidad y la vida íntima de los ciudadanos." Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 76, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ********************, respecto de los actos y autoridades precisadas en los Considerandos Segundo y Tercero de esta sentencia, por los motivos expuestos en éste último.
- Principal
Toluca, Estado de México, trece de septiembre de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el escrito de cuenta; mediante el cual, Israel Antonio Mendoza Jiménez, apoderado legal del tercero interesado Pleitos y cobranzas de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo de los Estados Unidos Mexicanos (CONCANACO-SERVYTUR), se apersona al presente juicio de amparo, designa autorizados; y solicita acceso al expediente electrónico, para lo cual proporciona dos usuarios "isantiagoo" y "luistexis". En ese tenor, con fundamento en el artículo 5, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, téngase por apersonado al presente juicio de amparo al tercero interesado en cita. Asimismo, se tiene por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Itzel Santiago Ortiz, Luis Antonio Ortiz Texis y Carlos Salvador Berumen Pliego, por contar con el registro de su cédula profesional en el sistema electrónico correspondiente. Y, en términos del artículo 24 de la legislación citada a la restante que cita, limitación que se establece hasta en tanto cuente con el registro electrónico de su cédula profesional, lo que deberá hacer del conocimiento de este juzgador mediante diversa promoción. Sustenta lo anterior, por identidad jurídico-procesal, la tesis VI.3o.A.30 K, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXII, diciembre de 2005, de la Novena Época a página 2626, cuyo rubro precisa: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO. DEBE COMPARECER ANTE EL ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL PARA REGISTRAR SU CÉDULA PROFESIONAL." Asimismo, como lo solicita la promovente se tienen por autorizados en términos del segundo párrafo, del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que cita, y respecto a la solicitud de acceso al expediente electrónico para consultarlo, toda vez que de la certificación de cuenta se evidencia que en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se encontró registro de los usuarios "isantiagoo" y "luistexis"; en consecuencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se acuerda favorable la consulta del expediente electrónico que deriva de este asunto. Finalmente, en atención a la solicitud expresa del impetrante de garantías acerca de la autorización para el uso de medios electrónicos, a partir de esta fecha se le permite la utilización de medios electrónicos para obtener la reproducción de las constancias que obren agregadas en este expediente, de conformidad con la circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, empero se le informa que deberá conducirse con lealtad procesal; lo anterior, sin que implique que la fe pública del Secretario quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que realicen los interesados; con excepción de la información que se haya remitido por las autoridades responsables clasificada como reservada o confidencial, la cual no podrá ser objeto de reproducción, en términos de lo dispuesto en el artículo 100 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
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