Celestino Ahumada Sarmiento
Expediente 500/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 10 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 500/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 23/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Celestino Ahumada Sarmiento
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por CELESTINO AHUMADA SARMIENTO, en su carácter de parte quejosa; en atención a su contenido, se le tiene INTERPONIENDO RECURSO DE REVISIÓN en contra de la sentencia dictada en autos; en consecuencia, con apoyo en los artículos 81 fracción I inciso e), 86 párrafo primero, 88 y 89 de la Ley de Amparo, distribúyanse copias entre las partes como corresponda. Hecho lo anterior, una vez que esté debidamente integrado el presente asunto, esto es, que obren las notificaciones de la sentencia y del recurso de revisión, dentro del plazo de tres días contados a partir de que se cumpla con dicho extremo, remítanse estos autos, así como el original y copia del escrito de agravios con número de registro 20211, que se provee al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito en turno, con sede en esta ciudad, por conducto de la respectiva Oficina de Correspondencia Común, para la substanciación de dicho medio de impugnación. Asimismo, fórmese cuaderno de antecedentes de dicho envío, con copia certificada de las principales constancias de este expediente. Finalmente, se instruye a la oficial encargada del SISE, para que proceda habilitar la consulta del expediente electrónico a la Superioridad, a fin de que tenga el debido acceso a las constancias del presente sumario y se encuentre en aptitud de proveer lo conducente respecto medio de impugnación que nos ocupa. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Con esta fecha se notifica electrónicamente a la parte quejosa la sentencia engrosada el treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés, misma que a la letra dice: Vistos los autos para resolver en el juicio de amparo 500/2023 y, RESULTANDO PRIMERO. Demanda. Por escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en esta ciudad el nueve de junio de dos mil veintitrés, y turnado a este órgano jurisdiccional el mismo día, ******************** promovió demanda de amparo contra actos que más adelante se precisarán, que atribuye a ********************, Sociedad Anónima de Capital Variable. SEGUNDO. Prevención. Por auto de doce de junio de la citada anualidad, se previno la demanda propuesta por el quejoso por los motivos ahí descritos (foja 14 a 18). El quince de junio siguiente se tuvo al quejoso desahogándola (foja 19 a 21). TERCERO. Admisión. Mediante auto de dieciséis de junio hogaño se acordó admitir la demanda; dar la intervención al Fiscal Federal de la adscripción; fijar data y hora para la audiencia constitucional y; requerir a la autoridad responsable su informe justificado (foja 22 a 28). CUARTO. Audiencia Constitucional. Agotada la secuela procesal y por encontrarse debidamente integrado el presente asunto, en la medida que obra en autos el informe justificado del ente que fue señalado como autoridad responsable en el presente juicio, la audiencia constitucional tuvo verificativo el treinta y uno de agosto de la presente anualidad. Hasta hoy no consta que las partes hayan dado su consentimiento para la publicación de sus datos personales, quedando el expediente en estado de resolución.C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, en términos de los artículos 1º, 103, fracción I y, 107, fracción XII, constitucionales, 37, primer párrafo y, 107, fracción V, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, con vigencia a partir del día siguiente de su publicación conforme a su artículo primero transitorio y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con los puntos segundo y cuarto, fracción VII, párrafo segundo, del Acuerdo General 3/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, reformado mediante el diverso Acuerdo General 4/2022, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de marzo de dos mil veintidós. Por la vía, por tratarse de un acto dictado fuera de juicio catalogado como de imposible reparación al ser susceptible de afectar derechos sustantivos. La materia (mixta) al actuar como órgano de instrucción en materias penal, civil y administrativa y, de control constitucional, en amparo indirecto en primera instancia. Y territorio, atento a que la ejecución del acto reclamado tiene lugar en la circunscripción territorial en la que este tribunal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación clara y precisa de los actos reclamados. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se fija en forma clara y precisa cuáles son los actos reclamados, antes de verificar su certeza o inexistencia. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido, a través de la jurisprudencia, que el juzgador de amparo al dictar una sentencia debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia dictando sentencias que fijen con claridad y precisión el acto o actos reclamados; además, que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Agrega, que en algunas ocasiones esto es insuficiente, por lo que además se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda en un sentido congruente con todos sus elementos (anexos), e incluso con la totalidad de información del expediente del juicio, atendiendo de manera preferente al pensamiento o intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión y, precisa, debe atenderse a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, para lograr congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Es aplicable la jurisprudencia que se cita a continuación: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Así como la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se cita enseguida: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." Bajo ese orden de ideas, al analizar en su integridad la demanda de amparo y las constancias de autos, principalmente el informe justificado del ente que fue señalado como autoridad responsable en el presente juicio se tiene que los actos reclamados a ********************, Sociedad Anónima de Capital Variable son: a) la negativa de entregar la camioneta marca Nissan, tipo NP300, número de serie 3N6DD25TXDK003911, número de motor KA24580841A, modelo 2013 color plata, resguardada en el corralón de la responsable desde el diecisiete de marzo del año en curso, por requerimiento que se emitió por el Fiscal XIII de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del XVII Distrito Judicial con sede en la Ciudad de Veracruz, Veracruz, en la carpeta de investigación VER/DXVII/F13/1013/2023. b) la negativa a recibir del quejoso e informar a éste, sobre el cumplimiento y la entrega de la camioneta antes descrita, misma que incluso fue solicitada por escrito fechado siete de junio de dos mil veintitrés. c) el cobro indebido y excesivo de la cantidad de $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 m.n.) más I.V.A. por concepto del depósito y resguardo de la camioneta descrita y que pretende cobrar el ente señalado como autoridad responsable. Sin que obste a lo anterior, que precisamente, de la demanda de amparo y del escrito de desahogo a la prevención efectuada en autos, se advierta la intervención del Fiscal XIII de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del XVII Distrito Judicial con sede en la Ciudad de Veracruz, quien tiene a su cargo la integración de la Investigación Ministerial en la que se emitió el requerimiento de entrega del vehículo aludido. Empero, el impetrante fue claro en manifestar que su deseo era señalar como autoridad responsable únicamente a la moral ********************, Sociedad Anónima de Capital Variable; por lo que así se dio trámite a la demanda propuesta. Establecida la fijación clara y precisa de los actos reclamados, por cuestión de método, debe analizarse si de acuerdo con las pruebas que obran en autos, su existencia se encuentra o no probada respecto de la autoridad señalada como responsable. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, ha lugar a tener por ciertos los actos que atribuye el quejoso a la moral, ********************, Sociedad Anónima de Capital Variable, mismos que quedaron precisados en párrafos anteriores de la presente sentencia. Lo anterior, aun cuando al rendir su informe justificado, dicho ente señalado como responsable negó los actos que se les atribuye. En efecto, aún y cuando en su informe justificado sostuvo: "(.) No es cierto el acto que se le reclaman a mi poderdante ********************, S.A. de C.V., ello toda vez que en ningún momento se ha presentado en el encierro de mi representada persona alguna para solicitar la devolución de la camioneta marca Nissan, tipo NP300, número de serie 3N6DD25TXDK003911, número de motorKA24580841A, modelo 2013 color plata, luego entonces no ha habido negativa de entregar dicho automotor, ni mucho menos de recibir e informar sobre la entrega de esta, ni tampoco de un cobro indebido y excesivo, como maliciosamente pretendehacerlo creer el quejoso. (.) En presente caso, la solicitante de amparo reclama a mi poderdante como autoridad supuestamente responsable, la negativa de entregar la camioneta marca Nissan, tipo NP300, número de serie 3N6DD25TXDK003911, número de motorKA24580841A, modelo 2013 color plata, la negativa de recibir e informar sobre la entrega y el cobro indebido y excesivo. En tal contexto, a nuestra consideración la afectación que reclama, no puede tenerse por acreditada con la certeza del acto que le reprocha a mi poderdante, puesto quecon dicha certeza no se exime a la parte quejosa de acreditar por cualquiera de los medios de prueba permitidos por la ley, el menoscabo que aduce sufrir en su esferajurídica. (.) Sin embargo, de las documentales enumeradas con anterioridad, puede verificar ese honorable juzgado que éstas resultan por demás insuficientes para acreditar que mi poderdante ********************, S.A. de C.V., haya causado algún perjuicio o el quejoso ******************** o que éste haya realizado algún pago a mi poderdante por la prestación del servicio de grúa (arrastre y deposito) y que dicho cobro haya sido excesivo, toda vez que de los medios de prueba que adjunta a su demanda de ninguno de estos avalan que la quejosa se le haya violentado garantíaalguno por parte de mi poderdante. (.) Ahora bien, considerando que los actos reclamados se hacen consistir en la supuesta negativa de entregar la camioneta (.) la negativa de informar sobre la entrega de esta y el cobro indebido y excesivo, sin embargo a la fecha no se ha presentado persona alguna a solicitar la devolución dedicho automotor, ni mucho menos de recibir e informar sobra la entrega de esta, ni mucho menos que el quejoso haya realizado pago alguno a mi representada. De esta forma, se puede afirmar que el acto que se atribuyen a mi poderdante (señalada como autoridad responsable), no puede considerarse acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, ello toda vez que mi poderdante ********************, S.A. de C.V., no ha emitido acto alguno en forma unilateral, imperativo o coercitivo, por lo no reviste los atributos propios de un acto autoridad, al no crear, modificar o extinguir situaciones Jurídicas en forma unilateral y obligatoria. (.)"No es menos cierto, que obra en autos del presente juicio la prueba exhibida por el impetrante, relativa al audio contenido en el protocolo de bus universal en serie -coloquialmente conocido como dispositivo USB- del que, impuestos de su contenido, se advierte -en síntesis- que una persona que se ostentó como el abogado del quejoso, mantuvo una conversación con quienes supuestamente resultan ser empleados de la responsable, en donde, ante la solicitud del primero -es decir, quien se ostenta como abogado del quejoso- de recibir información y entregar un escrito, los segundos -los supuestos empleados de la responsable- se niegan a recibir el escrito, manifestando que cualquier información será proporcionada al directo quejoso. Prueba que en términos de los normativos 203, 210-A y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, al no haber sido objetada por la autoridad señalada como responsable por la quejosa, se traduce en el reconocimiento de su contenido, lo que provoca que tal documento privado se perfeccione y, por ende, goce de plena eficacia para acreditar la pretensión del solicitante de amparo, que en este caso, se traduce desvirtuar la negativa de la citada moral responsable, por lo que ha lugar a tener por cierto el acto reclamado. CUARTO. Improcedencia del juicio. Por ser las causas de improcedencia de orden público y de preferente análisis al fondo del asunto, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, se procede al estudio de las que de oficio pudieran advertirse en la especie, incluso las que hacen valer las partes. Señalado lo anterior, a juicio del suscrito, el presente juicio de amparo resulta improcedente al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 en relación con la diversa fracción II del numeral 5º de la Ley de Amparo, puesto que el acto aquí combatido de una empresa particular no es equiparable al de una autoridad, para los efectos del presente juicio de amparo, al no provenir de lo establecido en una norma general y tampoco son unilaterales ni obligatorios. MARCO NORMATIVO El precepto legal citado, en su parte respectiva, es del tenor siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)" "Artículo 5. Son partes en el juicio: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. (.).". Del arábigo transcrito en primer término (61, fracción XXIII) se aprecia que el juicio de amparo es improcedente en los casos en que el obstáculo legal para su análisis resulte de alguna otra disposición de la ley, ya sea de la propia Ley de Amparo o, incluso, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otra parte de la interpretación lógica y sistemática de las restantes normas transcritas, permite inferir que la acción de amparo procede única y exclusivamente contra actos o leyes dictadas por autoridad, que violen garantías individuales del gobernado; es decir, no es suficiente que se reclame una violación a dichas garantías, para que el juicio de amparo sea procedente, sino que es menester que la contravención de los derechos fundamentales se atribuya a una autoridad, pues no todos los hechos que el particular estime contrarios a su interés son susceptibles de impugnarse a través del juicio de garantías, sino únicamente los "actos de autoridad". En este contexto, se precisa que una autoridad, para efectos del amparo, es la que emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, autoridad es la que ejerce facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. No se ignora que en términos de la Ley de Amparo en vigor, los particulares podrán ser considerados como autoridad responsable, pero para ello es requisito indispensable que realicen actos equivalentes a los de autoridad, creando, modificando o extinguiendo situaciones jurídicas que provoquen menoscabo a derechos de los gobernados sin necesidad de acudir a los órganos judiciales, ni contar con el consenso del afectado, esto en cumplimiento de funciones que estén determinadas por una norma general. De lo anterior se puede resumir que las características de un acto de autoridad susceptible de ser impugnado por medio del juicio de garantías, requiere: - La existencia de un órgano del Estado que establece una relación de supra a subordinación con un particular. - Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, por lo que dota al órgano del Estado de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. - Que, con motivo de esa relación, emita actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular. - Que para emitir esos actos no requiere de acudir a los órganos judiciales ni precisa del consenso de la voluntad del afectado. Ilustran lo anterior, las tesis visibles bajo los rubros y textos siguientes: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PUBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURIDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades." Así, en relación con esta distinción entre actos de autoridad o de particulares que realicen actos equivalentes a los de autoridad con los demás actos que realicen los gobernados, tiene injerencia y relevancia el análisis de la clasificación de las relaciones jurídicas de coordinación y de supra a subordinación que, como se dijo en líneas anteriores, resulta necesario tener en cuenta para demostrar plenamente que los actos aquí reclamados no son de autoridad. Sobre el particular, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados y se regulan por el derecho público, que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se suscitan por la actuación de los órganos del Estado. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías individuales que protegen derechos humanos como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Por su parte, se tiene que las relaciones de coordinación presuponen un plano de igualdad, en el que las partes, generalmente particulares, se encuentran en un mismo nivel, teniendo que acudir a los procedimientos ordinarios establecidos en las leyes respectivas para dirimir sus controversias. En relación con las precisiones anteriores, se precisa que la Segunda Sala del Máximo Tribunal de la Nación concluyó que para definir el concepto de autoridad, para efectos del juicio de amparo, debe atenderse a si la relación que se somete a la decisión de los órganos de control constitucional de amparo se ubica dentro de las denominadas de "supra a subordinación", la cual tiene como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior. De otra forma, para definir el concepto de autoridad responsable, se debe analizar, primeramente, si el acto reclamado se realizó con fundamento en una ley de origen público, si la autoridad ejerce un poder jurídico que afecte por sí y ante sí, y de manera unilateral ha credo, modificado o extinguido situaciones jurídicas concretas en perjuicio del quejoso y, consecuentemente, si su actuación se ubica dentro del plano de "supra a subordinación", con lo cual existiría autoridad responsable. Ahora bien, considerando que el acto reclamado se vincula estrechamente con la entrega de bienes que fueron asegurados dentro de una investigación ministerial y que resguarda el ente particular señalado como autoridad responsable, es conveniente hacer referencia a lo dispuesto en los artículos 229, 236, 237, 245 y 246 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que son del contenido siguiente: "Artículo 229. Aseguramiento de bienes, instrumentos, objetos o productos del delito Los instrumentos, objetos o productos del delito, así como los bienes en que existan huellas o pudieran tener relación con éste, siempre que guarden relación directa con el lugar de los hechos o del hallazgo, serán asegurados durante el desarrollo de la investigación, a fin de que no se alteren, destruyan o desaparezcan. Para tales efectos se establecerán controles específicos para su resguardo, que atenderán como mínimo a la naturaleza del bien y a la peligrosidad de su conservación." "Artículo 236. Objetos de gran tamaño Los objetos de gran tamaño, como naves, aeronaves, vehículos automotores, máquinas, grúas y otros similares, después de ser examinados por peritos para recoger indicios que se hallen en ellos, podrán ser videograbados o fotografiados en su totalidad y se registrarán del mismo modo los sitios en donde se hallaron huellas, rastros, narcóticos, armas, explosivos o similares que puedan ser objeto o producto de delito." "Artículo 237. Aseguramiento de objetos de gran tamaño Los objetos mencionados en el artículo precedente, después de que sean examinados, fotografiados, o videograbados podrán ser devueltos, con o sin reservas, al propietario, poseedor o al tenedor legítimo según el caso, previa demostración de la calidad invocada, siempre y cuando no hayan sido medios eficaces para la comisión del delito." "Artículo 245. Causales de procedencia para la devolución de bienes asegurados La devolución de bienes asegurados procede en los casos siguientes: I. Cuando el Ministerio Público resuelva el no ejercicio de la acción penal, la aplicación de un criterio de oportunidad, la reserva o archivo temporal, se abstenga de acusar, o levante el aseguramiento de conformidad con las disposiciones aplicables, o II. Cuando la autoridad judicial levante el aseguramiento o no decrete el decomiso, de conformidad con las disposiciones aplicables. La devolución se realizará en el estado físico de conservación que conforme a su naturaleza adquiera el bien, o el valor del mismo." "Artículo 246. Entrega de bienes Las autoridades deberán devolver a la persona que acredite o demuestre derechos sobre los bienes que no estén sometidos a decomiso, aseguramiento, restitución o embargo, inmediatamente después de realizar las diligencias conducentes. En todo caso, se dejará constancia mediante fotografías u otros medios que resulten idóneos de estos bienes. Esta devolución podrá ordenarse en depósito provisional y al poseedor se le podrá imponer la obligación de exhibirlos cuando se le requiera. Dentro de los treinta días siguientes a la notificación del acuerdo de devolución, la autoridad judicial o el Ministerio Público notificarán su resolución al interesado o al representante legal, para que dentro de los diez días siguientes a dicha notificación se presente a recogerlos, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, los bienes causarán abandono a favor del Gobierno Federal o de la Entidad federativa de que se trate, según corresponda y se procederá en los términos previstos en este Código. Cuando se haya hecho constar el aseguramiento de los bienes en los registros públicos, la autoridad que haya ordenado su devolución ordenará su cancelación." De dichos numerales se advierte que serán asegurados durante el desarrollo de la investigación, entre otros, los instrumentos, objetos o productos del delito, a fin de que no se alteren, destruyan o desaparezcan. Así también se dispone que, en relación con otros objetos de gran tamaño, como son los vehículos automotores, estos podrán ser devueltos, con o sin reservas, al propietario, poseedor o al tenedor legítimo, según el caso, siempre y cuando no hayan sido medios eficaces para la comisión del delito, y luego de ser examinados por peritos para recoger indicios que se hallen en ellos, podrán ser videograbados o fotografiados en su totalidad y se registrarán del mismo modo los sitios en donde se hallaron huellas, rastros, narcóticos, armas, explosivos o similares que puedan ser objeto o producto de delito. Asimismo, previo a la entrega de vehículos asegurado, el Ministerio Público debe cerciorarse, entre otras cosas, que el vehículo no tenga reporte de robo; tampoco se encuentre relacionado con otro hecho delictivo; que se haya dado oportunidad a la otra parte de solicitar y practicar los peritajes necesarios, y que no exista oposición fundada para la devolución por parte de terceros, o de la aseguradora. Además, se precisa que la devolución de bienes asegurados procede, entre otras razones, cuando se levante el aseguramiento de conformidad con las disposiciones aplicables Así también se dispone que, para la entrega de bienes, las autoridades deberán devolver a la persona que acredite o demuestre derechos sobre los bienes que no estén sometidos a decomiso, aseguramiento, restitución o embargo, inmediatamente después de realizar las diligencias conducentes y, en todo caso, dejará constancia por los medios que resulten idóneos. Esta devolución podrá ordenarse en depósito provisional y al poseedor se le podrá imponer la obligación de exhibirlos cuando se le requiera. Por otra parte, en la Ley de Tránsito y Transporte para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se dispone en sus artículos 4, fracciones I, 9, 109, 116, 118, fracción II, inciso c), y 122, párrafo primero, se dispone lo siguiente: "Artículo 4. Para los efectos de esta Ley se entenderá por: I. Concesión: Título por el que el Estado otorga a una persona física o moral la prestación del servicio de transporte público, o de un servicio público relacionado con la materia de tránsito; (.)" "Artículo 9. Las autoridades de tránsito y transporte coadyuvarán con las encargadas de la prevención, persecución de delitos e impartición de justicia, en términos de lo que dispongan las leyes." "Artículo 116. El servicio de transporte público es aquel que se presta para satisfacer necesidades colectivas, siendo ofrecido a terceros contra el pago de una retribución; corresponde al Estado proporcionarlo, pudiendo otorgarlo por sí mismo o a través de personas físicas o morales mediante concesión otorgada por el Gobernador del Estado, una vez satisfechos los requisitos establecidos en esta Ley y su Reglamento." "Artículo 118. El servicio de transporte público estará sujeto a las modalidades siguientes: (.) II. De carga, que podrá ser: c) Especializado, el que se otorga en una localidad específica de un municipio determinado y se presta en unidades dotadas de grúa para el arrastre y rescate de vehículos accidentados, abandonados, descompuestos o detenidos por infracciones a esta Ley y su Reglamento. El servicio de grúa se clasificará en tipos "A", "B" y "C", conforme a las características que especifique el Reglamento. (.)" "Artículo 122. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por concesión el título que otorga el Gobierno del Estado para que una persona física o moral proporcione el servicio de transporte público en cualquiera de sus modalidades, de acuerdo con las tarifas determinadas por el interés general y la naturaleza del transporte de que se trate. " De dichos numerales se advierte, en principio, que las autoridades de tránsito y transporte coadyuvarán con las encargadas de la prevención, persecución de delitos e impartición de justicia, en términos de lo que dispongan las leyes. Por otra parte, se dispone también que el servicio de transporte público es aquel que se presta para satisfacer necesidades colectivas, siendo ofrecido a terceros contra el pago de una retribución, y que corresponde al Estado proporcionarlo, pudiendo otorgarlo por sí mismo o a través de personas físicas o morales mediante concesión otorgada por el Gobernador del Estado, una vez satisfechos los requisitos establecidos en esta Ley y su Reglamento. Además, precisa que la concesión es el título que otorga el Gobierno del Estado para que una persona física o moral proporcione el servicio de transporte público en cualquiera de sus modalidades, de acuerdo con las tarifas determinadas por el interés general y la naturaleza del transporte de que se trate; en tanto que, concesionario, es el titular de la concesión para prestar el servicio de transporte público y dicho servicio es aquel que por concesión o permiso del Estado, se brinda para satisfacer necesidades colectivas, siendo prestado a terceros contra el pago de una tarifa. Ahora bien, una de las modalidades a través de las cuales se presta este servicio, según los numerales trascritos, es la de carga, que puede ser general, materialista especializada y rural mixto; la especializada es aquella que se otorga en una localidad específica de un municipio determinado y se presta en unidades dotadas de grúa para el arrastre y rescate de vehículos accidentados, abandonados, descompuestos o detenidos por infracciones a la Ley de Tránsito y Transporte para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y su Reglamento. ANTECEDENTES En virtud de exponer con claridad la conclusión anterior, es conveniente hacer referencia a los antecedentes del acto reclamado, que se desprenden de la demanda, su escrito aclaratorio y de las documentales que se ofrecieron por el quejoso, así como de las manifestaciones realizadas por éste en el presente juicio, lo que se hace en la relación siguiente. 1. El quejoso manifestó que el diecisiete de marzo de la presente anualidad aconteció un accidente de tránsito, por el cual fue puesto a disposición del Fiscal XIII de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del XVII Distrito Judicial en Veracruz, radicándose la carpeta de investigación VER/DXVII/F13/1013/2023. 2. Durante la investigación ministerial, la policía ministerial aseguró el vehículo automotor marca Nissan, tipo NP300, número de serie 3N6DD25TXDK003911, número de motor KA24580841A, modelo 2013 color plata, propiedad del quejoso ********************, mismo que se constituyó en depósito ministerial; a disposición de la citada Fiscalía, y en resguardo de la moral señalada aquí como autoridad responsable, ********************, Sociedad Anónima de Capital Variable. 3. Refiere que, una vez acreditada la propiedad del citado vehículo, el aludido Fiscal emitió el oficio 1362/2023 de uno de julio hogaño, en donde solicitó se hiciera la entrega del automotor en cuestión al aquí quejoso. Oficio que le fue entregado al quejoso para su entrega, quien manifiesta que la moral responsable no le ha recibido el oficio, el escrito que hizo con fecha de siete de junio de la presenta anualidad, refiriendo que sí le informaron que debía hacer un pago por concepto de depósito y resguardo del automotor antes descrito; sin que hasta la fecha lo hayan hecho. Expuestos los antecedentes de referencia, se procede al estudio de la causal de improcedencia mencionada en el marco normativo de esta sentencia. SUBSUNCIÓN Como se anticipó, los actos reclamados en esta vía se hicieron consistir en: a) la negativa de entregar la camioneta marca Nissan, tipo NP300, número de serie 3N6DD25TXDK003911, número de motor KA24580841A, modelo 2013 color plata, resguardada en el corralón de la responsable desde el diecisiete de marzo del año en curso, por requerimiento que se emitió por el Fiscal XIII de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del XVII Distrito Judicial con sede en la Ciudad de Veracruz, Veracruz, en la carpeta de investigación VER/DXVII/F13/1013/2023. b) la negativa a recibir del quejoso e informar a éste, sobre el cumplimiento y la entrega de la camioneta antes descrita, misma que incluso fue solicitada por escrito fechado siete de junio de dos mil veintitrés. c) el cobro indebido y excesivo de la cantidad de $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 m.n.) más I.V.A. por concepto del depósito y resguardo de la camioneta descrita y que pretende cobrar el ente señalado como autoridad responsable. Ahora bien, dichos actos surgieron a partir de la puesta a disposición que se realizó en favor de la Fiscal XIII de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del XVII Distrito Judicial en Veracruz, respecto del bien que se ordenó devolver al aquí quejoso. De ahí que, si bien es dicha autoridad ministerial a la que corresponde determinar las providencias necesarias para la preservación y salvaguarda de los objetos asegurados, de conformidad con los artículos 245 y 246 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no menos cierto es que, en materia de resguardo de objetos de mayor tamaño, y en específico, el de los vehículos, dicha autoridad ministerial se sirve del auxilio de las autoridades de tránsito y transporte, por ser quienes legalmente deben coadyuvar con las encargadas de la prevención, persecución de delitos e impartición de justicia, en términos de lo que dispongan las leyes. Ahora bien, dentro de las facultades que legalmente corresponde a dichas autoridades de tránsito y transporte, se encuentran las de arrastre y resguardo de vehículos, mismos que delega, mediante concesiones, a entes particulares, como lo es la señalada aquí como autoridad responsable, ********************, Sociedad Anónima de Capital Variable. De ésta forma, se puede afirmar que los actos que se atribuyen a la señalada como autoridad responsable, en todo caso surgen como incumplimiento a las que presta en auxilio de una autoridad ministerial, dentro de las averiguación de delitos; de ahí que no pueden considerarse acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, aun cuando se tenga presuntamente acreditada la negativa de recibir un oficio que fue expedido por dicha autoridad investigadora, y que, presumiblemente, también haya condicionado la entrega de los vehículos en favor del aquí quejoso, al previo pago que de los servicios concesionados fueron prestados por la referida ********************, Sociedad Anónima de Capital Variable. Además, su actuar no se determina como un acto autónomo e independiente a la investigación ministerial, pues emana de la prestación del servicio que le fue concesionada en materia de tránsito a la señalada como autoridad responsable, ********************, Sociedad Anónima de Capital Variable; tampoco, que el resguardo de la unidad lo autorizó u ordenó alguna autoridad de tránsito y transporte y, menos aún, la citada ********************, Sociedad Anónima de Capital Variable; de ahí que el actuar combatido no son realizados con imperio alguno, de motu proprio, sino que ello obedeció a las indicaciones de quien en su momento le instruyó dejar a disposición de la autoridad ministerial la unidad automotora para su resguardo en el lugar destinado para ello (corralón). Por tanto, el proceder de la negociación denominada ********************, Sociedad Anónima de Capital Variable, es como auxiliar del Fiscal XIII de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del XVII Distrito Judicial en Veracruz, pero sin que su actuar sea unilateral, imperativo o coercitivo, por lo que no reviste los atributos propios de un acto de autoridad, al no crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, pues se trata de una empresa privada que presta sus servicios de arrastre y resguardo de vehículos, por ser concesionados por la autoridad que está obligada, también en dicha materia, a coadyuvar y auxiliar, en el caso, a la autoridad ministerial, en la prevención, persecución de delitos e impartición de justicia, en términos de lo que dispongan las leyes. Además, se insiste, aun cuando en la especie se advierte la intervención del Fiscal XIII de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del XVII Distrito Judicial con sede en la Ciudad de Veracruz, quien tiene a su cargo la integración de la Investigación Ministerial en la que se emitió el requerimiento de entrega del vehículo aludido, al respecto de dicha autoridad el quejoso adujo en su propia demanda de amparo, incluso en el escrito de desahogo a la prevención efectuada en autos, que su deseo era señalar como autoridad responsable únicamente a la moral ********************, Sociedad Anónima de Capital Variable. De ahí que, bajo ese contexto, se dio trámite a la demanda propuesta en los términos en que ésta fue planteada, sin que se tuviera como autoridad responsable al citado Fiscal XIII de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del XVII Distrito Judicial con sede en la Ciudad de Veracruz, lo que se considera que resultaba necesario su llamado al presente juicio, a fin de estar en condiciones de proceder al estudio de fondo del presente asunto Por tanto, el acto que se reclama carece de los requisitos de imperatividad, coercitividad y unilateralidad, que todo acto de autoridad debe reunir, por lo que tal acto no modifica, restringe o altera de forma alguna los derechos individuales de la parte promovente y, por ello, no puede ser materia de análisis en el presente juicio de amparo, por ser éste el medio de control constitucional respecto de actos provenientes de autoridad que trasgreden derechos de los gobernados. En todo caso, importa precisar que el conflicto suscitado entre la parte quejosa y la negociación denominada ********************, Sociedad Anónima de Capital Variable, relativos a la prestación del servicio de arrastre y estancia del vehículo en las instalaciones de la negociación señalada, en todo caso deben ser resueltos por la autoridad ministerial competente, por ser quien, además, cuenta con las facultades para imponer los medios de apremio que estime pertinentes a fin de hacer cumplir sus determinaciones, como lo dispone el artículo 104, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales; incluso, de no proceder en tal forma dicha autoridad investigadora, el quejoso podrá pedir al juez de control que le ordene actuar al Fiscal y, en su caso, respecto a los pagos que le son exigidos, incluso puede exigir ante instancias administrativas (procuradurías) o civiles del orden común (tribunales) el cumplimiento o reembolso de una contraprestación si finalmente los tuviere que erogar. CONCLUSIÓN En esa línea argumentativa, es claro que los actos reclamados por el aquí quejoso no constituyen actos de autoridad para los efectos del presente juicio de amparo, dado que su actuar no se emite en una relación de supra a subordinación, sino que emana del auxilio que dicho ente particular presta como auxilio a la autoridad ministerial que expidió el oficio que se niega recibir aquel; lo que impone sobreseer en el presente asunto conforme lo dispuesto en el ordinal 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al actualizar en forma manifiesta e indudable, la causal de improcedencia que deviene de relacionar la fracción XXIII del artículo 61, con el numeral 5º, fracción II, ambos de la ley de la materia. Ahora bien, conforme a los términos antes expuestos, no es óbice el dejar de analizar los argumentos alegados por los peticionarios de amparo, pues al actualizarse de manera indudable la causa de sobreseimiento invocada, ello impide entrar al estudio de las cuestiones de fondo. Lo anterior, de conformidad con la jurisprudencia de rubro: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO." QUINTO. Supresión de datos sensibles. En otro contexto, tomando en consideración que las partes en este asunto no realizaron manifestación alguna, dentro del término concedido, en relación con su oposición para que se publiquen o den a conocer sus datos personales; en consecuencia, acorde con lo establecido en los artículos 23, 24, fracción VI; 73, fracciones II y V; 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 110, fracción V; 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, la presente sentencia se pondrá a disposición del público en la versión respectiva con supresión de tales datos, de conformidad con los artículos 118, 119 y 120 de la Ley mencionada en segundo término. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 61, fracción XXIII, 63, fracción V, 73, 74, 77 y 79 todos de la aplicable Ley de Amparo; se,RESUELVE PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por ********************, en contra del acto y autoridad señaladas en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de la presente sentencia. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles en la presente sentencia, de acuerdo con lo señalado en el considerando quinto de esta resolución. Notifíquese en términos de Ley.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, treinta de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por el quejoso Celestino Ahumada Sarmiento; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida como prueba la información contenida en el dispositivo tecnológico denominado como memoria USB; sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional que al efecto se celebre, en términos del citado artículo 124 de la referida ley. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Con esta fecha se notifica electrónicamente a la parte quejosa el proveído de uno de agosto de dos mil veintitrés, mismo que a la letra dice: Agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso; atento a su contenido, téngase formulando diversas manifestaciones en vía de alegatos, de conformidad con el artículo 124 de la ley en la materia, sin perjuicio de su relación en el momento procesal oportuno. Asimismo, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase como prueba documental la que señala y anexa al escrito de cuenta, sin perjuicio de tenerla por ofrecida en la audiencia constitucional que al efecto se celebre, en términos del citado artículo 124 de la ley de la materia. Finalmente, respecto a la prueba documental que ofrece en un sobre blanco que contiene un dispositivo de almacenamiento denominado "USB" de color rojo, y si bien el escrito que se provee refiere que contiene un audio de grabación, al reproducir el contenido del mismo, puede observarse que contiene información que no puede abrirse y/o reproducirse, como se muestra la siguiente captura de pantalla de su contenido: En consecuencia, dígasele que no ha lugar a admitir dicha probanza, dado que el contenido de la misma no puede abrirse y/o reproducirse. Por tanto, se estima innecesario conservar el dispositivo de almacenamiento denominado "USB" color rojo, exhibido por la parte quejosa en su escrito de cuenta; en consecuencia, hágase de su conocimiento que la misma queda a su disposición, ello, previo recibo de entrega que deberá agregarse en autos como constancia; mientras tanto dicho dispositivo glósese a los autos en sobre cerrado, para su protección. Notifíquese en términos de ley.
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