Celestina Rangel Chairez
Expediente 1112/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California. 18 actuaciones registradas, la última del 24 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1112/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 24/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California · Baja California
Partes del expediente
- Celestina Rangel Chairez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
Vista la constancia secretarial que antecede, de la que se desprende que ha transcurrido el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia de tres de marzo de dos mil veintidós; en consecuencia, con fundamento en el artículo 2º de la ley invocada, en relación con los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, se declara que dicha sentencia en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo promovido por ********************, ha causado ejecutoria, para los efectos legales a que haya lugar. Hágase las anotaciones correspondientes en el Libro Uno de Juzgado, Juicios de Amparo y en su oportunidad remítase el presente expediente al archivo definitivo de este juzgado, como asunto totalmente concluido.
- Principal
Mexicali, Baja California, veintisiete de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado procesal de los autos, se aprecia que las partes en el presente juicio de amparo, no han sido notificadas de la sentencia dictada el tres de marzo en curso; en consecuencia, proceda la Actuaria Judicial adscrita a notificar personalmente la resolución mencionada; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y personalmente la sentencia. S E N T E N C I A Vistos los autos para dictar sentencia definitiva en el juicio de amparo 1112/2021-2; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el trece de octubre de dos mil veintiuno, ante el Buzón Judicial y posteriormente en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, Ma. Celestina Rangel Chairez, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos reclamados y autoridades responsables que enseguida se transcriben: ".III. AUTORIDADES RESPONSABLES.. PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA . GOBERNADOR DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. DIRECTOR DEL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA ... . SECRETARIA DE LA HONESTIDAD Y FUNCIÓN PÚBLICA: con domicilio en Edificio del Poder Ejecutivo 4° Piso, Centro Cívico, Mexicali, Baja California. Se reclama la contestación a la queja donde se solicita la intervención de esa autoridad, para que inicie la investigación correspondiente, respecto a la emisión del Decreto del Ejecutivo, además de los actos evidentes de corrupción respecto a los funcionarios de los Gobiernos de Tecate y Ensenada, que han incumplido con sus obligaciones como servidores públicos y que encuadran en el artículo 57 de la Ley de Responsabilidades Administrativas. INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES De LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, se reclama la realización de todos los actos administrativos formales y materiales, que tienden a la ejecución operativa del Decreto que constituye el acto reclamado en la práctica consistentes en la realización de los actos jurídicos tendientes a la condonación del adeudo por el entero de cuotas y aportaciones de los Gobiernos de los Municipios de Ensenada y Tecate en el Estado de Baja California, permitiendo el no ingreso al patrimonio del ente asegurador de la cantidad de 2 mil 800 millones de pesos. JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO DE EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, se reclama la realización de todos los actos administrativos formales y materiales, que tienden a la ejecución operativa del Decreto que constituye el acto reclamado en la práctica, consistentes en la realización de los actos jurídicos tendientes a la condonación del adeudo por el entero de cuotas y aportaciones de los Gobiernos de los Municipios de Ensenada y Tecate en el Estado de Baja California, permitiendo el no ingreso al patrimonio del ente asegurador de la cantidad de 2 mil 800 millones de pesos. XXIV AYUNTAMIENTO DE ENSENADA, se reclama la ejecución del decreto impugnado por el cual, se autoriza a la citada autoridad a afectar los ingresos y derechos correspondientes al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, al no cubrir el adeudo del pago del entero de cuotas y aportaciones de un adeudo histórico, aun cuando las cuotas de aportación al fondo de pensiones que administra el ente asegurador, fueron retenidas en tiempo y forma a los trabajadores, y no enteradas al Instituto. XXIII AYUNTAMIENTO DE TECATE, se reclama la ejecución del decreto impugnado por el cual, se autoriza a la citada autoridad a afectar los ingresos y derechos correspondientes al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, al no cubrir el adeudo del pago del entero de cuotas y aportaciones de un adeudo histórico, aun cuando las cuotas de aportación al fondo de pensiones que administra el ente asegurador, fueron retenidas en tiempo y forma a los trabajadores, y no enteradas al Instituto.. IV. ACTO RECLAMADO. De las autoridades responsables identificados con los incisos a) y b), del rubro que precede, se les reclama lo siguiente: La aprobación, expedición, promulgación, orden de publicación y materialización del decreto emitido por el gobierno del estado de baja california, publicado el siete de octubre de dos mil veintiuno en el Periódico Oficial del Estado de Baja California donde de manera ilegal y en una total usurpación de poder el gobernador del estado de baja california, propone la condonación del 99.9% de los recargos que, por el pago del entero oportuno de los créditos fiscales por concepto de cuotas, aportaciones, adeudos no cubiertos por los Municipios de Tecate y Ensenada." SEGUNDO. Trámite. Previo cumplimiento de prevención por razón de trámite, mediante auto de tres de noviembre de dos mil veintiuno, se admitió la demanda de amparo, formándose el expediente 1112/2021-2, se solicitó informe justificado a las autoridades responsables, se otorgó intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; se continuó con la tramitación del juicio en los términos que al respecto establece la Ley de Amparo, hasta celebrarse la correspondiente audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, es competente para resolver el presente juicio de derechos fundamentales, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107 de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; asimismo, en el Acuerdo General 03/2013, reformado por el 43/2018, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, atento a que se trata de un juicio de amparo indirecto promovido contra actos de autoridad con residencia en la circunscripción territorial en la que ejerce jurisdicción este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. El artículo 74 fracción I, de la Ley de Amparo, dispone que toda sentencia debe contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados. En cumplimiento a tal disposición, se atenderá al escrito de demanda de amparo, así como a los demás datos que se desprendan de las constancias del expediente, a fin de determinar cuál fue la intención de la parte quejosa al promover el juicio de amparo y estar en condiciones de resolver la cuestión efectivamente planteada. Lo anterior encuentra apoyo, por identidad jurídica, en la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 255, del Tomo XIX, abril de 2004, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." De igual manera es aplicable al caso, por no contravenir las disposiciones de la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo Sexto Transitorio, la jurisprudencia 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Con base en estas premisas, de la lectura integral de la demanda de amparo, en armonía con la totalidad de la información allegada a este expediente, revela que la parte quejosa reclama: -La inconstitucionalidad del Decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado de Baja California el siete de octubre de dos mil veinte, mediante el cual se instruye al Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de Gobierno y Municipios del Estado de Baja California a efecto de que convoque a los titulares de las dependencias que forman parte del Poder Ejecutivo Estatal y que forman parte de la Junta Directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, para efecto de que de manera inmediata celebren una sesión extraordinaria en donde se proponga, la condonación del 99.9% de los recargos por falta de entero oportuno de los créditos fiscales por concepto de cuotas, aportaciones y adeudos no cubiertos por los Municipios de Tecate y Ensenada y su aplicación. -La contestación a la queja interpuesta ante la Secretaría de la Honestidad y la Función Pública. TERCERO. Consideración preliminar. Determinado el acto reclamado, lo siguiente es pronunciarse respecto de la certeza o inexistencia de éste, ya que por razón de método, en toda sentencia de amparo indirecto, dicha situación debe ocurrir previamente y, sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, se deben estudiar las causas de improcedencia señaladas o que a criterio de esta juzgadora se actualicen, para que finalmente de ser procedente el juicio, se analice el fondo de la cuestión planteada. Esta situación es así, porque de no existir los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, entrar al estudio de cualquier causa de improcedencia y, en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente sería imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o de la parte substancial del asunto, implica en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ciertos, el juicio de amparo sea procedente. Apoya la anterior consideración, la tesis de jurisprudencia XVII.2º.J/10, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, publicada en la página 68, Tomo 76-Abril de 1994, Gaceta al Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que es del rubro siguiente. "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." CUARTO. Inexistencia del acto reclamado. Las autoridades responsables Poder Legislativo del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, Ayuntamiento de Ensenada y Ayuntamiento de Tecate, al rendir sus informes justificados, negaron el acto reclamado en el presente juicio de amparo; sin que la parte quejosa haya aportado prueba que desvirtúe dichas negativas, por tales motivos se decreta el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, en lo que respecta a las autoridades responsables citadas en este considerando, con fundamento en el artículo 63 fracción IV, de la Ley de Amparo. Robustece lo expuesto, por no oponerse a los postulados de la Ley de Amparo en vigor, la jurisprudencia VI. 2o. J/20, que obra en la página 627, del tomo IV, segunda parte-2, julio-diciembre de 1989, materia común, del Semanario Judicial de la Federación, octava época, de rubro y texto: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." QUINTO. Existencia del acto. Son ciertos los actos reclamados a las responsables Poder Ejecutivo del Estado de Baja California, Gobernador del Estado de Baja California, Director del Periódico Oficial del Estado de Baja California, Secretaría de la Honestidad y la Función Pública, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California y Junta Directiva de dicho Instituto, todos con residencia en esta ciudad, pues así lo manifestaron al rendir su correspondiente informe justificado. Aunado a que, en relación a la existencia de los dispositivos que la parte quejosa tilda de inconstitucionales, no debe perderse de vista que las leyes no son objeto de prueba, pues basta su publicación en el órgano de difusión para que se pueda invocar por el suscrito como hecho notorio, de conformidad con los artículos 86 y 88 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa del numeral 2°. Sirve de apoyo a la anterior consideración, el contenido en la tesis 214, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, la cual puede ser consultada en la página 205, Tomo XV-I, febrero de 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Octava Época, que estatuye: "LEYES, NO SON OBJETO DE PRUEBA. Atento al principio jurídico relativo a que el Derecho no es objeto de prueba, no es necesario que se ofrezca como tal la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas." Así como la Jurisprudencia 2a./J. 65/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, agosto de 2000, visible en la página 260, de contenido y rubro siguiente: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo". De igual manera, la tesis VII.3o.C.16 K, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito visible en la página 1343, tomo XVIII, septiembre del dos mil tres, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto a la letra señalan: "AMPARO CONTRA LEYES. LA EXISTENCIA DEL ORDENAMIENTO LEGAL RECLAMADO NO DEPENDE DE LOS INFORMES QUE RINDAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, PUES EL DERECHO NO ES OBJETO DE PRUEBA. Tratándose del juicio de amparo contra leyes, la existencia o no del ordenamiento legal reclamado debe establecerse atento lo dispuesto por los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de garantías, en cuanto disponen que sólo los hechos estarán sujetos a prueba, y los notorios pueden ser invocados -de oficio- por el propio órgano jurisdiccional. Por ende, el tenerlo o no por cierto, no depende únicamente de lo manifestado en los informes rendidos por las autoridades responsables, pues aun cuando no los rindieran, ni se desvirtuara por las partes el contenido de los mismos, es al juzgador a quien compete pronunciarse al respecto y cerciorarse realmente de su existencia, aplicando el principio jurídico relativo a que el derecho no es objeto de prueba." En tal virtud, se tiene por acreditada la existencia de los actos reclamados. SEXTO. Causales de improcedencia. Previo al análisis de la constitucionalidad del acto reclamado procede, de conformidad con lo dispuesto en el dispositivo 62 de la Ley de Amparo, el estudio de las causas de improcedencia, pues constituyen cuestiones de orden público que debe abordarse de oficio y de manera preferente al asunto de fondo. Es aplicable a la anterior consideración, la jurisprudencia II. 1º. J/5, que se publica en la página 95, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente al mes de mayo de mil novecientos noventa y uno, Octava Época, de rubro y texto: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". En principio, esta Juzgadora advierte que por lo que hace al acto consistente en la publicación del decreto que se reclama, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el numeral 108, fracción III, ambos de la Ley de Amparo. Los numerales antes citados, son del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 108. La demanda de amparo deberá formularse por escrito en la que se expresarán: [.] "III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios." De los artículos se obtiene el establecimiento de la causal de improcedencia del juicio de amparo en los demás casos en que la misma resulte de alguna disposición de la ley o de la Constitución, esto es, no se establece una causa concreta de improcedencia, sino que señala, en forma genérica, que operará cuando resulte de la aplicación de uno o varios preceptos legales distintos de las hipótesis señaladas en el referido artículo. Así, conforme a los requisitos que establece la ley de amparo respecto de la demanda de amparo, la parte quejosa solo deberá señalar con el carácter de autoridades responsables a aquellas que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su caso de su publicación, cuando dichos actos sean impugnados por vicios propios. Ante ello, la causa de improcedencia en cita se actualiza en el caso, pues de la lectura integral de la demanda de amparo, no se advierte que la parte quejosa haya formulado manifestación alguna para combatir el acto condigno de publicación, es decir, no fue reclamado por vicios propios. En consecuencia, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 61 fracción XXIII, 63 fracción V y 108 fracción III, todos de la Ley de Amparo. Por otro lado, esta juzgadora advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61, en relación con los numerales 5 fracción I, de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5° de la presente ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia". "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1° de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. (.)". De conformidad con los artículos transcritos, el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; teniendo tal carácter la persona que es titular de un derecho subjetivo y resiente un agravio personal y directo con motivo de que el acto o ley reclamada, trastoca ese derecho. Por otro lado, el artículo 5 fracción I, de la Ley de Amparo, consagra el principio de instancia de parte agraviada, que en esencia consiste en que sólo puede instarlo aquella persona a quien agravia directamente la ley o acto de autoridad, lo que implica que una persona está legitimada a promover el amparo cuando tenga un derecho que fue vulnerado por el acto autoritario. Conviene señalar que, de lo establecido por la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, queda de manifiesto que el juicio de amparo es un medio de control constitucional de los actos de las autoridades que se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, principio que reglamenta el artículo 5 de la Ley de Amparo, al disponer, en lo conducente, que la solicitud de garantías únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique la ley, el tratado internacional o cualquier otro acto que se reclame. Ese principio de instancia de parte agraviada, requiere que el acto reclamado, para que la instancia resulte procedente, provoque un perjuicio jurídico en la esfera del gobernado, que lo legitima para accionar el medio de control constitucional; ya sea, con motivo del inicio de la vigencia de la norma general o bien, del primer acto concreto en que ésta se aplique. Por lo que se desprenden los dos supuestos que generan el interés jurídico: ? La existencia y titularidad de un derecho legalmente tutelado por una norma jurídica, y ? El resentimiento de un agravio, perjuicio, menoscabo u ofensa a ese derecho, proveniente de un acto de autoridad. Así, el interés jurídico para impugnar un acto de autoridad resulta del perjuicio que ocasione en uno o varios derechos legítimamente tutelados, lo que faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico que la Ley de Amparo toma en consideración para la procedencia del juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1º.A.J/17, publicada en la página 35 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, tomo 60, Diciembre de 1992, Octava Época, cuyo rubro señala: "INTERÉS JURÍDICO, NOCIÓN DE. PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO." Atento a lo anterior, se advierte lo siguiente: a) El interés jurídico se identifica como un derecho subjetivo derivado de una norma objetiva que se concreta en forma individual en algún sujeto determinado otorgando una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad; b) El acto de autoridad tiene que incidir o relacionarse con la esfera jurídica de un individuo en lo particular; c) No es suficiente para acreditar el interés jurídico en el amparo, la existencia de una situación abstracta en beneficio de la colectividad que no otorgue a un particular determinado la facultad de exigir que esa situación abstracta se cumpla. Por lo tanto, existe interés jurídico cuando el peticionario del amparo tiene una tutela jurídica que se regula bajo determinados preceptos legales que le otorgan medios para lograr su defensa, así como la reparación del perjuicio que le irroga su desconocimiento o violación. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 2a./J. 51/2019 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación publicado el viernes ocho de marzo de dos mil diecinueve, de rubro: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS". Ahora bien, en cuanto a que la afectación al mencionado interés jurídico debe comprobarse para que prospere la acción de amparo, motivo por el cual la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 2a./J. 16/94, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, número 82, octubre de 1994, página 17, ha resuelto categóricamente que debe acreditarse en forma plena y no inferirse con base en presunciones, pues las afectaciones que constituyen un perjuicio deben ser reales, por ende, es obvio que para que puedan examinarse en el juicio de amparo es indispensable que sean susceptibles de apreciarse objetivamente. Ahora, de la demanda de amparo se advierte que la quejosa insta el presente asunto en su carácter de ente dedicado al mejoramiento y defensa de los intereses comunes de la dignificación de los trabajadores de la educación. Ahora bien, se afirma que se actualiza dicha causal de improcedencia, toda vez que el decreto reclamado hasta este momento no trastoca su esfera jurídica de derechos, ya que en aquel, el Titular del Poder Ejecutivo de esta entidad federativa instruyó al Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de Gobierno y Municipios del Estado de Baja California a fin de que convocara a los titulares de las dependencias que forman parte del Poder Ejecutivo Estatal y que forman parte de la Junta Directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, para efecto de que celebraran una sesión extraordinaria en donde se proponga la condonación del 99.9% de los recargos por falta de entero oportuno de los créditos fiscales por concepto de cuotas, aportaciones y adeudos no cubiertos por los Municipios de Tecate y Ensenada y su aplicación. Empero, dicho decreto por su sola emisión no depara perjuicio a los derechos fundamentales de la parte quejosa pues solo constituye un acto previo que se encuentra sujeto a que se celebre se apruebe y se aplique por parte de las autoridades legitimadas para ello, lo cual, según los autos no se aprecia hubiere acontecido. Además, la ejecución del referido decreto, no puede considerarse como una afectación en su esfera jurídica por considerar que causaría una afectación económica al citado instituto de salud del cual es pensionada la parte quejosa, sino que se traduce en una aseveración hipotética en cuanto a las consecuencias que pudiera resentir aquel, a causa de no recibir el pago de recargos por parte de los ayuntamientos de Ensenada y Tecate, empero, ello no redunda en una afectación real y evidente en la esfera jurídica de la quejosa, puesto que los recargos condonados mediante el decreto reclamado, no es la única fuente de ingresos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California y por tanto, el dejar de percibirlos no significa que pierda la capacidad de afrontar las obligaciones adquiridas. Similar determinación de improcedencia por falta de afectación a su esfera jurídica de derechos debe imperar en relación al acto de contestación al escrito de queja que opuso la parte quejosa ante la Secretaría de la Honestidad y la Función Pública, pues tal y como se advierte de las constancias que obran en este asunto, se aprecia que el Departamento de Investigación de faltas Administrativas de la Dirección de Auditoría Gubernamental e Investigación de la citada Secretaría tiene a su cargo, por mandato legal el inicio de la investigación previa, con la finalidad de allegarse de elementos que permitan concluir con objetividad sobre la existencia de responsabilidad correspondiente. En ese contexto, no resulta factible considerar que la investigación administrativa, al constituir actuaciones indispensables para integrar un posible procedimiento, como parte de la obligación constitucional y legal del órgano de control, dado el interés social que subyace de esa función investigadora, generen una afectación al interés jurídico de la quejosa, debido a que no existe algún derecho particular que emane de la Constitución Federal ni de las leyes secundarias, oponible al interés general de que se investiguen los hechos o conductas irregulares de los miembros de las instituciones del Estado. De tal forma que las actuaciones generadas en la investigación, al constituir actos previos a un procedimiento seguido en forma de juicio, no generan agravio personal ni directo para promover el amparo, ya que el inicio y conclusión del procedimiento administrativo correspondiente es lo que, en todo caso, causaría perjuicio a la promovente en su esfera jurídica. Por tanto, si la parte quejosa no acreditó fehacientemente que es titular del derecho subjetivo público que dijo fue violado por los acto de autoridad, la parte quejosa no cuenta con interés jurídico para promover el juicio de amparo y, por lo mismo, opera la causal de improcedencia condigna. En consecuencia, al quedar demostrada la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción I, de la Carta Magna y 5, fracción I, de la indicada ley reglamentaria, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo. Corolario a lo anterior, cabe indicar que el hecho de que se actualice la causal de sobreseimiento indicada, y que por ello no sea dable analizar el fondo del asunto planteado, deriva del establecimiento de requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales estén en aptitud de analizar el fondo de los argumentos propuestos en una demanda de amparo (causales de sobreseimiento), lo cual no constituye en sí mismo una violación al derecho humano al recurso efectivo reconocido tanto en la Constitución Federal como en los tratados internacionales, puesto que así lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis CCLXXV/2012 (10a.), visible en el Semanario Judicial y su Gaceta, Décima Época, Libro XV, diciembre de dos mil doce, Tomo 1, página 525, de rubro siguiente: "DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho humano a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, implica la necesidad de que los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos; así, de acuerdo con este principio, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho humano a un recurso judicial efectivo, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de manera que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado y resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y en cualquier caso cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es la materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución como en los tratados internacionales, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho humano". En efecto, aunque es verdad que las reformas efectuadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos, implicaron un cambio en el sistema jurídico mexicano, no deja de ser menos cierto que tal circunstancia no significa que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de llevar a cabo sus atribuciones y facultades de impartir justicia conforme a las disposiciones que se encuentran vigentes, sino que solo tienen la obligación de aplicar los instrumentos internacionales cuando éstos otorguen una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica en estudio, en cuyo caso lo plasmarán así en el fallo relativo; sin embargo, ello no conlleva a que los tribunales deban resolver invariablemente el fondo del asunto cuando no se superan los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis LXXXII/2012 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIV, noviembre de dos mil doce, Tomo 2, página 1587, de rubro siguiente: "PRINCIPIO PRO PERSONA O PRO HOMINE. FORMA EN QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES DEBEN DESEMPEÑAR SUS ATRIBUCIONES Y FACULTADES A PARTIR DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011. Si bien la reforma indicada implicó el cambio en el sistema jurídico mexicano en relación con los tratados de derechos humanos, así como con la interpretación más favorable a la persona al orden constitucional -principio pro persona o pro homine-, ello no implica que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de llevar a cabo sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas antes de la citada reforma, sino que dicho cambio sólo conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica que se analice, ésta se aplique, sin que tal circunstancia signifique que dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada, ya que de hacerlo se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función". Asimismo, es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 3, febrero de dos mil catorce, página 487, en cuyo rubro señala: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente". En consecuencia, al actualizarse la causa de sobreseimiento de mérito, este juzgador está impedido para analizar los conceptos de violación formulados por la quejosa, dado que ello implica analizar el fondo del asunto, lo cual no es posible dado el sobreseimiento decretado. Sirve de apoyo a lo anterior, por no contravenir las disposiciones de la Ley de Amparo en vigor, el criterio jurisprudencial emitido por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, contenido en la tesis II.3o. J/58, publicada en la página 57, número 70, Octubre de 1993, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." Asimismo, resulta oportuno precisar que no se viola el derecho de acceso a la justicia, ya que justo a través del presente pronunciamiento constitucional, se impartió aquel derecho, de conformidad con las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, no obstante que le sea desfavorable a la parte promovente. En apoyo a lo anterior se cita, por las razones de su integración, la tesis CCCLXXI/2015 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 24, Noviembre de 2015, Tomo I, página 981, cuyo rubro es: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EL HECHO DE QUE UN ÓRGANO JURISDICCIONAL OMITA ANALIZAR EN EL ESTUDIO DE FONDO LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, AL CONSIDERAR QUE SE ACTUALIZÓ LA CAUSAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XIV, DE LA LEY DE LA MATERIA, NO IMPLICA UNA VIOLACIÓN AL DERECHO FUNDAMENTAL DE ACCESO A LA JUSTICIA. El artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo vigente, establece que el juicio de amparo es improcedente contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos en el artículo 17, mismos que deberán ser computados de conformidad con lo establecido en el artículo 18 de la Ley de Amparo vigente. Ahora bien, el hecho de que un órgano jurisdiccional no analice en el estudio de fondo los conceptos de violación al considerar que se ha actualizado la causal de sobreseimiento contemplada en el artículo 63, fracción IV, en relación con el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo vigente, no resulta violatorio del derecho fundamental de acceso a la justicia, toda vez que ello no implica imponer costos o dificultar el acceso del quejoso a un tribunal previamente establecido." También sirve de sustento, por las razones que la integran, la jurisprudencia VII.2o.C. J/23, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIV, Julio de 2006, p. 921, cuyo rubro es: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA. Cuando se desecha una demanda de amparo o se sobresee en el juicio, ello no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento. Así, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para desechar o sobreseer en un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negar que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico." En consecuencia, ante la actualización de la causa de improcedencia de mérito, lo debido será decretar el sobreseimiento en el presente juicio constitucional, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Es de señalarse, que las tesis y jurisprudencias transcritas en apoyo a las consideraciones plasmadas en el cuerpo de este fallo, son aplicables de conformidad con lo establecido en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo publicada el dos de abril de dos mil trece, en tanto que no se opone a ninguno de los preceptos legales citados como fundamento. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que la informan, la tesis aislada LXX/2012 (10ª), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1212, Tomo XII, Septiembre de 2012, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es el siguiente: "JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. LA REFORMA AL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011, NO IMPLICA QUE LA EMITIDA CON ANTERIORIDAD A AQUÉLLA SE TORNE OBSOLETA. La citada reforma que dio origen a la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, no implica que la jurisprudencia emitida en términos de los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, con anterioridad a aquélla, se torne obsoleta, por el contrario, sigue vigente y obliga en términos de los indicados preceptos mientras no se reforme dicha ley. No obsta a lo anterior el hecho de que tomando como sustento el cambio de parámetros que originó el nuevo contenido del artículo 1o. constitucional, los órganos autorizados para integrar jurisprudencia puedan variar algunos de los criterios sostenidos tradicionalmente, atendiendo para ello a las particularidades de cada asunto". SÉPTIMO. Transparencia. Se hace saber a las partes, en cumplimiento a los artículos 6°, apartado A, fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 8, 66, 67, fracción II, 68, 110, fracciones V, VII, X y XI, 113, fracción I y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 73, fracción II, 111, 116 y Tercero Transitorio de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y considerando décimo quinto del reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley ya referida, así como los preceptos legales 1, 3, 5, 6, 7 y 8, de ese reglamento que fue creado para regular el Acceso de la Información que se encuentra bajo el resguardo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Órganos Jurisdiccionales que lo componen: que para efectos de la versión pública de la presente sentencia se ha suprimido la información considerada como reservada o confidencial, derivada de datos personales concernientes a las personas identificadas o identificables, tales como: datos generales, sus bienes o posesiones, denominaciones de negociaciones o personas morales, montos económicos que puedan poner en riesgo la seguridad de las partes y aquellos respecto de los cuales se pueda identificar a alguna persona física o moral relacionada con el presente juicio. OCTAVO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 174, 180, fracción III, 182, 191 y 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, se ordena a la secretaría supervise que el analista jurídico encargado del aludido sistema capture la presente resolución y, a fin de corroborar que se llevó a cabo la anterior, agregue la constancia que así lo acredite al expediente en que se actúa. En mérito de lo anteriormente expuesto y fundado se, R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Ma. Celestina Rangel Chairez, por las razones expuestas en los considerandos cuarto y sexto de esta sentencia. SEGUNDO. En la versión pública, impresa o electrónica de la presente determinación, se suprimirán los datos considerados como confidenciales o reservados, en términos del considerando séptimo. TERCERO. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y se ordena al Secretario de Juzgado supervise la captura de esta resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y agregue la constancia que así lo acredite. Para el cumplimiento al presente proveído, se instruye al actuario judicial realice las acciones correspondientes conforme a la ley aplicable, para ello se giran los oficios correspondientes. Notifíquese personalmente.
- Incidental
Mexicali, Baja California, a diecinueve de enero de dos mil veintidós. Visto el oficio de cuenta que remite la Secretaria del Primer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con residencia en esta ciudad, por medio del cual informa que no se presentó reclamación en contra del auto de diecisiete de diciembre pasado, en el cual se tuvo por no admitido el recurso de queja administrativo 297/2021-I de su índice, derivado del incidente de suspensión 1112/2021 del registro de este órgano jurisdiccional, declarando firme dicho auto; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar; en consecuencia, tómese nota para los efectos legales conducentes. Notifíquese.
- Incidental
Visto el oficio de cuenta que remite vía electrónica la Secretaria del Primer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa que la queja 297/2021-I de su índice, se tuvo por no presentada, toda vez que se quedó sin materia. Remítase el acuse de recibo correspondiente a la Superioridad Para el cumplimiento al presente proveído, se instruye al actuario judicial realice las acciones correspondientes conforme a la ley aplicable con los oficios correspondientes.
Quedan 14 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California · 9,394 expedientes
- Cecilia Nayeli Aguilar Valenzuela696/2018
- Cecilia Nieblas Celaya222/2018
- Cecilia Reina Méndez2/2016
- Cecilia Rodríguez Valencia318/2016
- Cecilia Vázquez Mendoza433/2017
- Celedonio Chapa Flores79/2018
- Celia Ana Ruíz Bibriesca419/2014
- Celia Camacho Ramírez164/2018
- Celia del Carmen Astudillo Oropeza160/2015
- Celia del Cármen Astudillo Oropeza22/2008
- Celia del Carmen Astudillo Oropeza125/2016
- Celia Esparza Llamas11/2016