Celeste Jezabel Hernández Hernández
Expediente 1371/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco. 3 actuaciones registradas, la última del 21 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1371/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 21/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Celeste Jezabel Hernández Hernández
Actuaciones
- Principal
Villahermosa, Tabasco, veintiuno de septiembre de dos mil veintidós. Téngase por recibido el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial Número 36 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, por medio del cual aduce rendir su informe justificado. Ahora, tomando en consideración que en proveído de diecisiete de agosto pasado, se desechó la demanda de amparo promovida por la quejosa y el treinta de agosto siguiente, se ordenó el archivo definitivo del presente asunto, devuélvanse las citadas constancias a la Junta Especial Número 36 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco, para los efectos legales conducentes, sin que haya lugar acusar recibo en razón de que con el acuse del oficio que para tal efecto se le entregue se le tendrá por recibida de conformidad la constancia aludida. Notifíquese.
- Principal
Villahermosa, Tabasco, treinta de agosto de dos mil veintidós. Vista la certificación que precede, se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja previsto en el numeral 97, fracción I, inciso a), de la misma ley de la materia, contra el auto de diecisiete de agosto de dos mil veintidós, en el que se desechó la demanda de amparo promovida por Celeste Jezabel Hernández Hernández; sin que la parte interesada hubiese ejercido ese derecho. En consecuencia, se declara que el citado auto ha causado estado para todos los efectos legales a que haya lugar. Anotaciones y archivo del expediente Ahora bien, visto el estado procesal que guardan los presentes autos y como de los mismos se advierte que se trata de un asunto totalmente concluido, se ordena su archivo definitivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado. Por tanto, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, aprobado el diecinueve de febrero de dos mil veinte y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo siguiente, se ordena: DESTRUIR el expediente en términos de lo dispuesto en el inciso d) del artículo 21 del citado acuerdo general conjunto, hecho que deberá realizar el órgano jurisdiccional una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, en términos del numérico 24 de las disposiciones antes señaladas.
- Principal
Villahermosa, Tabasco; diecisiete de agosto de dos mil veintidós. Radicación. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por **********, por propio derecho, contra actos de la Junta Especial Número 36 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad. Aspectos Generales. Regístrese la demanda con el número de juicio de amparo 1371/2022-VIII-1. Genérese el expediente electrónico e impreso. Desechamiento. Ahora, de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; ello, pues en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. En ese tenor, este órgano jurisdiccional advierte que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV, del artículo 61 de la Ley de Amparo, relacionado con los artículos 17 y 18 del ordenamiento legal en cita, los cuales literalmente disponen: "Articulo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [...] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquellos contra los que no se promueve el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensas ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento;" "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computaran a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De acuerdo con la anterior transcripción, el juicio de amparo es improcedente si la demanda de amparo no se presenta en forma oportuna en relación con el plazo de quince días señalado en el artículo 17, primer párrafo, de la Ley de Amparo. Asimismo, el inicio del cómputo de dicho término depende básicamente, según el artículo 18 de la Ley de Amparo, de la forma en que la parte quejosa se haya impuesto del acto reclamado, lo cual puede verificarse de tres maneras distintas: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame. b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o, c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados, o de su ejecución. Estas tres hipótesis a su vez, requieren para su actualización de determinados requisitos, siendo los siguientes: Para la primera de ellas es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien la parte impetrante de amparo la resolución o acuerdo que reclama, y con base en la fecha en que se realice tal notificación y surta sus efectos, comenzará a contarse el término general de quince días. Tratándose de las otras dos hipótesis que se desprenden del artículo 18 de la Ley de Amparo, su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados; o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; y por ende, no requieren indispensablemente un acto de notificación, sino más bien una serie de datos que se obtengan ya sea del expediente o de la demanda de amparo. Sustenta lo anterior la jurisprudencia P./J. 115/2010 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, Tomo XXXIII, Enero de 2011, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar." Ahora, en el particular se advierte que la quejosa tuvo conocimiento del acto reclamado desde el veinticuatro de junio de dos mil veintidós, puesto que así lo refiere expresamente en el capítulo que denominó como: "fecha de notificación del acto reclamado", manifestación que cuenta con valor probatorio pleno en términos de los artículos 197 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; por tanto, se está en presencia de la primera hipótesis prevista en el artículo 18 de la Ley de Amparo, puesto que existe una notificación que debe surtir efectos; por tanto, el cómputo inicia al día siguiente en que surta efectos la notificación del acto reclamado. Por esa razón, se estima que el plazo para promover el juicio de amparo, respecto del acto reclamado transcurrió del veintiocho de junio al uno de agosto de dos mil veintidós; ello, tomando en consideración la fecha en la que la promovente señaló se le notificó el acto reclamado (veinticuatro de junio de dos mil veintidós), los días inhábiles (sábados y domingos) y los días en los que las autoridades responsables gozaron de su primer periodo vacacional (del dieciséis al treinta y uno de julio de dos mil veintidós) lo cual se puede constatar en el siguiente calendario: JUNIO DE 2022. Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Día en que se notificó el acto reclamado. Día en que surte efectos la notificación. Empieza cómputo. JULIO DE 2022. Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Empieza periodo vacacional 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Fenece periodo vacacional. AGOSTO DE 2022. Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado (15) Fenece cómputo. Por tanto, si la demanda se presentó el quince de agosto de dos mil veintidós, según consta en el sello que obra en autos, es innegable que se promovió fuera del plazo de quince días que establece el artículo 17, primer párrafo, de la Ley de Amparo. Es ilustrativa a lo antes puntualizado, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que aparece publicada en la página 291, del Tomo II, Agosto de 1995, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "ACTOS CONSENTIDOS TACITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala." Asimismo, sirve de apoyo, la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que aparece publicada en la página 235, del Tomo XI, Junio de 1993, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "ACTOS CONSENTIDOS, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LOS. Promovida la demanda de garantías fuera del término establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo, implica consentimiento del acto reclamado, por lo cual aquélla resulta improcedente, conforme a la fracción XII del artículo 73, en relación con el 145 de la ley en cita." Aunado a lo anterior, tampoco se advierte que en el caso se actualice alguno de los casos de excepción que permita la presentación de la demanda de amparo fuera del término genérico de quince días, previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, primer párrafo, puesto que dicho plazo únicamente se amplía cuando el acto impugnado se trate de: a) Una norma general autoaplicativa o el procedimiento de extradición, en cuyo caso es de treinta días; b) Una sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, en que se puede interponer hasta en un plazo de ocho años; c) Si el acto que pueda tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, es de siete años, contados a partir de que de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a tales grupos agrarios. d) Tratándose de actos que impliquen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, puede presentarse en cualquier tiempo. Asimismo, no cobran aplicación las hipótesis previstas en los incisos a), b) c) y d) ya que en el particular los actos reclamados son diversos a los ahí mencionados; puesto que no se están reclamando leyes, algún procedimiento de extradición, alguna sentencia condenatoria en un proceso penal, ni corresponde a la materia agraria ni un acto prohibido por el 22 constitucional; es decir, se controvierte el acuerdo de veinticuatro de junio de dos mil veintidós, emitido en el juicio laboral 1384/2016 del índice de la responsable, el cual no encuadra en las excepciones en comento; de ahí, que el plazo de la demanda no pueda ampliarse en los términos ahí previstos. En las narradas condiciones, es evidente que el juicio de amparo que promueve la parte quejosa, deviene improcedente al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, relacionado con los numerales 17 y 18 del propio ordenamiento legal; por tanto, debe desecharse de plano la demanda de amparo que nos ocupa. Autorizados. Por otro lado, téngase por autorizado(s) en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que menciona en su escrito de demanda en razón de la materia y por ser la parte trabajadora. Además, téngase como medio de notificación alterno el número telefónico que proporcionó en la demanda de amparo para tal efecto. Consulta de expediente electrónico y notificaciones electrónicas. Por otra parte, toda vez que, de una búsqueda en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se advierte que el usuario "GustavoPulido" se encuentra registrado; instrúyase a la Analista Jurídico de SISE, para que capture dicha autorización de manera correcta. En ese sentido, infórmese a la parte interesada que se encuentra en aptitud de consultar las actuaciones judiciales por medio de la página del Consejo de la Judicatura Federal, a través del usuario autorizado. De igual forma, con fundamento en los artículos 55 y 58 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, se autorizan las notificaciones vía electrónica al usuario antes citado sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 del referido acuerdo. Se exhorta al trámite electrónico. Por otra parte, de conformidad con el Capítulo V del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, Relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el virus COVID-19, se exhorta a las partes para que de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea, es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Lo anterior, en virtud de que en los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito, la presentación de demandas de amparo, recursos y promociones, así como la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas se realizarán a través de los sistemas tecnológicos del Consejo de la Judicatura Federal conforme a las disposiciones que estipula el capítulo segundo del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal y dado que el artículo 16 dispone lo siguiente: "Artículo 16. Para acceder a los servicios que se prestan en el Portal de Servicios en Línea será necesario que las personas interesadas cuenten con una firma electrónica emitida o reconocida por el PJF a través de la Unidad en términos de lo establecido en el último párrafo del artículo 14 del presente Acuerdo General y se registren en el sistema. Para registrarse en el Portal las personas usuarias deberán: (i) indicar su nombre, correo electrónico y CURP; (ii) crear un "Nombre de Usuario" y una "Contraseña"; y (iii) vincular su Firma Electrónica al registro respectivo. El registro de cada usuaria o usuario en el sistema es de carácter personal y en ningún caso una persona podrá hacerlo a nombre de otra." Se expone lo anterior, a efecto de que considere una vez realizado dicho trámite proporcione a este órgano jurisdiccional su usuario para otorgarle la autorización respectiva, en virtud de que dicho trámite es personalísimo. Además de solicitar la práctica de las notificaciones vía electrónica de las determinaciones judiciales que se emitan en el presente asunto. Autorización y habilitación al personal del Juzgado. Se autoriza a los secretarios para que firmen los oficios relativos al presente juicio de amparo. Con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita al actuario para que practique en horas y días inhábiles las notificaciones de carácter personal. Uso de medios electrónicos. Desde este momento, se autoriza el uso de medios electrónicos a todas las partes en el presente juicio de amparo para la reproducción de las constancias que integran el presente juicio de amparo y anexos, previa acreditación de la personalidad del solicitante y constancia que se deje en autos, siempre y cuando no se trate de actuaciones en sigilo. Transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales. Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, considerándose como información reservada la señalada en el artículo 13 de la Ley Federal en comento.
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