Celeste Ávila Arámburo

Expediente 204/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 14 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
204/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
14/03/2022

Partes del expediente

  • Celeste Ávila Arámburo

Actuaciones

  1. Principal

    Puebla, Puebla, catorce de marzo de dos mil veintidós. CAUSA ESTADO Vistos los autos y toda vez que de la certificación secretarial que antecede, se desprende que el auto veintiocho de febrero de dos mil veintidós por el que DESECHÓ la demanda de amparo no fue recurrido mediante el recurso de queja procedente en términos del artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el precepto 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, causa estado dicho auto. Anótese lo procedente en el libro de gobierno y archívese este asunto como totalmente concluido. DESTINO DEL EXPEDIENTE En razón de lo anterior, con fundamento en el artículo 6, fracción I, y, 21 inciso d), acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente expediente en que se actúa, es susceptible de destrucción, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, se proceda en términos del ante penúltimo párrafo del citado artículo 21. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del acuerdo general invocado y verifíquese que el expediente electrónico como el impreso coincida en totalidad. Notifíquese.

  2. Principal

    Puebla, Puebla, primero de marzo de dos mil veintidós. RADICACIÓN Vista la demanda de amparo promovida por Celeste Ávila Arámburo, contra los actos del Juez de Control de la Región Oriente con sede en Teziutlán, Puebla. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno correspondiente bajo el número 204/2022. DESECHAMIENTO Ahora bien, debe puntualizarse que el Juez de Distrito está constreñido al análisis de la demanda de amparo, tal como lo impone el artículo 113 de la Ley de Amparo: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En ese sentido se aprecia la quejosa reclama dilaciones procesales dentro de la causa penal 861/2016 por parte del Juez de Control de la Región Oriente con sede en Teziutlán, Puebla las que hace consistir en: La dilación de dar contestación a su solicitud de siete de enero de dos mil veintidós mediante la cual solicita se requiera a la autoridad de supervisión de medidas cautelares y de la suspensión condicional del proceso a fin de que la misma informe si el imputado Eulogio Ávila Aramburo ha dado cumplimiento a la medida cautelar impuesta. La dilación de proveer lo relativo a su solicitud de siete de enero del presente año consistente en dar vista a la representación social respecto de la desobediencia del acusado para exhibir garantía económica en relación a la medida cautelar impuesta. De igual manera la dilación respecto de dar contestación a su petición de dieciocho de enero de dos mil veintidós, consistente en la solicitud de audiencia de revisión de medidas cautelares, así como dar respuesta a la solicitud de copias para interponer el recurso de queja correspondiente; así como la petición de imposición de una multa a los defensores del imputado Eulogio Ávila Aramburo dentro de la causa penal 861/2016. Así también la dilación en dar contestación a la petición de veintidós de febrero del presente año consistente en la solicitud de audiencia intermedia dentro de la citada causa penal. Es decir, lo que se reclama en esta vía son diversas dilaciones por parte del juez responsable a fin de dar contestación a cada una de las peticiones solicitadas por la impetrante de amparo. Precisado lo anterior, debe puntualizarse que la ley procesal prevé un medio ordinario de impugnación a través del cual puede ser revocado o modificado. Por tanto, al no agotar el medio ordinario de impugnación antes de promover el juicio de amparo, se actualiza la causal prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. En efecto, en la fracción aludida se prevé la improcedencia del juicio de amparo contra las resoluciones de tribunales judiciales respecto de las cuales la ley ordinaria conceda algún recurso o medio de defensa, dentro de procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. En tal disposición legal se consagra el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, por virtud del cual se impone al gobernado la obligación de agotar los recursos o medios de defensa previstos en la ley, contra aquellas resoluciones judiciales que estima lesionan sus derechos, antes de acudir a un medio de defensa extraordinario, como es el juicio de amparo. En efecto, en los artículos 134, fracción IV y 135 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se prevé el deber de los jueces de atender a las solicitudes que les formulen los sujetos del proceso, así como la procedencia del recurso de queja contra del juzgador de primera instancia por no realizar un acto procesal dentro del plazo señalado en este código. Así mismo, que la queja será interpuesta ante el órgano jurisdiccional omiso; éste tiene un plazo de veinticuatro horas para subsanar dicha omisión, o bien, realizar un informe breve y conciso sobre las razones por las cuales no se ha verificado el acto procesal o la formalidad exigidos por la norma omitida y remitir el recurso y dicho informe al órgano jurisdiccional competente; el que lo tramitará y resolverá en un plazo no mayor de tres días. De ahí que el juicio de amparo resulte improcedente contra las dilaciónes que atribuye la parte quejosa al juez de control responsable, porque en la legislación procesal se establece un medio de impugnación, a través del cual puede ser subsanada la omisión que controvierte en esta vía constitucional, al Juez de Control de la Región Oriente con sede en Teziutlán, Puebla, deducida de la causa penal 861/2016. Es aplicable en lo conducente y por las razones que la integran, la siguiente jurisprudencia, cuyos datos de identificación se transcriben a continuación: Novena Época, Registro: 187016 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XV, Mayo de 2002, Materia(s): Común, Tesis: I.6o.C. J/37, Página: 902. "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado, cumplir o no, con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Bajo esa tesitura, resulta improcedente la demanda que se pretende contra la mencionada omisión, y por ello procede desecharla con apoyo en lo establecido en los artículos 113 y 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese este asunto como totalmente concluido. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como autorizados a Alfredo Hiram González Reyes, Tomas Eduardo Díaz Fuentes, María Susana Herrera Berra, José Oswaldo Armenta Nava, María Fernanda Portela Hernández, Raúl Roldan Caballero y Andrea Estefanía Salazar León, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, no así a los diversos mencionados, por no tener estar debidamente registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales. ACCESO A EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS Como lo solicita la promoverte, y con fundamento en el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, se autoriza que las notificaciones que se generen con la tramitación del presente juicio de amparo y la consulta del expediente de manera electrónica , se realicen a través del usuario 2914446 por tanto, con fundamento en los artículos 77 y 78 del Acuerdo General Conjunto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , que regula los Servicios relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centro de Justicia Penal, se comisiona a la analista Jurídico SISE adscrita a este Juzgado Federal para que previo cercioramiento del usuario proporcionado proceda a realizar la autorización correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por otro lado, con relación al diverso domicilio al que hace referencia en su escrito de demanda, hágase de su conocimiento que el mismo se tiene por señalado únicamente en el caso de que el usuario proporcionado sea incorrecto. COMUNICACIONES PROCESALES Respecto al señalamiento del número telefónico y correo electrónico, que proporciona en su escrito de demanda, en términos del artículo 5, fracción I del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se tiene únicamente señalado para realizar comunicaciones no procesales, no así para que se realicen las notificaciones derivadas de este juicio de amparo. FORMA DE NOTIFICACIÓN Así, en atención a que en términos del ACUERDO GENERAL 21/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, la nueva estrategia de inmediata digitalización de las constancias en los asuntos nuevos que se promuevan físicamente, la apertura total del juicio en línea a todas las materias e instancias en los asuntos competencia de los órganos a cargo del Consejo, y la necesidad de que la mayor parte del personal jurisdiccional continúe trabajando de manera remota, hacen necesaria y a la vez idónea la continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional. Así también, se instruye al actuario encargado de practicar alguna notificación personal derivada del presente asunto para que la desahogue en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, ello con el fin de resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, como lo ordena el artículo 17 constitucional; para los casos en los que en el presente juicio de amparo se deban realizar notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a las partes y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, en términos de los artículos 21, párrafo tercero y 26, fracción I, ambos de la ley de la materia, previa razón que se asiente por el actuario, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para efectuarlas, haciendo de su conocimiento que en caso de no poder llevar a cabo cualquiera de las notificaciones encomendadas al día siguiente del auto en que se ordene la misma, éste deberá asentar todas y cada una de las razones que justifiquen la dilación en su diligenciación. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Finalmente en conformidad con los preceptos 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 11, fracción VI, 16 y 68, éste último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que este órgano al emitir la sentencia respectiva y con el objeto de respetar el derecho humano de acceso a la información elaborará la versión pública, protegiendo aquella considerada legalmente como confidencial o reservada. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa a través del usuario proporcionado.

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