Celerino Bernardino Hernández
Expediente 1166/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 21 actuaciones registradas, la última del 10 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1166/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 21
- Última actuación
- 10/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Celerino Bernardino Hernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 21.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diez de enero de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio señalado en la cuenta para que surta sus efectos legales correspondientes, por medio del cual la secretaria de acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito informa que mediante proveído de cinco del mes y año en curso, ese Tribunal admitió el recurso de revisión que la tercera interesada Agente del Ministerio Público adscrita a la Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, interpuso en contra de la sentencia de veintinueve de noviembre de dos mil veintidós dictada en este juicio. De lo anterior se toma conocimiento para los efectos legales correspondientes y se está a la espera de la resolución que al efecto emita el Tribunal Colegiado NOTIFÍQUESE.
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San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siete de diciembre de dos mil veintidós. Agréguese el escrito señalado en la cuenta; en relación a su contenido, se provee: Se tiene a la la tercera interesada Agente del Ministerio Público adscrita a la Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, interponiendo recurso de revisión contra la sentencia dictada en este asunto. Por tanto, con fundamento en los artículos 80, 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, distribúyase entre las partes copia del escrito por el cual se interpone recurso de revisión contra el fallo emitido en este juicio de amparo y dentro del plazo de tres días, contados a partir del día siguiente al que se integre debidamente el expediente, remítase el original y copia del escrito de agravios, el cuaderno principal y el medio de convicción aportado por la autoridad responsable, al Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, en turno. Fórmese cuaderno de antecedentes con las constancias más relevantes del trámite de este asunto, sin que sea necesario deducir más constancias, puesto que este juicio se encuentra integrado para su consulta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), como lo dispone el artículo 3º de la Ley de Amparo; por lo que de ser necesario, su consulta se hará por ese medio. Notifíquese personalmente.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siete de diciembre de dos mil veintidós. Agréguese el escrito señalado en la cuenta; en relación a su contenido, se provee: Se tiene a la la tercera interesada Agente del Ministerio Público adscrita a la Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, interponiendo recurso de revisión contra la sentencia dictada en este asunto. Por tanto, con fundamento en los artículos 80, 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, distribúyase entre las partes copia del escrito por el cual se interpone recurso de revisión contra el fallo emitido en este juicio de amparo y dentro del plazo de tres días, contados a partir del día siguiente al que se integre debidamente el expediente, remítase el original y copia del escrito de agravios, el cuaderno principal y el medio de convicción aportado por la autoridad responsable, al Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, en turno. Fórmese cuaderno de antecedentes con las constancias más relevantes del trámite de este asunto, sin que sea necesario deducir más constancias, puesto que este juicio se encuentra integrado para su consulta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), como lo dispone el artículo 3º de la Ley de Amparo; por lo que de ser necesario, su consulta se hará por ese medio. Notifíquese personalmente. (SE NOTIFICO POR LISTA AL QUEJOSO)
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".S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 1166/2022, promovido por ***, por propio derecho, en contra de actos de la Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, con sede en Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec y otra autoridad. El problema jurídico en el presente asunto consiste en analizar, en caso de que se reúnan los requisitos procesales correspondientes, si la parte quejosa logra desvirtuar las consideraciones de la sala responsable, para emitir la resolución de diecinueve de septiembre de dos mil veintidós, en el toca penal ***, la cual revocó el auto de no vinculación a proceso emitido en la causa penal *** del índice del Juzgado de Control del Circuito Judicial de la Mixteca, sede Putla Villa de Guerrero, Oaxaca y determinó vincular a proceso a ***, por su probable participación en la comisión de los hechos que la ley señala como el delito de violencia familiar y lesiones calificadas con ventaja, cometido en agravio de *** I. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO 1. ***, depositó un escrito el diez de octubre de dos mil veintidós, ante el buzón judicial de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, mediante el cual solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de las autoridades y por los actos que más adelante se precisarán. 2. La parte quejosa señaló como derechos fundamentales violados los contenidos en los artículos 14, 16, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes del acto reclamado y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. 3. La demanda de amparo se turnó a este Juzgado Federal la cual se registró bajo el consecutivo 1166/2022. En proveído de trece de octubre de dos mil veintidós se admitió a trámite; se solicitó informe justificado a las autoridades responsables; se otorgó intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a ese juzgado; se ordenó emplazar a la parte tercero interesada; y, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. 4. Audiencia Constitucional que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. II. COMPETENCIA 5. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de los artículos 107, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción V de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto en el que se discute la legalidad de un acto emitido por una autoridad de la jurisdicción del propio juzgado. III. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO 6. El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. 7. Dicha obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha dicho que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; y que cuando ello resulta insuficiente, los juzgadores de amparo deben armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. 8. Así lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada P. VI/2004, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". 9. En el caso, el contenido integral de la demanda de amparo permite sostener que la parte quejosa reclama lo siguiente: i) De la Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, con sede en Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec. La resolución de diecinueve de septiembre de dos mil veintidós, dictada en el toca penal ***, la cual revocó el auto de no vinculación a proceso emitido en la causa penal *** del índice del Juzgado de Control del Circuito Judicial de la Mixteca, sede Putla Villa de Guerrero, Oaxaca y determinó vincular a proceso a Celerino Bernardino Hernández, por su probable participación en la comisión de los hechos que la ley señala como el delito de violencia familiar y lesiones calificadas con ventaja, cometido en agravio de ***. ii) Del Juez de Control del Circuito Judicial de la Mixteca, sede Putla Villa de Guerrero, Oaxaca. La ejecución de la resolución del tribunal de alzada. IV. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS 10. El Magistrado Presidente de la Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, con sede en Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec y el Juez de Control del Circuito Judicial de la Mixteca, sede Putla Villa de Guerrero, Oaxaca, al rendir su informe justificado, reconocieron la existencia del acto que se les atribuye. 11. Esa confesión se estiman suficiente para tener por acreditada la certeza o existencia de la determinación reclamada. 12. Por tanto, se le tiene como plenamente probado en términos de la Tesis Jurisprudencial número 305, que sustentó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su anterior integración, visible en la foja 206 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, de rubro y texto siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO... 13. Lo que se corroboró con el original del toca penal ***, que acompañó la sala responsable en apoyo a su informe de ley, así como los discos versátiles (DVD), relativos al registro en audio y video de diversas audiencias llevadas dentro de la causa penal ***; medios de prueba que adquieren valor probatorio pleno, al tenor de los normativos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2. 14. Cobra aplicación en tal supuesto, la tesis de jurisprudencia número 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, del tenor siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO... 15. Así como la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), visible en la página 703, Libro XXIII, Agosto de 2013, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor siguiente: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL... V. LEGITIMACIÓN 16. ***, se encuentra legitimado para promover el presente juicio de amparo, en términos del numeral 6 de la Ley de Amparo, al revestirle el carácter de imputado en la causa penal de origen y con la resolución que combate, a su decir se deja en estado de indefensión, ya que la obliga a seguir un proceso penal en su contra, por un ilícito que refieren no cometió. Por consiguiente, tiene legitimación para controvertir la resolución de segunda instancia en sede Constitucional. VI. OPORTUNIDAD 17. Del original del toca penal *** que acompañó la sala responsable en apoyo a su informe de ley, se advierte que el actuario correspondiente notificó al imputado mediante lista de acuerdos el veintidós de septiembre de dos mil veintidós. 18. Bien, debe tenerse en cuenta lo dispuesto en los numerales 82, fracción II, 83 y 87 del Código Nacional de Procedimientos Penales, del tenor siguiente: "CAPÍTULO V NOTIFICACIONES Y CITACIONES Artículo 82. Formas de notificación Las notificaciones se practicarán personalmente, por lista, estrado o boletín judicial según corresponda y por edictos: I. Personalmente podrán ser: II. Lista, Estrado o Boletín Judicial según corresponda, y [.]" Las notificaciones previstas en la fracción I de este artículo surtirán efectos al día siguiente en que hubieren sido practicadas y las efectuadas en las fracciones II y III surtirán efectos el día siguiente de su publicación." Énfasis propio 19. Así, la notificación realizada por lista surtirá efecto al día siguiente de su publicación. 20. En el caso concreto surtió efectos el veintitrés de septiembre de dos mil veintidós; por ende, el plazo de los quince días para presentar la demanda de amparo transcurrió del veintiséis de septiembre al diecisiete de octubre del año en curso. 21. Se descuentan los días uno, dos, ocho, nueve, doce, quince y dieciséis de octubre de dos mil veintidós, por ser sábado, domingos e inhábiles en términos del numeral 19 de la Ley de Amparo. 22. Por ende, si la demanda de amparo se depositó en el buzón judicial el diez de octubre de dos mil veintidós, se considera que la demanda de amparo es oportuna. VII. PROCEDENCIA 23. En el presente asunto no se advierte la actualización de ninguna causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61 de la Ley de Amparo. Tampoco se advierte la concurrencia de alguna de las causales de sobreseimiento previstas en el diverso artículo 63 de la misma ley reglamentaria que obliguen a dar por concluido el juicio sin hacer una declaratoria sobre el acto reclamado, por lo que, a consideración de este juzgador, el amparo es procedente en términos del artículo 107, fracción V, del citado ordenamiento legal. VIII. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN 24. Los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa se tienen por reproducidos en este considerando en obvio de repeticiones innecesarias; por no ordenar su transcripción precepto legal alguno, y no disponerlo así el artículo 74 de la Ley de Amparo, además de que con ello no se afectan las defensas de las partes. 25. Apoya la reflexión anterior, la Jurisprudencia de la Novena Época, registro: 164618, Instancia: Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Tesis: 2a./J. 58/2010, página: 830, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN... IX. ESTUDIO DEL ASUNTO 26. Los conceptos de violación que invoca la parte quejosa (imputado) son sustancialmente fundados, aunque para arribar a esa conclusión tenga que suplirse la deficiencia de la queja, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. 27. Lo anterior, es así, porque este órgano de amparo advierte una violación procesal cometida por la autoridad responsable, Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, con sede en Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, durante el trámite del recurso de apelación que culminó con la resolución de diecinueve de septiembre de dos mil veintidós, dictada en el toca penal ***, en la cual revoca el auto de no vinculación primigenio, lo cual perjudica los derechos humanos de legalidad, seguridad jurídica y debido proceso de la parte quejosa, contenidos en los artículos 14 segundo párrafo y 17 segundo párrafo, ambos de la Constitución Federal. 28. Se explica. 29. Es necesario poner de relieve, que la resolución combatida trastoca los artículos 16, 17 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, lo que incide en que se conceda el amparo y la protección de la Justicia de la Unión al quejoso. 30. Para desarrollar los razonamientos jurídicos que este órgano de control de constitucionalidad estima pertinentes y obligatorios para resolver el presente juicio constitucional, se reproduce el contenido de los citados preceptos a continuación. "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo. Artículo 17. [.] Las sentencias que pongan fin a los procedimientos orales deberán ser explicadas en audiencia pública previa citación de las partes." Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. C. De los derechos de la víctima o del ofendido: II. Coadyuvar con el Ministerio Público; a que se le reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuente, tanto en la investigación como en el proceso, a que se desahoguen las diligencias correspondientes, y a intervenir en el juicio e interponer los recursos en los términos que prevea la ley. Artículo 14.1 Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en la substanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil. La prensa y el público podrán ser excluidos de la totalidad o parte de los juicios por consideraciones de moral, orden público o seguridad nacional en una sociedad democrática, o cuando lo exija el interés de la vida privada de las partes o, en la medida estrictamente necesaria en opinión del tribunal, cuando por circunstancias especiales del asunto la publicidad pudiera perjudicar a los intereses de la justicia; pero toda sentencia en materia penal o contenciosa será pública, excepto en los casos en que el interés de menores de edad exija lo contrario, o en las acusaciones referentes a pleitos matrimoniales o a la tutela de menores." 31. Los parámetros normativos que se desprenden de los preceptos transcritos, permiten establecer que, como derecho humano de orden constitucional reconocido a favor de las personas intervinientes en procedimientos orales, esa norma implica que la autoridad encargada de pronunciar una resolución en un procedimiento de esa naturaleza, de manera indefectible y en audiencia pública con previa citación de las partes, proceda a explicar la sentencia, esto es, tiene la carga y el deber de explicar su resolución a las personas intervinientes, de manera verbal, clara y concisa para hacerla comprensible, particularmente a las personas con interés en el sentido de la decisión final del asunto de que se trate. 32. Lo que es acorde con lo convencionalmente previsto en el precepto 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en cuya parte conducente dispone que toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella. 33. Adicionalmente, se debe mencionar que la reforma constitucional de dieciocho de junio de dos mil ocho, tuvo como uno de sus principales objetivos incorporar en la Constitución, las bases del debido proceso legal y el mandato para crear juicios orales en México, tanto en el ámbito federal como local. 34. La modificación al artículo 20 constitucional, concretizó la reforma, pues en éste se establecieron las directrices del proceso penal en el sentido de que es de corte acusatorio, adversarial y oral, como sus principales características; asimismo, que debe desarrollarse bajo los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, en aras de cumplir con su objeto, a saber, el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen. 35. Aunque no es propiamente un principio, la oralidad es el medio que permite poner en marcha los principios rectores del sistema acusatorio; aumenta la transparencia, pues la persona a quien se juzga tiene la posibilidad de observar el trabajo de su defensor, advertir las fallas de los sujetos procesales y percatarse cuando existen órganos íntegros, honestos y honorables. 36. Entonces, es un instrumento que permite actualizar y dar eficacia a los otros principios, de manera que se le define como el medio más apto para preservar la consecución de los fines del proceso, entre otros, la inmediación y la publicidad, al permitir que el Juez y las partes, incluso el público en general, perciban cómo se desarrolla dicho proceso. 37. Así, la oralidad es la característica primordial de todas las actuaciones en las que deban intervenir los sujetos procesales, tomando en cuenta que el sistema penal acusatorio se desarrolla en un sistema de audiencias y no con una metodología preponderantemente escrita. 38. De igual forma, denota que la regla para la realización de los actos procesales es el empleo del medio de comunicación verbal, con la salvedad de que la norma adjetiva autorice que determinados actos se generen también de manera escrita, como la acusación. 39. Entonces, la oralidad es la herramienta a través de la cual debe desarrollarse el proceso, la que cobra actualización tanto en las audiencias preliminares como en las de juicio. 40. Para efectos del proceso penal, estriba en que las partes, de viva voz, expongan al juzgador sus pretensiones, argumentaciones y pruebas en el desarrollo del proceso. 41. Luego, la referida reforma constitucional regula, bajo la nueva lógica del proceso penal acusatorio y oral, el dictado de las resoluciones del juicio. 42. En términos generales, la oralidad como herramienta a través de la cual debe desarrollarse el proceso penal se actualiza tanto en las audiencias preliminares como en las de juicio; por tanto, bajo ese modelo de procedimiento, el juzgador debe emitir de forma oral sus determinaciones en la audiencia, a fin de transparentar el proceso y garantizar sus principios. 43. En otras palabras, el Juez de control, el Tribunal de Enjuiciamiento, así como los Tribunales de Segunda Instancia, deben emitir en las audiencias las resoluciones respectivas, pues en ellas expresarán el fundamento legal y las razones por las que condenó o absolvió al imputado, o bien, aquéllas que los conllevaron a dictar en tal o cual sentido alguna determinación relacionada con la situación jurídica del peticionario. 44. Lo que no sólo implica expresar los preceptos legales aplicables al caso, así como las razones, motivos y circunstancias que permitieron emitir la decisión, sino también efectuar la relatoría de las pruebas y su valoración para arribar a la conclusión de que se ha cometido un delito y que el imputado lo cometió o participó en su comisión, o bien, que existen los datos suficientes para considerar la existencia de un hecho que la ley señala como delito, y que el imputado probablemente participó en su comisión; pues sólo así se generará certeza y seguridad jurídica al imputado, de que conozca plenamente el fundamento legal y las razones por las que el juzgador decidió en el sentido que lo hace. 45. Así, es en la audiencia en que se emite la resolución respectiva, donde debe cumplirse con la fundamentación y motivación, al margen de que ello se plasme también por escrito, pues lo relevante estriba en que se precise de forma oral, cuando el Juez o Tribunal emite la resolución respectiva, salvaguardando el principio de legalidad previsto en el artículo 16 constitucional, para que el gobernado conozca las razones y el fundamento legal por el que se le compele en sentido jurídico, generándosele seguridad jurídica, esto es, conocimiento libre de dudas acerca del contenido de las resoluciones que incidirán en su esfera jurídica para, en su caso, combatir la arbitrariedad o ilegalidad de la actuación de dichas autoridades. 46. Tratándose de los juicios de corte acusatorio, en la videograbación debe constar de manera íntegra y fidedigna el desarrollo de las audiencias, pues constituye una herramienta que ofrecen las nuevas tecnologías, desde los sistemas de grabación audiovisual, para la más fiel documentación de los actos orales. 47. La videograbación de las audiencias orales, desahogadas en el contexto de un sistema de enjuiciamiento de tipo acusatorio, contenidas en archivos informáticos almacenados en un soporte material como el disco versátil digital, constituye una importante estrategia instrumental que busca garantizar la legalidad y transparencia en el desarrollo de cada una de las etapas del proceso. 48. Por tanto, el registro electrónico de dicha actividad jurisdiccional garantiza la efectiva aplicación de la justicia a través de la tecnología, almacenada en "documentos electrónicos", entendido como el conjunto de diligencias, trámites y documentos ordenados que forman parte de un procedimiento judicial. 49. Las anteriores consideraciones, en lo aplicable al recurso de apelación en el proceso penal acusatorio, permiten concluir que el dictado de la resolución respectiva debe realizarse, precisamente, en la audiencia respectiva. 50. Lo anterior es así, porque además de lo previsto en los artículos 16 y 20 constitucionales, en lo atinente a los principios de legalidad y de oralidad e inmediación que rigen el juicio penal de corte adversarial, los diversos 4°, 52, primer párrafo, 61 y 67, fracción VII, del Código Nacional de Procedimientos Penales establecen lo que se trascribe en los siguientes términos: "Artículo 4°. Características y principios rectores. El proceso penal será acusatorio y oral, en él se observarán los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación y aquellos previstos en la Constitución, tratados y demás leyes. Este código y la legislación aplicable establecerán las excepciones a los principios antes señalados, de conformidad con lo previsto en la Constitución. En todo momento, las autoridades deberán respetar y proteger tanto la dignidad de la víctima como la dignidad del imputado. Artículo 52. Disposiciones comunes. Los actos procedimentales que deban ser resueltos por el órgano jurisdiccional se llevarán a cabo mediante audiencias, salvo los casos de excepción que prevea este código. Las cuestiones debatidas en una audiencia deberán ser resueltas en ella. Artículo 61. Registro de las audiencias. Todas las audiencias previstas en este código serán registradas por cualquier medio tecnológico que tenga a su disposición el órgano jurisdiccional. La grabación o reproducción de imágenes o sonidos se considerará como parte de las actuaciones y registros y se conservarán en resguardo del Poder Judicial para efectos del conocimiento de otros órganos distintos que conozcan del mismo procedimiento y de las partes, garantizando siempre su conservación. Artículo 67. Resoluciones judiciales. La autoridad judicial pronunciará sus resoluciones en forma de sentencias y autos. Dictará sentencia para decidir en definitiva y poner término al procedimiento y autos en todos los demás casos. Las resoluciones judiciales deberán mencionar a la autoridad que resuelve, el lugar y la fecha en que se dictaron y demás requisitos que este código prevea para cada caso. Los autos y resoluciones del órgano jurisdiccional serán emitidos oralmente y surtirán sus efectos a más tardar al día siguiente. Deberán constar por escrito, después de su emisión oral, los siguientes: VII. Las que versen sobre sentencias definitivas de los procesos especiales y de juicio; En ningún caso, la resolución escrita deberá exceder el alcance de la emitida oralmente, surtirá sus efectos inmediatamente y deberá dictarse de forma inmediata a su emisión en forma oral, sin exceder de veinticuatro horas, salvo disposición que establezca otro plazo. Las resoluciones de los Tribunales Colegiados se tomarán por mayoría de votos. En el caso de que un Juez o Magistrado no esté de acuerdo con la decisión adoptada por la mayoría, deberá emitir su voto particular y podrá hacerlo en la propia audiencia, expresando sucintamente su opinión y deberá formular dentro de los tres días siguientes la versión escrita de su voto para ser integrado al fallo mayoritario." 51. De lo trascrito deriva que, entre las características del proceso penal, se encuentra que será oral y que los actos procedimentales que deban ser resueltos por el órgano jurisdiccional (entendido como el Juez de Control, Tribunal de Enjuiciamiento, pero también el Tribunal de Alzada), se llevarán a cabo mediante audiencias, salvo los casos de excepción que prevea este código. 52. Asimismo, que los actos procedimentales que deban ser resueltos por el órgano jurisdiccional (en sentido amplio) se llevarán a cabo mediante audiencias, salvo los casos de excepción previstos en la legislación en análisis, de tal suerte que las cuestiones debatidas en una audiencia, deberán ser resueltas en ella. 53. De manera destacada, se aprecia que la legislación en consulta establece que todas las audiencias ahí previstas serán registradas por cualquier medio tecnológico que tenga a su disposición el órgano jurisdiccional, y que la grabación o reproducción de imágenes o sonidos se considerará como parte de las actuaciones y registros, conservándose en resguardo para efectos del conocimiento de otros órganos distintos que conozcan del mismo procedimiento y de las partes. 54. En ese sentido, también se establece en los preceptos trascritos que las resoluciones del órgano jurisdiccional serán emitidas oralmente y surtirán sus efectos a más tardar al día siguiente y que entre los que deben constar por escrito, después de su emisión oral, se encuentran las sentencias definitivas. 55. Que en ningún caso, la resolución escrita deberá exceder el alcance de la emitida oralmente; surtirá sus efectos inmediatamente y deberá dictarse de forma inmediata a su emisión en forma oral. 56. De esa forma, en los juicios penales de corte acusatorio (incluyendo la resolución del recurso de apelación), las resoluciones deben dictarse oralmente en una audiencia, con expresión de los motivos y fundamentos que la sustentan; actuación que, en los términos referidos, deberá documentarse en la videograbación y en el escrito respectivos, pues existe una clara preeminencia del principio de la oralidad, tanto para el desarrollo de las actuaciones procesales como para la toma de decisiones por parte del Juez o tribunal de enjuiciamiento. 57. Ahora, tenemos que el fallo que resuelve un recurso de apelación, previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales, es un mecanismo de segunda instancia, que sirve de margen para la revisión de una decisión tomada en el marco del proceso, mediante el cual se satisface el derecho de recurrir una determinación ante una instancia superior, en respeto al debido proceso, como un aspecto del derecho fundamental de tutela judicial efectiva, contenido en el artículo 17 constitucional. 58. Cierto, la apelación como recurso en el sistema procesal penal acusatorio, adversarial y oral, se encuentra regulado en el título XII, capítulo I y II, sección II, apartados I y II, del Código Nacional de Procedimientos Penales , y de los artículos que lo prevén fundamentalmente y para lo que al caso destaca, que las resoluciones judiciales, orales o escritas podrán ser recurridas, por quien tenga expresamente otorgado el derecho y pueda verse afectado por la resolución, solo por los medios y en los casos expresamente establecidos en el mismo ordenamiento. 59. El órgano jurisdiccional ante el cual se haga valer el recurso dará trámite al mismo y corresponderá al Tribunal de alzada competente para resolverlo, su admisión o desechamiento, y sólo podrá pronunciarse sobre los agravios expresados por el recurrente. 60. El recurso de apelación se interpondrá ante el juez que dictó la resolución, dentro de los tres días siguientes a la notificación de la resolución impugnada, mediante escrito en el que se precisarán las disposiciones violadas y los motivos de agravio correspondientes. 61. Al interponer el recurso, al contestarlo o al adherirse a él, los interesados podrán manifestar en su escrito su deseo de exponer oralmente alegatos aclaratorios sobre los agravios ante el Tribunal de alzada. 62. Recibidos los registros correspondientes del recurso de apelación, el Tribunal de segunda instancia se pronunciará de plano sobre su admisión, según lo ordena taxativamente el numeral 475 del ordenamiento legal en comento , sin mayor trámite. 63. Si alguno de los interesados manifiesta en su escrito su deseo de exponer oralmente alegatos aclaratorios sobre los agravios, o bien cuando el Tribunal de alzada lo estime pertinente, decretará lugar y fecha para la celebración de la audiencia. 64. En este caso, el Tribunal de alzada, citará a las partes para que expongan oralmente sus alegatos aclaratorios sobre agravios; abierta la audiencia relativa a los alegatos aclaratorios, se concederá la palabra al recurrente para que haga su exposición; sin embargo, no puede plantear nuevos conceptos de agravio; asimismo, en esa audiencia el Tribunal podrá solicitar aclaraciones sobre las cuestiones planteadas en los escritos de agravios presentados. 65. De igual forma, tenemos que del contenido del artículo 476 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que en el recurso de apelación en el sistema penal acusatorio existen dos momentos para celebrar la audiencia de alegatos aclaratorios de agravios, que puede ser dentro: a) De cinco y quince días de que fenezca el plazo para la adhesión; o b) De los cinco días después de admitido el recurso principal; 66. Pero, con independencia de que existe la posibilidad para las partes intervinientes de solicitar una audiencia de aclaración de agravios, conforme a una interpretación armónica de dicho precepto, con los diversos 4°, 52, 58 al 63, 67, 477 y 478 del propio código, en esa diligencia o en una posterior que dirima el recurso de apelación, el tribunal de alzada tendrá que emitir su resolución en forma oral, en la que exponga los sustentos jurídicos y consideraciones en las que fundamente su decisión judicial. 67. Así, puede sostenerse que existen dos tipos de audiencias, la de aclaración de agravios o alegatos aclaratorios y la de fondo, sin perjuicio de que en la primera el tribunal de alzada pueda resolver de plano el fondo del asunto. 68. Ello se considera así, dado que, de conformidad con el citado artículo 478, del Código Nacional de Procedimientos Penales, las sentencias que resuelvan algún recurso de apelación pueden ser dictadas en dos momentos: i) De plano en esa misma audiencia, una vez escuchadas a las partes; o, ii) b) Por escrito dentro de los tres días siguientes a la celebración de la misma. 69. Sin que este segundo supuesto identificado con el inciso ii), pueda llevar al extremo de exentar al Tribunal de Apelación a no celebrar una audiencia, pues del texto integral del numeral 478, se advierte que en las dos hipótesis se debe desahogar una audiencia, aun cuando solo en apariencia la resolución pueda dictarse en forma escrita, porque de una interpretación sistemática realizada a los ordinales 4°, 5°, 63 y 67, del Código Único Procesal Nacional se aprecia que todas las resoluciones que emitan los órganos jurisdiccionales -hecha excepción de las que expresamente señala el Código Nacional y en las que no se ubica este supuesto-, deben ser dictadas en forma oral, en las que se deben expresar los fundamentos y motivaciones que les dan sustento, pues el ordenamiento procesal en cuestión, entre otras cuestiones, dispone que las notificaciones de las decisiones judiciales adoptadas en las audiencias se tendrán por hechas formalmente a quienes estaban obligados a asistir (artículo 63 del Código Nacional de Procedimientos Penales), es inconcuso que las partes debían estar presentes; de ello da cuenta el contenido del numeral 57 , del mencionado ordenamiento procesal. 70. La disposición en cuestión, resulta aplicable a la segunda instancia en la que se substancia la apelación, porque se encuentra ubicado en el Capítulo II, inherente a las disposiciones de las audiencias en general contempladas en el Código Nacional de Procedimientos Penales; aunado a que el título referente a los recursos que contempla dicho ordenamiento no tiene una disposición específica para el desarrollo de las audiencias en alzada; de ahí que le resulten aplicables las disposiciones comunes antes aludidas. 71. En ese orden de ideas, los dos supuestos que refiere el ordinal 478 , para resolver el recurso de apelación, representan únicamente momentos temporales diferenciados para emitir una sentencia sobre dicho medio de impugnación, y no formas distintas para su dictado. 72. Así, esta última parte, no significa que el fin teleológico del creador de la norma haya sido exentar al Tribunal de Apelación de celebrar una audiencia para resolver al asunto, cuando todos los numerales examinados expresan la idea de dirimir controversias a través de audiencias públicas, y con la asistencia de las partes, sino que debe interpretarse en el sentido de que el plazo para la emisión de la versión escrita es el de tres días de celebrada la audiencia correspondiente, en la que se debe expresar los fundamentos y motivaciones que le den sustento lógico jurídico a la decisión adoptada por el tribunal. 73. Todo lo antes expuesto encuentra sustento en la jurisprudencia II.2o.P. J/12 (10a.), publicada en la página 2004 del Libro 59, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, octubre de 2018, Décima Época, Materia Penal, con número de registro 2018037, que establece: "APELACIÓN EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. EL ARTÍCULO 476 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES NO FACULTA A LAS PARTES NI AL TRIBUNAL DE ALZADA PARA QUE DECIDAN SI SE CELEBRA O NO UNA AUDIENCIA EN LA QUE SE RESUELVA DICHO RECURSO, PUES EL DICTADO DE LA SENTENCIA RESPECTIVA DEBE REALIZARSE EN FORMA ORAL Y EN LA AUDIENCIA CORRESPONDIENTE (INTERPRETACIÓN ARMÓNICA DE DICHO PRECEPTO, CON LOS DIVERSOS 4, 52, 58 A 63, 67, 477 Y 478 DEL PROPIO CÓDIGO)... 74. Ahora bien, con las constancias que obran en autos, está demostrado que: El siete de julio de dos mil veintiuno, el juez de control responsable, dictó auto de no vinculación a proceso en los autos del proceso penal ***, instruido en contra de Celerino Bernardino Hernández, por su probable comisión de los hechos que la ley señala como el delito de violencia familiar y lesiones calificadas con ventaja, cometido en agravio de ***. Inconforme con dicha determinación la Agente del Ministerio Público interpuso recurso de apelación contra el auto de no vinculación a proceso, el cual una vez integrado se envió a la Sala responsable para su substanciación. Posteriormente, los integrantes de la sala responsable, el diecinueve de septiembre de dos mil veintidós, previa admisión del citado medio de defensa revocaron el auto de no vinculación a proceso emitido en la causa penal *** del índice del Juzgado de Control del Circuito Judicial de la Mixteca, sede Putla Villa de Guerrero, Oaxaca y vincularon a proceso a ***, por su probable participación en la comisión de los hechos que la ley señala como el delito de violencia familiar y lesiones calificadas con ventaja, cometido en agravio de ***. 75. De ahí que, de los registros procesales, se advierte la violación procesal anunciada con anterioridad, pues el Ad quem decidió no celebrar la audiencia para exponer oralmente alegatos aclaratorios, puesto que siguiendo con el uso de la suplencia de la queja, se colige que de una interpretación armónica del artículo 476 del Código Nacional de Procedimientos Penales en relación con los numerales 4, 52, 58 al 63, 67, 477 y 478 de la propia legislación procesal, permite concluir que en la audiencia de alegatos (o en una posterior que dirima el recurso de apelación) el tribunal de alzada debe emitir su resolución de forma oral. 76. Y en el caso, la responsable al momento de proveer respecto del medio de impugnación interpuesto, el tribunal de alzada puntualizó que debido a que las partes no solicitaron ser escuchadas en audiencia, tomando únicamente lo establecido en el artículo 476, del Código Nacional de Procedimientos Penales, no estimó pertinente la celebración de la audiencia, procediendo a dictar, la sentencia en forma escrita y sin celebrar la audiencia pública en donde fuera explicada dicha resolución. 77. De lo antes expuesto, se torna palmario que la resolución combatida a través del presente juicio, resulta inconstitucional e inconvencional, toda vez que en la especie, el Tribunal de Alzada responsable, no señaló ni mucho menos desahogó la audiencia respectiva para emitir la resolución concerniente, sino que únicamente se limitó a expresarla por escrito y no de manera oral, de ahí que el artículo 476 invocado, no puede constituir o representar una facultad conferida a las partes ni al tribunal de alzada para que se celebre o no una audiencia en la que se resuelva la apelación, sino que esa prerrogativa únicamente se ciñe a la expresión en audiencia de alegatos aclaratorios, no para decidir si se dicta sentencia en forma oral o por escrito. 78. Porque de interpretarlo así, las formalidades esenciales inherentes al debido proceso, al menos en segunda instancia, quedarían a merced de las partes, cuando las disposiciones adjetivas del código referido "son de orden público y de observancia general en toda la República Mexicana", según lo establece su artículo 1o. 79. En esa virtud, puede sostenerse que existen dos tipos de audiencias, la de aclaración de agravios o alegatos aclaratorios y la de fondo, sin perjuicio de que en la primera el tribunal de alzada pueda resolver de plano el fondo del asunto, como ya se explicó; luego, si en el particular, para resolver el recurso de apelación, no se celebró ninguna audiencia pública, se concluye que se violaron los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que resguardan el debido proceso. 80. En el particular, no se celebró audiencia pública alguna, por lo que se concluye que se vulneraron los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14, 16, 17 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que resguardan la seguridad jurídica y los derechos fundamentales de las partes en el proceso penal. 81. En efecto, como se explicó en párrafos anteriores, la sentencia que se dicta en apelación en un proceso oral como el que nos ocupa, necesaria e indispensablemente debe cumplir con dos requisitos que en la especie fueron soslayados, a saber: i) No fue emitida de manera oral en audiencia, y; ii) Menos aún fue explicado a las partes su contenido y alcances. 82. Conviene reiterar, que la celebración de la audiencia a efecto de verificar lo anterior, no se trata de un capricho del legislador como un rito ceremonioso sin sentido, sino como un verdadero mecanismo protector de legalidad de los juicios instados por las partes, en especial, los juicios del sistema acusatorio, adversarial y oral, en los que a su vez, se hace patente la observancia a los principios fundamentales que constituyen sus ejes estructurales (oralidad, inmediación y publicidad). 83. De esta forma, se puede concluir que la celebración de la audiencia atinente para los propósitos apuntados con antelación, no constituye una opción disyuntiva para el Tribunal de Alzada responsable a fin de que esta pueda determinar si resulta conveniente o no su verificación, o condicionar su celebración a la interpretación aislada que se pueda efectuar a partir de los artículos 476, 477 y 478 del Código Nacional de Procedimientos Penales; sino que se trata de una verdadera obligación procesal que debe cumplirse a cabalidad para no violentar el marco constitucional y convencional fraguado a partir de la multicitada reforma constitucional al sistema de justicia criminal en México; de ahí que se imponga conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitados. 84. Es imprescindible mencionar que no se estima oportuno el estudio de los conceptos de violación, atendiendo a que el que se dilucidó oficiosamente por este órgano de control de constitucionalidad en suplencia de la queja deficiente, es de naturaleza formal, y tal como se puede apreciar de los efectos del fallo protector, hubiese resultado inútil hacer un pronunciamiento respecto de aquéllos, dado que el Tribunal de Alzada responsable se encuentra constreñido a dictar nuevamente la resolución que dirima el recurso de apelación interpuesto. 85. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 683, sustentada por el Segundo Tribunal del Sexto Circuito , que dice: "CONCEPTO DE VIOLACIÓN FUNDADO. HACE INNECESARIO EL ESTUDIO DE LOS DEMÁS... 86. También resulta aplicable la jurisprudencia 110 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , cuyo rubro y texto son: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN POR VICIOS DE FORMA DEL ACTO RECLAMADO. SU PROCEDENCIA EXCLUYE EL EXAMEN DE LOS QUE SE EXPRESEN POR FALTAS DE FONDO (AUDIENCIA, FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DEL ACTO EN CITA)... 87. Concesión que se hace extensiva a los actos de ejecución que se atribuyen al Juez de Control responsable, en razón de que no se le reclamaron por vicios propios, sino como consecuencia del diverso pronunciado por la Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, con sede en Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec. 88. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia VI.2o. J/338, visible en la página 69, volumen 83, Noviembre de 1994, Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE. NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS... X. DECISIÓN. 89. En consecuencia, lo procedente es conceder a ***, el amparo y protección de la justicia de la Unión solicitado contra el acto reclamado consistente en la resolución emitida por la Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, con sede en Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec y su acto de ejecución atribuido al juez de control de origen, para los efectos siguientes: a) Una vez que cause ejecutoria la presente sentencia, deje insubsistente la determinación reclamada. b) Con la debida oportunidad convoque de manera personal a las partes a la celebración de la audiencia oral respectiva, y, les haga saber que en cumplimiento de esta sentencia resolverá la instancia de alzada en aplicación de los principios constitucionales de contradicción y publicidad, vinculando a que las partes sean escuchadas en audiencia pública por el tribunal de segunda instancia, competente, el cual, también habrá de emitir con plenitud de jurisdicción la resolución que en derecho corresponda y procederá a la explicación de la misma en los términos apuntados en la legislación citada. 90. Por lo expuesto y fundado, se: RESUELVE ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ***, por propio derecho, en contra del acto de la Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, con sede en Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec y otra autoridad conforme a los argumentos expuestos en el apartado IX de esta sentencia. Dicha concesión es para los efectos precisados en el diverso X del referido fallo. Notifíquese.
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