Celedonio Hernández Joya

Expediente 678/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 4 actuaciones registradas, la última del 24 de abril de 2019.

Datos del expediente

Expediente
678/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
24/04/2019

Partes del expediente

  • Celedonio Hernández Joya
  • Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil, Con Sede En Bucerías, Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit

Actuaciones

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTICINCO DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE. Vista la cuenta que antecede, se aprecia que por oficio y anexos presentados ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, el quince de marzo de la presente anualidad (fojas 108-110), el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, por conducto de su delegada, comunicó la forma en que la aludida responsable dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio de amparo, que por un lado, se sobreseyó y, por otro, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa ************y otra. Luego, mediante proveído de veinte de marzo del año en curso (foja 111), se dio vista a la parte quejosa con el oficio mencionado con antelación y anexos, para que en el plazo de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera, apercibida que, de no hacer manifestación alguna, este órgano jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. El anterior acuerdo, se notificó a la parte quejosa por medio de lista que se publica en los estrados de este órgano jurisdiccional, el veintisiete de marzo pasado (foja 114), sin que hubiera desahogado esa vista. Por consiguiente, en obvio de mayores dilaciones, de conformidad con el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, aplicable al presente caso por disposición expresa de su ordinal tercero transitorio, se procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Así, por sentencia dictada dentro del presente sumario constitucional el siete de febrero del presente año (fojas 55-83), en el que se determinó por una parte, sobreseer en el presente juicio, por otra, negar el amparo y, finalmente, conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para los efectos siguientes: "1. Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el artículo 21, fracción I de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil dos mil dieciocho, en relación con los dispositivos 11, 12 y 13, del mismo ordenamiento legal, esto es, para que las autoridades responsables no le apliquen en el presente ni en el futuro, tales preceptos legales, hasta que no se modifique la normativa de mérito. 2. Asimismo, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, devuelva a la parte quejosa única y exclusivamente el remanente que exceda de la aplicación de **********, respecto de la cantidad de *************, por concepto de -INSCRIP. DOCUMENTO PUBLICO O PRIVADO-, así como de -Fomento a la Educación-, -Asistencia Social- e -Impuesto para la Universidad Autónoma de Nayarit-, todos derivados de la escritura pública número 64,247 (sesenta y cuatro mil doscientos cuarenta y siete), tomo centésimo vigésimo séptimo, libro cuarto del Protocolo a cargo de la Notaria Pública número trece, residente Tepic, Nayarit, pues al resultar contrario a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por los razonamientos y motivos aducidos en el cuerpo de esta sentencia, lo actuado con apoyo en el artículo 21, fracción I de la Ley de Ingresos del Estado, es inválido, dada la naturaleza del mecanismo de tributación que se aplicó a la solicitante del amparo. Cantidad anterior que es derivada del pago declarado inconstitucional que figura en las impresiones del formato de pago expedido por la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit. c) De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver deberá ser debidamente actualizada, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por servicios registrales, a efecto de que la quejosa sea restituida en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarle las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquél cubrió al fisco en aplicación del precepto declarado inconstitucional, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto." De lo transcrito se colige, que los actos que debían realizar las autoridades responsables aludidas en párrafos que antecede, para cumplir con dicha sentencia, eran los siguientes: A) Que no le fuera aplicado a la parte quejosa lo previsto en el numeral 21, fracción I de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho; esto es, para que vigilaran que fuera desincorporado de la esfera jurídica de la promovente del amparo, en el presente y en el futuro; y B) Devolverle a la parte quejosa el remanente que excediera de la aplicación de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 moneda nacional), respecto de la cantidad de *************** relativo a la cuota fija mínima, con motivo de la inscripción de instrumento público; la cual debía ser actualizada. Ahora bien, a través de oficio y anexos de quince de marzo de dos mil diecinueve (fojas 108-111) la delegada de la autoridad responsable informó a este juzgado federal la forma en que cumplió con el fallo protector, de los cuales se advierte que devolvió a la parte quejosa, por medio de cheque, la cantidad de *************, la cual efectivamente corresponde a la cantidad que este erogó a su favor con motivo de la aplicación de la norma combatida y su actualización. Se dice lo anterior, dado que al monto de $6,584.64 (seis mil quinientos ochenta y cuatro pesos 64/100 moneda nacional) se le resta la cuota mínima a pagar de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100, moneda nacional), dando como resultado la cantidad ************, numerario que debía ser actualizado, conforme el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit. Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el doce de octubre de dos mil dieciocho y el quince de marzo pasado, se efectúo la devolución de la totalidad de la cantidad indicada en el párrafo que antecede, por la cual la autoridad responsable pretendía devolver las contribuciones reclamadas; por lo que el periodo de actualización comprende del mes de septiembre de dos mil dieciocho a febrero del presente año. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de septiembre de dos mil dieciocho entre el índice para el mes de febrero del presente año (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); por lo que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de febrero del presente año fue de 103.079 y para septiembre del año pasado de 100.917. De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.02142. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por el quejoso, esto es, **********, se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, esto es, la cantidad de ************; por tanto, se desprende que la cantidad que corresponde al concepto de actualización es de $135.04 (ciento treinta y cinco pesos 04/100 moneda nacional). En ese sentido, se advierte que la autoridad responsable debía devolver al quejoso la cantidad de ********; sin embargo, éste reintegró la diversa de $6,441.52 (seis mil cuatrocientos cuarenta y un pesos 52/100), es decir, un excedente a favor de la parte agraviada por la cantidad de $1.84 (un peso 84/100 moneda nacional), pero dicho monto no tiene relevancia económica para considerar que el fallo protector no se encuentra cumplido, dado que la concesión del amparo era para que le devolviera al peticionario de amparo la cantidad que solicitó y si está es mayor a la peticionada es responsabilidad de la responsable; además, dicho ente debe de agotar los medios necesarios para gestionar dicha devolución, por lo que se dejan a salvo sus derechos a fin de que si así lo desea recupere el citado excedente. En ese contexto, es evidente que con ello se ha restituido a la parte solicitante del amparo en el goce de sus derechos violados, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente sumario constitucional, ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la ley de la materia, en relación con el diverso 214, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos décimo primero, párrafo último y vigésimo segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este juzgado federal determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio constitucional, por un lado, se sobreseyó y, por otro, se concedió el amparo y protección de la justicia federal; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó.

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, NUEVE DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tiene por recibido el oficio de cuenta, mediante el cual la Presidenta de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, manifiesta haber dado cumplimiento al fallo protector emitido en el presente sumario tal como lo acredita con las documentales que al efecto acompaña; en consecuencia, agréguese a sus autos el comunicado y anexos de mérito, para los efectos legales a que haya lugar. Luego, al advertirse que la autoridad en cita no acompaña la notificación correspondiente a la parte quejosa y atendiendo a la formalidad que debe revestir la notificación de una respuesta de amparo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que tratándose de juicios de amparo en los que ha sido concedida la protección constitucional para el efecto de que se dicte una resolución y se notifique la misma en forma personal a la parte agraviada, puede el juzgador, una vez que la autoridad le envía la resolución, ordenar que ésta se le notifique en forma personal al solicitante del amparo para los efectos legales consiguientes, pues con ello se evitan requerimientos y actuaciones judiciales innecesarias que entorpecen la administración de justicia; por tanto, se comisiona al Actuario Judicial adscrito a este Órgano Jurisdiccional, para que notifique de forma personal a la parte quejosa el comunicado 410/2019, así como con el diverso oficio que remitió a este Juzgado el trece de marzo del presente año (fojas 233 a 235), dictados dentro del juicio laboral 346/2013 del índice de la autoridad responsable. Entonces, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa, a efecto de que dentro del plazo de TRES DÍAS, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su interés legal convenga en relación con dicho cumplimiento, apercibida que de no hacerlo dentro del lapso concedido, este Órgano Jurisdiccional, con apoyo en el referido informe y demás elementos con que se cuenta en el presente juicio de amparo, se pronunciará en relación al cumplimiento al fallo protector. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA Y TERCERA INTERESADA.

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, DOS DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el sobre devuelto por el Administrador Postal de esta ciudad, mismo que contiene los oficios 7581/2019-II y 34124/2018-II, de seis de agosto de dos mil dieciocho Y veintiuno de febrero de dos mil diecinueve, respectivamente, dirigidos al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, por conducto de la Procuraduría General de la República, con sede en la Ciudad de México, con la leyenda "CAMBIO DE DOMICILIO---CORREOS DE MÉXICO", a través de los cuales, se le comunicaba el cumplimiento al fallo protector y el archivo definitivo del presente expediente como asunto totalmente concluido. Consecuentemente, reexpídanse de nueva cuenta los líbelos de mérito a la autoridad de previa cita, en el domicilio que actualmente ocupa su residencia oficial, a efecto de que se imponga de su contenido. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    TEPIC, NAYARIT, NUEVE DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado de los presentes autos, de los cuales se advierte que la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, por conducto de su Presidente Árbitro, no ha dado cumplimiento al proveído de trece de marzo del año en curso, a través del cual se le requirió informara dentro del plazo de tres días posteriores al en que se practicara la diligencia de reinstalación del trabajador. En ese tenor, con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad oficiante, a efecto de que dentro del plazo de veinticuatro horas posteriores al en que quede debidamente notificada del presente proveído, informe el cumplimiento total a la ejecutoria de marras, en los términos indicados en la sentencia pronunciada por este Juzgado Federal. Apercibida que de no hacerlo con causa justificada, se le impondrá a una medida de apremio consistente en multa por el equivalente a cien días de salario mínimo vigente en la Ciudad de México. En el entendido de que los salarios mínimos a que se alude, se entienden referidos a los ahora denominados Unidad de medida y actualización, en términos del transitorio tercero del acuerdo emitido por el pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma disposiciones de diversos acuerdos generales en materia de desindexación del salario mínimo, así como mediante el cual se actualiza el Manual de Organización General del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de abril de dos mil dieciséis. NOTIFÍQUESE.

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