Cecilio Silva Olán

Expediente 608/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima. 4 actuaciones registradas, la última del 22 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
608/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
22/07/2022

Partes del expediente

  • Cecilio Silva Olán y Otros.
  • Isaí León Domínguez
  • Cecilio Silva Olán

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese a las presentes actuaciones para que surta los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado al artículo 3° de la Ley de Amparo, el documento a través del cual Cecilio Silvan Olán, defensor particular del directo quejoso, solicita que se revoque el acceso al expediente electrónico; así como la realización de notificaciones a través de dicho sistema y solicita que las mismas se realicen de diversos medios. Al respecto, toda vez que este órgano jurisdiccional declinó competencia para conocer del asunto y en proveído de siete de julio de dos mil veintidós, se tuvo al Juez Octavo de Distrito en el Estado de Tabasco con residencia en Villahermosa, informando que aceptó la competencia y se avocó a su conocimiento; por tanto, se ordena remitir el documento de cuenta para los efectos legales a que haya lugar. Cúmplase.

  2. Principal

    Agréguese a las presentes actuaciones para que surta los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado al artículo 3° de la Ley de Amparo, el oficio suscrito por el Juez Octavo de Distrito en el Estado de Tabasco, con residencia en Villahermosa, por el cual acusa recibo del oficio mediante el cual se remitió por conocimiento previo el juicio de amparo en que se actúa e informa que se avoca al conocimiento del mismo, mismo que registró con el número 1047/2022-IV, de su índice. En consecuencia, archívese este cuadernillo como asunto Concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso j), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado el diecinueve de febrero de dos mil veinte, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción, al tratarse de un expediente en el que se declinó competencia por razón de territorio a diverso órgano jurisdiccional; asimismo, se advierte que no existen documentos originales exhibidos por las partes y que carece de relevancia documental, en términos del numeral 15, del aludido Acuerdo, aplicado a contrario sensu. En ese sentido, una vez transcurridos seis meses a partir de esta fecha, se ordena su destrucción, de conformidad en el artículo 20, inciso a), del referido acuerdo. De conformidad con el artículo 35 del referido Acuerdo, la secretaria deberá hacer constar en la carátula del expediente en que se actúa la leyenda: "Susceptible de Destrucción. Expediente sin relevancia documental", así como la fecha en que se ordena su archivo. Se ordena hacer las anotaciones correspondientes en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), tal y como lo dispone el artículo 29, cuarto párrafo, del acuerdo normativo invocado. Notifíquese por lista.

  3. Principal

    Agréguese a las presentes actuaciones para que surta los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado al artículo 3° de la Ley de Amparo, el documento a través del cual el Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tabasco, informa que el juicio de amparo 608/2022-V, del índice de este juzgado fue returnado al Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tabasco, con el número 1098/2022-III-16. En razón de lo anterior, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al primer ordenamiento legal en cita, de la manera más atenta se solicita al Juez Octavo de Distrito en el Estado de Tabasco, informe a este juzgado sí aceptó la competencia declinada por este juzgado relativo al juicio de amparo 608/2022-V, de ser así informe lo relativo debido a que es necesario para remitir el presente cuaderno al archivo. Notifíquese por lista.

  4. Principal

    . Recepción de la demanda. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por********************quien se ostenta como defensor particular de********************, contra actos del Juez de Control de la Región NUEVE y Director del Centro de Reinserción Social ambos del Estado de Tabasco; por violación a los derechos fundamentales consagrados en los artículos 17 y 20 apartado A, fracción VII constitucionales; este órgano jurisdiccional procede a resolver en lo conducente. Registro. Registro en el libro de "Registro de Juicios de Amparo" bajo el expediente 608/2022-V. Integración de expediente electrónico. Así, con base en lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley de Amparo, se ordena formar el expediente electrónico relativo al presente asunto. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atenientes para la integración del expediente electrónico del Poder Judicial de la Federación; en el entendido de que aquellas constancias que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. En la inteligencia de que, el expediente electrónico estará a disposición de las partes, una vez que cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Determinación y pronunciamiento de la competencia. En principio, conviene dejar establecido que la competencia es una cuestión de orden público que previamente debe analizarse en cualquier estado del juicio, mientras no se dicte resolución que ponga fin a la instancia. Es de citarse, en lo conducente, la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 67, del Tomo 193-198 Tercera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, que dice: "COMPETENCIA, INSTITUCIÓN DE ORDEN PÚBLICO. ACEPTADA POR UNA AUTORIDAD, NADA IMPIDE QUE PUEDA CUESTIONARSE DESPUÉS. Aun cuando una autoridad judicial haya aceptado inicialmente el conocimiento de un negocio, nada impide que posteriormente pueda cuestionarse y establecerse la competencia sobre el mismo, en virtud de que las cuestiones de competencia, por ser de orden público, pueden plantearse en cualquier estado del juicio, mientras no se dicte la resolución que ponga fin a la instancia, y sin contravenir lo dispuesto por el artículo 52 de la Ley de Amparo, porque este precepto no prohibe, y tampoco lo hace disposición otra alguna, que el Juez que haya admitido su competencia puede rechazarla después". Conforme lo dispuesto por el artículo 37 Ley de Amparo, este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima, carece de competencia legal para conocer de la demanda de garantías promovida por********************quien se ostenta como defensor particular de********************, por los motivos que a continuación se expondrán. El artículo 37 de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De la transcripción anterior se desprenden tres hipótesis que determinan cuando es competente un Juez de Distrito para conocer de una demanda de amparo promovida ante éste, las cuales son las siguientes: a) Es juez competente para conocer de un juicio de amparo indirecto aquél en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. b) Es juez competente para conocer de un juicio de amparo indirecto, cuando el acto ha comenzado a ejecutarse en un Distrito y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de los jueces de tales jurisdicciones, a prevención en donde se presente la demanda de amparo; y c) Es juez competente para conocer del juicio de amparo indirecto, en donde se presente la demanda de amparo, siempre y cuando el acto reclamado no revista ejecución material. Lo expuesto permite establecer que la competencia de los Jueces de Distrito, para conocer de un juicio de amparo, parte de la apreciación del acto reclamado a la luz de las hipótesis señaladas, por lo que es importante distinguir la actualización de cada una de ellas, pues las dos primeras reglas de competencia aludidas exigen ejecución material y se diferencian con lo establecido en la tercera, porque esta última no la requiere; y lo que distingue a las reglas competenciales que demandan que el acto reclamado tenga ejecución material no es que ya se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino el que éste ocurra en la jurisdicción de uno o varios Jueces de Distrito. Lo anterior obedece a la regla general de competencia contenida en la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Federal, que prevé que en el juicio de amparo promovido contra actos de autoridad, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se encuentre el lugar en el que se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, porque la o las autoridades responsables del dictado y de la ejecución de éste, serán las encargadas de afectar la esfera de derechos del gobernado. En efecto, el propósito del legislador fue hacer del juicio de amparo un medio de control constitucional asequible al gobernado, estableciendo reglas que lo facilitaran, contando con mejores medios y posibilidades de defensa para atender y vigilar el desenvolvimiento del juicio. Por eso, tratándose de la competencia de los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, se toma en consideración el lugar en el que deba tener ejecución, trate de ejecutarse o se haya ejecutado el acto reclamado, debido a que al ejercer el juzgador jurisdicción en el lugar donde radica la autoridad ejecutora, cuenta con facultades para el desempeño de su función al determinar no sólo el derecho de las partes, con el objeto de dirimir sus conflictos y controversias y emitir decisiones con autoridad de cosa juzgada, sino para que se agilice el eventual cumplimiento y ejecución de providencias procesales o de una sentencia en la que se haya concedido el amparo y protección de la Justicia de la Unión. En tales términos, la competencia de un Juez de Distrito para conocer del juicio de garantías no se encuentra sujeta a determinaciones discrecionales, pues una vez fijada la naturaleza del acto reclamado y establecida la determinación referente a si requiere ejecución material o no, se está en posibilidad de determinar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, de acuerdo con el artículo 37 de la Ley de Amparo. Una vez precisadas las reglas esenciales de competencia en materia de amparo para los Juzgados Federales, procede establecer la naturaleza del acto reclamado por el accionante constitucional, a fin de dilucidar es bajo qué regla de competencia para conocer del juicio de amparo, por razón de territorio. Ahora bien, del análisis integral del escrito de demanda, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, se llega al conocimiento de que la parte quejosa señala como autoridades responsables; así como actos reclamados, los siguientes: "(.) III. AUTORIDADES RESPONSABLES. ORDENADORAS Y EJECUTORA 1. Ordenadora: Juez de Control de la Región NUEVE con domicilio en el kilómetro seis de la carretera Villahermosa Frontera de este municipio, Centro, precisamente en las instalaciones que ocupa el centro de impartición de justicia adjunto al centro de internamiento para adolescentes en conflicto con la ley penal. 2. Ejecutora: Director del Centro de Reinserción Social del Estado de Tabasco, con domicilio en el km. 4.5, Carretera Estatal Villahermosa a Frontera de este municipio del centro, Tabasco. IV. ACTOS RECLAMADOS A) EL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO Y TODOS SUS EFECTOS, dictado en la causa penal ********************, por el delito de FEMINICIDIO, en fecha 7 de junio de 2022, que se le sigue a mi cliente por delito de FEMINICIDIO, emitido por el Juez de Control de la Región 9, con sede en el municipio de Centro, Tabasco, en contra del quejoso. B) Violación al artículo 19 de la Constitución Federal de la Republica al resolver la situación jurídica del quejoso, dictando auto de vinculación a proceso, vinculación a proceso que como se dijo es violatoria de garantías puesto que no existen datos de prueba suficientes para acreditar el hecho ni la probable participación del quejoso en la comisión de los hechos que se atribuyen y que la ley penal califica como delito, violando con ello el debido proceso a que aluden los artículos 1, 14, 16 y 19, de la Constitución federal. (.)" Asimismo, se advierte que el aquí directo quejoso, se encuentra recluido en el Centro de Reinserción Social de Villahermosa, Tabasco, con motivo de la causa penal ******************** que se le instruye por el delito de feminicidio. En esa tesitura, este juzgador estima que no es legalmente competente para conocer de la demanda de amparo, por lo que procede declinarla a favor del Juez de Distrito en el Estado de Tabasco, con residencia en Villahermosa, en turno, que por razón de territorio corresponde, por las siguientes razones: Debe señalarse que tratándose de actos reclamados que conllevan una ejecución material, el competente es el Juez de Distrito del lugar en que ésta deba materializarse, pues así lo dispone el artículo 37 de la Ley de Amparo. En ese tenor, si el quejoso se encuentra recluido en el Centro de Reinserción Social de Villahermosa, Tabasco, es inconcuso que, los actos reclamados tienen ejecución material dentro de esa demarcación territorial, atento a que están directamente relacionados con la privación de la libertad decretada en contra del quejoso en la causa penal generadora de éstos. Aunado a lo anterior, se advierte que el acto reclamado consistente en el auto de vinculación a proceso dictado el siete de junio de dos mil veintidós dentro de la causa penal ********************; así como su ejecución, lo reclama a las autoridades con residencia en el Estado de Tabasco, como se expresó en líneas anteriores; igualmente cierto es que dicho acto tiene efectos positivos en la esfera jurídica del quejoso, cuenta habida que se dictó dentro de las etapas de un juicio del orden penal e incide en su libertad personal; es decir, contiene ejecución material, lo que atribuye competencia al juez constitucional que ejerce jurisdicción en el sitio en que el demandante del amparo está recluido. En tal virtud, conforme a la regla de competencia establecida en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, al continuar la situación de privación de libertad personal del individuo, dicho acto se seguirá ejecutando en el lugar donde se encuentra recluido; lo que deja manifiesto que se trata de una determinación que cuenta con ejecución material para los fines del juicio de amparo. Por tanto, es competente para conocer del juicio constitucional el juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el domicilio del centro penitenciario. Las anteriores consideraciones se encuentran contenidas en la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia 1a./J.48/2005 derivada de la contradicción de tesis 141/2004 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página cincuenta y ocho del Tomo XXIII, agosto de dos mil cinco de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro electrónico 178232, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA EN AMPARO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN ESTÉ RECLUIDO EL QUEJOSO, EN EL MOMENTO EN QUE SE LE NIEGUE O NO SE DÉ TRÁMITE A SU SOLICITUD DE OTORGAMIENTO RESPECTO DE ALGUNO DE LOS BENEFICIOS PARA SUSPENDER LA EJECUCIÓN DE LA PENA DE PRISIÓN. Del artículo 36 de la Ley de Amparo se advierten tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito, a saber: a) será competente el del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; b) cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, c) cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Ahora bien, si se toma en cuenta que el reo está privado de su libertad en el momento en el que solicita la concesión de alguno de los beneficios previstos en la ley para suspender la ejecución de la pena de prisión, es indudable que conforme a la primera regla de competencia citada, dicho acto se seguirá ejecutando en el lugar donde aquél esté recluido y, por ende, cuando se niegue el beneficio o no se dé trámite a la solicitud indicada, resulta competente para conocer del juicio de garantías relativo el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el centro penitenciario". Criterio que se reiteró posteriormente al resolver la contradicción de tesis 51/2013 de la que derivó la jurisprudencia 2006160 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página seiscientos treinta y tres del Libro 5, Tomo I, abril de dos mil catorce, de la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con registro electrónico 2006160, que dice: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN POR LA CUAL SE DECLARA INCOMPETENTE UN JUEZ DE DISTRITO PARA PRONUNCIARSE SOBRE EL INCIDENTE DE LIBERTAD ANTICIPADA PROMOVIDO POR EL SENTENCIADO. SE SURTE A FAVOR DEL JUZGADOR EN CUYA JURISDICCIÓN SE UBIQUE EL DOMICILIO DEL CENTRO PENITENCIARIO DONDE EL REO SE ENCUENTRE RECLUIDO. A partir de la reforma a los artículos 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 18 de junio de 2008, en vigor a partir del 19 de junio de 2011, se introdujo el modelo penitenciario de reinserción social y judicialización del régimen y modificación y duración de las penas, lo cual originó, entre otras cuestiones, que sea el juez de ejecución y no una autoridad administrativa quien debe resolver sobre la petición de libertad anticipada. Ahora bien, para determinar cuál es el juzgador competente para conocer del juicio de amparo indirecto contra la resolución por la cual se declaró incompetente un juez de distrito para pronunciarse sobre el incidente de libertad anticipada promovido por el sentenciado en distinta jurisdicción del lugar donde compurga su pena, debe acudirse a la regla competencial contenida en el artículo 36 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, y no a la excepcional prevista en el artículo 42 de la propia ley, pues esta última se refiere a los casos en que se señale a todos los jueces o tribunales unitarios de un distrito o circuito, respectivamente, como autoridades responsables, o que derivado de una serie de impedimentos no hubiere en el distrito o circuito de que se trate, órgano jurisdiccional que esté en aptitud de conocer y resolver un caso determinado. Lo anterior es así, ya que en el citado artículo 36 se prevén tres reglas para fijar la competencia de los jueces de distrito, a saber: a) cuando en su jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; b) cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, c) cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Por tanto, si se toma en cuenta que el reo está privado de su libertad cuando solicita la concesión de alguno de los beneficios previstos en la ley para suspender la ejecución de la pena de prisión, es indudable que conforme a la primera regla de competencia citada, dicho acto se seguirá ejecutando en el lugar donde aquél esté recluido y, por ende, cuando se niegue el beneficio o no se dé trámite a la solicitud indicada, resulta competente para conocer del juicio de amparo el juez de distrito en cuya jurisdicción se ubique el centro penitenciario donde el sentenciado esté recluido". En ese orden de ideas, tomado en consideración que el peticionario de amparo se encuentra privado de su libertad en el Centro de Reinserción Social de Villahermosa, Tabasco, con fundamento en el numeral 48 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima, con residencia en Colima, declara carecer de competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de garantías, y la declina a favor del Juzgado de Distrito en el Estado de Tabasco, con residencia en Tabasco, en turno, toda vez que el quejoso se encuentra recluido en un centro penitenciario ubicado en el territorio en que ejerce jurisdicción; por lo cual, es inconcuso que los actos reclamados tienen ejecución material en aquella Entidad Federativa, de conformidad con el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo. No ha lugar a proveer sobre la suspensión de los actos reclamados. Sin que haya lugar a proveer sobre la suspensión de los actos reclamados, toda vez que el presente asunto no se encuentra comprendido en el supuesto normativo a que se refiere el artículo 48, párrafo primero, en relación con el 15, ambos de la Ley de Amparo; es decir, no se trata de actos que impliquen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, deportación o destierro, o alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, ya que como quedo evidenciado el auto de vinculación reclamado emana de la causa penal ********************. Acuse de recepción. Se solicita atentamente al Juez de Distrito a quien corresponda el conocimiento del asunto, se sirva acusar de recibo y dentro del término previsto en el precepto 48, segundo párrafo, informe si acepta o no la competencia declinada a su favor. Designación e intervención de autorizados. Se designando como su autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a los licenciados ********************, en virtud de contar con cédula debidamente registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los órganos jurisdiccionales; por tanto, se tiene a ********************, como su autorizado en términos limitados del referido artículo, por así haberlo solicitado. Notificaciones y acceso al expediente electrónico. Por otra parte, con fundamento en el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, se ordena que las notificaciones de carácter personal se hagan vía electrónica, en el entendido de que la parte que así lo solicita quedaran sujetas a las reglas que establecen los artículos 24, 30, fracción II y 31, fracciones I, II y III, de la Ley de Amparo; esto es, cuando la parte notificada no consulta el sistema indicado dentro del plazo máximo de dos días hábiles posteriores al envío de la actuación a notificar, la notificación debe entenderse hecha en el primer instante del día hábil siguiente al vencimiento de ese plazo de dos días (momento en el cual igualmente surte sus efectos); sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia 2a./J. 71/2019 (10a.), de rubro siguiente: NOTIFICACIONES REALIZADAS POR VÍA ELECTRÓNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. CUANDO EL QUEJOSO O EL TERCERO INTERESADO NO INGRESA AL SISTEMA ELECTRÓNICO DENTRO DEL PLAZO MÁXIMO DE DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A AQUEL EN QUE EL ÓRGANO DE AMPARO ENVIÓ LA DETERMINACIÓN CORRESPONDIENTE, SE ENTIENDEN HECHAS Y SURTEN SUS EFECTOS EN EL PRIMER INSTANTE DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE AL VENCIMIENTO DE ESE PLAZO. Asimismo, con fundamento en el artículo 3º de la Ley de Amparo, y en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la consulta del expediente vía electrónica con los usuarios que indicó en su misiva. Notifíquese en términos de ley.

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