Cecilio Rincón García
Expediente 1250/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1250/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 28/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Cecilio Rincón García
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
VISTOS los autos, para resolver, el juicio de amparo indirecto 1250/2023, promovido por Guadalupe Montes de Oca García y María del Rosario Fuentes Téllez, en cuanto apoderadas del quejoso Cecilio Rincón García, por alegada violación de los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, atribuidas a la Junta Especial número tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad; este órgano jurisdiccional ha decidido: CONCEDER EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA DE LA UNIÓN Lo anterior al tenor de las siguientes CONSIDERACIONES: PRIMERO. Precisión de la norma, acto u omisión reclamada. Del estudio integral de la demanda, se advierte que la parte quejosa reclama: La omisión de decretar medidas de apremio eficaces para lograr la eficaz e inmediata ejecución del laudo dictado el veintinueve de octubre de dos mil diecinueve, dentro del expediente laboral número 3C-2248/2012, desacatando la obligación que le impone el artículo 940 de la Ley Federal del Trabajo. SEGUNDO. Competencia. Este Juzgado, es competente para resolver el presente asunto, en términos de los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 49 y 61, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que se trata de omisiones cuya ejecución tendría verificativo en Morelia, Michoacán, lugar donde este órgano jurisdiccional ejerce jurisdicción. TERCERO. Existencia de las omisiones reclamadas. Es cierta la omisión reclamada a la autoridad responsable, toda vez que si bien, al rendir su informe la negó expresamente, lo cierto es, que de sus propias manifestaciones así como de las constancias anexas se advierte que el laudo dictado el veintinueve de octubre de dos mil diecinueve, dentro del juicio laboral 3C-2248/2012, continúa sin ejecutarse; de ahí que la referida omisión se tenga como cierta. Apoya a lo anterior la tesis que dice: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." Además, la certeza de las omisiones reclamadas se corrobora -como ya se dijo-, con las documentales que remitió la autoridad responsable junto con su informe, consistentes en copias certificadas de las actuaciones que integran la fase de ejecución de laudo relativas al expediente laboral 3C-2248/2012, con valor probatorio pleno, en términos de lo previsto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2o., ya que se trata de documentos expedidos por funcionario público en ejercicio de sus atribuciones. CUARTO. Procedencia del juicio de amparo indirecto. De conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, que impone el estudio de las causas de improcedencia invocadas por las partes o bien, de manera oficiosa, no se advierte la actualización de ninguna de ellas, por lo que se procede al estudio de fondo del asunto QUINTO. Antecedentes. Previo al estudio de los conceptos de violación, conviene precisar los principales antecedentes de donde deriva el acto reclamado. El veintinueve de octubre de dos mil diecinueve, se dictó laudo dentro del juicio laboral 3C-2248/2012, a través del cual, en su resolutivo primero se emitió la siguiente condena: "PRIMERO. Resultó procedente la acción principal intentada por los diversos actores, por lo que se condena a la patronal SERVICIOS DE SALUD DE MICHOACÁN, a expedir plaza y/o nombramiento de base a favor de los trabajadores (.) Cecilio Rincón Santana (.), conforme a las condiciones laborales bajo las cuales prestan sus servicios, mismas que quedaron establecidas en la parte considerativa del presente fallo, así como a cubrirles las prestaciones establecidas en las condiciones generales de trabajo vigentes en el centro de empleo demandado, en la medida que las mismas les sean aplicables." Inconforme con tal determinación la autoridad demandada interpuso juicio de amparo directo, el que por razón de turno conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, el que por ejecutoria celebrada en sesión de veintiocho de enero de dos mil veintiuno, dentro del amparo directo 159/2020, sobreseyó en una parte, y en otra negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitada. Por ocursos presentados ante la responsable cuatro y dieciocho de mayo, así como uno de junio, todos de dos mil veintidós, la parte trabajadora actora, solicitó que se requiriera a la demandada el cumplimiento del laudo, recayendo un acuerdo hasta el veintinueve de agosto de ese mismo año, en el que se ordenó requerir a la demandada por un término de tres días, para que diera cumplimiento con el fallo. Por escrito presentado el dieciséis de noviembre de esa misma anualidad, la parte actora nuevamente solicitó a la responsable que requiriera a la demandada el cumplimiento del fallo; petición que fue atendida hasta el cinco de enero de dos mil veintitrés, ordenando requerir a la demandada para que dentro del plazo de tres días diera cabal cumplimiento con la condena decretada en su contra. En acuerdo dictado el dos de octubre de dos mil veintitrés, nuevamente a petición de la parte actora se ordenó requerir a la autoridad demandada para que dentro del término de tres días diera cumplimiento con el fallo, esto es, para que expidiera plaza y/o nombramiento de base en favor de los trabajadores actores conforme a las condiciones laborales bajo las cuales prestan sus servicios, así como a cubrir las prestaciones establecidas en la citadas condiciones generales vigentes en el centro de empleo demandado. Hasta aquí la narración de los antecedentes de donde deriva la omisión reclamada. SEXTO. Estudio de fondo. Los conceptos de violación se tienen por reproducidos en este considerando, sin que resulte necesaria su trascripción, de conformidad con lo dispuesto en la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de rubro siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." En ellos, la parte quejosa aduce sustancialmente que la omisión de la autoridad responsable en decretar eficaces medidas de apremio en contra de la parte demandada, para vencer la negativa a cumplir de manera plena, cabal y sin obstáculos el laudo de veintinueve de octubre de dos mil diecinueve, viola en su perjuicio el derecho fundamental de tener un proceso sin dilaciones y obtener la administración de justicia pronta, consagrados en el artículo 17 de la Constitución Federal, en relación con el numeral 940 de la Ley Federal del Trabajo. El motivo de inconformidad planteado es fundado. Como punto de inicio para el estudio del presente asunto, resulta necesario atender al principio contenido en el artículo 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo que interesa, establece el derecho de acceso a la tutela jurisdiccional, indicando que la misma debe ser, pronta y completa y acoge el principio de ejecución de las sentencias; de ahí que las leyes locales y federales deban establecer los medios necesarios para garantizar esta última, ya que, de no hacerlo se haría nugatoria la primera. Luego, si toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial, ese derecho debe verse complementado con la ejecución de la sentencia que le resultó favorable, con la certeza de que lo obtenido en ella no quede sólo en una actuación de buena fe del tribunal, esperando la ejecución del fallo, sino que, sea capaz el propio tribunal de velar porque, en caso de cumplimiento forzoso de la sentencia, ésta realmente sea materializada. Se cita como sustento jurídico a lo expuesto, la jurisprudencia 1a./J. 103/2017 (10a.), que dice: "DERECHO DE ACCESO EFECTIVO A LA JUSTICIA. ETAPAS Y DERECHOS QUE LE CORRESPONDEN. De los artículos 14, 17 y 20, apartados B y C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, deriva el derecho de acceso efectivo a la justicia, el cual comprende, en adición a determinados factores socioeconómicos y políticos, el derecho a una tutela jurisdiccional efectiva y los mecanismos de tutela no jurisdiccional que también deben ser efectivos y estar fundamentados constitucional y legalmente. Ahora bien, en la jurisprudencia 1a./J. 42/2007, de rubro: "GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES.", la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió el acceso a la tutela jurisdiccional como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que, a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute tal decisión; de ahí que este derecho comprenda tres etapas, a las que corresponden tres derechos: (i) una previa al juicio, a la que le corresponde el derecho de acceso a la jurisdicción, que parte del derecho de acción como una especie del de petición dirigido a las autoridades jurisdiccionales y que motiva un pronunciamiento por su parte; (ii) una judicial, que va desde el inicio del procedimiento hasta la última actuación y a la que concierne el derecho al debido proceso; y, (iii) una posterior al juicio, identificada con la eficacia de las resoluciones emitidas. Ahora, los derechos mencionados alcanzan no solamente a los procedimientos ventilados ante Jueces y tribunales del Poder Judicial, sino también a todos aquellos seguidos ante autoridades que, al pronunciarse sobre la determinación de derechos y obligaciones, realicen funciones materialmente jurisdiccionales." Por su parte, el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone la obligación del Estado Mexicano de reconocer y tutelar los derechos humanos reconocidos tanto en la Constitución como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como garantizar su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo los casos que prevé la propia Constitución. Además, incorpora la obligación de que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Así pues, la Convención Americana de Derechos Humanos, adoptada en la Ciudad de San José de Costa Rica, el veintidós de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve, publicada en el Diario Oficial de la Federación el siete de mayo de mil novecientos ochenta y uno, en el numeral 25 reconoce el derecho que tiene toda persona a un proceso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes y que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente convención, y para ello, los Estados signantes se comprometen a garantizar, entre otros aspectos, el cumplimiento por las autoridades competentes de las resoluciones dictadas en los procesos. Ahora bien, conviene señalar que los numerales 686, 731, 735, 939, 945, de la Ley Federal del Trabajo, vigente en la fecha de la presentación de la demanda de origen, en lo medular disponen, que el proceso del trabajo se sustanciará en los términos previstos en la ley, así como la regulación del plazo en que debe cumplirse la ejecución del laudo, y el proceder que deben efectuar las Juntas de Conciliación para llevar a cabo el eficaz cumplimiento de sus laudos. Al respecto, debe señalarse que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 339/2011, determinó que en términos del artículo 950 de la Ley Federal del Trabajo resulta indispensable la solicitud expresa del ejecutante para la apertura de la ejecución forzada del laudo; y que los diversos 975 y 965 prevén la intervención del ejecutante en diversas diligencias para la continuación de esa etapa. En ese sentido, conviene señalar que de las constancias que integran el juicio laboral de origen, se advierte que la parte actora -aquí quejoso- ha dado cumplimiento con las cargas procesales que le imponen las disposiciones normativas antes señaladas como lo determinó la Segunda Sala de la Corte en la Jurisprudencia antes invocada, pues como se advierte de la narración de antecedentes y de las constancias de autos, desde la data en que la autoridad responsable recibió la ejecutoria emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo de este circuito, al resolver el amparo directo 159/2020, ha presentado diversos escritos ante la responsable en los que expresamente ha instado para que se requiera a la parte demandada el cumplimiento del laudo e incluso a solicitado expresamente se hagan valer los medios de apremio previstos en la Ley Federal del Trabajo, sin que esto último haya sido atendido por la Junta responsable, en tanto que sólo se ha dedicado a realizar requerimientos a la demandada sin que realice algún tipo de apercibimiento a fin de coaccionarla para el cumplimiento del laudo. Con lo anterior queda evidenciado que la autoridad responsable ha inobservado lo establecido en el artículo 17 Constitucional, en cuanto refiere que la impartición de justicia debe ser pronta, pues se advierte que desde el quince de abril de dos mil veintiuno, en que recibió la ejecutoria de amparo que negó a la demandada la protección de la justicia federal en contra del laudo dictado el veintinueve de octubre de dos mil diecinueve, éste no se ha ejecutado; ya que ha omitido realizar gestiones contundentes para lograr su ejecución. Se dice de esa manera, pues no obstante que en acuerdos dictados el veintinueve de agosto de dos mil veintidós, cinco de enero y dos de octubre de dos mil veintitrés, ha requerido el cumplimiento del fallo, lo cierto es que no ha realizado un solo apercibimiento a la demandada a fin de lograr el eficaz cumplimiento de la condena. Lo cual desde luego, implica que sí existen omisiones por parte del Tribunal responsable para lograr el cumplimiento del fallo, como lo es, el pronunciarse sobre los apercibimientos que la ley de la materia pone a su disposición a fin de hacer cumplir sus determinaciones. Sin soslayar desde luego, que desde que se recibió la ejecutoria de amparo -quince de abril de dos mil veintiuno- a la fecha en que se presentó la demanda de amparo -cinco de septiembre de dos mil veintitrés-, han transcurrido aproximadamente dos años y medio, sin que se haya logrado la ejecución de su laudo; y que durante todo ese tiempo sólo ha realizado tres requerimientos, sin efectuar algún apercibimiento de ley. Todo lo anterior, trae como consecuencia un retardo en la tramitación de la fase de ejecución del laudo dictado en el juicio de origen al ser omisa en realizar las gestiones necesarias y contundentes a efecto de lograr su debido cumplimiento, lo que resulta en un retardo en el procedimiento de ejecución y violatorio del derecho fundamental de justicia pronta y expedita, previsto en el artículo 17 Constitucional, en cuanto refiere que la impartición de justicia debe ser pronta. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual de acceso a la impartición de justicia consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. De justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; 2. De justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. De justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, 4. De justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si la citada garantía constitucional está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, independientemente de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales." En consecuencia, lo procedente es otorgar a la parte quejosa Cecilio Rincón García, la protección constitucional solicitada, para los efectos que se precisarán en el siguiente considerando. No se soslaya que la fiscal adscrita a este órgano jurisdiccional formuló los alegatos de su intención; sin embargo, como éstos constituyen simples opiniones o apreciaciones no tienen la fuerza procesal que la ley reconoce a la demanda y al informe con justificación, por lo que resulta innecesario pronunciarse de esas manifestaciones. Se cita la Jurisprudencia P./J. 27/94, que sostiene el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO". SÉPTIMO. Efectos del amparo. La concesión de la protección otorgada es para el efecto de que la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, realice lo siguiente: Emitir las medidas necesarias en la forma y términos conducentes, conforme lo establecido en los artículos 686, 731, 735, 939, 945, de la Ley Federal del Trabajo, hasta que la demandada Servicios de Salud de Michoacán cumpla con la totalidad del laudo emitido el veintinueve de octubre de dos mil diecinueve. Lo anterior, en el entendido que para ello, deberá de valerse de todos los medios legales a su alcance, debiendo, en caso de ser necesario, vincular a diversas autoridades e instituciones diversas a la demandada, para lograr el eficaz e inmediata ejecución de lo laudado. Por lo expuesto, fundado y motivado, se: RESUELVE ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Cecilio Rincón García, contra el acto y autoridad precisados en el considerando primero, por las razones y fundamentos expuestos en el considerando sexto y para los efectos destacados en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo resolvió y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la persona secretaria María del Rocío Ayala Carrizales.
- Principal
Morelia, Michoacán, treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. 1. Responsable informa en vías de cumplimiento. Agréguese a los autos el oficio signado por el Director de lo Contencioso de la Dirección General Jurídica de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Michoacán, mediante el cual informa que el cheque será remitido a favor de la quejosa a más tardar el ocho de noviembre del presente año; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. 2. Nuevo requerimiento. Por lo anterior, en términos de los artículos 192 y 258 de Ley de Amparo, requiérase nuevamente a la responsable, Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Michoacán, para que dentro del plazo de tres días, computado legalmente a partir de la fecha señalada con anterioridad, cumpla con la sentencia de amparo. En ese sentido, se instruye a la autoridad responsable que, con el propósito de que se le tenga cumpliendo en sus términos el fallo protector debe realizar el acto concreto siguiente: -Devolver a la parte quejosa la cantidad pagada por concepto de multa, derechos por servicios o cualquier otra erogación vinculada con dicha infracción. 2.1. Apercibimiento. Apercibida que, en caso de realizar acciones evasivas, tales como actuaciones inconducentes o gestiones irrelevantes para el cumplimiento de la sentencia, le será impuesta una multa de cien unidades de medida y actualización equivalente a $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), en términos de los artículos 237, fracción I y 258 de la Ley de Amparo; asimismo, se dará inicio al PROCEDIMIENTO DE INEJECUCIÓN establecido en el numeral 193 de la ley de la materia, el cual puede culminar con la separación de su cargo y su consignación ante la autoridad competente. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Víctor Hugo Alonso Cendejas.
- Principal
Morelia, Michoacán, treinta de octubre de dos mil veintitrés. 1. Manifestaciones. Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por el autorizado de la parte quejosa, a través del cual; en lo medular, manifiesta que el trece de octubre de dos mil veintitrés, la parte quejosa recibió de la autoridad responsable un pago por concepto de pensión de viudez bajo el folio 16000169982001, por la cantidad de $********************), en virtud, de dar cumplimiento a la suspensión definitiva de primero de junio del año en curso. Asimismo, manifestó que la responsable cumplió parcialmente con la medida cautelar, en razón de que debió pagar el monto autorizado en la resolución de diecinueve de enero de dos mil veintidós, del otorgamiento de pensión por viudez, y en cumplimiento a la resolución interlocutoria de primero de junio del año en curso, hasta en tanto, se dicte sentencia ejecutoriada en el juicio de amparo. Por tanto, si en dicha resolución se determinó pagar la pensión por viudez por la cantidad de $9,042.02 (nueve mil cuarenta y dos pesos 02/100 M.N.) mensualmente, a la fecha debió pagarse a la parte quejosa la pensión correspondiente a los meses de junio, julio, agosto, septiembre de la presente anualidad, por lo que la responsable solo pagó el treinta y seis por ciento de la cantidad requerida bajo los efectos de la suspensión definitiva. Bajo ese contexto, solicita que se requiera a la autoridad responsable el pago restante de la pensión por viudez a favor de la parte quejosa, equivalente a la cantidad de $23,027.31 (veintitrés mil veintisiete pesos 31/100 M.N.). 1.1 Requerimiento. En consecuencia, mediante oficio que al efecto se libre, requiérase a la autoridad Subdelegado de Prestaciones de la Delegación Estatal en Michoacán del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), con residencia en esta ciudad, para que en el término de tres días contados a partir de la notificación de presente proveído, remita las constancias en donde se acredite el cumplimiento total de la suspensión de definitiva otorgada el primero de junio del año en curso; esto es: "Para el efecto de que las responsables den cumplimiento a la resolución de diecinueve de enero de dos mil veintidós del otorgamiento de pensión por viudez bajo el folio 16000169982001, esto es, realicen el pago del monto que le fue autorizado por pago de pensión por viudez, pues su otorgamiento con tal alcance no se contravienen disposiciones de orden público ni se lesiona el interés social, sino que se adecua la situación de la quejosa privada de percibir la pensión a los postulados constitucionales que operan en su favor, hasta en tanto, se dicte la sentencia ejecutoriada en el juicio de amparo". 1.2. Apercibida que, de no hacerlo, se le impondrá una, multa de cien Unidades de Medida y Actualización, equivalente a $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 M.N.), en términos del artículo 237, fracción I, de la Ley de Amparo, con independencia de dar vista y ponerles a disposición del Ministerio Público en los términos que prevé el numeral 158 y 262, fracción III, de la ley en cita. 1.3. No ha lugar. Ahora bien, en relación a su solicitud de requerir a la responsable el pago de pensión de viudez, correspondiente a los meses abril y mayo de la presente anualidad, en razón de que no dio cumplimiento a la suspensión provisional de veinticinco de mayo del año en curso, en atención a ello, dígasele que no ha lugar a requerir a la autoridad, toda vez que la medida cautelar surtió efectos a partir de la data de su concesión, por lo que no resulta viable solicitar el pago de cantidades posiblemente adeudadas de manera previa a la interposición de la demanda de amparo, toda vez que ello radica en una cuestión del fondo del asunto y no del incidente de suspensión, considerar lo contrario sería otorgar efectos retroactivos a la medida cautelar respecto de los actos reclamados. 2. Manifestaciones a la suspensión definitiva. Téngase por recibió el oficio de cuenta signado por el Jefe de la Unidad Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, atento a su contenido, ténganse por hechas las manifestaciones en relación al incidente por defecto al cumplimiento de la suspensión definitiva de uno de junio del año en curso, de lo cual se toma conocimiento. Ahora bien, la autoridad oficiante, informa en lo medular que el trece de octubre de la presente anualidad, se le entregó a la parte quejosa el cheque número 0013701, por la cantidad de ********************) correspondiente a la pensión por viudez, lo que acredita con las constancias que anexó a su oficio de cuenta, de lo que se toma para conocimiento. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Miguel Ángel Ramírez Argüello.
- Principal
Morelia, Michoacán, dieciséis de octubre de dos mil veintitrés. 1. Se reciben alegatos. Incorpórese al sumario el pedimento suscrito por la Fiscal de la Federación adscrita a este Juzgado, por el cual formula los alegatos que a esa representación social corresponden, mismos que podrán ser tomados en consideración en el momento procesal oportuno. 2. Copias certificadas. Asimismo, solicita se le expidan copias certificadas de la sentencia que se emita en este expediente; al respecto, dígasele que una vez que ello acontezca, se le hará la entrega de las copias solicitadas. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Miguel Ángel Ramírez Argüello.
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