Cecilio Osorio Martínez

Expediente 246/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 5 de julio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
246/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
05/07/2018

Partes del expediente

  • Cecilio Osorio Martínez

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial de cuenta, y dado que la parte quejosa, no impugnó el proveído de veintiuno de junio de dos mil dieciocho, mediante el cual se desechó de plano su demanda de garantías, dentro del plazo que para tal efecto establece el artículo 98 de la Ley de Amparo; con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto queda firme para los efectos legales consiguientes. Como no existen constancias pendientes de agregarse al presente expediente, con fundamento en los artículos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese este expediente como definitivamente concluido, previas las anotaciones en el libro de gobierno. Por otra parte, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé el artículo vigésimo primero, párrafo último, del Acuerdo General 01/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; asimismo, se destaca que en el presente expediente se desechó la demanda de amparo, que no se concedió la suspensión de plano de los actos reclamados ni existen documentos ofrecidos por la parte quejosa, considerados como originales por el punto segundo, fracción XVIII, del citado Acuerdo General, esto es, que contengan un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro; como consecuencia de lo anterior, transcurridos más de cinco años a partir de la fecha de que se dicta este acuerdo, es susceptible de destrucción, por ubicarse en el supuesto de la fracción I del punto vigésimo primero del referido Acuerdo General Conjunto 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Conforme al punto Décimo, fracción I, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.

  2. Principal

    Por recibida la demanda de amparo promovida por Cecilio Osorio Martínez, contra actos del Juez Primero de lo Civil con residencia en Juchitán, Oaxaca, y de otra autoridad; en consecuencia, regístrese en el libro de gobierno respectivo, fórmese el expediente de amparo con el número que le corresponda. Ahora, del contenido integral de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso señala como acto reclamado la orden de entregar en cinco días, de forma voluntaria, el inmueble del que es propietario y posesionario comunal, con el apercibimiento de ejecutar forzosamente la sentencia dictada en el expediente civil 259/2013, del índice del Juzgado Primero de lo Civil con residencia en Juchitán, Oaxaca, y su ejecución. Asimismo, en el apartado relativo a los antecedentes del acto reclamado, en lo que interesa, bajo protesta de decir verdad, manifiesta que es propietario y poseedor del bien inmueble ubicado en calle Galeana, sin número (actualmente número siete), Sexta Sección o Colonia Estación en Ciudad Ixtepec, Oaxaca; respecto del cual se siguió en su contra un juicio ordinario civil reivindicatorio ante el Juzgado Primero de lo Civil con residencia en Juchitán, Oaxaca, bajo el expediente 259/2013, en el que su contrato privado de compraventa y la constancia de posesión expedida por el Comisariado de Bienes Comunales no fue objeto de controversia jurídica. Lo expuesto por la parte quejosa constituye confesión de su parte, con pleno valor probatorio en términos de los artículos 95, 197, 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo. Pues bien, planteada así la demanda de amparo de que se trata, y en cumplimiento a lo ordenado por el artículo 113 de la Ley de Amparo, que dice: "El juez de distrito examinará ante todo, el escrito de demanda; y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano", y por ser cuestión de orden público y de estudio preferente a la admisión de una demanda, se advierte que en el caso, se actualiza la causa de improcedencia del juicio que prevé el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción IV, segundo párrafo, del mismo ordenamiento, cuyo estudio es de orden público, que impone desecharla de plano. En efecto, el artículo 61, fracción XXIII, y 107, fracción IV, segundo párrafo de la Ley de Amparo, establecen: .. La regla de procedencia del juicio de amparo contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo ejecutados fuera de juicio o después de concluido, con la acotación de que contra actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso, tiene como razón medular evitar que con motivo de la promoción del juicio de garantías se entorpezca o retarde la ejecución de una sentencia definitiva, cuyo cumplimiento es una cuestión de orden público. Ahora, por regla general, el procedimiento de ejecución de sentencia inicia después de que causa ejecutoria ésta y culmina con la emisión del auto que reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia, o bien, declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, toda vez que la parte quejosa reclama la determinación emitida por el Juez Civil responsable para ejecutar la sentencia dictada en su contra en el juicio ordinario civil reivindicatorio 259/2013, por lo que evidentemente no constituye una resolución que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado, declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, u ordena el archivo definitivo del expediente; de ahí que al no ser la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia, la demanda de amparo deviene improcedente. Luego, si en el presente asunto el acto reclamado se hace consistir en la orden de entregar en cinco días en forma voluntaria el inmueble ubicado en calle Galeana, sin número (actualmente número siete), Sexta Sección o Colonia Estación en Ciudad Ixtepec, Oaxaca, con motivo de la ejecución de la sentencia dictada en el juicio ordinario civil reivindicatorio 259/2013 del índice del Juzgado Primero de lo Civil con residencia en Juchitán, Oaxaca; deviene inconcuso que se actualiza la causal examinada. Lo anterior, pues si bien dicha determinación tiene por objeto privar a la parte quejosa de la posesión que detenta, lo cierto es que la misma fue dictada en cumplimiento a un fallo definitivo que resultó adverso a sus intereses, por lo que su emisión se encuentra directamente vinculada a la ejecución de una sentencia proveniente de autoridad jurisdiccional. Por consiguiente, el peticionario deberá esperar a la culminación del procedimiento relativo, es decir, a la emisión de la resolución en que se apruebe o reconozca el cumplimiento total de lo sentenciado o se declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, para impugnar las violaciones cometidas en el procedimiento, incluidas las del lanzamiento, que se entiende una actuación intermedia tendente a lograr el cumplimiento de la sentencia. Un criterio en contrario implicaría obstaculizar el cumplimiento de la cosa juzgada en detrimento del derecho del ejecutante a reclamar lo obtenido en un juicio en el que se presume se siguieron las formalidades esenciales del procedimiento, esto es, en el que la parte ejecutada tuvo la oportunidad de ser oída y vencida previamente al acto privativo. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, ello impone se deseche de plano la presente demanda de amparo, con fundamento en el artículo 113 de la Ley en consulta. Como la quejosa señala los estrados de este Juzgado para recibir notificaciones, y los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo, regulan las notificaciones por lista que se publican en los estrados de órgano de control constitucional; por consiguiente, por ser esa la voluntad de la parte quejosa y estar ajustada a derecho, como lo pide, las notificaciones que le correspondan en el presente asunto, aún las de carácter personal, hágansele mediante lista de acuerdos; asimismo, se tiene por autorizado únicamente para recibir notificaciones e imponerse de autos, a la persona que refiere, toda vez que en esos términos lo pide. Hágase saber a las partes que la sentencia ejecutoria y demás resoluciones públicas que se dicten en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, de acuerdo al procedimiento de acceso a la información y tomando en cuenta lo previsto en el artículo 8, primer párrafo, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que establece criterios, procedimientos y órganos para garantizar el acceso a la información en posesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Consejo de la Judicatura Federal, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, que dice: "Si las partes ejercen en cualquier instancia seguida ante la Suprema Corte, el Consejo o los órganos jurisdiccionales el derecho que les confiere el artículo 8 de la Ley para oponerse a la publicación de sus datos personales, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, la unidad administrativa que lo tenga bajo su resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos, tomando en cuenta, si la resolución solicitada, las pruebas o las demás constancias contienen información considerada como reservada en términos de lo previsto en la fracción IV del artículo 13 de la Ley; de ser así, a la versión pública de la sentencia ejecutoria, de las demás resoluciones públicas y, en su caso, de los documentos contenidos en el expediente que no sean reservados o confidenciales, se suprimirán los datos personales de las partes, salvo su nombre, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el respectivo órgano jurisdiccional."; por tanto, las partes pueden ejercer en cualquier instancia seguida ante la Suprema Corte, el Consejo o los órganos jurisdiccionales, el derecho que les confiere el artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, para oponerse a que se publiquen sus datos personales, cuando se presente solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, para que sea tomado en consideración por la Unidad Administrativa que lo tenga bajo su resguardo, y en su caso, determine si tal oposición puede o no surtir efectos. En la inteligencia que, aun cuando las partes no ejerzan la oposición a que se refiere el artículo 8 para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, para que se hagan públicas las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que éstas puedan contener, procurando que dicha supresión de datos no impida dar a conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional.

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