Cecilio José Can Xool
Expediente 461/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 3 de octubre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 461/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 03/10/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Cecilio José Can Xool
- Actuario adscrito al Juzgado Primero de Oralidad Familiar Vespertino del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán
- Cecilio José Can Xool y Otros.
Actuaciones
- Principal
Mérida, Yucatán, tres de octubre de dos mil dieciocho. Agréguese para que obre como legalmente corresponda, el oficio 5128/2018 suscrito por la Juez Cuarto Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con residencia en Kanasín, Yucatán, mediante el cual acusa recibo de las copias certificadas de las constancias relativas al expediente 353/2015 de su índice, que en apoyo a su informe justificado remitió la autoridad en cita y que le fue enviado por este Juzgado Federal mediante oficio 3338-I. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado René Rubio Escobar, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Bereniz Cortés Sandoval, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, seis de septiembre de dos mil dieciocho. Atento a lo informado en la cuenta que antecede y toda vez que ha transcurrido el término señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto recurso alguno en contra del proveído de catorce de agosto de dos mil dieciocho, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado, se declara que aquel acuerdo ha causado estado para todos los efectos legales pertinentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, toda vez que en el referido acuerdo se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, no obran agregados documentos originales y carece de relevancia documental, este asunto encuadra en el supuesto previsto en la fracción II del artículo vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, el cual establece lo relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, por tanto, el presente expediente es susceptible de destrucción; en consecuencia, hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordenó el archivo y que carece de relevancia documental. Sin que sea obstáculo a lo anterior, el hecho que aún no obre en autos constancia de notificación del acuerdo que sobreseyó fuera de audiencia en el juicio respecto de las autoridades responsables, Juez Cuarto Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado y el Actuario de su adscripción, ambos con residencia en Kanasín, Yucatán, toda vez que considerando el sentido en que se resolvió el juicio, con el dictado del presente acuerdo no se vulnera derecho alguno. Por otra parte, devuélvase las copias certificadas de las constancias que adjuntó a su informe justificado el Juez Cuarto Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado con residencia en Kanasín, Yucatán, solicitándole acuse recibo de las mismas. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado René Rubio Escobar, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el secretario licenciado Bereniz Cortés Sandoval, quien autoriza y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, catorce de agosto de dos mil dieciocho. Atento a lo informado por la Secretaría en la razón de cuenta que antecede, se tiene por recibido el oficio 4374/2018 signado por la Juez Cuarto Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, el cual se agrega a estos autos para que obre como legalmente corresponda. Ahora bien, se estima pertinente decretar el sobreseimiento en el presente juicio, aun fuera de la audiencia constitucional, conforme a lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, de acuerdo con las consideraciones que a continuación se exponen. Cabe señalar que diversas tesis emitidas por Órganos del Poder Judicial de la Federación, y que resultan aplicables por similitud de razón, sostienen que el sobreseimiento fuera de audiencia puede darse en casos notoriamente evidentes, tales como aquéllos en que hayan cesados los efectos del acto reclamado. Esto al tener en cuenta que la actualización de la hipótesis anterior, debe ser tan evidente que ni aun en la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con algún medio probatorio que pudieran allegar las partes, porque el sentido del fallo siempre sería el mismo. Robustece el criterio anterior la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el 14 de febrero de 2003, derivada de la contradicción de tesis 26/2002-PL, que es del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". De lo anterior, se infiere que cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, no hay necesidad de seguir substanciando el juicio de amparo y llegar a celebrar audiencia constitucional, ya que no cambiaría el sentido de la sentencia. Además, que por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente, puede analizarse de oficio y en cualquier etapa del juicio, como lo señala el artículo 62 de la Ley de Amparo, motivo por el cual se procederá a su estudio. De conformidad con lo anterior, en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la ley de Amparo, que establece: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." La causal de improcedencia prevista en el precepto legal trascrito, cobra vigencia cuando se destruyen todos los efectos del acto reclamado en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera concedido el amparo. En efecto, de la lectura de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa en esencia hizo consistir el acto reclamado, en la omisión por parte de la Juez Cuarto Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, de dar contestación a los escritos de dieciocho de agosto de dos mil diecisiete y cuatro de abril de dos mil dieciocho, en los que solicitó, en el primero, hacer efectivo el apercibimiento realizado en auto de fecha de trece de junio de dos mil dieciséis, para imponer una multa a la Secretaría de Seguridad Pública, y en el segundo, girarle un oficio recordatorio a esa dependencia para que rindiera la información requerida en auto de veintidós de septiembre de ese año, en el expediente 353/2015. Asimismo, del informe justificado, del oficio de cuenta y de las constancias que anexó a los mismos la autoridad responsable, las cuales tienen valor probatorio pleno en términos de los artículos 197, 202 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2o. de la Ley de Amparo, se advierte que en autos del aludido expediente 353/2015, el diez y veintiocho de mayo de dos mil dieciocho, se emitieron los acuerdos que recayeron a las solicitudes de dieciocho de agosto de dos mil diecisiete y cuatro de abril de dos mil dieciocho, en los que se impuso una multa a la Secretaría de Seguridad Pública y se ordenó girar el oficio recordatorio a dicha Secretaría de Seguridad Pública, para que rindiera la información requerida, dentro del término de tres días hábiles, con el respectivo apercibimiento (fojas 90 vuelta de este juicio, 188 y 189 del cuaderno auxiliar), lo que se notificó al solicitante el veintitrés de mayo del año en curso (fojas 190 y 191 del cuaderno auxiliar) y treinta y uno de mayo del presente año (fojas 110 y 111 del juicio). En las relatadas consideraciones, es obvio que en el caso opera la causal de improcedencia, prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues habiéndose reclamado la omisión por parte de la responsable de dar contestación a sus solicitudes de dieciocho de agosto de dos mil diecisiete y cuatro de abril de dos mil dieciocho, es evidente que en el caso cesaron los efectos del acto reclamado, desde el momento en que la Juez Cuarto Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, acordó sobre las solicitudes del ahora quejoso y lo hizo del conocimiento del peticionario del amparo por medio de notificación de veintitrés y treinta y uno de mayo del presente año; lo anterior es posterior a la fecha de presentación de la demanda, que lo fue el diecinueve de abril de dos mil dieciocho, lo cual motiva el sobreseimiento en este juicio de amparo, por lo tanto, se sobresee en el presente juicio, con apoyo en el numeral 63, fracción V, de la invocada Ley de la materia aplicable. Sirve de apoyo a lo anterior por analogía, la jurisprudencia 2ª./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, visible en la página 38, cuyo rubro es el siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUÍDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI, y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En virtud de lo anterior se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para el veintinueve de agosto de dos mil dieciocho a las nueve horas con treinta minutos. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado René Rubio Escobar, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Bereniz Cortés Sandoval, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
aviso ...Mérida, Yucatán, catorce de agosto de dos mil dieciocho. Atento a lo informado por la Secretaría en la razón de cuenta que antecede, se tiene por recibido el oficio 4374/2018 signado por la Juez Cuarto Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, el cual se agrega a estos autos para que obre como legalmente corresponda. Ahora bien, se estima pertinente decretar el sobreseimiento en el presente juicio, aun fuera de la audiencia constitucional, conforme a lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, de acuerdo con las consideraciones que a continuación se exponen. Cabe señalar que diversas tesis emitidas por Órganos del Poder Judicial de la Federación, y que resultan aplicables por similitud de razón, sostienen que el sobreseimiento fuera de audiencia puede darse en casos notoriamente evidentes, tales como aquéllos en que hayan cesados los efectos del acto reclamado. Esto al tener en cuenta que la actualización de la hipótesis anterior, debe ser tan evidente que ni aun en la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con algún medio probatorio que pudieran allegar las partes, porque el sentido del fallo siempre sería el mismo. Robustece el criterio anterior la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el 14 de febrero de 2003, derivada de la contradicción de tesis 26/2002-PL, que es del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". De lo anterior, se infiere que cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, no hay necesidad de seguir substanciando el juicio de amparo y llegar a celebrar audiencia constitucional, ya que no cambiaría el sentido de la sentencia. Además, que por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente, puede analizarse de oficio y en cualquier etapa del juicio, como lo señala el artículo 62 de la Ley de Amparo, motivo por el cual se procederá a su estudio. De conformidad con lo anterior, en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la ley de Amparo, que establece: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." La causal de improcedencia prevista en el precepto legal trascrito, cobra vigencia cuando se destruyen todos los efectos del acto reclamado en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera concedido el amparo. En efecto, de la lectura de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa en esencia hizo consistir el acto reclamado, en la omisión por parte de la Juez Cuarto Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, de dar contestación a los escritos de dieciocho de agosto de dos mil diecisiete y cuatro de abril de dos mil dieciocho, en los que solicitó, en el primero, hacer efectivo el apercibimiento realizado en auto de fecha de trece de junio de dos mil dieciséis, para imponer una multa a la Secretaría de Seguridad Pública, y en el segundo, girarle un oficio recordatorio a esa dependencia para que rindiera la información requerida en auto de veintidós de septiembre de ese año, en el expediente 353/2015. Asimismo, del informe justificado, del oficio de cuenta y de las constancias que anexó a los mismos la autoridad responsable, las cuales tienen valor probatorio pleno en términos de los artículos 197, 202 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2o. de la Ley de Amparo, se advierte que en autos del aludido expediente 353/2015, el diez y veintiocho de mayo de dos mil dieciocho, se emitieron los acuerdos que recayeron a las solicitudes de dieciocho de agosto de dos mil diecisiete y cuatro de abril de dos mil dieciocho, en los que se impuso una multa a la Secretaría de Seguridad Pública y se ordenó girar el oficio recordatorio a dicha Secretaría de Seguridad Pública, para que rindiera la información requerida, dentro del término de tres días hábiles, con el respectivo apercibimiento (fojas 90 vuelta de este juicio, 188 y 189 del cuaderno auxiliar), lo que se notificó al solicitante el veintitrés de mayo del año en curso (fojas 190 y 191 del cuaderno auxiliar) y treinta y uno de mayo del presente año (fojas 110 y 111 del juicio). En las relatadas consideraciones, es obvio que en el caso opera la causal de improcedencia, prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues habiéndose reclamado la omisión por parte de la responsable de dar contestación a sus solicitudes de dieciocho de agosto de dos mil diecisiete y cuatro de abril de dos mil dieciocho, es evidente que en el caso cesaron los efectos del acto reclamado, desde el momento en que la Juez Cuarto Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, acordó sobre las solicitudes del ahora quejoso y lo hizo del conocimiento del peticionario del amparo por medio de notificación de veintitrés y treinta y uno de mayo del presente año; lo anterior es posterior a la fecha de presentación de la demanda, que lo fue el diecinueve de abril de dos mil dieciocho, lo cual motiva el sobreseimiento en este juicio de amparo, por lo tanto, se sobresee en el presente juicio, con apoyo en el numeral 63, fracción V, de la invocada Ley de la materia aplicable. Sirve de apoyo a lo anterior por analogía, la jurisprudencia 2ª./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, visible en la página 38, cuyo rubro es el siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUÍDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI, y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En virtud de lo anterior se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para el veintinueve de agosto de dos mil dieciocho a las nueve horas con treinta minutos. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado René Rubio Escobar, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Bereniz Cortés Sandoval, secretaria que autoriza y da fe.
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