Cecilio González Cardiel

Expediente 606/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 7 actuaciones registradas, la última del 9 de abril de 2018.

Datos del expediente

Expediente
606/2017
Año
2017
Actuaciones
7
Última actuación
09/04/2018

Partes del expediente

  • Cecilio González Cardiel

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Se notifica por lista al quejoso Torreón, Coahuila, nueve de abril de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a examinar y determinar con base en las constancias que obran en autos si la autoridad responsable ha dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo, conforme a las reglas previstas en el título tercero, de la Ley de Amparo. Es aplicable la tesis P./J. 54/2014 (10a), sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 19, libro 12, noviembre 2014, tomo I, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima época, cuyo texto es el siguiente: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo". Ahora bien, de los autos se advierten los datos y constancias que a continuación se relacionan: 1. El quejoso Cecilio González Cardiel, promovió juicio de amparo en el que solicitó la protección constitucional, contra actos del Administrador Local de Recaudación, en esta ciudad y otras autoridades, que hizo consistir en: "IV.- La ley o Actos que de cada Autoridad se reclama: a) Del Administrador Local de Recaudación, reclamo cobro y expedición de orden de pago. b) La Administración Fiscal General de Saltillo, reclamo la aplicación de la referida Ley; c) Del C. Jefe de la Oficina del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la ciudad de Torreón, Coahuila, reclamo la aplicación de la aludida Ley vía expedición de orden de Pago y nota de liquidación de los derechos correspondientes. d) Del H. Congreso Constitucional del Estado de Coahuila, reclamo la aprobación y expedición de la Ley de Hacienda del Estado de Coahuila a cuyo tenor se estableció el pago de los Derechos por servicios que presta el Registro Público de la Propiedad y del Comercio por el registro e inscripción en sus artículos 79, 80 y 82". 2. El veinte de julio de dos mil diecisiete, este órgano de control constitucional dictó la sentencia correspondiente en la que por una parte sobreseyó en el juicio y, por otra, concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión al quejoso, para los efectos siguientes: "Séptimo. Efectos de la concesión de amparo. En términos del artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, la protección constitucional es para que el Administrador Local de Recaudación, con sede en esta ciudad, realice lo siguiente: 1. Desincorpore de la esfera jurídica del quejoso, los artículos 79, fracción II y 79-A, de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza. 2. Deje insubsistentes los pagos contenidos en los recibos de seis de abril de dos mil diecisiete, expedidos por la Administración Fiscal General a nombre del quejoso con números de referencia 758244485 y 758244631. 3. En congruencia con lo anteriormente determinado, devuelva al quejoso las cantidades que enteró en el referido recibo, salvo el cobro de la tarifa mínima a pagar por el concepto de inscripción de documentos en el Registro Público de la Propiedad, es decir, la suma de $240.12 (doscientos cuarenta pesos 12/100 moneda nacional) por cada inscripción; cantidades a devolver, las que deberán ser debidamente actualizadas". 3. Por auto de once de enero del presente año, se declaró ejecutoriada la sentencia de trato y en esa fecha se les requirió el cumplimiento a la autoridad responsable Administrador Local de Recaudación, con residencia en esta ciudad. En virtud de lo anterior, este juzgado, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, a fin de determinar si en el presente caso la autoridad responsable cumplió con la ejecutoria de amparo, debe analizar en su integridad la resolución que constituye la materia del cumplimiento, a efecto de verificar que los efectos de la sentencia hayan sido correctamente cumplidos pues incluso, es factible en el nuevo esquema de cumplimiento que el órgano que conoció del juicio de amparo, se pronuncie sobre un posible cumplimiento defectuoso o excesivo. Ahora, del examen de las constancias de autos, las que de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, tienen pleno valor probatorio, se advierte que el Administrador Local de Recaudación, con residencia en esta ciudad, realizó las siguientes gestiones: 1. Remitió copia certificada del oficio número AGJ/0076/2018 (fojas 83 a 86), mediante el cual la Administración General Jurídica resolvió devolver a la parte quejosa -mediante cheque-, la cantidad enterada por concepto de derechos por servicios de la Dirección General de Registro Público y sus actualizaciones; de igual manera, dejó insubsistentes los pagos contenidos en los recibos de seis de abril de dos mil diecisiete, con números de referencias 758244631 y 758244485 y desincorporó de la esfera jurídica del solicitante del amparo el artículo 79 fracción II, 79-A de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila hasta en tanto subsista el vicio de inconstitucionalidad por tanto, no le sean aplicados al futuro. 2. Remitió copia certificada del acta de notificación de ocho de febrero de dos mil dieciocho, en la que se hizo constar que el quejoso recibió el cheque número 000011065, por la cantidad total de $18,672.00 (dieciocho mil seiscientos setenta y dos pesos 00/100 moneda nacional), acompañando copia simple de dicho título de crédito en el que el solicitante del amparo asentó haber recibido el mismo por la cantidad señalada. Como quedó precisado, las constancias relatadas en líneas anteriores gozan de valor probatorio pleno, al tenor de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido expedidas por una autoridad en el ejercicio de funciones, remitiendo copias certificadas de las constancias que acreditan lo aseverado. Apoya lo anterior, en cuanto a la valoración de los medios de prueba, la jurisprudencia número 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". Y por analogía, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de contenido siguiente: "INFORME JUSTIFICADO, CONSTANCIAS SUFICIENTES PARA APOYARLO. La autoridad responsable no tiene porqué remitir necesariamente con su informe justificado el expediente original del juicio generador del acto reclamado, pues en términos del párrafo segundo del artículo 149 de la Ley de Amparo, al rendir su informe las autoridades deben acompañar copias certificadas de las constancias necesarias para apoyarlo, lo que sucede cuando, de las remitidas se desprende la existencia de los actos reclamados así como la justificación de los mismos". Por tanto, se advierte que la autoridad responsable, en términos de la sentencia de amparo, desincorporó de la esfera jurídica del quejoso, los artículos 79, fracción II y 79-A, de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza; dejó insubsistentes los pagos contenidos en los recibos de seis de abril de dos mil diecisiete, expedidos por la Administración Fiscal General a nombre del solicitante del amparo con números de referencia 758244485 y 758244631 y, en congruencia con lo anterior, devolvió al promovente las cantidades que enteró en los referidos recibos, salvo el cobro de la tarifa mínima a pagar por el concepto de inscripción de documentos en el Registro Público de la Propiedad, es decir, la suma de $240.12 (doscientos cuarenta pesos 12/100 moneda nacional) por cada inscripción; cantidades debidamente actualizadas, por lo que este órgano de control constitucional declara que la ejecutoria de amparo ha quedado cumplida. Sin que este juzgado advierta que la autoridad señalada como responsable haya incurrido en exceso o defecto en el cumplimiento, debido a que, como ya se precisó, cumplió con la obligación a que se le constriñó, sin ir más allá de lo estrictamente requerido en el fallo protector, o haberla omitido. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, toda vez que se trata de un asunto totalmente concluido, no existiendo acuerdo pendiente por dictar, se ordena el ARCHIVO definitivo, previas las anotaciones correspondientes que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado. Conforme al prudente arbitrio de este juzgado este asunto no es de relevancia documental, en términos del último párrafo del artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia de los expedientes generados en los juzgados de distrito, y encuadra en la hipótesis prevista por la fracción IV de dicho precepto, pues se trata de un juicio en el que, por una parte, se sobreseyó en el juicio y, por otra parte, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión y debido a ello es susceptible de depuración; en esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el punto décimo tercero de aquel ordenamiento, deberá ser transferido al depósito documental que para tal efecto señale la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debiendo generarse los documentos que esa disposición prevé. En términos del punto décimo primero del acuerdo general en consulta, hágase constar en la carátula los datos precisados con antelación

  2. Principal

    Agréguese a sus antecedentes el oficio signado por el Administrador Local de Recaudación de Rentas, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, dictada dentro del presente juicio. En tales condiciones, con copia del oficio en mención y anexos, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa por el término de tres días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, para que manifieste lo que a su interés convenga; apercibida que en caso de no hacerlo, esta autoridad, proveerá lo correspondiente con lo manifestado por la autoridad compareciente, en torno al cumplimiento de la sentencia constitucional. NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  3. Principal

    Se notifica por lista al quejoso Agréguese a sus antecedentes el oficio signado por el Administrador Local de Recaudación de Rentas, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, dictada dentro del presente juicio. En tales condiciones, con copia del oficio en mención y anexos, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa por el término de tres días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, para que manifieste lo que a su interés convenga; apercibida que en caso de no hacerlo, esta autoridad, proveerá lo correspondiente con lo manifestado por la autoridad compareciente, en torno al cumplimiento de la sentencia constitucional.

  4. Principal

    Agréguese a sus antecedentes el oficio número signado por el Administrador Local de Recaudación, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, dictada dentro en el juicio en que se actúa. En tales condiciones, con copia del oficio en mención y anexo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa por el término de tres días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, para que manifieste lo que a su interés convenga; con el apercibimiento de no hacerlo, se hará el pronunciamiento correspondiente conforme a los lineamientos de la ejecutoria. Notifíquese; personalmente al quejoso.

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