Cecilio Cervantes Leal

Expediente 354/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 2 actuaciones registradas, la última del 17 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
354/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
17/06/2021

Partes del expediente

  • Cecilio Cervantes Leal

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial de cuenta y en atención al estado procesal de los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja contra el auto de tres de junio de dos mil veintiuno, mediante el cual se desechó de plano la demanda de amparo promovida por ********************y********************; por ende, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2, párrafo segundo, de dicho ordenamiento legal, se declara que el citado acuerdo ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. En ese contexto, de conformidad con el artículo 21******************** de la Ley de Amparo, una vez notificada a los quejosos del presente proveído, sin necesidad de nuevo acuerdo, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente, archívese el presente como asunto concluido. En ese sentido, con fundamento en el artículo 18, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se precisa que este asunto es susceptible de destrucción, dado que por auto de tres de junio de dos mil veintiuno, se desechó de plano la demanda de amparo; en consecuencia, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo judicial por tratarse de un asunto similar al indicado en la fracción I del artículo octavo, de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General Conjunto. Asimismo, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original por no haberlo exhibido las partes, no se trata de expediente de relevancia documental, puesto que no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, el ambiente y la gestión ambiental, así como tampoco se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, ni tampoco generados por los Plenos de Circuito, que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativo a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años contados a partir de la orden de archivo del presente asunto, con apoyo en el artículo 21, penúltimo párrafo, del Acuerdo General citado, este órgano jurisdiccional procederá a la destrucción del presente juicio de amparo, y ordenará la remisión del acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación.

  2. Principal

    Agréguese a los presentes autos para que obre como legalmente corresponda el escrito de cuenta, suscrito por los quejosos Cecilio Cervantes Leal y María Victoria Castillo Zamora. En la especie, de oficio se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, interpretado en sentido contrario ambos de la Ley de Amparo toda vez que, el acto reclamado no es de imposible reparación. En efecto, los numerales invocados disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". "Artículo 107. El juicio de amparo se pedirá ante el juez de Distrito: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." Los preceptos citados establecen la posibilidad de reclamar los actos dictados dentro de juicio cuando éstos tengan sobre las personas una ejecución que sea de imposible reparación y se agoten los recursos ordinarios respectivos. Lo anterior, razonado a contrario sensu, permite sostener que la vía de amparo indirecto será improcedente cuando los actos dictados dentro de juicio puedan tener una ejecución reparable con el dictado de la sentencia definitiva; ello, porque con el acto emitido por la autoridad no se afecten de manera inmediata derechos sustantivos. En efecto, en diversas ejecutorias emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se ha definido que son actos de imposible reparación aquellos que de una manera inmediata lesionan el interés de una de las partes en el juicio, y que tal afectación perdure cualquiera que sea el sentido de la resolución que se pronuncie en ésta, o bien, haga imposible la prosecución del procedimiento, es decir, que cause a una de las partes un agravio no reparable en dicho fallo. Además, es menester exponer que el máximo Tribunal del país, ha establecido en diversas ejecutorias, que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por los derechos fundamentales, de modo tal que esta afectación no es susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreparablemente la violación en el disfrute de la prerrogativa de que se trata. En contraposición a lo anterior, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquéllos que tengan una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, ya que los efectos de este tipo de violaciones son meramente formales y reparables si el que resulta afectado, obtiene sentencia a su favor. En el caso, la determinación reclamada no constituye un acto dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, en términos de la fracción V del numeral 107 de la ley de la materia, pues en este momento procesal en nada le irroga algún perjuicio irreparable a la parte quejosa. En efecto, con base en las disposiciones de la ley de amparo vigente, puede afirmarse que el legislador proporcionó mayor seguridad jurídica en cuanto a la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una definición legal reiteró su propósito de que tanto en los procedimientos judiciales propiamente dichos, como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, se entendiera que para ser calificados como de imposible reparación necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias debían ser de tal gravedad que ocasionaran un perjuicio irreparable inmediato, y no únicamente que produjeran una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegara a trascender al resultado del fallo, además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Lo dicho, equivale a situar lo establecido en la porción normativa en estudio, bajo la condicionante de aquellos supuestos en los que por una parte, el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aun antes del dictado del fallo definitivo y que le cause al justiciable una afectación tal que no sea reparable en sentencia; y por otra, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión ésta, antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos, en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva y estará el afectado en posición de controvertir a través del medio de impugnación correspondiente el acto que le acuse perjuicio. Aún más, de acuerdo a los criterios que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido, definió que la actual legislación de la materia en su numeral 107, fracción V, literalmente dispone qué es lo que se entiende como un acto de imposible reparación y que lo explica como aquél que afecte materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados Internacionales. Sobre esa base prescrita por el legislador y acotada por nuestro órgano supremo de impartición de justicia, puede afirmarse que las violaciones procesales que no cumplan con ese criterio (ejecución irreparable), como se expuso, sólo serán impugnables, en su caso, vía amparo directo. Los razonamientos expuestos tienen también sustento en la jurisprudencia P./J. 24/92 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, número cincuenta y seis, Octava Época, agosto de mil novecientos noventa y dos, que dice: "EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio. Por lo anterior, los actos procesales (sucedidos dentro de un juicio, hasta antes de emitirse la resolución en definitiva), tienen una ejecución de imposible reparación sólo si sus consecuencias afectan inmediata y directamente alguno de los derechos sustantivos del gobernado tutelados por la Constitución General de la República a través de las garantías individuales, por lo que en este supuesto no pudieran repararse las violaciones que en determinado caso llegasen a cometerse a través del amparo directo; lo que no ocurre tratándose de otro tipo de resoluciones, a saber, aquellas respecto de las que sus efectos se contraen exclusivamente a consecuencias dentro del proceso, esto es, son de naturaleza intraprocesal, de tal manera que al ser violaciones ocurridas en la secuela procesal, deben ser reclamadas hasta que se dicte la resolución definitiva en caso de que ésta sea desfavorable al recurrente, por medio del juicio de amparo directo, previa impugnación a través de los recursos ordinarios. Precisado lo anterior, debe decirse que en el caso se actualiza la causal de improcedencia invocada, pues el promovente reclama del Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar, con sede en esta ciudad, el auto de veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, dictado en el sumario civil de guardia y custodia 1738/2011-I, que no admitió el recurso de revocación en contra del proveído de veintiséis de abril del actual, acto que no es de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos, esto es, cuando sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, que tutela la Constitución y los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, por medio de las garantías individuales o derechos humanos, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, entre otras, porque esta afectación o sus efectos, no se destruyen fácticamente con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. En esa medida, el auto de veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, dictado en el expediente familiar de guardia y custodia 1738/2011-I, que no admitió el recurso de revocación en contra del proveído de veintiséis de abril del actual, no es un acto de imposible reparación, pues como puede advertirse, el propio juicio del que deriva, se encuentra actualmente en trámite y la resolución reclamada es un acto de carácter eminentemente procesal; de ahí que, la resolución reclamada que tiene el efecto que quede firme el desechamiento del recurso de revocación interpuesto contra la determinación del Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar, con sede en esta ciudad, dentro del expediente familiar de guardia y custodia 1738/2011-I, no causa un perjuicio irreparable al impetrante, pues incluso ello pudiera no trascender a su esfera jurídica, en caso de que obtenga sentencia favorable en la que se emita en el juicio del que deriva tal incidencia. Cabe citar, por las razones que la informan, la tesis IV.3o.111 K, del Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, visible en la página 489, Tomo XV-2, Febrero de 1995, Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, con registro de localización 208717, que dice: "PRUEBAS. DESECHAMIENTO DE. NO ES UN ACTO DE EJECUCION IRREPARABLE PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO BIINSTANCIAL. Los actos procesales que pueden reclamarse en amparo indirecto son aquéllos que traen consigo una ejecución de imposible reparación, es decir, que por regla general el amparo biinstancial es improcedente para reparar violaciones cometidas en la secuela procesal, por ser propio del amparo directo siempre y cuando se cumpla con las hipótesis previstas en los artículos 158, 159 y 161, este último para el caso de materia civil, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, y que sólo en casos verdaderamente excepcionales en que efectivamente el acto procesal afecte de manera directa e inmediata alguno de los derechos fundamentales del gobernado procederá el amparo ante el Juez de Distrito, por lo cual, tomando en cuenta lo anterior el desechamiento de una prueba en manera alguna afecta en forma directa e inmediata los derechos del oferente, por ser inconcuso que los efectos jurídicos producidos por el desechamiento de una prueba son meramente intraprocesales y por ende no afectan ningún derecho sustantivo tutelado por la ley, pues incluso de obtener sentencia favorable la solicitante de amparo desaparecería el supuesto agravio, y en caso contrario tiene expedito su derecho para alegarlo como violación procesal en términos del artículo 159, fracción III, de la Ley de Amparo, en la demanda de amparo directo, que se promueva contra la sentencia definitiva o resolución que ponga fin al juicio. Ahora bien, suponiendo que los quejosos no obtuvieran sentencia definitiva favorable, las violaciones procesales que se hubieran cometido en su contra durante el curso del procedimiento y que hubiesen trascendido al sentido de la sentencia en cuestión, dejándola en estado de indefensión, podrá reclamarlas como violaciones al procedimiento en su momento procesal, en la vía de amparo directo, a través de los conceptos de violación que en su caso haga valer, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 170, 171 y 172 de la Ley de Amparo. A mayor abundamiento, debe decirse que los artículos 34, 171 y 172 de la Ley de Amparo, otorgan a la parte interesada, la posibilidad de hacer valer las violaciones a las leyes del procedimiento judicial a través del amparo directo que se promueva en contra de la sentencia definitiva. Esto tiene como efecto, evitar que durante la tramitación del juicio las partes acudan tantas veces como violaciones se cometan, a demandar el amparo por la vía indirecta, a fin de evitar entorpecer el curso natural de los juicios. Luego será, en su caso, hasta el pronunciamiento de la sentencia del juicio de origen, cuando lo ahora determinado pudiera influir o no en el sentido de la decisión de la autoridad responsable y, por ello, hasta entonces se podría actualizar la posibilidad de que la pretendida violación procesal llegara a trascender al resultado del fallo y dar lugar así a una afectación de derechos sustantivos, si la sentencia es adversa a los intereses de la parte quejosa. Lo anterior se corrobora si se toma en cuenta, además, que la resolución impugnada en esta vía, en todo caso, entraña una violación a las leyes del procedimiento, prevista en el artículo 172, fracción III, de la Ley de Amparo, puesto que tal precepto dispone lo siguiente: "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: III. Se desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la ley; En tales condiciones, como ya se dijo, al no ser un acto que afecte materialmente derechos sustantivos ni que constituya el supuesto de excepción previsto por la norma, es inconcuso que no se actualiza la hipótesis contemplada por el numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo para poder ser impugnado de inmediato a través del juicio de amparo indirecto. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.7o.C. J/3, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, visible en la página 49 Tomo 68, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, con registro de localización 215164, cuyo rubro y texto dicen: "VIOLACIONES PROCESALES. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CUANDO SE RECLAMAN ANTES DE QUE SE DICTE LA SENTENCIA DEFINITIVA, Y NO SE AFECTAN DERECHOS SUSTANTIVOS. La lectura integral de los artículos 158, primer párrafo, 161 y 166, de la Ley de Amparo, pone de relieve que los planteamientos relativos a cuestiones de índole procesal deben formularse a través de los conceptos de violación que se hagan valer en la demanda de amparo que en su caso y oportunidad se promueva en contra de la sentencia definitiva, lo que quiere decir que no pueden reclamarse en forma autónoma, ya que lo que da procedencia al juicio de garantías en la vía directa es precisamente la reclamación en contra del fallo que decidió el juicio en lo principal, respecto del cual no haya en la ley ordinaria ningún recurso o medio de defensa mediante el cual pueda ser modificado o revocado, razonamientos todos estos que cobran fuerza si se tiene en cuenta que es hasta dicho momento cuando se conocerá si la infracción trascendió o no, afectando las defensas del quejoso, pues casos hay en que aún ante la violación más inicua, si la sentencia definitiva es favorable a aquél en contra de quien se cometió, no tendrá legitimación para acudir al juicio; en consecuencia, al reclamar únicamente la violación procesal el juicio deviene improcedente en términos de lo dispuesto por el artículo 73, fracción XVIII, en relación con los artículos 158 y 166, fracción IV, de la Ley de Amparo, criterio éste que tendrá aplicación siempre y cuando no se esté frente a infracción de derechos sustantivos, que como excepción la Corte Suprema ha considerado para dar procedencia al juicio de garantías. Asimismo, sustenta lo aquí aseverado, la Jurisprudencia VI.2o.C. J/231, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, consultable en la página 1060, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, mayo 2003, Materia Civil, Novena Época, registro IUS 184249 que textualmente establece: "VIOLACIONES PROCESALES, RAZÓN DE SER DE LA IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO EN CASO DE. Al establecer los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo, que reglamentan la disposición contenida en el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la posibilidad de hacer valer las violaciones a las leyes del procedimiento judicial, administrativo o del trabajo, a través del amparo directo que se promueva en contra de la sentencia definitiva, se pretende evitar una cadena interminable de juicios de garantías, esto es, que el fin que se persigue es impedir que en el trámite del juicio las partes acudan tantas veces como violaciones se cometan a demandar el amparo por la vía indirecta, lo que entorpecería el curso natural de los juicios; lo anterior no significa de manera alguna transgredir la garantía de impartición de justicia pronta y expedita, consagrada en el artículo 17 constitucional, habida cuenta que frente al interés de los particulares se encuentra el interés público de que los juicios de amparo no proliferen de manera desmedida, haciendo nugatoria, precisamente, la citada garantía, debido a la demora en la solución de los conflictos". Entonces, al ser manifiesta e indudable la causal de improcedencia aludida con antelación, a nada práctico conduciría admitir una demanda de garantías notoria e indudablemente improcedente, pues aun cuando se admitiera la demanda y se ventilara el procedimiento, no es factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos de prueba que eventualmente pudieran allegar las partes; por ello, con fundamento en el artículo 112 y 113 de la Ley de la materia, se desecha de plano la demanda de garantías promovida por Cecilio Cervantes Leal y María Victoria Castillo Zamora, por actualizarse la causal de improcedencia del juicio constitucional, prevista el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo. Es aplicable al caso, en lo conducente, la jurisprudencia número XVII.2º.J/11, visible en la página 648, del Tomo IX, correspondiente al mes de Enero de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, cuyo rubro expresa: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESION MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio". Por último, Con apoyo en el precepto 305, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2º, párrafo segundo de la misma ley, se tiene como domicilio de los impetrantes de garantías, para oír y recibir notificaciones en el despacho jurídico, ubicado en Benito Juárez, número 255-1 poniente altos, entre Zaragoza y Guillermo Prieto, colonia Centro, en esta ciudad de Los Mochis, Sinaloa, y como su autorizado para tales efectos, en su nombre, en términos amplios del precepto 12 de la ley de la materia, al licenciado Israel Fernández Vázquez.

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