Cecilio Barrera Rosario

Expediente 1022/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 20 actuaciones registradas, la última del 26 de mayo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1022/2016
Año
2016
Actuaciones
20
Última actuación
26/05/2017

Partes del expediente

  • Cecilio Barrera Rosario

Actuaciones

Las 4 más recientes de 20.

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, se aprecia que ha transcurrido el término de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa, promoviera inconformidad en contra del auto de veinticuatro de abril de dos mil diecisiete, en el que este Juzgado Federal, declaró cumplida la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio, sin que a la fecha lo hubiera hecho, no obstante de estar legalmente notificado para ello, como se advierte de la constancia relativa; en consecuencia, se les tiene por consentido dicho auto. Con apoyo en los artículos 196 y 214 de la Ley de Amparo, archívese este asunto como totalmente concluido y hágase la anotación respectiva en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Asimismo, vistas las constancias de autos se advierte que el presente expediente carece de relevancia documental, sin que del mismo se aprecie documento alguno en original exhibido por las partes, lo que se hace constar de conformidad a lo señalado en el punto Décimo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, con vigencia a partir de treinta días después de su publicación, según su artículo primero transitorio. Atento a lo anterior, respecto del presente juicio de amparo, dado que se encuentra dentro de los supuestos que prevé el punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado, una vez transcurridos cinco años, contados a partir de la emisión de este auto, procédase a su depuración y consérvese únicamente la demanda y sentencia respectivas.

  2. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que mediante oficio 185, recibido el tres de marzo de dos mil diecisiete, en la oficialía de este juzgado federal, la Jueza Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Guerrero, residente en Tixtla, envió copia certificada de la resolución de veintiocho de febrero del año en curso, dictada en la causa penal número 36/2016, en la que dejó insubsistente la orden de aprehensión de quince de julio de dos mil dieciséis, y en su lugar emitió la antes referida, a la cual se le otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo de conformidad con el dispositivo 2° de dicho ordenamiento, por ser emitida por funcionario público en ejercicio de sus funciones. Mediante proveído de seis de marzo del año actual, la Titular de este órgano jurisdiccional ordenó dar vista al quejoso con dicho oficio y con las constancias que remitió la autoridad responsable, para que en el término de tres días manifestará lo que a su interés legal conviniera, apercibido que de no hacer manifestación alguna respecto del cumplimiento dado a la sentencia dictada en este asunto, este juzgado acordaría lo que en derecho procediera. Tal acuerdo, se notificó a la parte quejosa de manera personal por conducto de su autorizada el ocho del mes y año que transcurre, sin que desahogara dicha vista, por lo que este juzgado federal procede a pronunciarse sobre tal aspecto y para tal efecto se realiza el estudio de las constancias a fin de determinar si se encuentra cumplida o no la sentencia que concedió la protección constitucional a Cecilio Barrera Rosario; por ser una cuestión de orden público y de análisis oficioso. En ese orden de ideas, en sentencia emitida en audiencia concluida el treinta y uno de enero de dos mil diecisiete, este órgano jurisdiccional concedió la protección constitucional a Cecilio Barrera Rosario, para el efecto de que: "a) Deje insubsistente la orden de aprehensión dictada en los autos de la causa penal 36/2016, el quince de julio de dos mil dieciséis, en contra de Cecilio Barrera Rosario. b) Con plenitud de jurisdicción dicte otra, en la que deberá subsanar las fallas apuntadas por esta resolución, esto es: 1) Analice la probable responsabilidad acorde a las constancias allegadas a la averiguación previa. 2) En el apartado correspondiente a la probable responsabilidad, deberá analizarla conforme a cada uno de los delitos (violencia familiar e incumplimiento de la obligación alimentaria), precisando de manera clara, qué valor probatorio otorga a los medios de convicción con los que aduce se acredita cada uno, debiendo señalar el fundamento legal aplicable y las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que haya tomado en consideración." Ahora bien, mediante oficio 185, de veintiocho de febrero de dos mil diecisiete, la autoridad responsable remitió copia certificada de la resolución de esa misma fecha, en la que dejó insubsistente la orden de aprehensión de quince de julio de dos mil dieciséis, dictada en la causa penal 36/2016, y con plenitud de jurisdicción emitió la antes referida subsanando las deficiencias formales apuntadas en la sentencia de mérito. Es decir, analizó la probable responsabilidad acorde a las constancias allegadas a la averiguación previa; asimismo, la Juez responsable se pronunció sobre la probable responsabilidad penal del inculpado Cecilio Barrera Rosario, por los delitos de violencia familiar e incumplimiento de la obligación alimentaria, los cuales tuvo por acreditados en términos de los artículos 64 párrafo tercero, 22 fracción I, y fracción I A del numeral 26, del Código Penal número 499, con los medios de convicción consistentes en la imputación firme y directa de la pasiva Yadira Hernández Ramírez, concatenados con las declaraciones ministeriales de los testigos de cargo Ilse Hernández Ramírez y Flavio César Vázquez Abrajan, otorgándoles valor probatorios en términos de los artículos 121, 122, 127 y 128 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Guerrero.. En consecuencia, toda vez que la que suscribe no advierte que el cumplimiento a la ejecutoria de amparo rebase los limites o alcances fijados en el mencionado fallo, o que la conducta de la responsable implique carencia o falla con relación a los efectos para los cuales se concedió, es decir, no advierte exceso o defecto en su cumplimiento, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, SE TIENE POR CUMPLIDO EL FALLO PROTECTOR. En virtud de lo anterior, hágase del conocimiento de las partes la anterior determinación para efectos de lo dispuesto en los artículos 201 y 202 de la Ley de Amparo.

  3. Principal

    Visto el estado que guarda el juicio de amparo en que se actúa y toda vez que se advierte que las partes no interpusieron recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente asunto, en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del numeral 2 de la ley de la materia, se declara que dicha sentencia que SOBRESEYÓ Y AMPARÓ ha causado EJECUTORIA; háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Por tanto, con fundamento en los artículos 107, fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 192 de la actual Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Jueza Mixto de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Guerrero, residente en Tixtla, para que dentro del término de TRES DÍAS HÁBILES, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, se sirva informar a este Juzgado de Distrito sobre el cumplimiento que haya dado a la sentencia dictada por este órgano jurisdiccional a efecto de que: "a) Deje insubsistente la orden de aprehensión dictada en los autos de la causa penal 36/2016, el quince de julio de dos mil dieciséis, en contra de Cecilio Barrera Rosario. b) Con plenitud de jurisdicción dicte otra, en la que deberá subsanar las fallas apuntadas por esta resolución, esto es: 1) Analice la probable responsabilidad acorde a las constancias allegadas a la averiguación previa. 2) En el apartado correspondiente a la probable responsabilidad, deberá analizarla conforme a cada uno de los delitos (violencia familiar e incumplimiento de la obligación alimentaria), precisando de manera clara, qué valor probatorio otorga a los medios de convicción con los que aduce se acredita cada uno, debiendo señalar el fundamento legal aplicable y las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que haya tomado en consideración. Debiendo seguir los lineamientos señalados en el presente fallo." Apercibida que, de no hacerlo, se hará acreedor a una multa de cincuenta unidades de medida y actualización, con arreglo en el artículo 237 fracción I de la Ley de Amparo, en relación con el decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones (artículos 26, 41 y 123) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Es de precisarse, que el término otorgado a la responsable para el cumplimiento al fallo protector, es el que este órgano jurisdiccional estima prudente para lograr tal fin, mismo que se concede atendiendo a la naturaleza de la violación transgredida, lo anterior, con fundamento en el numeral 192, párrafo cuarto del ordenamiento legal invocado. Ahora bien, puntualícese a la autoridad responsable que el presente requerimiento se formulara por única ocasión, pues si bien el numeral 192 de la actual Ley de Amparo establece que en el mismo proveído se deberá requerir en términos similares al superior jerárquico, no menos cierto, es que en el presente asunto, en concordancia con la jurisprudencia localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Registro: 2007295, Instancia: Plenos de Circuito Libro 9, Agosto de 2014, Tomo II, Tesis: PC.I.C. J/3 K (10a.) visible a página 1378, Materia Común, de rubro "JUECES DE PRIMERA INSTANCIA, NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO, EN MATERIA JURISDICCIONAL, PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO", toda vez que los Jueces de Primera Instancia, no tienen Superior Jerárquico, en Materia Jurisdiccional, para efectos del cumplimiento de ejecutorias de Amparo; dicho criterio no se opone a lo dispuesto en esta nueva ley, acorde a lo indicado en el punto sexto transitorio. Asimismo, hágase del conocimiento de la autoridad responsable, que en caso de no dar cumplimiento a lo anterior, de conformidad con el artículo 193 de la ley de Amparo, así como con el punto segundo del Acuerdo General Numero 12/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación relativo a las atribuciones de los Tribunales Colegiados de Circuito al ejercer la competencia delegada para conocer de los incidentes de Inejecución de Sentencia no se realizará un requerimiento subsecuente; puesto que al no dar cumplimiento al fallo protector en el plazo razonable estipulado, lo procedente es remitir el expediente al dicho órgano colegiado, con el fin de que se inicie el procedimiento de inejecución respectivo, que podrá derivar en la separación y consignación del funcionario público contumaz ante el Juez de Distrito, sanción que según el artículo 198 de la Ley de Amparo, puede persistir aún en el caso de que se deje el cargo si se acredita que incurrió en responsabilidad al evadir los efectos de la protección constitucional. En mérito de lo expuesto, y toda vez que no es necesario seguir conservando el duplicado de la causa penal 36/2016, hágase el desglose del mismo, y remítase a su lugar de origen Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Guerrero, residente en Tixtla, solicitándole el acuse de recibo correspondiente. Finalmente, en cuanto a la valoración de los cuadernos incidentales, acuérdese lo procedente por cuerda separada.

  4. Incidental

    Visto el estado que guardan los autos del juicio principal del que deriva el cuaderno incidental en que se actúa, en específico el proveído de esta fecha, en el que se declaró ejecutoriada la sentencia dictada en el juicio principal, y a efecto de observar lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, se procede a la valoración de los presentes cuadernos.... Por cuanto hace al ORIGINAL del incidente de suspensión, toda vez que el cuatro de octubre de dos mil dieciséis, se concedió la medida cautelar solicitada, es susceptible de ser DEPURADO, una vez transcurridos cinco años de dictada la resolución definitiva acorde con lo dispuesto en el punto Vigésimo Primero, fracción III, párrafo segundo; y respecto al DUPLICADO del citado incidente, éste deberá de ser DESTRUIDO una vez transcurridos seis meses de haberse resuelto la suspensión definitiva solicitada, de conformidad con lo establecido en el punto Vigésimo, fracción III, del Acuerdo General antes mencionado; en consecuencia, remítanse al archivo hasta en tanto transcurran los plazos antes señalados.

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