Cecilio Alfaro Hernandez

Expediente 90/2017 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 17 de febrero de 2017.

Datos del expediente

Expediente
90/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
17/02/2017

Partes del expediente

  • Cecilio Alfaro Hernandez

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación que antecede, se advierte que el proveído dictado el tres de febrero del año en curso, mediante el cual se desechó la demanda de amparo, no fue recurrido dentro del término legal; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que HA CAUSADO ESTADO. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo vigente, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I, del acuerdo en cita, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó resolución en la que se desechó la demanda de garantías.

  2. Principal

    CONSTANCIA: En cumplimiento a lo ordenado en proveído de tres de febrero de dos mil diecisiete, por este medio se notifica a la PARTE QUEJOSA, el contenido del proveído de esta misma fecha, el cual en lo conducente dice: Visto el escrito de cuenta, se provee: téngase por recibida la demanda de amparo que promueve *****, contra actos del Juez Tercero de Primera Instancia Civil, con residencia en Salamanca, Guanajuato, y otra autoridad, que considera violatorios en su perjuicio de las garantías contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Atento a lo anterior, fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 90/2017-VI, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico estará a disposición de las partes, tan pronto como las mismas cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Así, como punto de partida, es pertinente traer a colación el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, que dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto anterior, se desprende que es procedente desechar la demanda de amparo, cuando el Juez de Distrito encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos anexos. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda, escritos aclaratorios y anexos que se acompañen, y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que aun en el caso de que se llegara a admitir la demanda, los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean indispensables para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, al grado de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia, a pesar de las pruebas que posteriormente se aportaren, es decir, si se tiene duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda pues, de lo contrario, se privaría al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que pudiera causarle perjuicio. En el caso en concreto, es procedente desechar de plano la demanda de garantías; hipótesis que se surte en el caso en estudio, toda vez que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIV, primer párrafo, en relación con el 17, ambos de la Ley de Amparo, en virtud de que la demanda de garantías fue presentada de manera extemporánea. A fin de evidenciar lo anterior, resulta necesario reproducir el texto del citado artículo 61 de la Ley de Amparo y la fracción de referencia, mismos que a la letra establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: "(...)" "XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." Del citado numeral se desprende que es improcedente el juicio de amparo contra actos consentidos tácitamente, esto es, en contra de aquellos en que no se promueva el juicio de garantías dentro del término establecido por los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo vigente. Por su parte, los referidos preceptos legales establecen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Así, del último de los preceptos legales invocados se evidencia que la Ley de Amparo vigente establece tres momentos a partir de los cuales debe computarse el plazo de quince días para la interposición del juicio de garantías, los cuales se cuentan, respectivamente, a partir del día siguiente: a) Al en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Al en que el quejoso haya tenido conocimiento del mismo; o, c) Al en que el quejoso se haya ostentado sabedor de los referidos actos. Es decir, conforme al artículo 18 de la Ley de Amparo vigente, el juicio de garantías debe promoverse desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame, pero también permite al quejoso promoverlo desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de ellos o de sus actos de ejecución, e incluso, al en que se haya ostentado sabedor de los mismos. En efecto, la causal en examen tiene su razón en la necesidad de dar seguridad jurídica al orden social, pues si existiendo un acto autoritario que afecta a un particular gobernado en su haber jurídico, el derecho para reclamarlo en un plazo perentorio y deja que éste transcurra sin ejercer la acción constitucional consagrada a su favor, nace en su perjuicio una presunción legal en el sentido de que está conforme con el acto autoritario y éste adquiere firmeza jurídica y se torna inexigible. Así, para que exista consentimiento tácito del acto reclamado para efectos del amparo, es menester que concurran, el establecimiento en la ley de un plazo perentorio para el ejercicio de la acción; y el transcurso de ese lapso sin haberse presentado la demanda de garantías. Así, resulta clara la intención del legislador en establecer que el inicio del cómputo para la promoción del juicio de garantías, fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las tres hipótesis identificadas en dicho precepto legal, de lo que se sigue que los mismos son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno. Por otra parte, es pertinente destacar que el artículo 17 de la Ley de Amparo vigente, de forma general, establece el plazo para promover el juicio de amparo, ya sea en la vía directa o indirecta. Por tanto, la esencia del referido numeral 17, se sustenta en el conocimiento del acto reclamado, puesto que es suficiente que en la demanda de garantías el promovente manifieste la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado, para que ésta constituya el punto de partida a efecto de determinar la oportunidad del juicio de amparo, siempre y cuando no exista prueba que demuestre lo contrario. Ahora bien, de la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado se hace consistir en la orden de desalojo del inmueble ubicado en *****, dentro del juicio ordinario civil ****: inmueble del cual el quejoso aduce tiene la posesión. Ahora bien, en términos de lo que establece el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo en términos de su numeral 2°, es un hecho notorio que el ahora promovente presentó una demanda de amparo indirecto que fue registrada bajo el número ---------- del índice de este Juzgado Federal, contra actos que atribuyó al Juez Tercero Civil de Salamanca, Guanajuato, actos que en esencia son los mismos que reclama en este juicio de amparo, consistentes en la orden de lanzamiento, desocupación y entrega del inmueble ubicado en *****, que el aquí peticionario de garantías adujo poseía en calidad de arrendatario, emitida en el juicio ordinario civil ***** del índice del Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil, con sede en Salamanca, Guanajuato, al que afirma la parte quejosa, no fue llamada a juicio. Juicio de garantías ***** en el que en esta instancia se sobreseyó en virtud de que el citado quejoso no acreditó el interés jurídico en dicho juicio de amparo, sobre el derecho de posesión del inmueble ubicado en *****, y al haber sido impugnada dicha determinación, mediante recurso de revisión hecho valer por la parte quejosa *****, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil de este Circuito, dentro del recurso de revisión civil -------- confirmó la sentencia recurrida. En suma, de las demandas de amparo aludidas, coexisten los mismos elementos, igual promovente, *****, mismos terceros interesados, *****, *****, *****, **** y *****, misma autoridad ordenadora, Juez Tercero Civil de Salamanca, Guanajuato e idéntico acto reclamado. De lo anterior, se advierte que la demanda materia del presente juicio de garantías se promovió de forma extemporánea, al haberse presentado después de los quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo. En efecto, lo anterior es así, ya que no pasa inadvertido a este juzgador, que al tener a la vista como hecho notorio, el expediente ***** del índice de este Juzgado Federal, acorde con lo dispuesto en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se evidencia que el promovente *****, tuvo conocimiento del acto que por esta vía reclama, el diecisiete de febrero de dos mil dieciséis, tal y como se advierte de su primer escrito de demanda la cual quedó registrada bajo el número ***** de la estadística de este Tribunal. Lo anteriormente reseñado, se invoca como hecho notorio, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 88, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del numeral 2. Por ende, queda en evidencia que la parte quejosa tuvo conocimiento del acto reclamado por lo menos desde el diecisiete de febrero de dos mil dieciséis, fecha en que presentó la diversa demanda de garantías que dio origen al juicio de amparo 124/2016-III del índice de este Juzgado Décimo de Distrito, contra el mismo acto reclamado, mismos terceros interesados, *****, *****, *****, ***** y *****, misma autoridad ordenadora, Juez Tercero Civil de Salamanca, Guanajuato; por tanto, se actualiza el supuesto mencionado en párrafos precedentes, ya que el plazo a que alude el artículo 17 de la ley de la materia, comenzó al día siguiente a aquél en que tuvo conocimiento la quejosa del acto reclamado, es decir el día diecisiete de febrero y feneció el día nueve de marzo de dos mil dieciséis, sin incluir el veinte, veintiuno, veintisiete y veintiocho de febrero, así como cinco y seis de marzo, todos del año en cita, por ser sábados, domingos e inhábiles, en términos del artículo 19 de la ley de la materia, por lo que si la demanda de amparo que dio origen al presente juicio, se presentó en la Oficialía de Partes a los Juzgados de Distrito en el Estado de Guanajuato, residentes en Irapuato, hasta el uno de febrero de dos mil diecisiete, es claro que la misma se presentó en forma extemporánea. En consecuencia, se afirma que la acción constitucional en sí misma es improcedente por extemporánea, pues lleva implícito el consentimiento tácito respecto del acto que no se combatió de manera oportuna. En esas condiciones, al estar plenamente demostrada la actualización de la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIV, en relación con los diversos 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR la presente demanda. Ahora, tomando en consideración que la parte quejosa solicita se le tenga como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este órgano jurisdiccional, lo que no es técnicamente posible, con fundamento en el numeral 30 fracción II de la ley de la materia, la presente determinación, así como las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, practíquensele mediante lista de acuerdos que se fije en los referidos estrados de este órgano jurisdiccional. Hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional en uso de las facultades conferidas por el numeral 20, fracción VI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, respecto a la protección de datos personales en posesión de los particulares, con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado y garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas de quienes intervienen en este expediente judicial, en relación con los diversos numerales 1, 2, 19, 21 y demás relativos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como del 57 de su Reglamento, cualquier uso no autorizado en los términos previstos en dicho ordenamiento legal, puede dar lugar a las sanciones establecidas en los diversos 64, 67, 68 y 69 de la citada legislación. Asimismo, con apoyo en los artículos 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, 18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 25, 28 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia a la información pública, protección de datos personales y archivo, publicado en seis de febrero de dos mil catorce en el Diario Oficial de la Federación, se hace constar que en la publicación de la sentencia que se dicte en el presente asunto, no se darán a conocer los datos personales y de identificación de las partes, por no existir consentimiento inequívoco y expreso para ello.

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