Ceciliar Silva Garfias y Otros.
Expediente 330/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 33 actuaciones registradas, la última del 12 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 330/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 33
- Última actuación
- 12/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Ceciliar Silva Garfias y Otros.
- Santiago Leyva Silva
- David Leyva Ruiz
- Ceciliar Silva Garfias
Actuaciones
Las 4 más recientes de 33.
- Incidental
Morelia, Michoacán, doce de diciembre de dos mil veintidós. SE RECIBE OFICIO Y ANEXOS Agréguese a los presentes autos el oficio por el cual la autoridad que lo signa informa que el proveído por el cual desechó el recurso de revisión en incidente hecho valer por la parte aquí quejosa, en contra de la interlocutoria de diecinueve de mayo pasado dictada en estos cuadernos incidentales, fue declarado firme por el tribunal superior al no haberse recurrido mediante el recurso de reclamación, por lo que devuelve el cuaderno original del incidente de suspensión en que se actúa, remitido para la substanciación de aludido medio de impugnación. Acuse el recibo correspondiente. ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO Glósense al principal las actuaciones que obran en el cuadernillo relativo y háganse las anotaciones en el libro de gobierno para los fines estadísticos correspondientes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza.- Doy fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, cuatro de noviembre de dos mil veintidós. SE RECIBE OFICIO Agréguese a los presentes autos el oficio por el cual la autoridad que lo signa devuelve el oficio por el cual se notifica al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos la sentencia dictada en este juicio, manifestando que no es de su competencia dado que se pretende hacer esa notificación por conducto de la Secretaría de Salud; en tal virtud, se ordena a la encargada de la correspondencia de este juzgado, que remita dicho comunicado a la autoridad por conducto de quien se ha ordenado notificado al titular del Ejecutivo Federal en este juicio, a fin de que pueda imponerse de su contenido. En otro orden de ideas, como de autos se desprende que por proveído de veinticuatro de octubre pasado, causó ejecutoria la sentencia de veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, por la que se sobreseyó el juicio de amparo en que se actúa y, como de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que se encuentra pendiente de notificarse a este juzgado sobre la resolución del recurso de revisión interpuesto en contra de la resolución interlocutoria mediante la cual se resolvió sobre la suspensión definitiva de los actos reclamados. En consecuencia, mediante atento oficio que al efecto se le gire, hágase saber tal circunstancia al tribunal superior, para lo que a bien determine en ese medio de impugnación. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza.- Doy fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, veinticuatro de octubre de dos mil veintidós. CUENTA CON AUTOS. Visto el contenido de la certificación con que se da cuenta, de la que se obtiene que ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa a quien perjudica el sentido del fallo, hubiese interpuesto recurso de revisión contra dicha resolución de veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, en la que se SOBRESEYÓ el juicio de amparo promovido por Cecilia Silva Garfias y David Leyva Ruiz en cuanto representantes de los menores de iniciales S.L.S. y J.L.S.. DECLARACIÓN DE EJECUTORIA Se declara que la aludida resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes, en términos de los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. SE ORDENA ARCHIVO FÍSICO Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos, se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo, con apoyo en el artículo 214, de Ley de Amparo y 12 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo, al tratarse de un juicio de amparo en que se decretó su sobreseimiento. ORIGINAL DE INCIDENTE Por su parte, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es susceptible de depurarse, ya que se concedió la medida cautelar solicitada. Una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio. DUPLICADO DE INCIDENTE En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, contado a partir de esta propia fecha. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza. Doy fe.
- Principal
V I S T O S los presentes autos, para resolver el juicio de amparo 330/2022, promovido por Cecilia Silva Garfias y David Leyva Ruiz en cuanto representantes de los menores de iniciales S.L.S. y J.L.S., contra actos del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, con sede en la Ciudad de México y otras autoridades. R E S U L T A N D O PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante escrito presentado el veintitrés de marzo de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, recibido en este órgano jurisdiccional por razón de turno al día siguiente hábil, Cecilia Silva Garfias y David Leyva Ruiz en cuanto representantes de los menores de iniciales S.L.S. y J.L.S., promovieron demanda de amparo indirecto contra del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, con sede en la Ciudad de México y otras autoridades y por los actos que a continuación se trascriben: SEGUNDO. DERECHOS FUNDAMENTALES QUE SE ESTIMAN VIOLADOS. La parte quejosa precisó como violados en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1°, 4° y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. Por auto de veinticinco de marzo de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda de amparo respecto del acto reclamado y por las autoridades señaladas como responsables, registrándose la misma con el número de expediente 330/2022; se solicitó de las autoridades responsables su informe justificado; se dio la intervención que compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo lugar previo su diferimiento en los términos del acta que antecede, quedando así los autos en estado de emitir sentencia. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, conforme lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, así como los diversos artículos 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y punto cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede al examen integral de la demanda de garantías y demás pruebas y constancias que se allegaron a la litis constitucional, y su contenido se interpreta sin calificativos o expresiones ambiguas u obscuras, se razona además sobre su causa de pedir, ya que sólo así se garantiza un efectivo acceso a la justicia. Se atiende además, a la jurisprudencia P./J.40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de amparo y constancias que obran en autos, se advierte que el acto reclamado a las autoridades responsables, en la presente instancia constitucional, consiste esencialmente es: La omisión de aplicar a los menores quejosos la vacuna contra el virus del COVI-19. TERCERO.- INEXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Al rendir sus informes justificados las autoridades responsables Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, con sede en la Ciudad de México, Gobernador del Estado, Secretario de Salud en el Estado de Michoacán y Secretaría del Bienestar Delegación Michoacán, ambos, con sede en esta ciudad, negaron la existencia de los actos que la parte quejosa les atribuyó. Sin que el solicitante del amparo haya aportado prueba alguna tendente a desvirtuar la negativa por parte de dichas autoridades señaladas como responsables ordenadoras. En apoyo a lo anterior se invoca, la jurisprudencia VI.2°.J/20, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 627, tomo IV, segunda parte, julio a diciembre de 1989, Octava época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, que establece: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". En tales condiciones, de conformidad con el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe sobreseerse en este juicio de amparo, ante la evidente inexistencia del acto que la parte quejosa reclamó de las autoridades responsables. Así, al haberse declarado el sobreseimiento, el suscrito se encuentra impedido para abordar el análisis de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, al tenor de la jurisprudencia número 1028, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que dispone: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente." CUARTO. EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Las autoridades responsables titular de la Secretaría de Salud y de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, ambos con sede en la Ciudad de México, aceptaron la existencia de los actos que la parte quejosa les reclama. QUINTO. IMPROCEDENCIA. El estudio de las causales de improcedencia es de orden público y preferente al fondo del asunto, como lo dispone el artículo 62 de Ley de Amparo. De ahí que, de un estudio de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se estima que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente. [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado [.]". Así, de dicho precepto legal se infiere que el juicio de amparo se torna improcedente cuando el acto reclamado ya no puede incidir en la esfera jurídica del peticionario de garantías, en virtud de que el acto de autoridad ya no puede producir efecto alguno, ya sea porque ha sido sustituido procesalmente por otro, o bien, porque la responsable determinó revocarlo, es decir, para que esta causal de improcedencia se materialice, es necesaria una conducta de hacer por parte de la responsable con la que deje sin efecto el acto reclamado. La causal de improcedencia prevista en el precepto legal transcrito, cobra vigencia cuando se destruyen todos los efectos del acto reclamado en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. En el presente asunto, la parte quejosa reclama la omisión de aplicar a los menores quejosos la vacuna contra el virus del COVI-19. Al respecto, la autoridad estatal de salud responsable a través de su apoderado, por escrito presentado el diecinueve de julio del año en curso, hizo saber a este órgano de control constitucional entre otras cuestiones, que el catorce de junio de dos mil veintidós, las autoridades Sanitarias Federales, incluyeron en el Plan de Vacunación, a los menores de cinco a once años de edad (grupo etario al que pertenecen los aquí amparistas), siendo posible su registro para recibir el respectivo biológico a partir del dieciséis de ese mismo mes y año, en la página electrónica http://mivacuna.salud.gob.,mx, siguiendo el procedimiento establecido en dicha plataforma. Asimismo, informó que los promoventes debían de realizar el registro respectivo de los menores quejosos y seguir el trámite indicado para la inoculación del biológico cuya omisión se reclama, ya que no cuenta con registro de que se hayan vacunado los amparistas. Atento a ello, este órgano jurisdiccional en proveídos de once de julio y doce de septiembre del año en curso, formuló requerimientos a la parte quejosa para que manifestará si los menores quejosos ya fueron inoculados contra el virus del Covid-19, ya que incluso, para el segundo de los requerimiento, ya se tenía conocimiento de la aplicación de la referida vacuna en su segunda dosis al grupo etario de cinco a once años al que corresponden los aquí quejosos en los días doce y trece del mes en curso; ello, sin que hubiese hecho manifestación alguna en el plazo conferido para ello, razón por la cual en la audiencia constitucional que precede, se hizo efecto el apercibimiento respectivo, es decir, se entiende que los quejosos ya fueron inoculados con el aludido biológico. En tal virtud, al haberse establecido que los amparistas se encuentran inoculados con el indicado biológico, se determina que cesaron los efectos de la omisión reclamada y que se destruyeron los efectos de la omisión que se le reclamaba en la demanda de amparo, así como sus consecuencias. Sirve de apoyo, la jurisprudencia por reiteración, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y contenido siguiente: "Tesis: 2a./J. 59/99 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época Número de identificación 193758 Segunda Sala Tomo IX, Junio de 1999 Página 38 Jurisprudencia (Común) CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal.". Lo anterior, sin que se considere que la presente determinación ocasiona perjuicio a los menores quejosos, ya que al existir certeza de que los menores amparistas ya se encuentran comprendidos en el plan de vacunación, aún en el supuesto de que no lo estén, tienen la facilidad de obtener el aludido biológico, registrándose en la citada página electrónica de gobierno y dar seguimiento al procedimiento que se indica para de esa forma recibir tal biológico. En las relatadas circunstancias, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, debe sobreseerse en el presente juicio, de conformidad con lo que instituye el numeral 63, fracción V, del cuerpo normativo en cita. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO.- Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Cecilia Silva Garfias y David Leyva Ruiz en cuanto representantes de los menores de iniciales S.L.S. y J.L.S., respecto de los actos reclamados a las autoridades señaladas como responsables, de conformidad con lo expuesto en cuarto y quinto considerandos de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza.- Doy fe.
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