Cecilia Victoria Pérez
Expediente 636/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 4 actuaciones registradas, la última del 19 de enero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 636/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 19/01/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Cecilia Victoria Pérez
Actuaciones
- Principal
MESA 3 VILLAHERMOSA, TABASCO, DIECINUEVE DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista; la certificación que antecede, se advierte que el veinte de diciembre de dos mil veinte, las Consejeras integrantes de la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada de manera extraordinaria, aprobaron el punto para acuerdo denominado "Propuesta de medidas a tomar del 21 de diciembre de 2020 al 11 de enero de 2021, en relación con contagios por la emergencia Covid-19, en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal". Lo anterior, con el fin de salvaguardar la salud de las y los justiciables, y de las y los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, por lo que determinaron adoptar medidas especiales a partir del veintiuno de diciembre de dos mil veinte y hasta el once de enero de dos mil veintiuno. En cumplimiento a lo instruido, se regresó al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19. Mediante circular SECNO/1/2021, de ocho de enero de dos mil veintiuno, signada por la secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, se dieron a conocer las medidas adoptadas y se precisó que el ordenamiento aplicable para la operación de los órganos jurisdiccionales es el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020. Por lo anterior, se reanuda el trámite del presente expediente. Por otra parte, agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por la Actuaria Judicial adscrita al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Circuito en el Estado de Tabasco, mediante el cual acusa recibo del juicio de amparo 636/2020-3, e informa que dicho Tribunal admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto por la quejosa Cecilia Victoria Pérez, el cual fue radicado bajo el número 194/2020; de lo que este órgano jurisdiccional se da por enterado para los efectos legales conducentes. Notifíquese.
- Principal
mesa 3 VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE. Visto; el escrito de cuenta, signado por la quejosa Cecilia Victoria Pérez, mediante el cual interpone recurso de revisión en contra de la sentencia de veintiuno de octubre del presente año, emitida en el presente juicio. Por lo tanto, de conformidad con los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, agréguese a este expediente una de las copias del escrito de expresión de agravios que se provee y distribúyanse las restantes entre las partes; debiendo remitirse en su oportunidad, el cuaderno principal al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Circuito, para lo que a bien tenga determinar, una vez integrado con las constancias de notificación a las partes de la sentencia recurrida y del presente acuerdo, en el término de tres días a que alude el artículo 89 de la ley de la materia, adjuntando el original del escrito de expresión de agravios y una copia del mismo para el Representante Social Federal de su adscripción. Finalmente, fórmese cuaderno de antecedentes de este asunto, con copias certificadas de las constancias necesarias que permitan conocer su historia procesal completa. Notifíquese; y personalmente al Fiscal de la Federación adscrito a este juzgado.
- Principal
MESA 3 En Villahermosa, Tabasco, a las once horas con cinco minutos del veintiuno de octubre de dos mil veinte, estando en audiencia pública Carlos Calderón Espíndola, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, quien actúa debidamente asistido de Karla Hernández Mancera, Secretaria que certifica y da fe, procede a celebrar la audiencia de pruebas, alegatos y sentencia a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, referente al juicio de amparo 636/2020-3, promovido por Cecilia Victoria Pérez. RELACIÓN DE CONSTANCIAS A continuación, el Juez de Distrito, declara abierta la audiencia sin la presencia de las partes ni persona que las represente, y la Secretaria da cuenta con el estado que guardan los presentes autos e informa de las constancias que integran el expediente, sin que sea necesario hacer mención expresa de cada una de ellas conforme a la tesis 26, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y nueve, de la segunda parte del Informe de Labores que rindió el Presidente del Más Alto Tribunal del País, en mil novecientos ochenta y nueve, de rubro: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL", la cual resulta aplicable ya que de acuerdo al artículo 6o., transitorio del Decreto que expide la nueva Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, la jurisprudencia integrada conforme a la abrogada Ley de Amparo, continuará vigente en lo que no se oponga a la nueva Ley de Amparo. Atento a lo anterior, el juez acuerda: Se tiene por hecha la relación secretarial de las constancias que obran en autos, las cuales fueron agregadas a este juicio con conocimiento de las partes. PERÍODO PROBATORIO Abierto el período de pruebas, la Secretaria da cuenta con el expediente administrativo 24/2019, que adjuntó la autoridad responsable, Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del estado de Tabasco, a su informe justificado; misma que por su voluminosidad obra en cuerda separada. Al respecto el Juez de Distrito acuerda: con fundamento en los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo, se admite la probanza de referencia y se tiene por desahogada en razón de su propia y especial naturaleza. PERÍODO DE ALEGATOS Cerrada dicha fase y abierta la de alegatos se da cuenta que ninguna de las partes hizo uso de ese derecho. Sobre el particular, el Juez de Distrito acuerda: de conformidad en lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por perdido el derecho a las partes en hacerlo con posterioridad, por lo que se cierra esta fase. Al no haber diligencias pendientes que desahogar y encontrándose debidamente integrado el expediente, se procede a dictar la resolución correspondiente. Doy fe. VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 636/2020-3, promovido por Cecilia Victoria Pérez contra actos del Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del estado del Tabasco, por estimarlo violatorio de los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito recibido el tres de agosto de dos mil veinte, se recibió la presente demanda, a través del buzón judicial de los Juzgados de Distrito, misma que fue recepcionada por la Oficina de Correspondencia Común el cuatro de agosto del presente año y turnada a este órgano jurisdiccional el cinco siguiente, Cecilia Victoria Pérez solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto y autoridad que a continuación se detalla: A C T O R E C L A M A D O " La resolución de fecha cuatro de junio del 2020, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Tabasco, en el expediente de responsabilidad administrativa 24/2019, iniciado en contra de la suscrita, mediante el cual el Pleno de dicho Consejo declaró fundada la responsabilidad administrativa que se instruyó y me puso como sanción disciplinaria amonestación privada" (sic) A U T O R I D A D R E S P O N S A B L E "Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Tabasco" SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. El siete de agosto dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda de amparo, la cual fue registrada con el expediente 636/2020-3; se requirió a la autoridad señalada como responsables para que rindiera su informe justificado; se dio la intervención correspondiente al Agente del Ministerio Público de la adscripción; y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque la autoridad responsable tiene su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar cuáles son éstos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de amparo. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente señaló como acto reclamado: La resolución de cuatro de junio de dos mil veinte, dictada por el Pleno del Consejo de la Judicatura del estado de Tabasco en el expediente administrativo 24/2019, en la cual declaró fundada la responsabilidad administrativa atribuida a la aquí parte quejosa e impuso la sanción de amonestación privado. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. La autoridad responsable, Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del estado de Tabasco, en representación del Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Tabasco, al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto reclamado y remitió la copia certificada del expediente administrativo 24/2019, de su índice. Por tanto, se tiene por cierto el acto reclamado a la autoridad responsable al haberlo reconocido y encontrarse corroborado con la documental precitada. Sirve de apoyo la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 231, Tomo VI, Materia Común, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, del rubro: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATlVO". CUARTO. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. El presente juicio carece de causal de improcedencia aducida por las partes y, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, tampoco se advierte de oficio la actualización de alguna. QUINTO. ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO. Para mejor comprensión de asunto, a manera de antecedentes del acto reclamado, se señala lo siguiente: 1.- En proveído de catorce de noviembre de dos mil diecinueve, el Consejo de la Judicatura del estado de Tabasco ordenó tramitar el expediente administrativo 24/2019, por las posibles irregularidades cometidas por la parte aquí quejosa y otro servidor público; ordenándose su emplazamiento para que rindiera su informe por escrito, señalara domicilio para oír y recibir notificaciones y se les hizo saber su derecho de ofrecer pruebas tendentes a demostrar alguna excluyente de responsabilidad o relacionada algún hecho de su defensa. 2.- El veintidós de noviembre de dos mil diecinueve se le notificó el anterior proveído a la parte quejosa y en auto de diez de enero de dos mil veinte se tuvo por recibido el informe solicitado y se determinó sobre la procedencia de las pruebas ofrecidas. 3.- Posteriormente, en audiencia de diez de febrero de dos mil veinte, se llevó a cabo la audiencia de pruebas y alegatos, en la que se desahogó una testimonial y se reservó señalar fecha y hora para la continuación de la audiencia, por estar en espera de otros medios probatorios. 4.- Luego, el veintiséis de febrero de dos mil veinte, se continuó con la audiencia de desahogo de pruebas y alegatos y se dio vista con los autos para que la investigada realizara sus respectivos alegatos. 5.- En auto de diecisiete de marzo de dos mil veinte, se tuvo a la investigada exhibiendo sus alegatos y se ordenó turnar los autos para dictar resolución. 6.- Seguida la secuela procesal, el cuatro de junio de dos mil veinte, se dicto la respectiva resolución, en la que se declaró fundada la responsabilidad administrativa por las faltas previstas en el numeral 213, fracciones XII y XIV de la Ley Orgánica del Poder Judicial del estado de Tabasco, atribuidas a la aquí quejosa, conserje judicial. Resolución que constituye el acto reclamado en esta vía constitucional. SEXTO. PLANTEAMIENTO Y DECISIÓN DE ESTE JUZGADOR FEDERAL. Se procede al estudio de los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, sin que sea el caso transcribirlos textualmente pues no se advierte como una obligación para cumplir con los requisitos de congruencia y exhaustividad en las sentencias. Es importante destacar que, en el caso suplir la deficiencia de los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, pues no encuadra en las hipótesis que establece el artículo 79 de la Ley de Amparo para hacerlo; ello, en virtud que los actos reclamados emanan de un procedimiento de responsabilidad administrativa. Lo anterior, tiene apoyo en la jurisprudencia 2a./J. 190/2016 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 705, Libro 38, Tomo I, correspondiente al mes de enero de 2017, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de la Décima Época, de rubro y texto siguiente: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 79, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE EN LOS JUICIOS DE AMPARO TRATÁNDOSE DE ACTOS DERIVADOS DE UN PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA CONTRA UN SERVIDOR PÚBLICO, POR NO ESTAR INMERSOS EN LA MATERIA LABORAL. Para que proceda la aplicación de la suplencia de la queja deficiente a que se refiere la indicada porción normativa, es menester no sólo que el quejoso tenga la calidad de trabajador o empleado sino que, además, se trate de un asunto cuya materia derive de un conflicto laboral, es decir, que tenga incidencia, de manera directa e inmediata, en algún derecho previsto en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin importar si el origen de la relación de subordinación deriva de una relación regulada por leyes laborales o administrativas, pues basta con que se afecte algún interés fundamental tutelado por el precepto constitucional aludido y que en el amparo intervenga un trabajador o empleado en defensa de aquél para que surja la obligación del órgano de control constitucional de aplicar la institución de mérito a su favor. Por tanto, como el procedimiento de responsabilidad administrativa contra servidores públicos no nace ni se desarrolla a partir de la conceptualización del derecho laboral vinculado con las prestaciones y obligaciones a que se contrae aquel precepto constitucional, sino del régimen a que están sujetos por virtud del ejercicio de una función pública en estricto derecho administrativo, conforme al artículo 109, fracción III, de la Constitución Federal (antes 113, párrafo primero), es claro que en los juicios de amparo cuya materia se ciña a algún acto dictado en ese tipo de procedimientos no opera la suplencia de la queja deficiente a que se refiere el artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo." Por tanto, se procederá a su análisis tal y como fueron planteados por la parte quejosa. Ahora bien, al inicio de su primer concepto de violación, la parte quejosa aduce que la autoridad responsable viola diversas garantías constitucionales, convencionales y legales, toda vez que desde el inicio del procedimiento administrativo no se le hizo saber con exactitud y precisión de qué y por qué se le iba a investigar, no se señaló y no se hizo saber de manera exacta, precisa y concreta los detalles de la acusación, es decir, el modo tiempo, lugar y circunstancias de la acusación; no se precisó ni se especificó de qué manera concreta se le acusaba, no se le hicieron saber cuando ocurrieron los hechos, de qué forma desplegó la conducta de la que se le sanciona. Asimismo, señala que la autoridad responsable vulnera sus garantías que como todo sujeto de proceso tiene, por lo que viola los artículos 1, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con los artículos 264 y 265 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del estado de Tabasco, ya que, conforme a dichos artículos, en todo procedimiento debe hacerse del conocimiento al investigado o acusado desde el inicio de manera clara, precisa y detallada sobre lo que se le va a investigar, para que pueda ejercer una debida y adecuada defensa, sin embargo, señala que solo se le pidió un informe respecto de hechos imprecisos, expuestos en forma general, lo que contrasta con la resolución del procedimiento. El citado concepto de violación resulta infundado por lo que a continuación se expone. El artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone: "Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata. En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios generales del derecho." Del transcrito precepto constitucional se desprende que el derecho de otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, que en el juicio o procedimiento que se siga se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, para la adecuada defensa de los derechos del particular. Por su parte, la jurisprudencia P./J. 49/95, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado que las formalidades esenciales del procedimiento son aquéllas que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de autoridad y que de manera genérica se traducen en los siguientes requisitos: Notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias. Oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas; Oportunidad de alegar; y Dictado de sentencia que dirima las cuestiones debatidas. Así, el derecho fundamental de audiencia consistente en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, que en el juicio o procedimiento que se siga se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, para la adecuada defensa de los derechos del particular. Debe tenerse en cuenta que este derecho sólo es aplicable tratándose de actos privativos entendidos como los que tienen como fin la disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho del gobernado; sin embargo, no todo acto de autoridad provoca esos efectos, pese a causar una afectación a la esfera jurídica del gobernado. Al respecto, los artículos 265, 266 y 267 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tabasco, establecen lo siguiente: "Artículo 265. Cuando la autoridad que conozca de la investigación advierta que existen elementos para iniciar un procedimiento de responsabilidad, dictará un proveído en el que admita, ordene la formación del expediente respectivo y precise la conducta que se atribuya, así como la probable causa de responsabilidad en que pudiera incurrir el investigado conforme al Capítulo V de este Título. Artículo 266. En el procedimiento de responsabilidad se ordenará emplazar al investigado con copia autorizada del proveído que decrete su inicio, el escrito de queja o comparecencia y anexos correspondientes, para que en un plazo de cinco días hábiles formule un informe sobre los hechos que se le atribuyen. El informe deberá referirse a todos y cada uno de los hechos atribuidos; afirmándolos, negándolos, expresando los que ignore por no ser propios y refiriéndolos como crea que tuvieron lugar. A dicho informe el investigado deberá ofrecer los medios de convicción que estime pertinentes. Se presumen confesados los hechos sobre los cuales el probable responsable no se manifieste explícitamente, siempre que le sean propios, salvo prueba en contrario. La confesión de los hechos no entraña la aceptación del dicho del quejoso. Artículo 267. La autoridad que inicia el procedimiento, hará el emplazamiento a que hace referencia el artículo anterior mediante notificación personal." De los preceptos transcritos se desprende que cuando de la investigación advierta que existen elementos para iniciar un procedimiento de responsabilidad, la autoridad que conozca de la investigación, dictará un proveído en el que admita, ordene la formación del expediente respectivo y precise la conducta que se atribuya, así como la probable causa de responsabilidad en que pudiera incurrir el investigado. Asimismo, que se ordenará emplazar al investigado con copia autorizada del proveído que decrete su inicio, el escrito de queja o comparecencia y anexos correspondientes -notificación que se hará de manera personal-, para que en un plazo de cinco días hábiles formule un informe sobre los hechos que se le atribuyen; en el citado informe, el investigado deberá referirse a todos y cada uno de los hechos atribuidos, afirmándolos o negándolos, ofreciendo los medios de convicción que considere pertinentes. Ahora bien, lo infundado del argumento de la parte quejosa se debe a que contrario a lo que manifiesta respecto a que desde el inicio del procedimiento administrativo no se le hizo saber con exactitud y precisión de qué y por qué se le iba a investigar, no se señaló y no se hizo saber de manera exacta, precisa y concreta los detalles de la acusación, esto es, el modo tiempo, lugar y circunstancias de la acusación, desde el inicio del procedimiento administrativo conocía la conducta que se le atribuía, así como los detalles de la acusación, puesto que el proveído de catorce de noviembre de dos mil diecinueve, se detallaron los motivos y la probable conducta que se le atribuía, pues en dicho acuerdo se señaló que: "CUARTO. [.] Así se sostiene en el acta circunstanciada de veinte (20) de febrero de dos mil diecinueve (2019), ratificada el ocho (08) de abril de dos mil diecinueve (2019), en la que la licenciada Guadalupe Cárdenas Sánchez, Directora General de la Administración del Sistema Procesal Penal Acusatorio y Oral del Poder Judicial del Estado de Tabasco, asentó que antes de arribar a las oficinas que ocupa la administración Regional, de un recorrido que realizó de las instalaciones y a las diversas áreas que ocupa el Juzgado de Control y Tribunal de Juicio Oral de la Región 4, observó telaraña en algunas partes del edificio y encontró sucios los baños, así como las celdas en donde se sitúan los imputados en espera de las audiencias, por lo que para demostrar la veracidad de ello, anexo diversas fotos que se tomaron de los referidos lugares. En las veinte (20) impresiones fotográficas a colores distribuidas en cuatro (04) hojas tamaño carta, se pueden apreciar telarañas en el techo, insectos muertos y basura en el suelo, lavabos e inodoros sucios, así como botes llenos de basura. En igual sentido se pronunciaron diversas servidoras judiciales adscritas al Juzgado de Control y Tribunal de Juicio Oral de la Región 4, en la época de los hechos, al concederles el uso de la voz en el acta en cuestión; así, la Oficial de Partes Zuleyma del Carmen Palma López mencionó que desde el día lunes dieciocho (18) de febrero de dos mil diecinueve (2019), la Ordenanza no hacía limpieza en su área de trabajo y del mismo modo, no recogía el bote con la basura; por su parte, la Asistente de Unidad de Causa y Sala Carolina María del Rosario Martínez Hernández expresó que desempeña funciones de limpieza en su cubículo y en los baños, en virtud que su compañera Ordenanza Cecilia Victoria no realiza adecuadamente su trabajo, situación que ha comentado al Administrador, pero éste no da respuesta de las observaciones hechas; en tanto, la Asistente de Unidad de Sala María del Rosario Aguirre Cabrera presentó inconformidad con la limpieza en su área de trabajo, como es las salas de juicio, donde los botes se mantienen llenos de basura y con mal olor, al igual que los baños que utilizan están llenos de papel higiénico hasta por una semana, así como los baños de entrada para el público y las celdas, toda vez que al acudir a tomar los datos de los imputados tienen mal olor y se encuentra sucio tanto el pasillo como la celda, aunado a que los sábado de guardia sus compañeras lavan los baños para poder usarlos en el transcurso de la semana, ya que se mantienen sucios; mientras que, la Asistente de Unidad de Sala Lina Montuy Moreno indicó que la limpieza del Juzgado le parecía demasiado sucia en algunas áreas, como las celdas, las salas de audiencias y los baños, que incluso en una ocasión se suscitó un incidente que se pensaba que había un animal muerto dentro del cubículo, pero descubrieron que era un bote de basura que de tan sucio que estaba tenía gusanos y apestaba horrible; por otro lado, la Notificadora Noresma del Carmen Taba Moreno agregó que había problemas en las instalaciones respecto a la limpieza, la cual es prácticamente nula, situación que ha externado en repetidas ocasiones al licenciado Juan Arturo Calderón Marín, quien no toma cartas en el asunto, al grado de afectar en su salud la mala higiene de los baños. Manifestaciones que las citadas servidoras judiciales acudieron a ratificar ante este Órgano colegiado, momento que aprovecharon para exponer una vez más que su centro de trabajo se mantenía sucio, debido a que la Ordenanza Judicial no realizaba adecuadamente sus funciones y el Administrador Regional no se ocupaba del asunto. Para empezar, el nueve (09) de abril de dos mil diecinueve (2019), la servidora judicial Noresma del Carmen Taba Moreno aclaró que ya no se encuentra adscrita al Juzgado Primero de Control y Tribunal de Juicio Oral de la Región 4, con sede en Emiliano Zapata, Tabasco, ya que fue cambiada al nuevo Juzgado de esa Región con sede en Jonuta, pero hasta el veintidós (22) de febrero de dos mil diecinueve (2019), último día de labores en aquel recinto judicial, subsistieron las circunstancias que declaró en el acta que levantó la licenciada Guadalupe Cadenas Sánchez, es decir, las instalaciones se mantenían sucias, sin observar mejoría alguna al respecto. Después, el diez (10) de abril de dos mil diecinueve (2019), la servidora judicial Carolina María del Rosario Martínez Hernández explicó que tiene asignado un cubículo en el Juzgado de Control de Emiliano Zapata, del que solo ella tiene llave, al ser responsable de los libros y algunas carpetas que ahí se encuentran guardadas, mismo espacio de trabajo que ella mantiene limpio, porque la Ordenanza no se toma la inquietud de limpiar su cubículo después que ella llega y para evitar controversias no dice nada, lo que también pasa con los baños, aunque manifiestan que los baños no se ven limpios, la Ordenanza insiste que sí realiza la limpieza de los mismos, a pesar de ello no parece que estén limpios. Por su parte, la servidora judicial Lina Montuy Moreno sostuvo que en las instalaciones del Juzgado Primero de Control y Tribunal de Juicio Oral de la Región 4 con sede en Emiliano Zapata, se mantienen las mismas condiciones de suciedad, ya que los botes de basura siempre están llenos, como si la ordenanza no sacara la basura en una semana y se acumulara en los botes de todo el Juzgado, además las ocasiones que solicitan a la Ordenanza Cecilia Victoria Pérez que limpie una determinada área, esta responde que ya lo hizo y no limpia nuevamente, por lo que el aspecto del Juzgado de Control de Emiliano Zapata, de cierto modo se encuentra deteriorado. Luego, el once (11) de abril de dos mil diecinueve (2019), la servidora judicial María del Rosario Aguirre Cabrera recalcó que las condiciones de la celda están tal y como lo manifestó en su primera declaración, tienen mal olor, cuando acude a tomar los datos de los imputados no soporta el olor, lo mismo pasa con los baños tanto para el personal del Juzgado como el que utiliza el público, están sucios y los botes llenos de papel sanitario, lo que representa una mala imagen para el Juzgado. Asimismo, la servidora judicial Zuleyma del Carmen Palma López, manifestó que la limpieza del Juzgado Primero de Control se mantiene en mal estado, desde el tiempo que ha estado adscrita a dicho Juzgado, ha visto que la limpieza se hace una vez por semana, al menos en la oficialía de partes que es el área donde se encuentra ubicada, misma que es la entrada principal de los visitantes y partes que llegan al Juzgado, esta no se mantiene limpia y esto da un aspecto de suciedad, asimismo la Conserje Judicial Cecilia Victoria limpia cuando quiere y una vez que inician las labores en el Juzgado, esta se mantiene con el Administrador, pero si se requiere una limpieza adicional de botes sucios o limpieza de los baños que son accesibles al público, estos se mantienen sucios, fue hasta la semana que estuvo la visita de la Contraloría Judicial que apenas se vio que limpio a modo de aparentar que se encontraba limpio el Juzgado, pero de ahí siempre se mantiene con el Administrador, a tal grado que cuando lleva oficios al Administrador para revisión o firma, ella hace manifestaciones con relación a los mismos, como si fuera la encargada de revisarlos o corregirlos, es decir, los revisa y los lee sin que tenga facultades para ello. Con relación a la limpieza, es de relevancia el resultado de la inspección judicial realizada en las instalaciones del actualmente denominado Juzgado Primero de Control y Tribunal de Juicio Oral de la Región 4 con sede en Emiliano Zapata, Tabasco, el diecisiete (17) de mayo de dos mil diecinueve (2019), en la que el Secretario Judicial del Consejo hizo constar que: Al ingresar a la sala 2 encontró insectos muertos en el suelo del área donde el público asiste a las audiencias y del área donde se constituyen las partes que comparecen ante el Juez; también encontró un bote lleno de basura abajo del escritorio del Juez y en la parte frontal del escritorio observó el logotipo del Poder Judicial, que al pasar el dedo se impregnó la cantidad de polvo acumulado; además en la parte posterior del área inspeccionada identificó dos puertas a los laterales de la pared, por lo que al abrir la puerta ubicada a la derecha encontró el suelo empolvado con insectos muertos esparcidos. Al continuar el recorrido del pasillo hasta llegar a las celdas advirtió que las mismas tenían basura y expedían mal olor; a su vez encontró telarañas en abundantes cantidades en la parte superior de las paredes, tanto en el interior de las celdas como en los pasillos que rodean el recinto. Al inspeccionar los sanitarios ubicados en el primer piso, en el baño de damas encontró un solo bote de basura en el sanitario del lado derecho, mismo que encontró lleno de papel sanitario, con mal olor persistente; mientras que, en el baño de caballeros percibió mal olor agudo y se percató que solo una de las letrinas tenía bote de basura, aunado a que ambos mingitorios estaban sucios con líquido orinal reciente. Al acceder a la sala 1 advirtió que el piso estaba manchado de líquido, con insectos muertos esparcidos alrededor de los escritorios, por otro lado al revisar el bote de basura del escritorio del Juez, éste no contenía basura. Al entrar a la sala de deliberación observó un trapeador en la esquina de las paredes y varios sobres de color amarillo encima del bote de basura. Al bajar las escaleras encontró una sala con equipo de informática, denominado site, con el aire acondicionado encendido y en el suelo visualizó insectos muertos esparcidos (cucharas, grillos, escarabajos), insecticidas, cajas con bolsas negras y otras cajas sin abrir. Al subir las escaleras llegó al área donde a la derecha se sitúa el cubículo del Juez, donde apreció telarañas en la parte posterior de las esquinas superiores del cubículo, así como el cesto a un costado del escritorio del Juez llenó de basura, razón por la que preguntó al Juez Raúl Arreola Ramón si aquel día habían hecho limpieza en su despacho, a lo que respondió que sí, ya que encontró limpio su escritorio y el baño, que el cesto lo encontró con basura porque estuvo rompiendo papel durante el transcurso del día. Al caminar hacia la izquierda encontró el espacio destinado a la unidad de causa, cubículo en el que se encuentran las causas archivadas, donde advirtió un baño en buen estado, pero el bote se encontró con basura. Al dirigirse a la parte final del segundo piso, por el pasillo que conduce a la parte frontal del Juzgado en el mismo piso, advirtió un trapeador a la mitad del pasillo. Al ubicar en la parte final los sanitarios para uso del personal adscrito al Juzgado, encontró en buen estado tanto el sanitario para damas como el sanitario para caballeros. Lo que se apoya con las treinta y cinco (35) impresiones fotográficas a colores distribuidas en once (11) hojas tamaño carta, derivadas de la propia inspección judicial, en las que se aprecia polvo acumulado sobre los muebles, insectos muertos esparcidos en el suelo, botes llenos de basura, telarañas en las esquinas y partes superiores de las paredes, urinarios y mingitorios sucios, así como utensilios de limpieza desordenados en diversas áreas del Juzgado. Por lo que con su actuar, el servidor judicial Juan Arturo Calderón Marín, Administrador Regional del Juzgado de Control y Tribunal de Juicio Oral de la Región 4 con sede en Emiliano Zapata, Tabasco, en la época de los hechos, posiblemente no preservó la dignidad y el profesionalismo en la ejecución de sus labores y dejó de desempeñar la función que tenía a su cargo, por lo que probablemente dejó de cumplir con las obligaciones contenidas en el artículo 89, fracciones III y IV de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. Al mismo tiempo, del estudio minucioso a las presentes constancias, se desprende que la servidora judicial Cecilia Victoria Pérez, Conserje Judicial adscrita al Juzgado de Control y Tribunal de Juicio Oral de la Región 4 con sede en Emiliano Zapata, Tabasco, en la época de los hechos, posiblemente no cuidó de las instalaciones, muebles y demás enseres del Poder Judicial del Estado, en virtud que no realizaba el aseo al Juzgado a que se encontraba adscrita. Así se sostiene en el acta circunstanciada de veinte (20) de febrero de dos mil diecinueve (2019), ratificada el ocho (08) de abril de dos mil diecinueve (2019), en la que la licenciada Guadalupe Cadenas Sánchez, Directora General de la Administración del Sistema Procesal Acusatorio y Oral del Poder Judicial del Estado de Tabasco, asentó que antes de arribar a las oficinas que ocupa la Administración Regional, de un recorrido que realizó a las instalaciones y a las diversas áreas que ocupa el Juzgado de Control y Tribunal de Juicio Oral de la Región 4, observó telaraña en algunas partes del edificio y encontró sucios los baños, así como las celdas en donde se sitúan los imputados en espera de las audiencias, por lo que para demostrar la veracidad de ello, anexo diversas fotos que se tomaron de los referidos lugares. En las veinte (20) impresiones fotográficas a colores distribuidas en cuatro (04) hojas tamaño carta, se pueden apreciar telarañas en el techo, insectos muertos y basura en el suelo, lavabos e inodoros sucios, así como botes llenos de basura. En igual sentido se pronunciaron diversas servidoras judiciales adscritas al Juzgado de Control y Tribunal de Juicio Oral de la Región 4, en la época de los hechos, al concederles el uso de la voz en el acta en cuestión; así, la Oficial de (.) .Por lo que con su actuar, la servidora judicial Cecilia Victoria Pérez, Conserje Judicial adscrita al Juzgado de Control y Tribunal de Juicio Oral de la Región 4 con sede en Emiliano Zapata, Tabasco, en la época de los hechos, posiblemente no preservó la dignidad y el profesionalismo en la ejecución de su labores y dejó de desempeñar las funciones que tenía a su cargo, por lo que probablemente incumplió con la obligación a que se refiere el artículo 69, fracción I del Reglamento Interior del Poder Judicial del Estado. . 2) Cecilia Victoria Pérez, Conserje Judicial adscrita al Juzgado de Control y Tribunal de Juicio Oral de la Región 4 con sede en Emiliano Zapata, Tabasco, en la época de los hechos: Posiblemente no cuidó de las instalaciones, muebles y demás enseres del Poder Judicial del Estado, en virtud que no realizaba el aseo del Juzgado a que se encontraba adscrita. Por lo que con su actuar, posiblemente no preservó la dignidad y el profesionalismo en la ejecución de sus labores y dejó de desempeñar las funciones que tenía a su cargo, por lo que probablemente incumplió con la obligación a que se refiere el artículo 69, fracción I, del Reglamento Interior del Poder Judicial del Estado. Con lo cual pudo haber incurrido en las faltas oficiales contenidas en el artículo 213, fracciones XII y XIV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tabasco." De la anterior transcripción se desprende que sí se le informó porque conductas se le iba a investigar, ya que la autoridad responsable le indicó a la investigada -aquí parte quejosa- que posiblemente no cuidó de las instalaciones, muebles y demás enseres del Poder Judicial del Estado, en virtud que no realizaba el aseo del Juzgado a que se encontraba adscrita, por lo que probablemente había incumplido con el artículo 69, fracción I, del Reglamento Interior del Poder Judicial del Estado de Tabasco y, con ello, incurrir en las faltas oficiales contenidas en el artículo 213, fracciones XII y XIV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tabasco. En ese orden de ideas, es claro que el referido concepto de violación esgrimido por la parte quejosa es infundado, puesto que del referido proveído de catorce de noviembre de dos mil diecinueve, se desprende que la autoridad responsable sí le indicó las conductas por las que se le investigaría en el procedimiento administrativo; el cual, se le notificó personalmente el veintidós de noviembre de dos mil diecinueve. Por otra parte, en la segunda parte de su primer concepto de violación, la parte quejosa señala que no es justo que la autoridad responsable la sancione por hechos o circunstancias de las que no se le acusó, cuando debe existir plena congruencia y coordinación entre la acusación por la que se le investigó y los hechos por los que se le sanciona, para estar en condiciones de ejercer una adecuada y oportuna defensa. Al respecto, la parte quejosa señala que en el auto de inicio o radicación de catorce de noviembre de dos mil diecinueve, del punto noveno de dicho auto, se le pidió que la rindiera un informe respecto de los hechos que se le atribuyeron, en el sentido de que "no cuidó de las instalaciones, muebles y demás enseres del Poder Judicial del Estado, en virtud de que no realizaba el aseo del juzgado a que se encontraba adscrita."; y continua manifestando la quejosa que, le genera confusión que la conducta de la que se le acusó e investigó no es la misma porque no es lo mismo cuidar que asear, y que si bien se le dijo que se le sometió a un procedimiento administrativo por no realizar el aseo del juzgado, señala que es confuso, impreciso y la deja en estado de indefensión. Son infundados los conceptos de violación señalados por la parte quejosa, debido a las siguientes consideraciones. Como se señaló con anterioridad, en proveído de catorce de noviembre de dos mil diecinueve, en la que se dio inicio al procedimiento administrativo, se indicó a la investigada -aquí quejosa- que probablemente había incumplido con el artículo 69, fracción I, del Reglamento Interior del Poder Judicial del Estado de Tabasco, por lo que pudo haber incurrido en las faltas oficiales contenidas en el artículo 213, fracciones XII y XIV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tabasco. Ahora bien, en la resolución de cuatro de junio de dos mil veinte, se determinó lo siguiente: "VIII. ANÁLISIS DE LA FALTA OFICIAL PREVISTA EN EL NUMERAL 213, FRACCIÓN XII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO. En relación a la falta oficial prevista en el numeral 213, fracción XII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, atribuida a Cecilia Victoria Pérez, Conserje Judicial del Juzgado de Control y Tribunal de Juicio Oral de la Región 04, con sede en Emiliano Zapata, Tabasco, en la época de los hechos, los integrantes del pleno de este Consejo estiman FUNDADA por las consideraciones siguientes: Los hechos consisten en que el veinte de febrero de dos mil diecinueve, no cuidó de las instalaciones, muebles y demás enseres y útiles del Poder Judicial del Estado, tal y como se dio fe en el acta circunstanciada de veinte de marzo de dos mil diecinueve efectuada en el Juzgado de Control y Tribunal de Juicio Oral de la Región 4 con sede en Emiliano Zapata, Tabasco, por la M.D. Guadalupe Cadenas Sánchez, Directora General de la Administración del Sistema Procesal Penal Acusatorio y Oral del Poder Judicial del Estado de Tabasco. Por lo que con su actuar, tampoco preservó la dignidad y el profesionalismo en la ejecución de sus labores, incumpliendo con la obligación a que se refiere el artículo 130, fracción I, del Reglamento del Poder Judicial del Estado, vigente en la época de los hechos. Con la cual incurrió en la falta oficial contenida en el artículo 213, fracciones XII de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. Para ello, el precepto legal que regula la conducta, en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, establece: Artículo 213. También serán faltas de los servidores del Poder Judicial: XII. No preservar la dignidad y profesionalismo en la ejecución de sus labores. Artículo 130 del Reglamento del Poder Judicial del estado de Tabasco. El personal de intendencia del Poder Judicial tendrá a su cargo las tareas siguientes: Cuidarán de los muebles, enseres y útiles del Poder judicial aseando el local y mobiliario". Los elementos a demostrar para tener por acreditada la hipótesis a que se refiere el artículo citado, son: La calidad específica del sujeto activo, es decir, que tenga el carácter de servidora judicial, y Cuidar de los muebles, enseres y útiles del Poder judicial aseando el local y mobiliario. [.] IX. ANÁLISIS DE LA FALTA OFICIAL PREVISTA EN EL NUMERAL 213, FRACCIÓN XIV, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO. En relación a la falta oficial prevista en el numeral 213, fracción XIV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, atribuida a Cecilia Victoria Pérez, Conserje Judicial del Juzgado de Control y Tribunal de Juicio Oral de la Región 04, con sede en Emiliano Zapata, Tabasco, en la época de los hechos, los integrantes del pleno de este Consejo estiman FUNDADA por las consideraciones siguientes: Los hechos consisten en que Cecilia Victoria Pérez, Conserje Judicial adscrita al Juzgado de Control y Tribunal de Juicio Oral de la Región 4 con sede en Emiliano Zapata, Tabasco, en la época de los hechos, dejó de desempeñar sus funciones, pues no ejecutó las labores que le correspondía hacer en el Juzgado de su adscripción, aseando las instalaciones de su centro de trabajo, sin ejercer de manera responsable su función como conserje judicial. Incurriendo en la falta oficial prevista por el artículo 213, XIV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tabasco. Para ello, el precepto legal que regula la conducta, en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado establece: "Artículo 213. También serán faltas de los servidores del Poder Judicial: XIV. Abandonar o dejar de desempeñar las funciones o labores que tenga a su cargo". "Artículo 130 del Reglamento del Poder Judicial del estado de Tabasco, vigente en la época de los hechos. El personal de intendencia del Poder Judicial tendrá a su cargo las tareas siguientes: Cuidarán de los muebles, enseres y útiles del Poder judicial aseando el local y mobiliario." [.] 2) Cecilia Victoria Pérez, Conserje Judicial adscrita al Juzgado de Control y Tribunal de Juicio Oral de la Región 4 con sede en Emiliano Zapata, Tabasco, en la época de los hechos: a) No cuidó de las instalaciones, muebles y demás enseres y útiles del Poder Judicial del Estado, tal y como se dio fe en el acta circunstanciada de veinte de marzo de dos mil diecinueve efectuada en el Juzgado de Control y Tribunal de Juicio Oral de la Región 4 con sede en Emiliano Zapata, Tabasco, por la M.D. Guadalupe Cadenas Sánchez, Directora General de la Administración del Sistema Procesal Penal Acusatorio y Oral del Poder Judicial del Estado de Tabasco. Por lo que con su actuar, posiblemente no preservó la dignidad y el profesionalismo en la ejecución de sus labores, incumpliendo con la obligación a que se refiere el artículo 130, fracción I, del Reglamento del Poder Judicial del Estado vigente en la época de los hechos. Con lo cual incurrió en la falta oficial contenida en el artículo 213, fracciones XII de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. b) Cecilia Victoria Pérez, Conserje Judicial adscrita al Juzgado de Control y Tribunal de Juicio Oral de la Región 4 con sede en Emiliano Zapata, Tabasco, en la época de los hechos, dejó de desempeñar sus funciones, pues no ejecutó las labores que le correspondía hacer en el Juzgado de su adscripción, aseando las instalaciones de su centro de trabajo, sin ejercer de manera responsable su función como conserje judicial y encuadrando su conducta en la falta oficial prevista por el artículo 213, fracción XIV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tabasco. En efecto, al quedar demostradas las faltas oficiales en las que incurrieron los investigados en cuestión con motivo de las conductas irregulares aludidas en los considerandos IV al IX de esta resolución, se procede a la individualización de la sanción, que a juicio de este Órgano Colegiado corresponde imponerles, conforme a la naturaleza y grado de tales conducta, y en su caso, a las consecuencia y/o perjuicios originados con la comisión de las mismas, así como a los elementos que a continuación se analizan. Para establecer la sanción correspondiente, se atenderá a lo dispuesto en los artículos 97, fracción X, 195 y 197 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. [.] De igual forma, el investigado incurrió en la falta oficial contenida en el artículo 213, fracción XIV de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tabasco, la cual se califica de relevante para la administración de justicia, pues el investigado dejó de desempeñar sus funciones al no resguardar los bienes inmuebles del Centro de administración de Justicia a su cargo, ni puso en inmediato conocimiento del Consejo de la Judicatura cualquier deterioro que sufran, dejando de cumplir con las obligaciones contenidas en el artículo 89, fracciones IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. Por su parte, Cecilia Victoria Pérez, Conserje Judicial adscrita al Juzgado de Control y Tribunal de Juicio Oral de la Región 4 con sede en Emiliano Zapata, Tabasco, en la época de los hechos, incurrió en la falta oficial contenida en el artículo 213, fracciones XII de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, la cual se califica de relevante para la administración de justicia, pues no cuidó de las instalaciones, muebles y demás enseres y útiles del Poder Judicial del Estado, tal y como se dio fe en el acta circunstanciada de veinte de marzo de dos mil diecinueve efectuada en el Juzgado de Control y Tribunal de Juicio Oral de la Región 4 con sede en Emiliano Zapata, Tabasco, por la M.D. Guadalupe Cadenas Sánchez, Directora General de la Administración del Sistema Procesal Penal Acusatorio y Oral del Poder Judicial del Estado de Tabasco. Por lo que con su actuar, no preservó la dignidad y el profesionalismo en la ejecución de sus labores. De la anterior transcripción se desprende que se declaró fundada la responsabilidad administrativa atribuida a la quejosa por las faltas oficiales contenidas en el artículo 213, fracciones XII y XIV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tabasco. Con lo anterior se corrobora que, contrario a lo que manifiesta la parte quejosa, sí existe congruencia entre la acusación atribuida y la sanción impuesta, puesto que la conducta por la que se le investigo fue por el probable incumplimiento del artículo 69, fracción I, del Reglamento Interior del Poder Judicial del Estado de Tabasco, relacionado con las faltas oficiales contenidas en el artículo 213, fracciones XII y XIV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tabasco. Seguida la secuela procesal, en la resolución de cuatro de junio de dos mil veinte, se le determinó que incurrió en la falta prevista en las fracciones XII y XIV, de la citada ley orgánica pues no ejecutó las labores que le correspondía hacer en el juzgado, aseando y cuidando las instalaciones, muebles y demás enseres del Poder Judicial del estado. Entonces, contrario a lo que señala la parte quejosa, la resolución impugnada no carece de congruencia entre la acusación por la que se le investigó y los hechos por los que se le sanciona. En otro orden de ideas, en su primer concepto de violación, la parte quejosa también señala que en ningún momento la ley o el Reglamento del Poder Judicial del Estado de Tabasco impone a los conserjes de los juzgados cuidar de las instalaciones, muebles y demás enseres del Poder Judicial, porque entonces tendría la obligación de cuidar todo. Este argumento, también es infundado por lo siguiente. El artículo 69, fracción I, del Reglamento Interior del Poder Judicial del Estado de Tabasco dispone lo siguiente: "Artículo 69. El personal de intendencia del Poder Judicial tendrá a su cargo las tareas siguientes: Cuidarán de los muebles, enseres y útiles del Poder Judicial, aseando el local y mobiliario; (.)" Del artículo transcrito, se desprende que contrario a lo indicado por la parte quejosa, el citado reglamento señala que el personal de intendencia sí tiene la obligación de cuidar los muebles enseres y mobiliario, tarea que se traduce en asear el local y mobiliario. Luego, en la primera parte de su segundo concepto de violación, la parte quejosa indica que la autoridad demandada viola en su perjuicio las garantías constitucionales previstas en el artículo 14 y 16 de la Constitución Federal, porque la resolución no se encuentra debidamente fundada y motivada. Son infundados los conceptos de violación señalados por la parte quejosa, en razón de los siguientes motivos y fundamentos. En primer término, se estima pertinente señalar que los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica se reconocen en los artículos 14, párrafo segundo y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales a la letra señalan: "Artículo 14. (.) Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho". "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento". De los artículos transcritos, se desprende que los actos de molestia y privación requieren, para ser legales, entre otros requisitos, que sean emitidos por autoridad competente, que funde y motive su determinación y una vez que se cumplieron las formalidades esenciales que les den eficacia jurídica. Así, del artículo 16 constitucional, se advierte que todo acto de autoridad debe estar fundado y motivado, entendiéndose por lo primero, que debe citarse el precepto o preceptos legales aplicables al caso concreto, y por lo segundo, que debe expresarse las razones, motivos o circunstancias especiales que se hayan tenido en cuenta para la emisión de un acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, o dicho de otro modo, que en el caso concreto se configure la hipótesis normativa. Tiene aplicación la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, página 175, Séptima Época, de rubro y texto siguientes: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." En lo conducente también aplica la jurisprudencia 1ª./J. 139/2005, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 162, Tomo XXII, Diciembre de 2005, Materia Común, registro número 176546, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso." Ahora bien, contrario a lo sostenido en el motivo de disenso que expone la parte quejosa, la resolución de cuatro de junio de dos mil veinte, esta dictada por una autoridad competente, el Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Tabasco, en términos de los artículos 108 y 109 de la Constitución Federal; 55 y 55 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; así como los numerales 94, 97, fracción X, 101, fracciones VII y VIII, 195, 197, 201, 202, 203, 204 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado y los diversos 98, 100, 102, 103, 134, 135, 129 y 130 Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura de la Entidad. Asimismo, en la citada determinación se citaron las disposiciones aplicables al asunto y expusieron las razones particulares que se valoraron para la emisión del acto reclamado, ya que para tal efecto se invocó los artículos 213, fracciones XII y XIV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tabasco y el artículo 130, fracción I, del Reglamento del Poder Judicial del Estado de tabasco. Además, señaló el motivo que tuvo para dictar la resolución impugnada, al estimar que quedó demostrado que la investigada dejó de desempeñar sus funciones, pues no ejecuto las funciones que le correspondía hacer en el juzgado, aseando las instalaciones de su centro de trabajo. Y, por lo anterior, determinó imponerle como sanción administrativa consistente en amonestación privada, de conformidad con la fracción II, del artículo 195 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tabasco. Por tanto, se comprueba que, contrariamente a lo alegado por la parte quejosa la determinación impugnada sí está debidamente fundada y motivada, por lo que la autoridad responsable no vulnera sus derechos fundamentales de legalidad, seguridad jurídica ni debido proceso, en virtud de que lo resuelto se encuentra ajustado a las razones que sustentan su determinación. De igual forma, en la parte primera de su segundo concepto de violación, la parte quejosa manifiesta que la resolución impugnada se basa en pruebas ilegales, ilícitas, indebidamente valoradas y en hechos y pruebas respecto de los cuales no se le pidió informe, por lo que no se respetaron los principios de justicia, imparcialidad, legalidad y buena fe, previstos en el artículo 192 de la citada ley orgánica y el artículo 131 del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Tabasco. Por lo anterior, la parte quejosa señala que dentro de las constancias y medios de prueba que la responsable tomó en cuenta para sancionarla, se encuentra el acta circunstanciada de veinte de febrero de dos mil diecinueve, iniciada en el Juzgado de Control y Juicio Oral de la Región 4, por la directora general de la Administración del Sistema Penal Acusatorio y Oral del Poder Judicial, misma que impugna en cada una de sus partes y que no debió darse valor alguno para sancionarla pues respecto de esa no se le solicitó que rindiera ningún informe, y señala que lo mismo ocurre el acta circunstanciada de veinte de marzo de dos mil diecinueve, ya que afirma que por ese motivo dichos documentos están viciados. Son infundados los conceptos de violación señalados por la parte quejosa, debido a las siguientes consideraciones. Al respecto, contrario a lo que aduce la parte quejosa, la autoridad responsable sí le informó sobre el acta circunstanciada de veinte de febrero de dos mil diecinueve, iniciada en el Juzgado de Control y Juicio Oral de la Región 4, por la directora general de la Administración del Sistema Penal Acusatorio y Oral del Poder Judicial y su continuación de veinte de febrero de dos mil diecinueve, porque en la diligencia de declaración a cargo llevada a cabo el ocho de julio de dos mil veinte, a la investigada, aquí parte quejosa, compareció se le hicieron de conocimiento dichas actas. En la citada comparecencia, se le concedió el uso de la voz y manifestó, lo que se transcribe: "Que después de que se me hizo del conocimiento de los hechos contenidos en el acta circunstanciada de hechos y su continuación, así como las actuaciones que integran el cuaderno de investigación, me reservo mi derecho de manifestar para hacerlo valer en la siguiente etapa procesal, y solicito copia del cuaderno, siendo todo lo que deseo manifestar". Entonces, se confirma que contrario a lo que manifiesta la quejosa, sí tuvo pleno conocimiento de las referidas actas desde el ocho de julio de dos mil veinte, esto es, antes de que se iniciara el referido procedimiento. Luego, en la segunda parte de su segundo concepto de violación, la parte quejosa señala que la directora general de la Administración del Sistema Penal Acusatorio y Oral del Poder Judicial, no esta autorizada por ninguna ley ni por ninguna autoridad para que fuera a constatar los hechos por los que se le sanciona, porque conforme al 193, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tabasco, el Consejo debe designar a una persona para tales efectos y además en las actuaciones deben estar asistidos por el Secretario del Consejo, lo que señala que no ocurrió, por lo que el acta administrativa y su continuación son ilegales, por que la citada autoridad fue comisionada a realizar la revisión según el oficio SGCJ/PJ/499/2019, de diecinueve de febrero de dos mil diecinueve, pero no fue comisionada para observar, vigilar, tomar decisiones, recibir testimonios, tomar fotografías, hacer inspecciones y hacer constar hechos relacionas con su trabajo como conserje judicial. Al respecto, la parte quejosa también señala que las referidas actas se levantaron por una servidora judicial que no tenía funciones para hacerlo y que las mismas debían cumplir con los requisitos de legalidad que exige la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tabasco e indica que no fueron efectuadas por una funcionaria en ejercicio de sus funciones establecidas en el artículo 87 de la citada ley orgánica. Estos argumentos, también son infundados por lo siguiente. Se confirma lo anterior, con lo dispuesto en la fracción II del artículo 193 y fracciones IX y XII artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, mismos que se transcriben para mejor referencia: "Artículo 193. Los órganos competentes para sustanciar los procedimientos de responsabilidad, serán los siguientes: II. En cuanto a los Consejeros, Jueces, Proyectistas, Conciliadores, Secretarios Judiciales, Director General de Administración de Justicia del Sistema Procesal Penal, Acusatorio y Oral, Administradores de cada Centro Regional de Administración de Justicia, Jefes de Unidad de Causa, Jefes de Unidad de Sala, Jefe de Unidad de Servicios, Jefe de Unidad de Informática, Notificadores, Actuarios y demás servidores judiciales que ejerzan funciones jurisdiccionales o de apoyo en las mismas en Primera Instancia, el Pleno del Consejo de la Judicatura, quien también conocerá respecto de su propio personal, por conducto de la persona que éste designe, quien será asistido por el Secretario del Consejo; en tratándose de los Consejeros, dicha designación deberá recaer en otro Consejero; Artículo 87. Las funciones de la Dirección General de Administración del Sistema Procesal Penal Acusatorio y Oral, serán: IX. Estar enterada de los informes que le remitan los administradores de los Centros Regionales de Administración de Justicia, relacionados con las faltas cometidas por el personal administrativo, así como supervisar a aquéllos y dar cuenta al Consejo de las faltas administrativas en que a su vez incurran; XII. Las demás que determinen la ley, el Pleno del Tribunal Superior de Justicia o el Pleno del Consejo de la Judicatura." Entonces, de los anteriores artículos se desprende que la referida autoridad, sí tiene funciones para conocer el procedimiento de responsabilidad administrativa en auxilio del Pleno del Consejo de la Judicatura del estado de Tabasco, toda vez que el artículo 193 de la ley orgánica indica que el Director General de Administración de Justicia del Sistema Procesal Penal, Acusatorio y Oral, es uno de los órganos competentes para sustanciar los procedimientos administrativos. Asimismo, las fracciones IX y XII del artículo 87 de la precitada ley, establece que una de las funciones de la Directora General de Administración de Justicia del Sistema Procesal Penal, Acusatorio, Oral, es supervisar las faltas cometidas por el personal, supervisar al personal y dar cuenta al Consejo de las faltas que incurran y las demás funciones que determine el propio Consejo. En ese sentido, contrario a lo que señala la parte quejosa, en la citada autoridad sí encontraba facultada para realizar la revisión según el oficio SGCJ/PJ/499/2019, de diecinueve de febrero de dos mil diecinueve, y en ese sentido, a fin de llevar a cabo una eficiente investigación podía observar, vigilar, tomar decisiones, recibir testimonios, tomar fotografías, hacer inspecciones y hacer constar hechos relacionas con su trabajo como conserje judicial, en virtud de que se encuentra facultada para substanciar los procedimientos administrativos que le sean en comentados. Por otra parte, en la tercera parte de su segundo concepto de violación, la parte quejosa impugna el valor probatorio que la autoridad responsable le dio a los testimonios del ocho, nueve y diez de abril de dos mil diecinueve, a los que les da pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto en los artículos 291, 296, 297 y 318 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado de Tabasco, porque no fueron recibidos con la formalidad de ley, pues no existió interrogatorio con los requisitos que señala el artículo 296 del citado ordenamiento. Asimismo, señala que fueron inducidos y no se les hizo apercibimiento, no se les pregunto si tenían interés, si eran amigos o enemigos y no se les formuló preguntas abiertas, por los que la parte quejosa afirma que fueron inducidos, que no se le citó para interrogarlos, sin que se justifique su violación con el hecho de que tuviera acceso al expediente administrativo. Son inoperantes e infundados los conceptos de violación señalados por la parte quejosa, debido a las siguientes consideraciones. Lo infundado de sus argumentos es porque las referidas testimoniales se realizaron durante la etapa de investigación, previa al inicio del procedimiento administrativo, para advertir posibles conductas constitutivas de responsabilidad, por lo que de conformidad con lo previsto en el artículo 253 de la ley orgánica, en la etapa de investigación, la ley no contempla que en las testimoniales, durante esa etapa, deban de hacerse con bajo un interrogatorio o contrainterrogatorio con su presencia, puesto que en la etapa de investigación, también cobra relevancia el sigilo, y es hasta que inicie formalmente el procedimiento que se le informara al investigado las diligencias realizadas para pueda manifestar lo que a su derecho convenga. Luego, lo inoperante de sus argumentos es porque, por una parte, la quejosa afirma que los testigos fueron aleccionados; sin embargo, no presentó pruebas con las que demostrara su acusación, en el sentido de que los testigos fueron aleccionados, por lo que la simple declaración de que los declarantes fueron aleccionados carece de certeza jurídica. En la última parte de su segundo concepto de violación, la parte quejosa señala que también le causa perjuicio que la autoridad responsable, para calificar como fundada la falta administrativa, la inspección judicial sobre hechos y circunstancias de las cuales no se le pidió informe, pues en la resolución se le sanciona por hechos acontecidos el veinte de febrero de dos mil diecinueve y la inspección judicial se desahogó el diecisiete de mayo de dos mil diecinueve y de la misma no se le solicitó informe y manifiesta que es un absurdo porque la inspección judicial por su carácter de transitoria es improcedente e inconducente para acreditar los hechos. Asimismo, la parte quejosa manifiesta que la referida inspección judicial para ser considerada legal debió de practicarla el Consejo por conducto de la persona indicada y estar asistido de un secretario de acuerdos, lo cual no se cumplió, pues la inspección sólo la realizo el secretario judicial, porque si bien señaló estar comisionado no opera porque la ley establece una formalidad, máxime que la autoridad omite expresar y motivar porque le concede pleno valor probatorio, cuando tiene serias deficiencias que la hacen ineficaz. Son infundados los conceptos de violación señalados por la parte quejosa, debido a las siguientes consideraciones. Ahora bien, como ya se dijo, no se debe perder de vista que dicha diligencia fue ordenada durante la investigación para constatar las posibles conductas constitutivas de responsabilidad, por lo tanto, de conformidad con el artículo 253 de la ley orgánica, en la etapa de investigación, las autoridades competentes están facultadas para recabar pruebas necesarias para el esclarecimiento de los hechos y, el procedimiento administrativo no señala que durante dicha etapa se deba de dar vista a los investigados, puesto que no se ha iniciado el procedimiento y será hasta que inicie formalmente el procedimiento que se le informara al investigado para que manifieste lo que a su derecho convenga Por otra parte, la parte quejosa manifiesta que no se le pidió informe respecto a la inspección judicial llevada a cabo el diecisiete de mayo de dos mil diecinueve, sin embargo, de las constancias se advierte que tuvo conocimiento de la misma en auto de catorce de noviembre de dos mil diecinueve, que es cuando se inició el procedimiento administrativo, seguido de lo cual, se le pidió que rindiera su informe, por lo que tuvo la oportunidad de manifestar sus alegatos al respecto. En otro orden de ideas, la parte quejosa manifiesta que la referida inspección judicial para ser considerada legal se debió diligenciar por el Consejo por conducto de la persona indicada y estar asistido de un secretario de acuerdos. Son infundados sus argumentos, por lo que a continuación se explica. Del artículo 289 del Código de Procedimiento Civiles del Estado de Tabasco, supletoria de la ley de la materia de conformidad con el artículo 277 de la ley orgánica, se advierte que: "ARTÍCULO 289.- Práctica de la inspección. La inspección o reconocimiento se practicará personalmente por el juzgador o se encomendará al secretario u otro funcionario. La inspección judicial sobre personas podrá delegarse en uno o varios asesores técnicos y deberá efectuarse en tal forma que no menoscabe el respeto para las personas. La inspección de documentos de contabilidad y libros podrá también encomendarse a asesores técnicos que nombren las partes y el juzgador, quienes en su informe podrán referirse a libros o documentos que hayan tenido a la vista, aunque no hayan sido ofrecidos como prueba, siempre que se relacionen con el objeto de la inspección." De la anterior, transcripción se desprende que la diligencia de inspección o reconocimiento podrá practicarse por el propio juzgador, o bien, por se le podrá encomendar al secretario o a otro funcionario. Por lo que si en el presente caso, la diligencia de inspección de diecisiete de mayo de dos mil diecinueve, se encomendó al secretario del Consejo, entonces esta es legal y cumple con los requisitos formales contemplados en la referida ley, porque la realizó en secretario; además, como se expuso con anterioridad la resolución se encuentra cabalmente fundada y motivada. En ese sentido, la manifestación de la parte quejosa referente a que la diligencia la debió hacerse por la persona indicada ante la presencia de un secretario de acuerdos resulta infundada, pues la ley de la materia no contempla dicha formalidad. Ahora bien, se desestiman la jurisprudencia y tesis citadas por la parte quejosa, de rubros "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN AMPARO INDIRECTO. EL ESTUDIO DE LOS QUE DETERMINEN SU CONCESIÓN DEBE PREFERIR LOS RELACIONADOS CON EL FONDO DEL ASUNTO A LOS FORMALES, O BIEN, ATENDER AL PRINCIPIO DE MAYOR BENEFICIO." y "PRINCIPIO DE MAYOR BENEFICIO EN EL JUICIO DE AMPARO. DEBE APLICARSE SÓLO SI LA CUESTIÓN QUE SE PRETENDE PRIVILEGIAR CULMINA CON EL OTORGAMIENTO DE LA PROTECCIÓN FEDERAL.", respectivamente; toda vez que las mismas no son aplicables que en el presente juicio, en virtud de que sus conceptos de violación resultaron infundados. En tal virtud, al resultar infundados los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado respecto al acto reclamado. SÉPTIMO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de siete de agosto de dos mil veinte, dictado en el presente juicio de amparo, se les señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales, conforme lo establece el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; no obstante, omitieron manifestarse al respecto. Empero, conforme lo establecen los artículos 6°, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 18 del ordenamiento legal antes invocado y 8° del reglamento precitado, los órganos jurisdiccionales deben proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes se opongan expresamente a la publicación de sus datos personales; por ende, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio identificado con el número 01/2011, emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, al resolver la Clasificación de Información 241/2010-J, de veintisiete de enero de dos mil once, bajo el rubro "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONEN A LA PUBLICACIÓN DE DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Cecilia Victoria Pérez, en contra del acto reclamado al Pleno del Consejo de la Judicatura del estado de Tabasco, por los motivos expuestos en el considerando SEXTO de esta resolución. SEGUNDO. En atención a lo expuesto en el último considerando de este fallo, elabórese versión pública del mismo con supresión de datos personales. Notifíquese.
- Principal
mesa 3 VILLAHERMOSA, TABASCO, QUINCE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE. Visto: agréguese a los presentes autos el escrito signado por Cecilia Victoria Pérez, parte quejosa en el presente juicio, y en atención a su contenido se acuerda: En relación al número telefónico y correo electrónico que proporciona, este juzgado toma conocimiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 5, fracción I del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Ahora bien, respecto a la autorización que solicita para la consulta del presente expediente en el portal http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx a: El usuario "martinfelix". Se autoriza el acceso electrónico de este expediente a la cuenta mencionada ante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, esto, de conformidad con lo establecido en los artículos 26, fracción IV, 30, fracción I, 31 fracciones II y III, de la Ley de Amparo, y Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. Instrúyase al Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), adscrito a este Juzgado para que proceda a realizar los trámites necesarios a efecto de dar cumplimiento a lo ordenado en el presente proveído. De igual manera, se tiene a la quejosa designando como autorizado en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo al licenciado José Martín Félix García, toda vez que éste no cuenta con su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de los Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales; por lo que respecta a las diversas personas que cita en su escrito de cuenta, dígase, que se éste a lo acordado en proveído de siete de agosto de dos mil veinte. Por último, como lo solicita la promovente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídanse las copias simples de las constancias que solicita, previa constancia de recibido que se otorgue. Empero, para ello, deberá agendar su cita mediante la modalidad del programa "Agenda OJ", de conformidad con lo establecido en el artículo 6, fracción I inciso e) del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19; por lo que la promovente o la persona autorizada para ello, deberá comparecer ante este órgano jurisdiccional con identificación oficial vigente, en la hora y día que para tales efectos se le señale, bajo el apercibimiento que de no acudir a la cita en el horario y fecha establecidos, no se le expedirán dichas copias. Notifíquese.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · 16,294 expedientes
- Cecilia Sánchez Pablo1764/2016
- Cecilia Sánchez Pablo1354/2017
- Cecilia Sánchez Pablo1396/2015
- Cecilia Sánchez Pablo814/2016
- Cecilia Sanchez Pablo902/2015
- Cecilia Ventura Jiménez492/2020
- Cecilio Capetillo Vázquez57/2012
- Cecilio Coronel Bautista1479/2018
- Cecilio de la Cruz Arias2115/2019
- Cecilio de la Torre Cardona1240/2023
- Cecilio Ramírez Jiménez567/2017
- Cecilio Sánchez León838/2017