Cecilia Vargas Hernández y Otros.
Expediente 422/2019 tramitado ante el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito. 19 actuaciones registradas, la última del 6 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 422/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 06/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito · Tribunales Colegiados de Circuito
Partes del expediente
- Cecilia Vargas Hernández y Otros.
- Cecilia Vargas Hernández
- Director de Ingresos y Finanzas dependiente de la Secretaría de Planeacion y Finanzas del Gobierno del Estado de Tlaxcala
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Juicio de Amparo Directo
Al advertirse de autos que no existe trámite pendiente por realizar, archívese este asunto. Finalmente, tomando en consideración que este asunto no es de relevancia documental, se hace la declaratoria de que es susceptible de destrucción.
- Juicio de Amparo Directo
ÚNICO. SE SOBRESEE EN EL JUICIO DE AMPARO.
- Juicio de Amparo Directo
Toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se desprende que ha transcurrido el término concedido al quejoso para que manifestara lo que a su derecho conviniera en relación a la vista ordenada mediante proveído de veintinueve de junio de dos mil veintiuno, sin que lo hayan hecho; en tales condiciones, devuélvase de inmediato el presente asunto, a la ponencia del suscrito magistrado, para los efectos legales procedentes. Sin que sea óbice que la notificación del aludido proveído se haya ordenado personalmente; pues de autos se desprende, que el domicilio indicado por la parte quejosa para tales efectos son las listas publicadas en los estrados de este tribunal; por ende, senda comunicación fue realizada conforme al artículo 29 de la ley de la materia.
- Juicio de Amparo Directo
Vista la cuenta que antecede y atento a lo dispuesto por el artículo 64, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, dése vista a la impetrante CVH, con la determinación que el Pleno de este órgano colegiado, en sesión remota ordinaria de veinticuatro de junio del año en curso, consensó por unanimidad de votos, en el sentido de que en el juicio de amparo, es factible que se actualice la causa de improcedencia que enseguida se destaca: "[.] este tribunal advierte la actualización de una causa de improcedencia, cuyo estudio es de oficio y preferente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. Cierto, en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; y [.]." En efecto, se actualiza la causal de improcedencia invocada por la parte quejosa y, para explicar el porqué de esta afirmación resulta necesario relatar los antecedentes relevantes del acto reclamado, que se aprecian de los autos del juicio 53/19-28-01-1, así como las constancias que obran en el juicio de amparo (del diverso recurso de revisión 42/2019-3, del índice del Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado de Tlaxcala), en el orden siguiente: Expediente 53/19-28-01-1 del índice de la Sala Regional de Tlaxcala del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. 1. CVH, por propio derecho y en representación de sus menores hijos, en escrito presentado el cinco de febrero de dos mil diecinueve, ante la Oficialía de Partes de la Sala Regional de Tlaxcala del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, promovió juicio de nulidad administrativo en el que señaló como acto impugnado el siguiente: "La resolución de fecha 10 diez de enero del año 2019 dos mil diecinueve emitida por el Licenciado JPAC, en su carácter de Jefe de Departamento de Asuntos Jurídicos de la Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala en el expediente DAJ/PA015/2017- 11 relativo a la solicitud hecha por mi indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado derivada de la actividad administrativa irregular promovido por la suscrita a nombre propio y en representación de los menores de nombres JGV,GGV y KGV." 2. Por proveído de once de febrero de dos mil diecinueve,1 la Sala Regional de Tlaxcala del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, registró la demanda con el número 53/19-28-01-1, y le requirió a la promovente para que en el término de cinco días exhibiera una copia más de las pruebas que adjuntó a su demanda, para correr el traslado respectivo de ley, así como copia del escrito que presente en atención a la prevención formulada en autos, para correr traslado a la autoridad demandada. 3. Por acuerdo de cuatro de marzo del año en cita,2 se tuvo a la aquí quejosa dando cumplimiento al requerimiento formulado en autos; sin embargo, dicha demanda se desechó al ser notoriamente improcedente -por no actualizarse la competencia material-. 4. Inconforme con tal determinación, por escrito presentado el veinticinco de marzo de dos mil diecinueve3, ante la Oficialía de Partes de la Sala Regional de Tlaxcala del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, Cecilia Vargas Hernández, interpuso recurso de reclamación. 5. Mediante auto de veintisiete de marzo de dos mil diecinueve,4 la Sala Regional de Tlaxcala del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, admitió el mencionado recurso, y requirió al Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos de la Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala, para que dentro del término de cinco días expresara lo que a su derecho conviniera. 6. En proveído de veintidós de abril de dos mil diecinueve,5 se tuvo Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos de la Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala, desahogando la vista concedida en relación al recurso de reclamación interpuesto. 7. El veintitrés de abril del multicitado año6, la Sala Regional de Tlaxcala del Tribunal Federal de Justicia Administrativa resolvió el recurso de reclamación interpuesto por la parte quejosa, el cual constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo. Ahora bien, debe invocarse como hecho notorio (en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la Ley de Amparo conforme lo previsto en su numeral 2o.) que:En el citado expediente, se advierte que la aquí quejosa, interpuso diverso recurso de revisión ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala, en el que por acuerdo de quince de febrero de dos mil diecinueve, se ordenó radicarlo con el número 42/2019 y turnarlo a la Tercera Ponencia del citado órgano colegiado. - En dicho recurso se señaló como acto reclamado la resolución administrativa de diez de enero de dos mil diecinueve, dictada en el expediente DAJ/PA015/2017-11 por el Jefe de Departamento de Asuntos Jurídicos de la Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala. - El acto controvertido es el mismo que se señaló como acto impugnado en el juicio contencioso administrativo 53/19- 28-01-1 radicado en la Sala Regional de Tlaxcala. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 74/2006, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Tomo XXIII, Junio de 2006, página 963 de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de texto y rubro siguientes: "HECHOS NOTORIOS. CONCEPTOS GENERAL Y JURÍDICO. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles los tribunales pueden invocar hechos notorios aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por hechos notorios deben entenderse, en general, aquellos que por el conocimiento humano se consideran ciertos e indiscutibles, ya sea que pertenezcan a la historia, a la ciencia, a la naturaleza, a las vicisitudes de la vida pública actual o a circunstancias comúnmente conocidas en un determinado lugar, de modo que toda persona de ese medio esté en condiciones de saberlo; y desde el punto de vista jurídico, hecho notorio es cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión; de manera que al ser notorio la ley exime de su prueba, por ser del conocimiento público en el medio social donde ocurrió o donde se tramita el procedimiento." Ahora bien, en el expediente del juicio de amparo que nos ocupa, obran las copias certificadas remitidas a este órgano colegiado por el Magistrado de la Tercera Ponencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala, deducidas del recurso de revisión 42/2019-3, promovido por CVH a nombre propio y de sus menores hijos cuya identidad se protege, en las que en lo que interesa, consta lo siguiente: 1. CVH, por propio derecho y en representación de sus menores hijos, por escrito presentado el cinco de febrero de dos mil diecinueve, ante la Oficialía de Partes del Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado de Tlaxcala,7 interpuso recurso de revisión que solicitó lo siguiente: "Declarar la nulidad de la resolución de fecha 10 diez de enero del año 2019 dos mil diecinueve emitida por el Licenciado JPAC, en su carácter de Jefe de Departamento de Asuntos Jurídicos de la Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala en el expediente DAJ/PA015/2017-11 relativo a la solicitud hecha por mi indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado derivada de la actividad administrativa irregular promovido por la suscrita a nombre propio y en representación de los menores de nombres JGV,GGV y KGV." 2. Por proveído de quince de febrero de dos mil diecinueve, se radicó el expediente bajo el número 42/2019 del índice del citado tribunal, siendo turnado a la Tercera Ponencia del mismo, asimismo, se previno a la quejosa para que en el término que le fue concedido exhibiera la constancia de notificación de la resolución impugnada o en caso de no contar con ella, manifestará bajo protesta de decir verdad que no la recibió, con el apercibimiento que de no dar cumplimiento se tendría por no presentado el recurso.8 3. A través del acuerdo de veintiuno de marzo de dos mil diecinueve, se tuvo a la accionante dando cumplimiento al requerimiento que le fue formulado, en el que manifestó que no recibió la constancia de notificación; admitiéndose a trámite el recurso de revisión interpuesto, ordenando el emplazamiento de las responsables con los apercibimientos de ley.9 4. Por acuerdo de veintinueve de abril de dos mil diecinueve, se tuvo por rendido el informe de las autoridades responsables, por ofrecidas y admitidas sus pruebas, ordenándose la apertura del periodo probatorio.10 5. Seguido el procedimiento, el cuatro de enero de dos mil veintiuno, se dictó la sentencia respectiva, en la que se declaró la nulidad relativa de la resolución de diez de enero de dos mil diecinueve, emitida por el Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos de la Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala. 6. Por acuerdo de treinta de marzo de dos mil veintiuno, se tomó conocimiento del periodo vacacional de la responsable para efectos del cumplimiento. 7. A través del acuerdo de veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, se declaró que causó estado el fallo dictado en el recurso de revisión. De lo anterior, se evidencia la actualización del supuesto contenido en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo. Causa de improcedencia respecto de la que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,11 ha establecido que para analizar si se actualiza, debe atenderse al hecho de que aun subsistiendo el acto de autoridad formalmente, el mismo no puede surtir efecto material alguno en la esfera jurídica del quejoso, fundamentalmente por tres razones: a) Porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél; b) Porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado susceptible de reparación; y, c) Por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del peticionario de amparo. Ahora bien, conforme a lo anterior, en el caso a estudio, se surte el segundo supuesto indicado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ello es así, ya que la causa que modifica la situación jurídica de la que emana la prerrogativa de la quejosa, la constituye la sentencia dictada en el diverso recurso de revisión 42/2019 dictada por el Magistrado titular de la Tercera Ponencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala, por el que se declaró la nulidad relativa de la resolución de diez de enero de dos mil diecinueve, emitida por el Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos de la Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala, y cuyos efectos del aludido fallo fueron: "[.] X. Efectos de la sentencia. Por lo que con fundamento en el artículo 116, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tlaxcala, de aplicación supletoria al procedimiento jurisdiccional administrativo, según lo previsto por el artículo 3º de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, se concede a la autoridad responsable, Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos de la Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala, un término de tres días hábiles, contados a partir del día siguiente al en que quede firme la presente resolución, para que: a) Deje sin efecto la resolución administrativa de fecha diez de enero de dos mil diecinueve dictada en el expediente administrativo número DAJ/PA015/2017.11. b) Emita otra en la que prescinda de considerar que la pérdida de la falange distal del cuarto dedo de la mano derecha, del menor fue producto de la actividad irregular de estado, por ello, tampoco debe considerar que se trata de un caso fortuito e imprevisible, y siguiendo los razonamientos vertidos en esta sentencia determine que sí existió actividad administrativa irregular. c) Consecuencia de lo anterior, proceda a calcular los montos que resulten de indemnización por reparación de daño personal y moral, dado que en autos si existen elementos que permiten su cuantificación. d) Debiendo notificarla en términos de la ley de la materia al interesado. e) Informar dentro del mismo término a este Tribunal el cumplimiento dado a esta resolución judicial." [Énfasis en lo resaltado]. En la especie, se considera que la hipótesis legal de mérito se surte, cuenta habida que el objeto o materia de la sentencia de amparo cuya constitucionalidad se controvirtió, consistía materialmente en la resolución administrativa de diez de enero de dos mil diecinueve, dictada en el expediente administrativo número DAJ/PA015/2017.11, por parte del Jefe de Departamento de Asuntos Jurídicos de la Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala, la que la ahora quejosa impugnó a través del juicio de nulidad en sede federal que le fue desechado, lo que dio lugar a la resolución recaída en el recurso de reclamación interpuesto contra esa decisión y, a la postre, al juicio de amparo que nos ocupa (al constituir la última resolución citada, el acto reclamado). Ahora en la especie, como se advierte de las constancias reseñadas la aludida resolución administrativa, fue dejada insubsistente a través de la sentencia de cuatro de enero de dos mil veintiuno, dictada en el recurso de revisión 42/2019-3 por el Magistrado de la Tercera Ponencia del Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado de Tlaxcala. Entonces, resulta incuestionable que el acto reclamado no puede surtir efecto legal o material alguno, habida cuenta que al haberse dejado insubistente la resolución que le dio origen en diverso recurso promovido en sede local administrativa, por tanto, ha dejado de existir el objeto o la materia del fallo dictado en el recurso de reclamación -que constituye el acto reclamado en el juicio constitucional-, de ahí que se actualice la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo. Resulta ilustrativa para lo considerado, el contenido de la jurisprudencia 2a./J. 181/2006, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que reza: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." Respecto a la aplicación de jurisprudencia integrada con anterioridad a la legislación de amparo vigente, cabe precisar que resulta aplicable al presente asunto, aun cuando se haya integrado con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece; ya que el artículo Sexto Transitorio del decreto que expide la mencionada legislación vigente, dispone que la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la nueva normativa. Por tanto, resulta aplicable al caso, al ser idénticos los numerales 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo abrogada y el 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo vigente. También es aplicable a lo anterior, por la idea jurídica que contiene, la jurisprudencia PC.XXI. J/12 A (10a.), sustentada por el Pleno del Vigésimo Primer Circuito, localizada en el Libro 57, Agosto de 2018, Tomo II, página 1792 de la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. SE ACTUALIZA LA CAUSA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XXII, DE LA LEY DE LA MATERIA, CUANDO SE IMPUGNA LA RESOLUCIÓN DICTADA EN EL RECURSO DE RECLAMACIÓN, POR LA QUE SE CONFIRMA LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE NULIDAD PROMOVIDO CONTRA LA NEGATIVA FICTA RECAÍDA AL ESCRITO PRESENTADO ANTE LA AUTORIDAD HACENDARIA, PARA ACREDITAR QUE SÍ SE ADQUIRIERON LOS BIENES O SE PRESTARON LOS SERVICIOS AMPARADOS POR LAS FACTURAS EXPEDIDAS POR UN CONTRIBUYENTE INCLUIDO EN LA LISTA DE PERSONAS QUE PRESUMIBLEMENTE EXPIDEN COMPROBANTES FISCALES DE OPERACIONES INEXISTENTES, CUANDO EN UN PROCEDIMIENTO DIVERSO SE DECLARA LA NULIDAD LISA Y LLANA DE LA RESOLUCIÓN POR LA QUE SE ORDENÓ INCLUIRLO EN AQUELLA LISTA. Al quedar firme la resolución de nulidad de la orden de incluir al contribuyente en la lista de personas que presumiblemente facturan operaciones inexistentes, respecto de las cuales el quejoso ejerce el derecho que le confiere el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, para acreditar que los bienes y servicios que amparan los comprobantes fiscales que expidió aquél, sí se adquirieron o prestaron, cualquier afectación que pudiera derivarse de un procedimiento en sede jurisdiccional respecto del ejercicio de esa prerrogativa, carece de materia u objeto, al haber dejado de existir la situación jurídica que le dio origen, pues la nulidad de la resolución de la autoridad hacendaria en relación con el tercero emisor de las facturas fiscales, trae como consecuencia que desaparezca la presunción que afectaba a éstas y cuya legitimidad pretenden acreditar los quejosos. Por ende, como se impugna la resolución dictada en el recurso de reclamación, por la que se confirma la improcedencia del juicio de nulidad promovido contra la negativa ficta recaída al escrito presentado ante la autoridad hacendaria, para acreditar que sí se adquirieron los bienes o se prestaron los servicios amparados por las facturas expedidas por un contribuyente incluido en la lista de personas que presumiblemente expiden comprobantes fiscales de operaciones inexistentes, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, toda vez que es innecesario que el órgano de amparo analice el fondo de la cuestión debatida, pues tanto la sentencia protectora que pudiera dictarse, como las determinaciones adoptadas por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en cumplimiento de aquélla, se materializarían, en última instancia, en un procedimiento administrativo que carece de objeto, al ordenarse su archivo definitivo por haber quedado firme la declaratoria que lo nulifica." [Énfasis en lo resaltado]. Ahora bien, para fijar el alcance de la citada causa de improcedencia conviene tener presente que, generalmente, la emisión de un determinado acto de autoridad conlleva el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, la cual se distingue por llevar aparejada determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo, por estimarlo violatorio de los derechos fundamentales tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tal virtud, siendo el juicio de amparo un medio de control de la constitucionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas, el legislador ordinario ha establecido, y la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha interpretado diversos requisitos de procedencia del juicio de amparo, que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. Sin embargo, en el caso a estudio como se vio, ya no existe la resolución que se impugnó en el juicio contencioso en sede federal y que dio lugar al fallo decretado en el recurso de reclamación que constituye el acto reclamado en este juicio de amparo, lo que tiene como consecuencia la improcedencia de éste. Ello es así, ya que la pretensión de la quejosa es que se analizara la resolución dictada en el recurso de reclamación que confirmó el auto por el que la Sala Regional de Tlaxcala del Tribunal de Justicia Administrativa, desechó su demanda, pues la intención primigenia con el juicio contencioso era conseguir la nulidad de la resolución de diez de enero de dos mil diecinueve emitida por Jefe de Departamento de Asuntos Jurídicos de la Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala en el expediente DAJ/PA015/2017-11 y, en su caso, que se le condenara a la indemnización por responsabilidad patrimonial del estado, a su nombre y en representación de sus menores hijos. Lo que consiguió en la sede contenciosa administrativa local, pues el oficio que fue motivo de su inconformidad fue declarado nulo -como ha quedado evidenciado-; aunado a que dados los efectos de la sentencia dictada en el recurso de revisión en sede local, se cumplen las prerrogativas y expectativas solicitadas por la impetrante. Por tanto al haber quedado nulo el aludido oficio que dio origen a la controversia contenciosa en sede federal, es evidente que aún cuando el acto reclamado en este juicio de amparo subsista, esa situación jurídica, modificó la esfera jurídica de la impetrante, es decir existió un cambio en el entorno que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad. Por tales motivos, es factible concluir que efectivamente quedó demostrado que sobrevino la causal de improcedencia a que alude la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo citada, en consecuencia, con fundamento en el diverso numeral 63, fracción V, del mismo ordenamiento, lo procedente es sobreseer en el juicio de amparo.- [.]." Determinación que se emite en forma colegiada, debido a que una vez cumplidas las condiciones que prevé el artículo 64, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, la oportunidad para dar vista al quejoso ocurre en el momento en que se tiene la certeza del posible surgimiento de una causa de improcedencia, es decir, la obligación prevista en el artículo citado surge cuando, en sesión, como en el caso acontece, el Pleno del órgano jurisdiccional comparte la posibilidad de que se actualice un motivo de improcedencia no alegado ni analizado con anterioridad, tal y como lo determinó el Pleno del Máximo Tribunal del País, al resolver la contradicción de tesis 325/2014, de la que derivó la jurisprudencia P./J. 5/2015 (10a.), visible en la página 8, Libro 17, Abril de 2015, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. LA OBLIGACIÓN DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO, DE DAR VISTA AL QUEJOSO CUANDO ADVIERTA DE OFICIO UNA CAUSAL NO ALEGADA POR ALGUNA DE LAS PARTES NI ANALIZADA POR EL INFERIOR, PARA QUE EN EL PLAZO DE 3 DÍAS MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, SURGE CUANDO EL ASUNTO SE DISCUTE EN SESIÓN. El párrafo citado establece que cuando un órgano jurisdiccional de amparo advierta de oficio una causa de improcedencia no alegada por alguna de las partes ni analizada por el órgano jurisdiccional inferior, dará vista al quejoso para que en el plazo de 3 días manifieste lo que a su derecho convenga. Ahora, en aras de respetar el derecho de audiencia y encontrar equilibrio entre justicia pronta y seguridad jurídica, si el Pleno del Tribunal Colegiado de Circuito, al discutir el asunto en sesión, ya sea porque así se presentó o propuso en ese momento por alguno de los Magistrados, aprecia la posible actualización de alguna causal de improcedencia no alegada por las partes ni analizada por el inferior, debe dejarlo en lista y ordenar que se dé vista a la parte recurrente con la decisión adoptada para que, previa notificación por lista, manifieste lo que a su derecho convenga, pues el objetivo de la disposición contenida en aquel párrafo es respetar el derecho de audiencia, al otorgarle la oportunidad de exponer en relación con esa causa de improcedencia. En consecuencia, la obligación prevista en el precepto indicado surge cuando, en sesión, el Pleno del órgano jurisdiccional comparte la posibilidad de que se actualice un motivo de improcedencia no alegado ni analizado con anterioridad." En consecuencia, al advertirse de oficio la posible actualización de la causa de sobreseimiento enunciada, hágase saber a la quejosa CVH, que dentro del término de tres días al en que le surta efectos la notificación del presente acuerdo, manifieste lo que a su interés convenga, apercibido que de no hacerlo en ese lapso se tendrá por conforme con esa decisión para los efectos que correspondan.
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