Cecilia Ruiz Ortiz y Otros.
Expediente 171/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán. 7 actuaciones registradas, la última del 9 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 171/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 09/02/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Cecilia Ruiz Ortiz y Otros.
- Cecilia Ruiz Ortiz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Uruapan, Michoacán, nueve de febrero de dos mil veintiuno. Vista la pieza postal de cuenta que contiene el oficio 16694 de catorce de diciembre de dos mil veinte, dirigido al Licenciado Manuel Vargas Núñez, Agente del Ministerio Público de la Unidad de Combate al Secuestro de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, de la que se advierte la imposibilidad para su entrega, toda vez que en sobre se anotó la leyenda siguiente: "NO EXISTE AUTORIDAD". En consecuencia, a fin de evitar dilaciones procesales reenvíese el comunicado 16694 de catorce de diciembre de dos mil veinte, al Fiscal General del Estado de Michoacán, con sede en Morelia, en cuanto a superior Jerárquico de Licenciado Manuel Vargas Núñez, Agente del Ministerio Público de la Unidad de Combate al Secuestro de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, con residencia en Morelia; lo anterior, para que por su conducto , lo haga llegar a esta última lo anterior para los efectos legales conducentes. Notifíquese.
- Principal
Uruapan, Michoacán, catorce de diciembre de dos mil veinte. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que no se interpuso recurso de revisión dentro del término de diez días que contempla el artículo 86 de la Ley de Amparo, en contra del auto de trece de noviembre de dos mil veinte, que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 107, fracción VIII, de la Constitución Federal, 354, 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme. Por tanto, al no existir actuación procesal pendiente de desahogo en el presente asunto, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, y en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, mismo que entró en vigor al día siguiente de su publicación; se ordena el archivo definitivo de este juicio de amparo, como asunto totalmente concluido. Con la precisión de que el presente asunto no se considera de relevancia documental, pues no se encuentra en ninguno de los supuestos a que hace mención el artículo 15 del referido Acuerdo General; sin que sea el caso proceder en los términos señalados en el segundo párrafo del numeral 21 del citado acuerdo, toda vez que no existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa, como se advierte de la certificación de cuenta. En la inteligencia de que el presente asunto es destruible, de conformidad con lo dispuesto por el referido artículo 21 inciso b), del aludido Acuerdo General, por lo que una vez transcurrido el plazo establecido en el primer párrafo de dicho numeral, deberá procederse a su destrucción en términos de lo dispuesto en el penúltimo párrafo del mismo precepto legal y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Por otro lado, conforme a lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 35 del acuerdo de que se trata, los datos anteriores háganse constar en la carátula del expediente. Háganse las anotaciones de rigor en el Libro de Gobierno correspondiente así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.
- Principal
Uruapan, Michoacán, trece de noviembre de dos mil veinte. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que transcurrió el término de quince días concedido al quejoso Luis González Serano en proveído de ocho de octubre de dos mil veinte, a efecto de que manifestara si era su deseo ampliar su demanda respecto de la calificación de la detención, emitida por el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema Judicial Penal Acusatorio y Oral región, sin que haya realizado manifestación alguna; en consecuencia, se tiene por precluido su derecho para ampliar su demanda de amparo por lo que respecta a dicho acto, en términos del artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su ordinal 2°; por lo que el presente asunto sólo constituye materia de litis, la relativa a los actos reclamados en el escrito inicial de demanda. Por otro lado, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte lo siguiente: El veinte de marzo de dos mil veinte, se concedió la suspensión de plano a Luis González Serano y Cecilia Ruiz Ortiz, por los actos reclamados consistentes en: Incomunicación, y actos prohibidos del artículo 22 Constitucional. Detención y/o Privación ilegal de la libertad personal. En proveído de veintidós de marzo de dos mil veinte, se recibió diligenciado el exhorto 175/2020 (464/2020-I-E-A-P), en el que se advierte que los citados quejosos manifestaron que sí ratificaban la demanda de amparo promovida a su favor, y que estuvieron en comunicación con sus dos hijos, asimismo ambos manifestaron que no habían sido torturados ni golpeados, y se admitió a trámite la demanda de amparo. Así, en auto de veintisiete de abril de dos mil veinte se tuvo al Agente del Ministerio Público de la Unidad de Combate al Secuestro de la Fiscalía General del Estado de Michoacán informando que la quejosa Cecilia Ruiz Ortiz fue puesta a disposición del Agente del Ministerio Público Investigador adscrito a la Unidad Especializada de Combate y Secuestro, en calidad de detenida, dentro de la carpeta de investigación URU/102/01844/2020, número único de caso 1004202011313, por el delito de contra la salud; sin embargo, la misma fue puesta en libertad a las siete horas con cuarenta minutos del veintidós de abril de dos mil veinte, decretándose su libertad bajo reservas de ley. Posteriormente, por lo que ve al diverso quejoso Luis González Serano, mediante auto de veintisiete de abril del año en curso, el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema Judicial Penal Acusatorio y Oral región Uruapan informó que dentro de la causa penal 61/2020, iniciada en su contra por el delito de homicidio calificado, cometido en perjuicio de José Luis Solís Lira, Ramón Velázquez Ruiz, José Antonio Velázquez Solís, Alfredo Sánchez León y Saúl Cabrera Basurto, así como por el delito de lesiones calificadas cometido en agravio de Irving Mendoza López o Irving Eduardo López Melgoza, el veintitrés de marzo se resolvió su situación jurídica y se le vinculó a proceso; además, por lo que ve a la libertad, se se calificó de legal la detención y se determinó imponerle la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, la cual cumplirá en el Centro Penitenciario "Licenciado Eduardo Ruíz" con residencia en esta ciudad. Por lo anterior, se dio vista al citado Luis González Serano para que manifestara si deseaba ampliar su demanda de amparo por lo que ve a la vinculación a proceso emitida por el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema Judicial Penal Acusatorio y Oral región Uruapan, sin que haya hecho manifestación al respecto, por lo que el treinta y uno de agosto pasado, se tuvo por precluido tal derecho. Por lo que ve a la calificación de la validez de la detención, en este auto se decretó la preclusión del derecho a ampliar la demanda por lo que respecta a la calificación de la legalidad de la detención. Establecido lo anterior, cabe señalar que el estudio de las causales de sobreseimiento, al ser de orden público, son de estudio preferente, por lo que es obligación del juez de amparo, que tan pronto tenga conocimiento de la existencia de alguna causal que haga improcedente el juicio de amparo, entrar a su estudio, conforme a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la tesis I.7º.P.13 K, sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXI, mayo de 2010, página 1947, cuyo rubro y texto dicen: "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER INSTANCIA, INDEPENDIENTEMENTE DE QUIÉN SEA LA PARTE RECURRENTE Y DE QUE PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. ***** Sobreseimiento Fuera de Audiencia Constitucional por lo que ve a la quejosa Cecilia Ruiz Ortiz. Así, de lo narrado se desprende que la quejosa Cecilia Ruiz Ortiz fue puesta en libertad el veintidós de abril de dos mil veinte, lo que se acredita con el oficio AGIV/567/2020, consistente en la "notificación de acuerdo de libertad", signado de conformidad por la quejosa, de lo que se advierte que el acto reclamado ha cesado, por lo que se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, lo que implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido los actos reclamados que originaron el presente juicio de amparo, y con ello la afectación a la citada quejosa. Documental con fe pública, que tiene pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo. Sobre el particular, tiene aplicación la jurisprudencia 226, del Pleno del Alto Tribunal de la Nación, que expresa: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. ***** En mérito de lo anterior, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de referencia, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la referida ley, es procedente sobreseer en el presente juicio de amparo fuera de la audiencia constitucional por lo que ve a la quejosa directa Cecilia Ruiz Ortiz. Cobra aplicación al respecto, la jurisprudencia 2ª./J.59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. ****** Así como, la jurisprudencia número P.CL/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. *****Y la jurisprudencia número 2a./J.9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo epígrafe es: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. ***** A mayor abundamiento, la razón que justifica la improcedencia del juicio de amparo por la cesación de efectos del acto reclamado, no es la simple destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo efectos en la esfera jurídica de la parte quejosa, no los surtirá más y no dejó huella que amerite el otorgamiento del amparo para ser borrada. En esa tesitura, el sobreseimiento en el juicio constitucional impide realizar el estudio de los conceptos de violación planteados por la peticionaria del amparo, para demostrar la inconstitucionalidad de los actos reclamados, que en esta vía combate, de conformidad con lo dispuesto en la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. *****Sobreseimiento Fuera de Audiencia Constitucional por lo que ve a quejoso Luis González Serano. Por otro lado, por lo que ve al diverso quejoso Luis González Serano, quien fue vinculado a proceso el veintitrés de marzo de dos mil veinte, dentro de la causa penal 61/2020, asimismo, el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema Judicial Penal Acusatorio y Oral región Uruapan realizó la calificación de su detención, considerando fue legal, y además, determinó imponerle la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, la cual cumplirá en el Centro Penitenciario "Licenciado Eduardo Ruíz" con residencia en esta ciudad. Por consiguiente, tal circunstancia actualiza de forma indudable y manifiesta la causal de improcedencia en el supuesto antes precisado, por cesación de efectos del acto reclamado, pero por sustitución procesal del acto, como se explicará: En relación a dicha causal de improcedencia, es preciso advertir que el juicio de amparo tiene como finalidad, en caso de prosperar la acción correspondiente, el anular una actuación autoritaria si ésta resulta ilegal y como consecuencia de ello, restablecer las cosas al estado que tenían con anterioridad a la violación. De esta manera, la improcedencia en cuestión no se actualiza cuando el acto de autoridad sujeto a estudio en el juicio de amparo, se encuentra validado por sus efectos y eficacia, esto es, si se encuentra incólume lo determinado en dicho acto, y por ende, se encuentra dotado de plena vigencia en tanto no sea modificado o revocado. En ese contexto, si el supracitado acto pierde vigencia o desaparece de hecho o de derecho, dicha particularidad tiene como resultado que no haya materia de estudio, lo que hace procedente decretar el sobreseimiento de la instancia constitucional. Lo anterior, aconteció en el presente caso, pues si bien el quejoso Luis González Serano, reclamó en su escrito de demanda la detención ilegal atribuido a las autoridades responsables y mediante auto de veintisiete de abril del año en curso, el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema Judicial Penal Acusatorio y Oral región Uruapan informó que , el veintitrés de marzo del año que cursa, dentro de la causa penal 61/2020, instruida en su contra por el delito de homicidio calificado, cometido en perjuicio de José Luis Solís Lira, Ramón Velázquez Ruiz, José Antonio Velázquez Solís, Alfredo Sánchez León y Saúl Cabrera Basurto, así como por el delito de lesiones calificadas cometido en agravio de Irving Mendoza López o Irving Eduardo López Melgoza se resolvió la situación jurídica del aquí quejoso y se le vinculó a proceso; además, por lo que ve a la libertad, se se calificó de legal la detención y se determinó imponerle la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, la cual cumplirá en el Centro Penitenciario "Licenciado Eduardo Ruíz" con residencia en esta ciudad. Es inconcuso que la resolución en la que se vinculó proceso y calificó de legal la detención sustituyó procesalmente al acto reclamado de inicio, pues con la emisión de dicha determinación, se reitera, los efectos legales dejaron de ser propios de éste, es decir, operó la sustitución procesal, lo que torna improcedente la acción de amparo respecto del primer acto, dado que en todo caso es la nueva determinación la que puede ser materia de análisis a través del juicio de derechos fundamentales o bien por los medios de defensa ordinarios, previstos en el Código Nacional de Procedimientos Penales, y la parte quejosa no impugnó esta última, pese a que fue prevenida para ese fin. Al respecto tiene aplicación por las razones jurídicas la siguiente tesis: "Época: Novena Época Registro: 165869 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXX, Diciembre de 2009 Materia(s): Civil Tesis: I.3o.C.769 C Página: 1492. "CESACIÓN DE EFECTOS POR SUSTITUCIÓN PROCESAL. LA RESOLUCIÓN QUE RECAE A LOS MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS, TORNA IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INTENTADO CONTRA EL AUTO O RESOLUCIÓN RECURRIDO. ****** Bajo ese cúmulo de ideas, es inconcuso que se está en presencia de una causa de improcedencia del juicio de garantías que se actualiza de modo manifiesto e indudable, como lo es la prevista en el numeral 61, fracción XI, de la Ley de Amparo; y, por ende, lo procedente es decretar fuera de audiencia el sobreseimiento en el presente juicio de amparo. Encuentra sustento lo anterior, en la jurisprudencia 1a./J. 3/99, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y contenido es el siguiente: "IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO.- ****** El sobreseimiento decretado se hace extensivo a todas las autoridades ejecutoras, toda vez que no se les reclaman actos por vicios propios, sino en vía de consecuencia de la orden de detención reclamada. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ilustra: "SOBRESEIMIENTO, RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE POR LOS ACTOS DE LAS EJECUTORAS SI NO SE COMBATEN ESTOS POR VICIOS PROPIOS.***** Por lo expuesto, se deja insubsistente la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional, la cual estaba fijada para las catorce horas con treinta y cinco minutos del siete de diciembre de dos mil veinte. Háganse las capturas correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
En razón de que la parte quejosa LUIS ROBERTO GONZÁLEZ RUIZ, o sus autorizados, no comparecieron ante este juzgado, dentro de los dos días hábiles siguientes, en términos del aviso que se les dejó en el domicilio señalado en autos, el dieciocho de noviembre del año en curso; se hace efectivo el apercibimiento ahí decretado, y la notificación del proveído de trece de noviembre del año en curso, queda hecha mediante su publicación en la lista de la fecha indicada al inicio de la presente que se fija en los estrados de este juzgado. PROVEIDO DE TRECE DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, que dice: Uruapan, Michoacán, trece de noviembre de dos mil veinte. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que transcurrió el término de quince días concedido al quejoso Luis González Serano en proveído de ocho de octubre de dos mil veinte, a efecto de que manifestara si era su deseo ampliar su demanda respecto de la calificación de la detención, emitida por el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema Judicial Penal Acusatorio y Oral región, sin que haya realizado manifestación alguna; en consecuencia, se tiene por precluido su derecho para ampliar su demanda de amparo por lo que respecta a dicho acto, en términos del artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su ordinal 2°; por lo que el presente asunto sólo constituye materia de litis, la relativa a los actos reclamados en el escrito inicial de demanda. Por otro lado, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte lo siguiente: El veinte de marzo de dos mil veinte, se concedió la suspensión de plano a Luis González Serano y Cecilia Ruiz Ortiz, por los actos reclamados consistentes en: En proveído de veintidós de marzo de dos mil veinte, se recibió diligenciado el exhorto 175/2020 (464/2020-I-E-A-P), en el que se advierte que los citados quejosos manifestaron que sí ratificaban la demanda de amparo promovida a su favor, y que estuvieron en comunicación con sus dos hijos, asimismo ambos manifestaron que no habían sido torturados ni golpeados, y se admitió a trámite la demanda de amparo. Así, en auto de veintisiete de abril de dos mil veinte se tuvo al Agente del Ministerio Público de la Unidad de Combate al Secuestro de la Fiscalía General del Estado de Michoacán informando que la quejosa Cecilia Ruiz Ortiz fue puesta a disposición del Agente del Ministerio Público Investigador adscrito a la Unidad Especializada de Combate y Secuestro, en calidad de detenida, dentro de la carpeta de investigación URU/102/01844/2020, número único de caso 1004202011313, por el delito de contra la salud; sin embargo, la misma fue puesta en libertad a las siete horas con cuarenta minutos del veintidós de abril de dos mil veinte, decretándose su libertad bajo reservas de ley. Posteriormente, por lo que ve al diverso quejoso Luis González Serano, mediante auto de veintisiete de abril del año en curso, el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema Judicial Penal Acusatorio y Oral región Uruapan informó que dentro de la causa penal 61/2020, iniciada en su contra por el delito de homicidio calificado, cometido en perjuicio de José Luis Solís Lira, Ramón Velázquez Ruiz, José Antonio Velázquez Solís, Alfredo Sánchez León y Saúl Cabrera Basurto, así como por el delito de lesiones calificadas cometido en agravio de Irving Mendoza López o Irving Eduardo López Melgoza, el veintitrés de marzo se resolvió su situación jurídica y se le vinculó a proceso; además, por lo que ve a la libertad, se se calificó de legal la detención y se determinó imponerle la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, la cual cumplirá en el Centro Penitenciario "Licenciado Eduardo Ruíz" con residencia en esta ciudad. Por lo anterior, se dio vista al citado Luis González Serano para que manifestara si deseaba ampliar su demanda de amparo por lo que ve a la vinculación a proceso emitida por el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema Judicial Penal Acusatorio y Oral región Uruapan, sin que haya hecho manifestación al respecto, por lo que el treinta y uno de agosto pasado, se tuvo por precluido tal derecho. Por lo que ve a la calificación de la validez de la detención, en este auto se decretó la preclusión del derecho a ampliar la demanda por lo que respecta a la calificación de la legalidad de la detención. Establecido lo anterior, cabe señalar que el estudio de las causales de sobreseimiento, al ser de orden público, son de estudio preferente, por lo que es obligación del juez de amparo, que tan pronto tenga conocimiento de la existencia de alguna causal que haga improcedente el juicio de amparo, entrar a su estudio, conforme a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. ...Sobreseimiento Fuera de Audiencia Constitucional por lo que ve a la quejosa Cecilia Ruiz Ortiz. Así, de lo narrado se desprende que la quejosa Cecilia Ruiz Ortiz fue puesta en libertad el veintidós de abril de dos mil veinte, lo que se acredita con el oficio AGIV/567/2020, consistente en la "notificación de acuerdo de libertad", signado de conformidad por la quejosa, de lo que se advierte que el acto reclamado ha cesado, por lo que se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, lo que implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido los actos reclamados que originaron el presente juicio de amparo, y con ello la afectación a la citada quejosa. Documental con fe pública, que tiene pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo. ... En esa tesitura, el sobreseimiento en el juicio constitucional impide realizar el estudio de los conceptos de violación planteados por la peticionaria del amparo, para demostrar la inconstitucionalidad de los actos reclamados, que en esta vía combate, de conformidad con lo dispuesto en la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: ... Por otro lado, por lo que ve al diverso quejoso Luis González Serano, quien fue vinculado a proceso el veintitrés de marzo de dos mil veinte, dentro de la causa penal 61/2020, asimismo, el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema Judicial Penal Acusatorio y Oral región Uruapan realizó la calificación de su detención, considerando fue legal, y además, determinó imponerle la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, la cual cumplirá en el Centro Penitenciario "Licenciado Eduardo Ruíz" con residencia en esta ciudad. Por consiguiente, tal circunstancia actualiza de forma indudable y manifiesta la causal de improcedencia en el supuesto antes precisado, por cesación de efectos del acto reclamado, pero por sustitución procesal del acto, como se explicará: En relación a dicha causal de improcedencia, es preciso advertir que el juicio de amparo tiene como finalidad, en caso de prosperar la acción correspondiente, el anular una actuación autoritaria si ésta resulta ilegal y como consecuencia de ello, restablecer las cosas al estado que tenían con anterioridad a la violación. De esta manera, la improcedencia en cuestión no se actualiza cuando el acto de autoridad sujeto a estudio en el juicio de amparo, se encuentra validado por sus efectos y eficacia, esto es, si se encuentra incólume lo determinado en dicho acto, y por ende, se encuentra dotado de plena vigencia en tanto no sea modificado o revocado. En ese contexto, si el supracitado acto pierde vigencia o desaparece de hecho o de derecho, dicha particularidad tiene como resultado que no haya materia de estudio, lo que hace procedente decretar el sobreseimiento de la instancia constitucional. Lo anterior, aconteció en el presente caso, pues si bien el quejoso Luis González Serano, reclamó en su escrito de demanda la detención ilegal atribuido a las autoridades responsables y mediante auto de veintisiete de abril del año en curso, el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema Judicial Penal Acusatorio y Oral región Uruapan informó que , el veintitrés de marzo del año que cursa, dentro de la causa penal 61/2020, instruida en su contra por el delito de homicidio calificado, cometido en perjuicio de José Luis Solís Lira, Ramón Velázquez Ruiz, José Antonio Velázquez Solís, Alfredo Sánchez León y Saúl Cabrera Basurto, así como por el delito de lesiones calificadas cometido en agravio de Irving Mendoza López o Irving Eduardo López Melgoza se resolvió la situación jurídica del aquí quejoso y se le vinculó a proceso; además, por lo que ve a la libertad, se se calificó de legal la detención y se determinó imponerle la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, la cual cumplirá en el Centro Penitenciario "Licenciado Eduardo Ruíz" con residencia en esta ciudad. Es inconcuso que la resolución en la que se vinculó proceso y calificó de legal la detención sustituyó procesalmente al acto reclamado de inicio, pues con la emisión de dicha determinación, se reitera, los efectos legales dejaron de ser propios de éste, es decir, operó la sustitución procesal, lo que torna improcedente la acción de amparo respecto del primer acto, dado que en todo caso es la nueva determinación la que puede ser materia de análisis a través del juicio de derechos fundamentales o bien por los medios de defensa ordinarios, previstos en el Código Nacional de Procedimientos Penales, y la parte quejosa no impugnó esta última, pese a que fue prevenida para ese fin. Al respecto tiene aplicación por las razones jurídicas la siguiente... Bajo ese cúmulo de ideas, es inconcuso que se está en presencia de una causa de improcedencia del juicio de garantías que se actualiza de modo manifiesto e indudable, como lo es la prevista en el numeral 61, fracción XI, de la Ley de Amparo; y, por ende, lo procedente es decretar fuera de audiencia el sobreseimiento en el presente juicio de amparo. Encuentra sustento lo anterior, en la jurisprudencia 1a./J. 3/99, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y contenido es el siguiente: Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
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