Cecilia Romero Rementería

Expediente 180/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 24 actuaciones registradas, la última del 24 de agosto de 2016.

Datos del expediente

Expediente
180/2016
Año
2016
Actuaciones
24
Última actuación
24/08/2016

Partes del expediente

  • Cecilia Romero Rementería

Actuaciones

Las 4 más recientes de 24.

  1. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, veinticuatro de agosto de dos mil dieciséis. Vistos los autos y la certificación que antecede; se advierte que ha transcurrido el término de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa y el Agente del Ministerio Publico de la Federación adscrito, hubieren interpuesto recurso de revisión contra la resolución dictada en este juicio de amparo el veintiuno de julio de dos mil dieciséis; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 81, fracción I, inciso e, de la Ley de Amparo, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria para los efectos legales procedentes; hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia, y en términos del artículo 214 de la ley de la materia, archívese el expediente como asunto concluido. Se destaca que en este juicio se formó cuaderno de suspensión en donde se negó la suspensión definitiva, y no se tramitó incidente de violación a la medida cautelar; por tanto, glósese el original del incidente de suspensión relativo a este juicio y guárdese provisionalmente en el archivo de este Juzgado el duplicado del referido incidente. Tomando en consideración que en el duplicado del incidente de suspensión no obra documento alguno considerado como original que las partes hayan exhibido; en consecuencia, en términos del punto segundo, fracción XVIII, del Capítulo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, transcurridos más de seis meses, contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este acuerdo, procédase únicamente a la destrucción de ese duplicado. Se hace del conocimiento de las partes que este juicio de amparo será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por otra parte, toda vez que el presente expediente es un asunto total y definitivamente concluido, y en términos de los párrafos que anteceden se ubica en una de las hipótesis a que se refiere el artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; además, este Juzgador considera que la materia del asunto no es de relevancia documental, pues no se encuentra en alguno de los supuestos a que alude el segundo párrafo, del artículo vigésimo primero en relación con el artículo cuarto del mencionado acuerdo; por lo tanto, este expediente es susceptible de destrucción, así que, una vez que transcurran más de cinco años posteriores a la notificación del presente proveído que ordena el archivo, se procederá en dichos términos conforme a los lineamientos establecidos en el referido Acuerdo General, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la carátula del presente asunto. Finalmente, hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública, de las sentencias ejecutoriadas y las resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese. IA

  2. Principal

    R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio promovido por la quejosa Cecilia Romero Rementería, en términos del considerando cuarto de esta resolución. SEGUNDO. En su oportunidad, dese cumplimiento al considerando último de este fallo, en los términos ahí precisados. Notifíquese. I-A

  3. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, once de julio de dos mil dieciséis. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos para los efectos legales procedentes el informe justificado remitido vía fax rendido por el Fiscal en Jefe de la Fiscalía Local, con sede en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, con el mismo dése vista a las partes para que se impongan de su contenido y ejerzan sus derechos, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia respectiva. Toda vez que se certificó la transmisión electrónica del mensaje recibido, fijándose la hora y fecha de recepción del fax y la persona de la dependencia que lo remitió, por tanto, tiene pleno valor probatorio, por ser confiable el medio en que fue comunicada dicha constancia, al tener un grado de seguridad similar al de la documentación consignada en papel, además de que es identificable la persona a quien se atribuye su contenido y pueden verificarse tanto el origen de la documentación como su texto; criterio que encuentra apoyo en la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 23, precedentes relevantes, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, 202, cuyo rubro refiere: "CONSTANCIAS ENVIADAS POR FAX ENTRE LOS ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. SI ESTÁ CERTIFICADA LA HORA Y FECHA DE SU RECEPCIÓN, ASÍ COMO EL ÓRGANO QUE LA REMITE POR EL SECRETARIO DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL JUDICIAL QUE LA RECIBE, TIENE PLENO VALOR PROBATORIO". Por otra parte, visto el estado de autos, y tomando en consideración el informe justificado rendido por el Fiscal en Jefe de la Fiscalía Local, con sede en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, el cual no se rindió por lo menos con ocho días de anticipación, a la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, atento a lo establecido en el artículo 117 párrafo segundo, de la Ley de Amparo en vigor; en consecuencia, para no dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, a efecto de que esté en aptitud de imponerse del contenido del citado informe, preparar y ofrecer, en su caso, las pruebas que estime pertinentes; en consecuencia, para dar margen a lo anterior, se difiere anticipadamente la audiencia constitucional señalada para las diez horas con cinco minutos del doce del mes y año en curso y en su lugar se fijan las once horas con cinco minutos del veintiuno de julio de dos mil dieciséis, para su celebración. Se invoca en apoyo la jurisprudencia 54/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página cinco, Tomo XI, del mes de Abril de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, bajo el rubro y texto: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en una aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo ("... el Juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado, ..."), sino relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto ("Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen."); por lo tanto, el Juez de Distrito debe diferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario". Notifíquese. IA

  4. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, treinta de junio de dos mil dieciséis. Glósese a los autos el sobre que contiene el oficio número I-2555 dirigido al Comandante de la Policía Estatal destacamentada, ambos con sede en el Espinal, Oaxaca, devuelto por la Administradora de Correos de esta ciudad, que en la parte posterior aparece la leyenda: "REHUSADA LA PIEZA EN LA COMANDANCIA DE LA POLICÍA ESTATAL DE LA ESTATAL INFORMAN QUE EN ESA DEPENDENCIA. NO CUENTAN CON COMANDANTE DE LA POLICÍA ESTATAL ÚNICAMENTE CON EL COMANDANTE DEL 6TO SECTOR DE LA POLICÍA ESTATAL. "; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el auto inicial y con fundamento en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, se considera inexistente a la referida autoridad, para todos los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. IA

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