Cecilia Ramos Arciniega

Expediente 583/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 20 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
583/2023
Año
2023
Actuaciones
20
Última actuación
08/11/2023

Partes del expediente

  • Cecilia Ramos Arciniega

Actuaciones

Las 4 más recientes de 20.

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para recurrir en revisión la sentencia que sobreseyó el juicio, sin que se impugnara; en consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, SE DECLARA QUE FALLO CAUSÓ EJECUTORIA. Archívese el expediente como totalmente concluido, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno electrónico. Tomando en consideración que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el numeral 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se concluye que no es de relevancia documental. De conformidad con lo que establece el artículo 20 del Acuerdo General mencionado, se hace la observación de que el expediente es destruible, en razón de que se sobreseyó el asunto. El incidente de suspensión, con fundamento en el artículo 20, fracción III del Acuerdo General mencionado, es destruible, pues se negó la medida cautelar. No obra en autos documento original, en los términos que establece el ordinal 3, fracción XX, del Acuerdo General de referencia. Tomando en consideración que la autoridad responsable remitió diversas constancias en justificación de sus actos; se ordena su devolución a su lugar de procedencia, en el entendido de que el actuario de la adscripción deberá verificar que en el sello de recepción se asiente el número de tomos entregados, por lo que resulta innecesario el acuse de recibo correspondiente. En cumplimiento al artículo 42 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y adiciona el que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, en relación con la publicación de la totalidad de las sentencias, así como la implementación del buscador de resoluciones especializado en el sistema de justicia penal adversarial, y la circular interna 03/2022 de veintisiete de abril de dos mil veintidós, el secretario encargado de la tramitación del expediente certificó que la versión pública del fallo dictado en el presente asunto está disponible en la liga institucional: https://www.cjf.gob.mx/-micrositios/dggj/paginas/serviciosTramites.htm?pageName=servicios%2Fexpedientes.htm, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, lo que se tiene por realizado para los efectos legales conducentes. Por otra parte, agréguese el escrito del autorizado en términos amplios del tercero interesado; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, expídanse a su costa copias certificadas de las constancias que enuncia, previa comparecencia, identificación y toma de razón que de su recibo se deje en autos. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    En la Ciudad de México, siendo las diez horas con cincuenta minutos del veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés, día y hora señalados para la CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL en el juicio de amparo 583/2023; el Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, ..., asistido de ..., Secretaria que autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la declara abierta sin la asistencia de las partes. A continuación la Secretaria hace relación de las constancias que obran agregadas en autos, y da cuenta con: A) Demanda de amparo; B) Oficios por los que las responsables rindieron su informe justificado; C) Emplazamiento del tercero interesado. En este acto se da cuenta con el incidente de falsedad de documento y firma interpuesto por la accionante. Al efecto se acuerda: Téngase por hecha la relación que antecede para los efectos legales conducentes. A continuación se procede a la apertura del período probatorio, en el que se hace constar que la quejosa ofreció la documental, instrumental de actuaciones y presuncional en su doble aspecto, legal y humano. Al efecto se acuerda: Se admiten y desahogan las probanzas aludidas atento a su propia y especial naturaleza. Al no haber más elementos de convicción por desahogar, se cierra el presente periodo. Tocante al incidente de falsedad de documento y firma planteado por la quejosa es innecesario pronunciarse en torno al mismo, toda vez que el artículo 17° de la Constitución Federal, impone que la justicia sea pronta y expedita -acorde al principio de economía procesal-, y siendo así, a nada lleva examinar los planteamientos propuestos en dicha incidencia, pues en esta data se cuenta con los elementos necesarios para dictar el fallo que corresponde, de los que se advierte que se actualiza una causal de improcedencia. Asimismo se abre la etapa de alegatos, donde se hace constar que la quejosa y tercero interesado los formularon y la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita no intervino; por lo que se cierra esta etapa. Con lo anterior, se da por terminada la audiencia que firma el Juez con la Secretaria que da fe para constancia legal, procediendo a dictar la resolución correspondiente. Doy fe. V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo 583/2023, promovido por ..., contra actos del Juez, Actuario y Conciliador, todos adscritos al Juzgado Sexagésimo Segundo Civil de la Ciudad de México; y, R E S U L T A N D O: Primero. Demanda. La accionante solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos considerados violatorios de sus derechos tutelados en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Federal. Segundo. Admisión. Previa aclaración, se admitió la demanda, se dio intervención a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, se requirió informe justificado y se ordenó emplazar a la tercera interesada. Se rindieron los informes de ley, la representación social Federal adscrita no intervino, se emplazó al tercero interesado, la audiencia constitucional se celebró en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: Primero. Competencia. Este Juzgador es legalmente competente para resolver, conforme a los numerales 103, fracción I, 107, fracción III, inciso c), de la Constitución Federal; 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 37 y 107, de la ley de la materia, pues se trata de un juicio constitucional indirecto promovido contra actos derivados de un proceso de naturaleza civil, tramitado ante un Juzgado del orden común residente dentro al ámbito territorial donde el suscrito ejerce autoridad constitucional. Segundo. Acto reclamado. Acorde a la fracción I, del artículo 74 de la Ley de Amparo, se tiene que la quejosa se ostenta como tercera extraña auténtica al juicio ordinario civil ..., radicado ante el Juzgado Sexagésimo Segundo Civil de la Ciudad de México y reclama todo lo actuado y los derechos involucrados de la PARCELA ... ESTADO DE MÉXICO.". Tercero. Existencia. Las responsables aceptaron la existencia de los actos reclamados. Cuarto. Cuestión Previa. En el presente juicio de amparo, la quejosa reclamó la falsificación de actuaciones en el juicio de origen, particularmente de la firma estampada en el escrito de veintiséis de febrero de dos mil siete, donde aparentemente compareció al procedimiento primigenio como tutora de los herederos -entonces infantes- ..., ... y ..., los tres de apellidos ..., mediante el cual se allanó a los hechos de la demanda y las prestaciones reclamadas; sin embargo, su intervención deriva del ejercicio de una representación otorgada en virtud de la minoría de edad de dichos niños. De ahí que mediante auto de veinticuatro de agosto de la presente anualidad se requirió a la accionante para que precisara si era su intención promover el juicio de amparo por propio derecho o en representación de las personas citadas. Sin embargo, el cuatro de septiembre de la presente anualidad se tuvo a la quejosa desahogando el requerimiento formulado, donde manifestó comparecer al presente juicio de amparo por propio derecho, y no en representación de sus nietos, quienes actualmente cuentan con la mayoría de edad. En ese sentido, se hizo de su conocimiento que en caso de que fuera voluntad de los mencionados herederos promover la acción constitucional, tienen a salvo sus derechos para hacerlo valer en una causa autónoma. Con motivo de lo anterior, y atendiendo a que la quejosa promovió el presente juicio de amparo por propio derecho, el presente fallo atenderá a la corroboración o no del interés jurídico que alega. Quinto. Improcedencia del juicio. La procedencia del juicio es un presupuesto procesal que se debe estudiar de oficio antes de las cuestiones de fondo, lo aleguen o no las partes, conforme al artículo 62 de la ley de la materia. El juicio es improcedente, por falta de interés jurídico del promovente, acorde al artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo. Conforme al precepto transcrito, para la procedencia del juicio de amparo respecto de tribunales judiciales, se requiere como presupuesto procesal, que los peticionarios acrediten el interés, perjuicio o afectación que resientan en su esfera jurídica, de manera personal y directa, con la ejecución de lo reclamado, para acudir ante el órgano jurisdiccional competente a demandar su tutela, lo cual se traduce como el interés jurídico que la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Carta Magna, considera para determinar la procedencia o improcedencia del procedimiento constitucional planteado. Esto es, la acción de amparo exige como presupuesto o condición esencial para su procedencia, entre otros, la existencia de un perjuicio que afecte a la persona o los derechos de la parte quejosa; además, el juicio de amparo procede siempre a instancia de parte agraviada, debiendo entenderse por perjuicio para los efectos del amparo, la lesión directa en los intereses jurídicos de una persona, o bien una ofensa, un daño, una afectación indebida derivada de una ley o de un acto de autoridad, que se haga a los derechos o intereses de un particular. En este entendido, la procedencia del juicio de amparo en contra de un acto dictado por una autoridad debe referirse a la existencia de una parte agraviada; es decir, que haya una afectación de los intereses jurídicos de un particular. Un acto puede engendrar una situación jurídica concreta en beneficio o en perjuicio de una o varias personas en relación con la formación, modificación o extinción de una relación de derecho; por tanto, cuando con su emisión produce un acto jurídico que afecta a uno o varios individuos, en su persona o patrimonio, creando, modificando o extinguiendo en su perjuicio una situación jurídica concreta, el juicio de amparo es procedente, y en contrario sentido, cuando por su sola emisión no afecta la esfera jurídica del particular, el juicio de amparo es improcedente, puesto que el procedimiento constitucional de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto, en términos del artículo 6o. de la ley de la materia. Ilustra lo considerado, la jurisprudencia 854, sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dice: "INTERÉS JURÍDICO. EN QUÉ CONSISTE. El interés jurídico a que alude el artículo 73, fracción V de la Ley de Amparo, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de garantías individuales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. El juicio de amparo se ha instituido con el fin de asegurar el goce de las garantías individuales establecidas en la Constitución General de la República, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio real al solicitante del amparo. En conclusión, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de garantías y no otra persona." Así como la jurisprudencia de la otrora Sala Auxiliar de la suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO, QUE DEBE ENTENDERSE POR PERJUICIO PARA LOS EFECTOS DEL. El artículo 4o. de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prescribe que el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclaman. Es presupuesto, de consiguiente, para la procedencia de la acción de amparo, de acuerdo con el ámbito conceptual de esa norma legal, que el acto o ley reclamados, en su caso, en un juicio de garantías, cause un perjuicio al quejoso o agraviado. Así lo ha estimado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sus diversas tesis jurisprudenciales, la que ha llegado, incluso, a definir cuál es el alcance del concepto perjuicio, como podrá apreciarse si se consulta el Apéndice de Jurisprudencia de 1917 a 1965, del Semanario Judicial de la Federación, Sexta Parte, página 239, en donde se expresa que: "El concepto perjuicio, para los efectos del amparo, no debe tomarse en los términos de la ley civil, o sea, como la privación de cualquiera ganancia lícita, que pudiera haberse obtenido, o como el menoscabo en el patrimonio, sino como sinónimo de ofensa que se hace a los derechos o intereses de una persona". Este Alto Tribunal de la República, en otras ejecutorias que desenvuelven y precisan el mismo concepto, es decir, lo que debe entenderse por perjuicio, ha llegado a estimar que el interés jurídico de que habla la fracción VI, ahora V, del artículo 73 de la Ley de Amparo, "no puede referirse, a otra cosa, sino a la titularidad que al quejoso corresponde, en relación con los derechos o posesiones conculcados" (Tomo LXIII, página 3770 del Semanario Judicial de la Federación). Y es que la procedencia de la acción constitucional de amparo requiere, como presupuesto necesario, que se acredite la afectación por el acto reclamado, de los derechos que se invocan, ya sean estos posesorios o de cualquiera otra clase, como se sostiene, acertadamente, en la ejecutoria visible en la página 320, del Tomo LXVII del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época. Sin duda, un acto reclamado en amparo, causa perjuicio a una persona física o moral, cuando lesiona, directamente, sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y es entonces cuando nace, precisamente, la acción constitucional o anulatoria de la violación reclamada en un juicio de garantías, conforme al criterio que sustenta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria publicada en la página 2276, del Tomo LXX del mismo Semanario Judicial." Igualmente, cabe destacar que el interés jurídico debe estar plenamente acreditado y no inferirse con base en presunciones, acorde a la jurisprudencia 2a./J. 16/94, de la Segunda Sala del Ato Tribunal. En el particular, la quejosa se ostenta como tercera extraña auténtica al juicio ordinario civil ..., radicado ante el Juzgado Sexagésimo Segundo Civil de la Ciudad de México y reclama todo lo actuado y los derechos involucrados de la PARCELA 13-36-18.30 UBICADO EN ... ESTADO DE MÉXICO. Por tanto, la impetrante de amparo debió demostrar fehacientemente, ser titular de algún derecho a su favor derivado del inmueble objeto del litigio primigenio; pues la procedencia de la acción constitucional está sujeta a que esta facultad derive de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto de la ley que lo genere y debe tener una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho y que además, sea oponible a terceros. Resulta aplicable por analogía la jurisprudencia del Tribunal Pleno, tesis 1/2002, que dice: "POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 79 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que las posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promoverte tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir, sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común." En efecto, para que un gobernado pueda resultar beneficiado con la protección federal cuando es tercero extraño a un procedimiento, es necesario acreditar un derecho subjetivo derivado de la ley o un acto jurídico de fecha cierta, pues sólo así se estimaría lesionada su esfera jurídica de derechos y obligaciones que conforman su patrimonio. En la especie, la accionante anexó a su demanda sendas impresiones fotográficas de diversos escritos, así como del presunto inmueble defendido, sin embargo dichas documentales no gozan de valor probatorio, al tratarse de simples reproducciones, en términos de la Jurisprudencia 1/89, sustentada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 379, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo: III, Primera Parte, Enero a Junio de 1989, cuyo rubro y texto dice: "COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS MISMAS. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de amparo, el valor probatorio de las copias fotostáticas simples queda al prudente arbitrio del juzgador. Por lo tanto en ejercicio de dicho arbitrio cabe considerar que las copias de esa naturaleza, que se presentan en el juicio de amparo, carecen por sí mismas, de valor probatorio pleno y sólo generan simple presunción de la existencia de los documentos que reproducen pero sin que sean bastantes, cuando no se encuentran adminiculados con otros elementos probatorios distintos, para justificar el hecho que se pretende demostrar. La anterior apreciación se sustenta en la circunstancia de que como las copias fotostáticas son simples reproducciones fotográficas de documentos que la parte interesada en su obtención coloca en la máquina respectiva, existe la posibilidad, dada la naturaleza de la reproducción y los avances de la ciencia, que no corresponda a un documento realmente existente, sino a uno prefabricado que, para efecto de su fotocopiado, permita reflejar la existencia, irreal, del documento que se pretende hacer aparecer." De ahí que de dichas constancias no se advierta que la accionante integre la relación procesal de origen, o detente algún derecho a su favor relativo al inmueble objeto del litigio primigenio, máxime que no se encuentran adminiculados con otros medios de prueba que acrediten la existencia de algún derecho en favor de la promovente. Por tanto, tales documentales son ineficaces para tener por acreditado el interés jurídico de la impetrante, al no generar un derecho oponible a terceros. De igual forma, no es obstáculo para lo considerado, que en el caso se haya probado la existencia del acto reclamado en el informe rendido por las autoridades judiciales responsables y las constancias remitidas, pues ello no releva a la parte quejosa de la obligación de acreditar su interés jurídico. Consecuentemente, como la accionante no acreditó tener interés para promover el presente juicio de amparo, se actualiza la causal de improcedencia invocada, y con fundamento en el numeral 63, fracción V, en relación con el artículo 61, fracción XII, ambos de la ley de la materia, debe sobreseerse en el juicio de amparo. Conforme a lo resuelto, es innecesario atender los conceptos de violación, porque la declaración de sobreseimiento lo impide, en términos de la jurisprudencia 1028, que indica: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente." Tocante al incidente de falsedad de documento y firma planteado por la quejosa, es innecesario pronunciarse en virtud del sentido que se adopta en el presente fallo; y es así, toda vez que el artículo 17° de la Constitución Federal, impone que la justicia sea pronta y expedita -acorde al principio de economía procesal-, y siendo así, a nada lleva examinar los planteamientos propuestos en dicha incidencia, cuando existe una causal de improcedencia plenamente acreditada, como ocurre en el presente caso. Lo anterior se apoya en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 27/2000, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "INCIDENTE DE FALSEDAD DE DOCUMENTOS. ES INNECESARIO PRONUNCIARSE EN ÉL, AL ACTUALIZARSE UN MOTIVO DE IMPROCEDENCIA QUE IMPIDE EXAMINAR EL FONDO DEL AMPARO. Conforme al artículo 153 de la Ley de Amparo, es factible la sustanciación durante el trámite del juicio de amparo indirecto del incidente de falsedad de documentos, situación que obliga al Juez de Distrito a suspender o diferir la audiencia constitucional, con la finalidad de recibir y valorar las pruebas relativas a la autenticidad del documento cuestionado, respecto del cual y únicamente para los efectos de ese juicio de amparo debe pronunciarse al dictar la sentencia de fondo. No obstante lo anterior, en el caso de que el Juez de Distrito advierta la existencia de una causal de improcedencia, es evidente que por cuestión de prioridad y de orden público debe sobreseer en el juicio, sin realizar pronunciamiento sobre la autenticidad del documento controvertido, hecha excepción del caso en que el documento sea determinante respecto de la causal de improcedencia, pues conforme a la lógica y a una correcta técnica del amparo, la improcedencia impide al órgano de control constitucional el estudio de tema alguno que se relacione con el fondo de la litis constitucional, ello sin perjuicio de que, ante el supuesto de que alguna de las partes estime delictiva la conducta del oferente de un documento que considere apócrifo, pueda efectuar la denuncia ante la autoridad competente." Sin que se esté en el caso de excepción a que se refiere la misma jurisprudencia, (cuando el documento sea determinante respecto de la causal de improcedencia); ya que esta resolución decreta la improcedencia del juicio partiendo de la falta de acreditación por parte de la quejosa de estar en uso y disfrute material del bien, o sea, en relación al hecho de la posesión del inmueble defendido. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 76, 217 y 218 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: Único. Se sobresee el juicio promovido por ..., contra actos del Juez, Actuario y Conciliador, todos adscritos al Juzgado Sexagésimo Segundo Civil de la Ciudad de México, respecto de los actos precisados en el segundo considerando, por las razones expuestas en el diverso último de esta resolución. Notifíquese. Lo sentencia y firma ..., Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, asistido de ..., Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, en términos del artículo 3º de la Ley de Amparo, el día en que tiene verificativo la audiencia. Doy fe.

  3. Principal

    Agréguese el ocurso de ..., autorizado por la parte tercera interesada en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, personalidad que se le reconoce por tener registrada su cédula profesional en el sistema correspondiente; en atención a su contenido dígase al promovente que no ha lugar a acordar de conformidad su solicitud, toda vez que el artículo 65 de la Ley de Amparo dispone que solo podrá decretarse el sobresimiento cuando no exista duda de su actualización. En el caso, se estima que la causal invocada requiere de un estudio detallado; por lo que se tomará en consideración al momento de dictar sentencia definitiva, y será en ésta donde se decrete si es viable o no su planteamiento. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicado en la página 377, Tomo III, Segunda Parte-1, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. PUEDEN EXAMINARSE EN CUALQUIER ESTADO DEL JUICIO DE AMPARO. La circunstancia de que se admita una demanda de garantías, por no advertirse una causal de notoria improcedencia, no impide que el Juez Federal con posterioridad, en la audiencia constitucional, advierta una causal de improcedencia que quede plenamente demostrada de acuerdo a las probanzas y actuaciones que integran el expediente, ya que la causa de improcedencia bien pudo pasar desapercibida al momento de admitirse la demanda, por no ser clara su notoriedad de acuerdo con los elementos que en ese momento tuvo a su alcance el Juez y, posteriormente, ya para dictarse sentencia el referido juzgador advierta claramente la causal de improcedencia que conlleve al sobreseimiento en el juicio de amparo, el que a mayor abundamiento, podrá ser examinado en cuanto a su procedencia por el Tribunal Colegiado en términos de la fracción III del artículo 91 de la Ley de Amparo, lo que evidencia la posibilidad legal de que las causales de improcedencia sean examinadas por el juzgador en cualquier momento de las dos instancias del juicio constitucional." NOTIFÍQUESE. L

  4. Principal

    Agréguese el escrito de ..., por el que manifiesta expresamente que es su deseo seguir la presente instancia constitucional únicamente actuando por propio derecho, de lo que el suscrito toma conocimiento. Tómese en consideración lo anterior para fallar en su oportunidad. Sin que haya lugar a llamar a los nietos de la promovente, dado que no encuadran en alguno de los supuestos de ley para ser parte en el amparo, y si fuera voluntad de ellos promover como quejosos, podrán hacerlo en otra causa autónoma, donde se resuelva lo conducente. NOTIFÍQUESE.

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