Cecilia Porras Murillo
Expediente 872/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 2 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 872/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 02/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Cecilia Porras Murillo
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, dos de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta signado por la autoridad antes mencionada, mediante el cual informa que el uno de septiembre del año en curso dicho órgano jurisdiccional asumió el conocimiento del juicio de amparo II-872/2022-2. Por lo tanto, y como de la constancia secretarial se advierte que no existe acuerdo pendiente por dictar, ni diligencia por practicar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido; haciéndose la observación de que es susceptible de DESTRUCCIÓN, de conformidad con lo establecido en los artículos 12, 14 y 21, inciso j), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, disposición citada en último término. Se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse en los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo general en cita ni este juzgador, atendiendo a la importancia del asunto, lo considera de trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. Háganse las anotaciones del caso en el libro de Gobierno que se lleva en este Juzgado. Notifíquese.
- Principal
Morelia, Michoacán, a veinticuatro de agosto de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por la parte quejosa en cita, en contra del Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tanhuato, Michoacán; señalando como acto reclamado el siguiente: ".IV. ACTOS RECLAMADOS: A la única autoridad señalada como responsable, le reclamo el ilegal e inconstitucional auto fechado el día 08 ocho de agosto del año 2022 dos mil veintidós, pronunciado dentro del Juicio Ordinario Oral Familiar, número de expediente ... así como la violación procesal cometida durante el dictado del acuerdo de mérito, que afectan las defensas de la quejosa, trascendiendo al resultado del fallo.." Al respecto, este juzgador estima carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo, en virtud de que el acto que se reclama es una resolución que pone fin al juicio de origen, por lo que se actualiza los supuestos de los artículos 34 y 170, fracción I, de la Ley de Amparo, los cuales establecen: "Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. La competencia de los tribunales se fija de acuerdo con la residencia de la autoridad que haya dictado el acto reclamado y, en su caso, atendiendo a la especialización por materia. En materia agraria y en los juicios en contra de tribunales federales de lo contencioso administrativo, es competente el tribunal colegiado de circuito que tenga jurisdicción en donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un circuito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el tribunal colegiado de circuito que primero hubiere recibido la demanda; en su defecto, aquél que dicte acuerdo sobre la misma." "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. (REFORMADO, D.O.F. 17 DE JUNIO DE 2016) Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. (REFORMADO, D.O.F. 17 DE JUNIO DE 2016) Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda. En materia penal el proceso comienza con la audiencia inicial ante el Juez de control; [.]" Del precepto legal en cita se desprende la procedencia del juicio de amparo directo en los siguientes supuestos: a) Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. b) Son sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal. c) Son resoluciones que ponen fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. d) Deben agotarse previamente los recursos ordinarios, por virtud de los cuales las sentencias definitivas, laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados. e) Para efectos de la Ley de Amparo, se entiende que el juicio se inicia con la presentación de la demanda. Sentado lo anterior, en el caso concreto, el acto que el quejoso reclama consiste en: El auto dictado el ocho de agosto del dos mil veintidós, pronunciado dentro del Juicio Ordinario Oral Familiar, número de expediente ..., promovido por el aquí tercero interesado ... en el que no admitió el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia ahí dictada. Del análisis del acto reclamado, resulta evidente que se trata de un acto que al no admitir el recurso interpuesto contra la sentencia dictada en el expediente de origen, lo da por concluido. En ese sentido, es dable llegar a la conclusión de que el auto aquí combatido pone fin al juicio de origen, por tal motivo, su reclamo debe plantearse en la vía de amparo directo ante los Tribunales Colegiados de Circuito, en específico, ante un Tribunal Colegiado en Materia Civil de este Circuito, de conformidad con los numerales 34 y 170, fracción I, de la Ley de Amparo. Al respecto, por similitud resulta aplicable, la tesis número 2005654, sustentada por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 2175, del Tomo III, Febrero de 2014, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que textualmente señala: "AMPARO DIRECTO. LA COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO SE ENCUENTRA SUJETA A LA PROCEDENCIA DE ESA VÍA, SIEMPRE Y CUANDO LOS ACTOS RECLAMADOS CONSTITUYAN SENTENCIAS DEFINITIVAS O RESOLUCIONES QUE PONGAN FIN AL JUICIO, CONTRA LAS QUE YA NO PROCEDA RECURSO ORDINARIO POR VIRTUD DEL CUAL PUEDAN SER MODIFICADAS O REVOCADAS (ALCANCES DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIONES III, INCISO A) Y V DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 170, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DEL 2013 Y 37 FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN). El artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente hasta antes de su reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de seis de junio de dos mil once, establecía la procedencia del juicio de amparo en contra de sentencias definitivas o resoluciones que ponían fin al juicio, en contra de las cuales ya no procedía recurso ordinario, elemento característico que también preveía el artículo 46 de la Ley de Amparo, vigente hasta el dos de abril de dos mil trece; con motivo de esa reforma constitucional y de la emisión de la nueva Ley de Amparo vigente, desaparecieron esas precisiones, sin embargo, en dicho precepto constitucional, párrafo tercero, se establece la procedencia del juicio de amparo en contra de dichos actos siempre que se agoten previamente los recursos ordinarios, por virtud de los cuales aquéllos puedan ser modificados o revocados, salvo en el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos, cuya redacción también se reprodujo en el artículo 170, fracción I, párrafo tercero, de la Ley de Amparo vigente. En los procesos legislativos que dieron origen a los ordenamientos vigentes, no se expusieron las razones por las cuales se excluyó la precisión que originalmente se preveía en dichas normas, lo que pone de manifiesto que tanto el Constituyente como el legislador ordinario tuvieron la intención de precisar, aunque con diferente redacción, que sólo podrán ser materia de amparo directo las resoluciones terminales, pues establecen que, previamente, deben agotarse los recursos ordinarios, lo que significa que éstos deben haber sido interpuestos o que la ley no los prevea, para que se promueva el juicio de amparo directo; lo que incide en la competencia del Tribunal Colegiado atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, precisamente, en atención al principio de definitividad de cuya observancia depende la característica de resolución terminal de aquél, circunstancia que corrobora el citado artículo 107, fracción V, en su redacción original y en la vigente, que reservan la competencia a los Tribunales Colegiados de Circuito para conocer de dichas resoluciones; lo anterior, máxime que el artículo 37, fracción I, inciso c), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el cual no fue sujeto de las actuales reformas, establece la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito para conocer de los juicios de amparo directo contra sentencias definitivas o resoluciones que pongan fin al juicio, y precisa que son aquellas respecto de las que no procede el recurso de apelación, de acuerdo a las leyes que las rigen, o de sentencias o resoluciones dictadas en apelación en juicios del orden común o federal. En ese orden, para los efectos del juicio de amparo directo, por sentencia definitiva se entiende, procesalmente, por regla general, la que decide el juicio en lo principal, y por resolución que ponga fin al juicio, la que, sin decidirlo en lo principal, lo da por concluido, las cuales deben ser irrecurribles, ya sea porque se agotó el medio ordinario de defensa o porque la ley ordinaria no lo prevea; por tanto, si en esa vía es promovida una demanda en contra de una resolución que no cumpla con esa característica, el Tribunal Colegiado deberá declararse incompetente para conocer del asunto, y remitirlo al Juez de Distrito competente para que resuelva lo que en derecho proceda; por ende, es dable considerar que las tesis de jurisprudencia por contradicción, números P./J. 16/2003 y P./J. 40/97, emitidas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubros: "AMPARO DIRECTO. SI EL ACTO QUE SE RECLAMA NO ES UNA SENTENCIA DEFINITIVA, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEBERÁ DECLARARSE INCOMPETENTE Y REMITIR LA DEMANDA AL JUEZ DE DISTRITO QUE CORRESPONDA." y "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDA ANTE UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO. ÉSTE, EN NINGÚN CASO, DEBE DESECHARLA, SINO DECLARAR SU INCOMPETENCIA Y REMITIRLA AL JUZGADO DE DISTRITO CORRESPONDIENTE.", las cuales prevén como requisito para que se actualice la competencia, que el acto reclamado constituya una resolución irrecurrible, son acordes con el contenido de las disposiciones constitucionales y legales correlativas vigentes, amén de que, conforme al artículo sexto transitorio de la actual Ley de Amparo, no se contraponen con ese ordenamiento." Así como la jurisprudencia con número de registro 2021695, resuelta por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo I, Febrero de 2020, Materia Civil, página 597, de rubro y contenido: "DIVORCIO SIN EXPRESIÓN DE CAUSA. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE LO DECRETA, AUN SIN RESOLVER LA TOTALIDAD DE LAS CUESTIONES INHERENTES AL MATRIMONIO, PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO (LEGISLACIONES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, COAHUILA Y AGUASCALIENTES). El juicio de divorcio sin expresión de causa es un proceso en el que se ventilan dos pretensiones, a saber: la disolución del vínculo matrimonial y la regulación de las consecuencias inherentes a ésta. Ahora bien, cuando las leyes locales que lo regulan, admiten la posibilidad de escisión, siempre que se actualicen ciertos supuestos, el proceso iniciado en común puede culminar con más de una sentencia definitiva y no sólo con una en la que se decida la totalidad del litigio. En el caso del juicio en cuestión, la resolución que decreta el divorcio concierne a la controversia principal, por lo que materialmente es una sentencia definitiva, independientemente de las alusiones o denominaciones formales con las que se refiera a ella el legislador, en contra de la cual procede el juicio de amparo directo en conformidad con el artículo 170 de la Ley de Amparo, ante un Tribunal Colegiado de Circuito, y no el juicio de amparo indirecto ante un Juez de Distrito." Por consiguiente, es dable sostener que este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán, carece de competencia legal para conocer de la demanda de que se trata, por lo que, con fundamento en el artículo 47 de la Ley de Amparo, se ordena remitir este juicio de amparo al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimoprimer Circuito, con residencia en esta ciudad, en turno, para los efectos legales conducentes. En otro aspecto, con fundamento en los dispositivos 22, 28 y 29 del Acuerdo 21/2020, ante la necesaria e idónea continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible y de estimarlo pertinente, transiten al esquema de juicios en línea que promueven desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; para lo cual, las partes, sus representantes o sus autorizados con facultades expresas para hacerlo, deberán solicitar -a través de promoción física o electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea- la consulta del expediente electrónico relativo al presente juicio y la práctica de notificaciones electrónicas, para lo cual se requiere también de la utilización de una firma electrónica vigente (FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal), de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 12/2020 que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Además, se invita a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, de cuyo contenido se ordena su registro y, de ser necesario, su incorporación al expediente previa la certificación correspondiente, con fundamento en la fracción II del artículo 22 del citado Acuerdo General 21/2020; en ese sentido, se tiente a la promovente señalando como formas especiales y expeditas de contacto los teléfonos y números de celulares que menciona, además del correo electrónico siguiente: ... Como lo solicita la parte quejosa, se ordena a la Analista Jurídico (SISE) dar de alta el nombre de usuario proporcionado ..., a fin de que tenga acceso al expediente electrónico para su consulta. Se tiene a la parte quejosa señalando domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, y autoriza para ese efecto a las personas que hace alusión. Finalmente, fórmese el cuaderno correspondiente, háganse las anotaciones del caso en el Libro de gobierno de este Juzgado y en su oportunidad archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Notifíquese personalmente.
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