Cecilia Miranda Firo
Expediente 431/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 21 actuaciones registradas, la última del 26 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 431/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 21
- Última actuación
- 26/04/2022
Partes del expediente
- Cecilia Miranda Firo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 21.
- Principal
Cumplimiento. ha transcurrido el término de tres días concedido a las partes mediante auto de treinta y uno de marzo del año en curso, para que manifestaran lo que a su derecho conviniera respecto la forma en que la autoridad responsable Cámara de Diputados de la LXl Legislatura del Estado de México, aduce haber cumplido el fallo protector, por tanto, este Juzgado de Distrito, se pronuncia al respecto. Se declara que la sentencia de amparo fue cumplida en sus términos y no se incurrió en exceso o defecto. Comuníquese lo anterior a las partes y archívese el presente juicio como asunto total y definitivamente concluido. Devolución de documentos. Como existen documentos exhibidos por la parte quejosa, dese vista, a fin de que acuda al local de este juzgado dentro de un plazo de noventa días, a recoger los mismos, con el apercibimiento que de no hacerlo, serán enviados junto con el expediente en que se actúa, a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, para su destrucción. En este sentido, a efecto de que la parte quejosa pueda recoger dichos documentos, hágase de su conocimiento que este órgano jurisdiccional cuenta con un horario de 7:45 a 14:45 horas; asimismo, en términos del artículo 3 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dentro del Portal de Servicios en Línea, micrositio sobre "Agenda OJ", deberá generar una cita, en la cual se generara un código QR, que a su vez, le permitirá ingresar al órgano jurisdiccional; asimismo, se le informa que el acceso podrá restringirse si acude fuera del horario previsto y para el caso de no cumplir los requisitos para los filtros sanitarios.
- Principal
a los autos el oficio de cuenta, signado por la Presidenta de la H. LXI Legislatura del Estado de México, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento de diecisiete de marzo del año en curso, remite copia del oficio SP/CJ/233/2022, de veinticinco de marzo de dos mil veintidós, en el que da respuesta al escrito presentado por la quejosa el veinte de abril de dos mil veintiuno, así como la constancia de notificación realizada. Atento a lo anterior, este órgano jurisdiccional toma conocimiento de lo expuesto por el oficiante para los efectos legales a que haya lugar; por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con el oficio y anexo de cuenta, a fin de que dentro del plazo de tres días, contados a partir de la notificación que del presente proveído se les practique, manifiesten lo que a su derecho convenga, apercibidos que de no realizar manifestación alguna, este Juzgado se pronunciará respecto al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la responsable. De igual forma, mediante oficio dese vista al Fiscal Federal adscrito a este órgano jurisdiccional, para que manifieste lo que a su derecho corresponda.
- Principal
La delegada de la Legislatura del Estado de México, informa que se emitió la respuesta correspondiente a lo peticionado por la quejosa, mismo que se encuentra en vías de notificación, solicitando una prórroga de tres días a fin de dar total cumplimiento a dicho requerimiento. Como lo solicita otórguese una prórroga de tres días, para que dé total cumplimiento a la ejecutoria de amparo, y remita copia certificada del oficio SAP/CJ/233/2022 con el que aduce haber dado respuesta a la petición de la quejosa, así como la constancia de notificación realizada a la misma, en el concepto de que dicho término comenzara a transcurrir a partir del día siguiente al en que se le notifique el presente proveído.
- Principal
agréguese para que obre como corresponda el oficio de cuenta, signado por la delegada de la LXI Legislatura del Estado de México, por medio del cual remite copia certificada del acuse de recibo del oficio SAP/CJ/172/2022, por el cual da respuesta al escrito presentado el veinte de abril de dos mil veintiuno (por la quejosa), así como con la constancia de notificación realizada; hecho del cual toma pleno conocimiento este órgano jurisdiccional para los efectos legales a que haya lugar. En atención a lo anterior y confrontadas las exigencias contenidas en la ejecutoria de amparo, con las constancias de la autoridad responsable, se advierte que la autoridad responsable no ha dado cumplimiento al requerimiento de veintiocho de febrero del año en curso. Se explica. En la ejecutoria dictada en el recurso de revisión 306/2021, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, precisó que: - El artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contiene el derecho de petición, el cual consiste en un derecho público subjetivo del gobernado frente a la autoridad dotada de facultades y atribuciones por las normas legales, la cual se encuentra obligada a dar contestación por escrito, en breve término, al gobernado. - Para la salvaguarda del derecho de petición, se requieren los elementos: a) La petición, que debe formularse de manera pacífica y respetuosa; tiene que ser dirigida a una autoridad, y recabarse la constancia de que fue entregada; y b) La respuesta, la cual debe emitirse por la autoridad a través de un acuerdo en breve término, entendiéndose por esto último, el que racionalmente se requiera para estudiar la petición y acordarla, la que también tendrá que ser congruente con la petición. c) Dicha respuesta debe ser debidamente notificada a la peticionaria. - No existe obligación de resolver en determinado sentido, esto es, el ejercicio del derecho de petición no constriñe a la autoridad ante quien se formuló, a que provea necesariamente de conformidad a lo solicitado por el promovente, sino que está en libertad de resolver de conformidad con los ordenamientos legales que resulten aplicables al caso, siempre que lo haga de manera congruente. - El derecho de petición se refiere al requerimiento que hace el gobernado para que la autoridad, de modo congruente, atienda y dé contestación por escrito a la solicitud del peticionario. - El derecho de petición cuenta con diversas modalidades que dan origen a las más variadas formas de relación institucional entre gobernantes y gobernados, y al crear las fórmulas para garantizar a los segundos la respuesta eficiente y expedita de parte de las autoridades del Estado a la formulación de sus requerimientos, constituye el mecanismo por el cual los particulares realizan toda clase de trámites frente a las autoridades y ponen en movimiento a los órganos del Estado. - El derecho de recibir respuesta de cualquier autoridad con motivo de sus funciones públicas constituye una prerrogativa de rango constitucional, susceptible de exigir su cumplimiento, en términos del artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por medio del juicio de amparo. - El "derecho de petición" se estimará colmado si la autoridad ante quien se formuló da una respuesta congruente con la petición, es decir, que se ocupe de todas las cuestiones que el solicitante hubiera realizado; sin que, como se mencionó, exista obligación de resolver en determinado sentido, pues el ejercicio del derecho de petición no constriñe a la autoridad ante quien se formuló, a que provea necesariamente de conformidad lo solicitado, sino que está en libertad de resolver de conformidad con los ordenamientos legales que resulten aplicables al caso. En el caso, se advierte que únicamente se colmaron los requisitos exigidos en los incisos a y c, del derecho de petición, que se precisaron en párrafos precedentes, no así, el señalado en la parte final del inciso b), debido a que la autoridad responsable no ha dado respuesta congruente con lo peticionado. En efecto, la quejosa presentó un escrito el veinte de abril de dos mil veintiuno, dirigido a la LX Legislatura del Estado de México, en el que solicitó lo siguiente: 1) Que se le expidiera copia certificada de la respuesta que la Comisión de Límites emitió mediante el oficio CJDH/514/2020, de cuatro de noviembre de dos mil veinte respecto a la documentación presentada a la Secretaría de Asuntos Parlamentarios del Poder Legislativo del Estado de México, el nueve de octubre del año dos mil veinte, para sustentar la solicitud de que se otorgue a la Villa de San Francisco Tlalcilalcalpan la categoría de Municipio. 2) Que se le dijera la forma en que la citada legislatura iba a coadyuvar con la quejosa en la integración de los documentos relativos relacionados con esa solicitud. En respuesta a lo anterior, el nueve de marzo de dos mil veintidós, la autoridad responsable emitió el oficio SAP/CJ/172/2022, que señala, en lo que interesa, lo siguiente: "(.). Por lo que corresponde a la solicitud formulada consistente en: ". y se nos diga cómo se va a coadyuvar con nosotros para la integración de los documentos correspondientes, en términos de las fracciones XXV y XXVI del artículo 61 de la Constitución política del Estado de México." RESPUESTA. De acuerdo con la documentación presentada por ustedes, la misma no reúne los requisitos señalados en la Ley Reglamentaria de las fracciones XXV y XXVI del artículo 61 de la Constitución política del Estado de México. Asimismo, es necesario señalar que no es obligación de la Legislatura coadyuvar en la integración de los documentos requeridos para que se pueda otorgar la categoría de municipio, en términos de lo establecido en el artículo 143 de la Constitución Política del Estado de México, las autoridades del Estado sólo tienen las facultades que expresamente les confieren las leyes y otros ordenamientos jurídicos. No obstante lo anterior y, en atención a las diversas reuniones llevadas a cabo en la Secretaría de Asuntos Parlamentarios, con las personas autoridades por Ustedes, se les apoyara dando cause a su solicitud ante las autoridades que corresponda para que en ámbito de su competencia y en coordinación con ustedes, se procede a la integración de los documentos señalados en la Ley Reglamentaria de las fracciones XXV y XXVI del artículo 61 de la Constitución Política del Estado de México" De la intelección del escrito petitorio, en relación con el oficio antes transcrito, se advierte que no se emitió una respuesta completa y congruente, pues no atendió lo solicitado, en cuanto a que se le dijera la forma en que la citada legislatura iba a coadyuvar con la quejosa en la integración de los documentos relativos relacionados con esa solicitud de que se otorgue a la Villa de San Francisco Tlalcilalcalpan la categoría de Municipio. Ello es así, pues con la respuesta dada por la autoridad responsable no se cumplieron los postulados contenidos en el artículo 8 constitucional, ya que de su contenido no se advierte que sea una respuesta congruente con lo peticionado, que atienda todos y cada uno de los planteamientos señalados en el escrito de petición. Lo anterior, porque lo peticionado por la quejosa, en esencia, es que se le explicara la forma en que la citada legislatura iba a coadyuvar para la integración de los documentos relativos a su petición realizada en el diverso escrito de nueve de octubre de dos mil veinte, esto es, en cuanto a la solicitud de que se otorgara a la Villa de San Francisco Tlalcilalcalpan la categoría de Municipio. Y si bien, la autoridad responsable aduce que no es su obligación coadyuvar en la integración de los documentos requeridos para que se pueda otorgar la categoría de municipio ni resolver conforme a los intereses de la quejosa. Cierto es que, la Legislatura del Estado de México, se concretó a decir que "(.) se les apoyara dando cause a su solicitud ante las autoridades que corresponda para que en ámbito de su competencia y en coordinación con ustedes, se procede a la integración de los documentos señalados en la Ley Reglamentaria de las fracciones XXV y XXVI del artículo 61 de la Constitución Política del Estado de México". Lo cual es insuficiente para dar la respuesta congruente con lo peticionado. En efecto, se insiste que no existe una respuesta congruente con lo peticionado, emitida por la Legislatura del Estado de México, ya que no se precisó: a) La fundamentación y motivación por la cual considera que no es la autoridad competente para coadyuvar en la integración de los documentos requeridos para que se pueda otorgar la categoría de municipio a la Villa de San Francisco Tlalcilalcalpan. Máxime que, de conformidad con la fracción XXVI del artículo 61 de la Constitución Política del Estado de México, son facultades y obligaciones de la legislatura crear y suprimir municipios, tomando en cuenta criterios de orden demográfico, político, social y económico. b) La forma en que redirigiría su solicitud a efecto de que se procede a la integración de los documentos señalados en la Ley Reglamentaria de las fracciones XXV y XXVI del artículo 61 de la Constitución Política del Estado de México ni la autoridad competente para ello. En estas condiciones, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase a la Diputación Permanente de la LX Legislatura del Estado de México, para que dentro del plazo de veinticuatro horas, contado a partir de la legal notificación del presente proveído emita por escrito una respuesta de manera puntual, eficaz y congruente, al escrito de veinte de abril de dos mil veintiuno, en el caso de que insista considerar que no es la autoridad competente para coadyuvar en la integración de los documentos requeridos para que se pueda otorgar la categoría de municipio a la Villa de San Francisco Tlalcilalcalpan, deberá subsanar los puntos destacados en el presente acuerdo, en el entendido que deberá notificar la respuesta en el domicilio indicado en sus respectivos escritos. Apercibida que de ser omisa a lo anterior; o bien, de no manifestar el impedimento que le asista para ello, se le impondrá a la persona física que ostente el cargo de la autoridad requerida, una multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 237, fracción I, 192, 193, 258 y 259, de la Ley de Amparo, en términos del "Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo", publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis.
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