Cecilia Martínez Martínez
Expediente 323/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 19 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 323/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 19/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Cecilia Martínez Martínez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Uruapan, Michoacán de Ocampo, diecinueve de julio de dos mil veintidós. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS. Con fundamento en los artículos 61 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo téngase por recibido y agréguese el escrito signado por el quejoso José Antonio Toral Martínez, en atención a su contenido, se autoriza la devolución de los documentos que solicita. Con independencia de lo anterior, se autoriza para recibirlos a las personas que menciona en el escrito de cuenta, previo recibo que de su entrega se deje en autos, para constancia legal. Asimismo con fundamento en el artículo 18, párrafo segundo, del capítulo séptimo del referido Acuerdo General, prevéngasele para que dentro del plazo de noventa días hábiles, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación que se le realice del presente proveído, comparezca en este juzgado, con identificación oficial vigente, a recoger los documentos exhibidos al presente juicio; en el entendido que de no hacerlo en el plazo indicado, podrán ser destruidos junto con el expediente en que se actúa. Sin embargo, atendiendo a las medidas para hacer frente a la epidemia generada por el virus SARS-CoV2 (COVID 19), dentro de las cuales se destaca la adopción de medidas estrictas de distanciamiento social y esquemas para evitar la exposición innecesaria tanto del personal del Consejo de la Judicatura Federal, así como de abogados, justiciables y público en general, se hace del conocimiento de la parte solicitante que para la entrega de las documentales solicitadas deberá atenderse a las reglas que más adelante se precisaran para obtener cita para acudir a este órgano jurisdiccional. ATENCIÓN PRESENCIAL BASADO EN CITAS. Se hace del conocimiento de las partes en general que para ingresar a las instalaciones que ocupan este juzgado federal a fin de consultar el expediente (electrónico) o desahogar comparecencias y requerimientos, se debe generar cita en el micrositio de servicios jurisdiccionales disponible en el Portal de Servicios en Línea, el que otorgará a la persona a cuyo nombre se solicite, un Código QR intransferible que, a su vez, permitirá que ella, y en su caso, otra persona autorizada en el expediente, ingresen al órgano jurisdiccional por un máximo de veinticinco minutos, previa identificación con documento oficial, registro y pase en filtros sanitarios. Por lo tanto, se hace del conocimiento de las partes que sin cita no se les permitirá la entrada a las instalaciones que ocupan este juzgado de distrito, de conformidad con el numeral 21 del Acuerdo General 21/2020, emitido por el Consejo de la Judicatura Federal. Sin perjuicio de lo anterior, las partes pueden consultar en la lista electrónica la síntesis del acuerdo publicada o simple consulta electrónica del expediente previa solicitud y usuario electrónico que proporcione conforme el asignado por el Portal relativo, opción última que evita mayores molestias o exposición innecesaria. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintinueve de junio de dos mil veintidós. CAUSA ESTADO. Visto el estado procesal de autos del que se desprende que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el proveído en el que se desechó la demanda de amparo origen de este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho acuerdo HA CAUSADO ESTADO, para los efectos legales procedentes. ARCHIVO. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, archívese el asunto como definitivamente concluido. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que se desechó la demanda que diera origen al presente asunto, de conformidad con lo supuesto por el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, este expediente es susceptible de ser destruido. Así, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado en el Acuerdo de referencia, sin necesidad de ulterior proveído y siguiendo las directrices ahí detalladas, destrúyase el presente expediente y remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General del Archivo y Documentación, para que en el ejercicio de sus funciones proceda como corresponda. En la inteligencia de que el expediente en que se actúa, NO SE CONSIDERA DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, al no ubicarse en ninguno de los supuestos que señala el artículo 15 del propio Acuerdo General. NOTIFÍQUESE A LA PARTES POR CUALQUIER MEDIO ELECTRÓNICO AUTORIZADO CONFORME AL ACUERDO GENERAL 21/2020 EMITIDO POR EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL.
- Principal
Uruapan, Michoacán de Ocampo, quince de junio de dos mil veintidós. CUMPLE PREVENCIÓN. Agréguese el escrito signado por el quejoso José Antonio Toral Martínez, mediante el cual en cumplimiento a la prevención contenida en proveído de uno de junio del año en curso; y al efecto manifiesta que la fecha en la que se dio contestación al requerimiento por la autoridad responsable fue el día veintiocho de febrero del año que transcurre. PRECISIÓN DEL PROBLEMA. Ahora bien, del análisis sistemático demanda de amparo, se desprende que la parte quejosa reclama lo siguiente: "1.- El abusivo e ilegal actuar por parte del director de Urbanismo y Obras Publicas ARQUITECTO ALAN SAUL GONZALEZ SANCHEZ, al retirar mis postes de madera y mí alambre de púas, que se encontraban dentro del terreno que actualmente poseo, y que se ubica en las esquinas que hacen las calles, Francisco I Madero s/n esquina con Ricardo Flores Magón, así como en la calle Xochitl, que también hace esquina con Ricardo Flores Magón, en el actual barrio la asunción, en la población y municipio de San Juan Nuevo, Michoacán. Precisamente siendo la afectación, por lo que ve al lado colindante con el callejón Ricardo Flores Magon. Retirando aproximadamente 61 metros lineales de postes y alambre de púas. 2.- El despojo e invasión de forma arbitraria por parte del Director de Urbanismo y Obras Publicas ARQUITECTO, ALAN SAUL GONZALEZ SANCHEZ, a una fracción del predio que poseo, por la colindancia al lado poniente y/o calle Ricardo Flores Magón, colonia La Asunción, del municipio de San Juan Nuevo Parangaricutiro, Michoacán. 3.- El inminente trazo y pavimentación de la Calle, Ricardo Flores Magón, colonia, La Asunción, en la población de San Juan Nuevo Parangaricutiro, con dimensiones de 10 metros de frente por 61 de fondo, afectando de forma arbitraria el terreno del cual tengo la posesión, reduciéndolo con la invasión del mismo, lo anterior derivado de La amenaza verbal por el director de urbanismo a través de sus empleados (quienes realizaron el retiro de postes y alambre de púas, mismos que no se identificaron). De realizar el trazo y edificar o pavimentación la calle Ricardo Flores Magón, con amplitud de 10 (diez) metros de frente, por 61 (sesenta y un) metros de largo. 4.- El no acreditar la autoridad responsable, al momento de la diligencia, ni en ningún otro momento, el derecho a reclamar la superficie que pretende sobre la calle Ricardo Flores Magón, actual colonia, La Asunción (diez metros de frente por sesenta y un metros de fondo), es decir el no acreditar la propiedad del ayuntamiento de dicha superficie, así como la forma en la que adquirió la superficie que pretende de 610 (seiscientos diez) metros cuadrados, ya sea mediente compra, donación, expropiación o cualquier otra forma legalmente conocida, y que en obviedad dicha adquisición sea legal y con alguien facultado o con derecho para ceder, donar o vender." ANÁLISIS DE PROCEDENCIA. Ahora, al ser preferente su estudio, este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia de la demanda de amparo, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley que rige el juicio constitucional las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de ese mismo ordenamiento, deberán analizarse de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda; tal como se estipula el precepto 113 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucional que dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De la anterior disposición legal se desprende que quien resuelve, debe desechar una demanda constitucional cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al respecto, conviene precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquél que está plenamente demostrado, toda vez que, se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independiente de los elementos que pudieran aportar las partes. Sirve de apoyo la tesis número I.13º.A.4 K, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 1318 del Tomo XIV, correspondiente al mes de agosto de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de epígrafe: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." DESECHAMIENTO. Bajo esa óptica, este órgano jurisdiccional determina que se actualiza en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XIV, en relación con el ordinal 17, ambos de la Ley de Amparo, toda vez que la demanda de amparo fue presentada de manera extemporánea. Sustenta lo anterior, la tesis: Tesis: I.6o.C. J/19 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 193379 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo X, Septiembre de 1999 Pág. 730 Jurisprudencia (Común) "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". Lo anterior es así, porque el artículo 61, fracción XIV, de la ley de la materia, establece que el juicio de amparo es improcedente contra los actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos; premisa que nos remite al contenido del ordinal 17 de la propia legislación, que establece, en lo que interesa, lo siguiente: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." Por su parte, el artículo 18 de la legislación en consulta, establece tres supuestos para computar el término de quince días para la interposición de la demanda de amparo, los que son excluyentes entre sí y no guardan orden de preferencia alguno y son: 1. Desde el día siguiente a aquél en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; 2. Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución. 3. Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Apoya lo anterior, la tesis siguiente: Tesis: XXI.2o.P.A. J/32 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 165582 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo XXXI, Enero de 2010 Pág. 1931 Jurisprudencia (Común) "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA)." Entonces, la parte que se dice agraviada de determinado acto de autoridad, tendrá quince días hábiles para presentar su demanda de amparo, una vez que haya comenzado a contar ese lapso, desde el día siguiente a aquél en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame. Se sostiene lo anterior, porque del escrito de demanda y escrito aclaratorio y sus anexos, documentales públicas y privadas a las que se otorga valor probatorio, en términos de los artículos 197, 202 y 203, párrafo segundo, segunda parte, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, por disposición expresa del artículo 2º de la Ley de Amparo, en específico el escrito presentado el veintiuno de enero de dos mil veintidós, como se advierte del acuse de recibo por el Ayuntamiento del Municipio de Nuevo Parangaricutiro, en donde el quejosos Antonio Toral Martínez, fue sabedor del acto reclamado el diecinueve de enero de dos mil veintidós, por así manifestarlo en dicho escrito, como se advierte en la siguiente imagen: De la misma se advierte que el quejoso desde el diecinueve de enero de dos mil veintidós, recibió una llamada donde le informaron que personal del ayuntamiento, se encontraba haciendo actos de molestia, esto es retirando sin consentimiento de la parte quejosa los postes y el alambre de púas que delimitaban el predio, del cual aduce es poseedor el aquí quejoso, posteriormente en esa fecha en compañía de su licenciado al citado predio, en el que le solicitaron al personal del ayuntamiento de esa ciudad, el oficio y/o la orden escrita para realizar tales actos de molestia por lo que le informaron que no llevaban ningún documento, pero que les habían dado dicha instrucción de realizar el retiro de los postes y el alambre de púas, y que si alguien se presentaba les comentaron que se presentaran en el ayuntamiento con el Director de Urbanismo. De ahí que se advierta que la fecha en que se hizo sabedor del acoto reclamado fue el diecinueve de enero de dos mil veintidós, no así como lo sostiene la parte quejosa bajo protesta de decir verdad el diecisiete de mayo de dos mil veintidós. Asimismo, se advierte que todos los hechos narrados por la parte quejosa, se le hicieron saber mediante escrito presentado ante el Director de Urbanismo de Nuevo Parangaricutiro, el veintiuno de enero de dos mil veintidós, como se advierte de los sellos de recibido por parte de la Presidencia, Sindicatura, Contraloría y Obras Públicas del citado Ayuntamiento. De lo que se concluye que a la fecha de presentación de la demanda de amparo en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con sede en esta ciudad (treinta y uno de mayo de dos mil veintidós), como se desprende del sello correspondiente, transcurrieron en exceso los quince días en los que pudo hacer valer el derecho que ahora pretende ejercitar, en términos del artículo 17 de la Ley de Amparo, lapso que ha de computarse a partir del día siguiente a aquél en que tuvo conocimiento del acto reclamado, conforme al numeral 18 de la citada legislación; se ilustra: ENERO 2022 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 17 18 19 TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO 20 (1) Inició término 21 (2) 22 Inhábil 23 Inhábil 24 (3) 25 (4) 26 (5) 27 (6) 28 (7) 29 Inhábil 30 Inhábil 31 (8) FEBRERO 2022 Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 1 (9) 2 (10) 3 (11) 4 (12) 5 Inhábil 6 Inhábil 7 Inhábil 8 (13) 9 (14) 10 (15) FENECIÓ TÉRMINO 11 12 Inhábil 13 Inhábil Sin que en el caso, el acto reclamado o el propio quejoso se encuentre en las hipótesis de salvedad del referido artículo 17 de la ley reglamentaria en cita. Por las consideraciones antes expuestas y de conformidad con lo establecido en el artículo 61, fracción XIV, en relación con el 113, ambos de la Ley de Amparo, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda origen de este asunto, respecto del acto reclamado en estudio. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno; y en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
Uruapan, Michoacán de Ocampo, ocho de junio de dos mil veintidós. NO CUMPLE PREVENCIÓN. Agréguese el escrito signado por el quejoso José Antonio Toral Martínez, mediante el cual pretende dar cumplimiento a la prevención formulada en proveído de uno de junio de dos mil veintidós; sin embargo, no lo hace por lo que ve a lo requerido al inciso b) en dicho proveído; se dice lo anterior, en razón de que a través del escrito de cuenta, únicamente desahoga el inciso a) esto es la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado; no así cuando dio contestación al requerimiento formulado por la autoridad responsable y en su caso anexe el respectivo acuse de recibo del escrito ante la autoridad señalada como responsable, o manifestara el impedimento legal o material para anexar el mismo. Consecuentemente, hágase del conocimiento del promovente del amparo, que el término de cinco días concedido en acuerdo de uno de junio del presente año, para los efectos ahí expuestos, no se suspende y continúa transcurriendo; plazo que con la presentación del escrito en cuestión queda interrumpido y se reanuda al día siguiente al en que surta efectos la notificación que se realice del presente proveído. Lo anterior encuentra apoyo, por analogía jurídica, en la jurisprudencia por contradicción de tesis 39/2012, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de veintinueve de febrero de dos mil doce, de rubro y texto siguientes: "ACLARACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO. EL AUTO QUE RECAE A LA PROMOCIÓN DEL QUEJOSO PRESENTADA ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO CONCEDIDO PARA HACERLA, PERO SIN CUMPLIR CON LAS PREVENCIONES IMPUESTAS, DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE. Cuando la quejosa presenta su escrito de aclaración de demanda de amparo en el primero o segundo de los tres días que integran el plazo previsto en el artículo 146 de la Ley de Amparo, pero sin cumplir con las prevenciones impuestas, el juez de distrito debe emitir un acuerdo en el que determine que no las acató, señalando las omisiones en que incurrió para darle oportunidad de subsanarlas dentro del mismo término, el cual se interrumpe con la presentación del ocurso aclaratorio, y se reanuda al día siguiente al en que surta efectos la notificación de ese auto, la cual debe realizarse personalmente, conforme al primer párrafo del artículo 30 de la ley de la materia, con el fin de asegurar el conocimiento fehaciente y oportuno de dichas razones por el agraviado y evitar que se vuelva nugatorio su derecho a subsanar las deficiencias detectadas cuando aún está en tiempo para hacerlo." Finalmente, en el entendido que de no cumplir con dicha prevención, se acordara lo conducente respecto la admisión o no de la demanda de amparo. NOTIFÍQUESE AL QUEJOSO PERSONALMENTE.
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