Cecilia María Rangel González
Expediente 920/2016 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 35 actuaciones registradas, la última del 20 de septiembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 920/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 35
- Última actuación
- 20/09/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo · Quintana Roo
Partes del expediente
- Cecilia María Rangel González
Actuaciones
Las 4 más recientes de 35.
- Incidental
Visto el estado de autos, envíese al archivo el presente incidente; asimismo, en cumplimiento al artículo Vigésimo Primero, fracción III, del referido acuerdo, se establece que el original del incidente de suspensión es susceptible de depuración, una vez transcurridos cinco años, por haberse concedido la medida cautelar. En cuanto a los autos del duplicado del incidente de suspensión, es susceptible de destrucción, por lo que una vez transcurrido el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. En otro orden, de autos se desprende que la parte quejosa exhibió el billete de depósito N 063001, expedido por BANSEFI, Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, por la cantidad de $20,000.00 (veinte mil pesos moneda nacional 00/100), a fin de que siguiera surtiendo efectos la suspensión definitiva concedida mediante resolución emitida por la Alzada en sesión de tres de marzo de dos mil diecisiete. Al respecto, debe destacarse que la suspensión definitiva concedida en autos surtiría efectos hasta en tanto se declarara ejecutoriada la sentencia que se dictara en el juicio principal del cual deriva el presente incidente de suspensión; extremo que quedó actualizado en esta fecha como se advierte de la certificación con que se da cuenta. Sin embargo, al existir parte tercera interesada en el presente asunto, es necesario que transcurra el plazo de seis meses establecido por el artículo 156 de la Ley de Amparo, para promover el incidente de daños y perjuicios; por consiguiente, se hace saber al quejoso que una vez transcurrido dicho plazo, en caso de no haberse promovido el citado incidente, podrá solicitar la devolución de la garantía correspondiente, caso en el cual se acordará lo que en derecho corresponda. Apercibido que de no hacerlo en el plazo de dos años, contado a partir de los seis meses siguientes a este acuerdo, dicha garantía prescribirá a favor del Fisco Federal.
- Principal
Vista la primera de las certificaciones que anteceden, así como el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha fenecido el plazo de quince días conferido a las partes, a fin de que manifestaran lo que a su derecho conviniera, respecto al proveído de dieciocho de agosto de dos mil diecisiete, en el que se declaró cumplida la ejecutoria de amparo, sin que realizará pronunciamiento alguno al respecto; en consecuencia, de conformidad con lo establecido en los artículos 201, fracción I, y 202 de la ley de la materia, aplicado a contrario sensu y al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y con fundamento en el artículo 196, párrafos tercero y cuarto, en relación con el ordinal 214 de la Ley de Amparo, envíese al archivo.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que se encuentra debidamente integrado este asunto para efecto de resolver si la ejecutoria de amparo está o no cumplida, si las autoridades responsables incurrieron en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla; por consiguiente, el suscrito procede a pronunciarse de oficio al respecto, por ser el cumplimiento de la sentencia de amparo una cuestión de orden público. Por tanto y de lo antes vertido, se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo, sin excesos ni defectos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, párrafos segundo y tercero, de la ley de la materia. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 201, fracción I, y 202 del ordenamiento legal antes citado, aplicado a contrario sensu, con la presente determinación dése vista a la parte quejosa por el término de quince días a fin de que manifieste lo que a su derecho convenga, en la inteligencia que de no hacer manifestación alguna al respecto, se procederá conforme lo dispone el párrafo cuarto del numeral 196 de la Ley de Amparo. No pasan inadvertidas para el suscrito Juzgador las manifestaciones realizadas por la parte quejosa mediante escrito presentado el diez de agosto pasado (fojas 369 a 374); sin embargo, de la lectura al mismo se colige que éstas van encaminadas a cuestionar el fondo de lo resuelto por la autoridad responsable, y no así en cuanto al cumplimiento de los lineamientos de la ejecutoria, por tanto no ha lugar a ponderar para los efectos de esta calificación. Cabe destacar que cuando en una sentencia de amparo se concede plenitud de jurisdicción a la autoridad responsable, en efecto no se trata de una resolución que deje sin margen alguno de apreciación a la autoridad, pues implica la posibilidad de ejercer un arbitrio para adoptar una decisión, pero tampoco podría llegarse al extremo de aceptar que dentro de dicho margen se puede arribar a cualquier tipo de decisión. De modo que, la legalidad o ilegalidad de las consideraciones que ahora rigen la resolución dictada en el asunto de origen, así como los fundamentos legales en los que se sustenta no fueron materia de análisis de la constitucionalidad del presente juicio de amparo y, por tanto, no pueden examinarse en la presente determinación, pues en todo caso, de estimar la parte quejosa que con la resolución dictada por la autoridad responsable en cumplimiento a la ejecutoria de amparo se incurrió en una violación a sus derechos fundamentales, procedería el juicio de amparo, en relación con lo que resulte ajeno a la sentencia cumplimentada, tal como lo estableció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J.16/2013(10a). Por tal motivo, devienen inatendibles las manifestaciones de la parte quejosa por lo que ve al pronunciamiento de la autoridad responsable, pues, se insiste, tales tópicos no son materia de análisis de la presente determinación en la que debe resolverse únicamente sobre el cumplimiento de los lineamientos trazados en la ejecutoria de amparo.
- Principal
CITATORIO. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que se encuentra debidamente integrado este asunto para efecto de resolver si la ejecutoria de amparo está o no cumplida, si las autoridades responsables incurrieron en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla; por consiguiente, el suscrito procede a pronunciarse de oficio al respecto, por ser el cumplimiento de la sentencia de amparo una cuestión de orden público. Por tanto y de lo antes vertido, se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo, sin excesos ni defectos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, párrafos segundo y tercero, de la ley de la materia. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 201, fracción I, y 202 del ordenamiento legal antes citado, aplicado a contrario sensu, con la presente determinación dése vista a la parte quejosa por el término de quince días a fin de que manifieste lo que a su derecho convenga, en la inteligencia que de no hacer manifestación alguna al respecto, se procederá conforme lo dispone el párrafo cuarto del numeral 196 de la Ley de Amparo. No pasan inadvertidas para el suscrito Juzgador las manifestaciones realizadas por la parte quejosa mediante escrito presentado el diez de agosto pasado (fojas 369 a 374); sin embargo, de la lectura al mismo se colige que éstas van encaminadas a cuestionar el fondo de lo resuelto por la autoridad responsable, y no así en cuanto al cumplimiento de los lineamientos de la ejecutoria, por tanto no ha lugar a ponderar para los efectos de esta calificación. Cabe destacar que cuando en una sentencia de amparo se concede plenitud de jurisdicción a la autoridad responsable, en efecto no se trata de una resolución que deje sin margen alguno de apreciación a la autoridad, pues implica la posibilidad de ejercer un arbitrio para adoptar una decisión, pero tampoco podría llegarse al extremo de aceptar que dentro de dicho margen se puede arribar a cualquier tipo de decisión. De modo que, la legalidad o ilegalidad de las consideraciones que ahora rigen la resolución dictada en el asunto de origen, así como los fundamentos legales en los que se sustenta no fueron materia de análisis de la constitucionalidad del presente juicio de amparo y, por tanto, no pueden examinarse en la presente determinación, pues en todo caso, de estimar la parte quejosa que con la resolución dictada por la autoridad responsable en cumplimiento a la ejecutoria de amparo se incurrió en una violación a sus derechos fundamentales, procedería el juicio de amparo, en relación con lo que resulte ajeno a la sentencia cumplimentada, tal como lo estableció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J.16/2013(10a). Por tal motivo, devienen inatendibles las manifestaciones de la parte quejosa por lo que ve al pronunciamiento de la autoridad responsable, pues, se insiste, tales tópicos no son materia de análisis de la presente determinación en la que debe resolverse únicamente sobre el cumplimiento de los lineamientos trazados en la ejecutoria de amparo.
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