Cecilia Leonilda Leon Perez
Expediente 1145/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 9 actuaciones registradas, la última del 16 de agosto de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1145/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 16/08/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · Chiapas
Partes del expediente
- Cecilia Leonilda Leon Perez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Tapachula, Chiapas; dieciséis de agosto de dos mil diecinueve. Visto el contenido de la certificación secretarial que antecede de la que se advierte que, transcurrió el plazo de diez días que el artículo 86 de la Ley de Amparo, concede para interponer recurso de revisión contra la sentencia dictada en el juicio de amparo en que se actúa, sin que se haya interpuesto dicho medio de impugnación; en consecuencia, con apoyo en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia por disposición expresa de su ordinal 2o, se declara que ha causado ejecutoria la sentencia que resolvió sobreseer en el presente juicio de amparo, comuníquese lo anterior a las autoridades señaladas como responsables, para los efectos legales procedentes. En razón a que el presente asunto se encuentra concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, se ordena su archivo. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, en sus puntos Vigésimo y Vigésimo Primero, en los que se establecen los lineamientos para la depuración y destrucción de los juicios de amparo, al ubicarse en la hipótesis prevista en la fracción II, se considera que el presente juicio de amparo, es susceptible de destrucción, toda vez que se decretó el sobreseimiento; asimismo, que no es de relevancia documental, pues no se está en alguno de los supuestos previstos en el último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita; hágase constar lo anterior en la caratula de este expediente, para los efectos legales procedentes. Consecuentemente, una vez que transcurran tres años, contados a partir de esta fecha, procédase a transferirse este juicio de amparo, al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, previo aviso a la Dirección General de Estadística y Planeación del Consejo de la Judicatura Federal, con sede en la Ciudad de México, mediante oficio, para que esta transfiera en formato digital al programa que administra la Suprema Corte, todas las actuaciones judiciales que lo integran y se encuentren digitalizadas, en términos de los puntos Decimo Primero y Décimo Octavo del Acuerdo General Conjunto en comento, así como previa generación de los documentos que establece el punto Décimo Tercero del referido Acuerdo General. Una vez que transcurran cinco años, contados a partir de esta propia fecha, procédase a la destrucción del presente juicio de amparo, debiéndose generar previamente los documentos por duplicado que establece el punto Vigésimo Cuarto del Acuerdo General Conjunto de mérito, a efecto de tener plena identificación del expediente destruido.
- Principal
MESA 2-A.- SENTENCIA.- SE RESUELVE.- PRIMERO. SE SOBRESEE EN ESTE JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO POR CECILIA LEONILDA LEÓN PÉREZ, ALEJANDRO MILLÁN GONZÁLEZ GARCÍA, YURAINES MADYURIS SUÁREZ PRATTS, ANDRÉS CRUZ SAO Y ROSEMERY DE LA CARIDAD DÍAZ IGLESIAS; por las razones vertidas en el considerando tercero de este fallo constitucional. SEGUNDO. Publíquese la presente determinación en el Sistema Integral de Seguimiento del Expediente (SISE), acorde con lo ordenado en los dos últimos considerandos de esta resolución.
- Principal
mesa 2-A.- Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2o, agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio signado por el Jefe de la Administración Postal, con residencia en esta ciudad, por medio del cual en cumplimiento al requerimiento que le fue hecho mediante auto de treinta de mayo del año en curso (fojas 86-87), informa respecto de la pieza postal que le fue solicitada; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
MESA 4-B.- Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, con el propósito de declarar lo procedente acerca del cumplimiento de la ejecutoria pronunciada en el presente juicio de amparo. El artículo 77 de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija." En el último considerando de la sentencia que conceda el amparo, el juzgador deberá determinar con precisión los efectos del mismo, especificando las medidas que las autoridades o particulares deban adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución del quejoso en el goce del derecho. En asuntos del orden penal en que se reclame una orden de aprehensión o auto de vinculación a proceso en delitos que la ley no considere como graves, la sentencia que conceda el amparo surtirá efectos inmediatos, sin perjuicio de que pueda ser revocada mediante el recurso de revisión; salvo que se reclame el auto de vinculación a proceso y el amparo se conceda por vicios formales. En caso de que el efecto de la sentencia sea la libertad del quejoso, ésta se decretará bajo las medidas de aseguramiento que el órgano jurisdiccional estime necesarias, a fin de que el quejoso no evada la acción de la justicia. En todo caso, la sentencia surtirá sus efectos, cuando se declare ejecutoriada o cause estado por ministerio de ley." De conformidad con lo establecido en el artículo 77 de la Ley Reglamentaria de los numerales 103 y 107 de la Constitución General de la República, la sentencia que conceda el amparo y protección de la Justicia Federal tendrá por objeto restituir a la parte quejosa en el pleno goce de los derechos fundamentales violados, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el efecto del amparo será obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exige. En ese contexto, en sentencia con engrose de catorce de noviembre de dos mil dieciocho (fojas 30 a 41), se sobreseyó en el presente juicio de amparo. Inconforme el quejoso, Gaspar Daniel reyes Maías, promovió recurso en contra de la referida sentencia definitiva (fojas 51 a 53), del cual correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, quedando registrado en el libro de gobierno de dicho Tribunal bajo el número amparo en revisión 25/2019 (foja 67). En proveído de siete de mayo de dos mil diecinueve (fojas 110 a 112), se tuvo por recibido el testimonio de ejecutoria emitido por el Tribunal Colegiado en mención, dictado en sesión de veintitrés de abril de dos mil diecinueve (fojas 71 a 109), en la que resolvió: Primero. Se revoca la sentencia recurrida. Segundo. La Justicia de la Unión ampara y protege a Gaspar Daniel Reyes Macías, contra el acto que, por propio derecho, reclamó de la Sala Regional Colegiada en Materia Civil, zona 02 Tapachula, del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, consistente en resolución de nueve de agosto de dos mil dieciocho, dictada en el toca civil 494-B/2016, primer subsecuente, de su índice. Siendo los efectos de la concesión, para que la referida autoridad responsable realizara lo siguiente: "1. Deje insubsistente la resolución reclamada de nueve de agosto de dos mil dieciocho, dictada en el toca civil 494- B/2016, primer subsecuente. 2. En su lugar, dicte una nueva resolución en la que revoque el fallo interlocutorio de primera instancia y reponga el procedimiento a efecto de que el juez de origen recabe, oficiosamente, las pruebas necesarias a efecto de establecer si la progenitora de la menor L.E.R.L., percibe o no ingresos, para determinar si, en su caso, ésta también puede contribuir a la manutención de la referida infante, así como si la capacidad económica del quejoso Gaspar Daniel Reyes Macías, ha disminuido o aumentado y por ello se encuentra en condiciones de cubrir sin ningún problema la obligación alimentaria respecto de su nueva menor acreedora L.E.R.L., con independencia de la pensión alimenticia definitiva otorgada en favor de los menores N.A.R.O. y M.B.R.O., aquí terceros interesados; para lo cual deberá girar los oficios correspondientes a las diversas dependencias públicas, como serían, entre otros, al Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad Social para los Trabajadores del Estado de Chiapas, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a la Secretaría de Hacienda del Estado, así como a la fuente de empleo del disconforme, los cuales se mencionan de manera enunciativa y no limitativa; a fin de contar con los elementos necesarios para resolver sobre la procedencia o no de la reducción de alimentos planteada en la incidencia de origen. 3. Hecho lo anterior, el a quo continúe con la secuela procesal del incidente y, en su oportunidad, con plenitud de jurisdicción, resuelva lo que en derecho corresponda". Por lo tanto, en el mencionado proveído se requirió cumplimiento a la autoridad responsable en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo. En acuerdo de veintitrés de mayo del año que transcurre (fojas 166 a 167), se tuvo por recibido el oficio con folio 013619 (foja 125), signado por el Secretario de Estudio y Cuenta en funciones de secretario General de Acuerdos por Ministerio de Ley de la Sala Regional Colegiada zona 02 Tapachula, con el que informó sobre el cumplimiento de la sentencia ejecutoria pronunciada en este juicio y remitió la resolución dictada en el toca civil 494-B/2016 de veintiuno de mayo de dos mil diecinueve (fojas 126 a 165), dándose vista a la parte quejosa y tercera interesada por el plazo de tres días, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera. En consecuencia, procede que el suscrito juzgador federal realice el pronunciamiento relativo, a fin de determinar si se encuentra cumplido o no el fallo protector. Ahora bien, del análisis de las constancias remitidas por la autoridad responsable las cuales están provistas de valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los dispositivos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa en su ordinal 2, se obtiene que el fallo amparatorio se encuentra debidamente cumplido. Lo anterior es así, toda vez que de esas documentales, se advierte que la Sala Regional Colegiada zona 02 Tapachula, el veintiuno de mayo de dos mil diecinueve (foja 126 a 165) emitió resolución en el toca civil 494-B/2016, en la que la citada autoridad, dejó insubsistente y sin valor alguno, la sentencia emitida el nueve de agosto de dos mil dieciocho, revocó la sentencia interlocutoria de nueve de abril de dos mil dieciocho, dictada por la primer secretaria de acuerdos encargada del despacho del Juzgado Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Tapachula, por ministerio de Ley, en el Incidente de reducción de pensión alimenticia, promovido por Gaspar Daniel Reyes Macías, en contra de Cinthia Patricia Orozco Morales, deducido del expediente número 98/2016, relativo a Controversias del Orden Familiar (alimentos), promovida por Cinthia Patricia Orozco Morales, por propio derecho y en representación de sus hijos menores de edad de iniciales N.A.R.O. y M.B.R.O., en contra de Gaspar Daniel Reyes Macías; y ordeno reponer el procedimiento en primera instancia, para los efectos precisados en su considerando respectivo acorde a la ejecutoria de amparo. Por lo tanto, es evidente que la autoridad responsable ha cumplido con el fallo protector; en consecuencia, se declara cumplida la sentencia pronunciada en el juicio constitucional en que se actúa, conforme a los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo.
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