Cecilia Herrera Ramírez
Expediente 1155/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 24 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1155/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 24/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Cecilia Herrera Ramírez
Actuaciones
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, veinticuatro de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y visto el contenido de la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que concede el artículo 98, con relación al 97, fracción I, inciso a), ambos de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrido el auto de seis de octubre de dos mil veintidós, por el que se desechó la demanda de amparo promovida por Cecilia Herrera Ramírez, en su carácter de albacea de la sucesión a bienes de Elvira Ramírez López, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales correspondientes, con fundamento en el artículo 288, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido. Transferencia. Ahora bien, de conformidad con el capítulo segundo, artículo 5, en relación con el capítulo tercero, artículo 9, del Acuerdo General DIANA SELENE MEDINA HERNANDEZ 70.6a.66.20.20.74.65.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.20.06 25/05/24 18:00:00 2 JUZGADO OCTAVO EXP. 1155/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por órganos Jurisdiccionales, de veinticinco de Marzo de dos mil veinte, una vez que transcurra el término de tres años de archivo del presente expediente, transfiérase a la Dirección General de Archivo y Documentación; lo anterior, por no ubicarse en ninguno de los supuestos que establece el artículo 18, capítulo séptimo del citado acuerdo. Clasificación documental. Por otra parte, en cumplimiento a lo que establece el artículo 35, del capítulo décimo tercero, del Acuerdo General, señalado en el párrafo precedente, este expediente a criterio de este juzgador no es de relevancia documental, por lo cual así deberá asentarse en la carátula del presente juicio. Depuración o destrucción del expediente. Para los efectos legales correspondientes, se hace constar que el presente expediente es destruible toda vez que se desechó la demanda de amparo; por ende, se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 21 inciso d), del Acuerdo General citado. Devolución de documentos Finalmente, se ordena la devolución de las copias certificadas del toca de apelación 553/2022 y cuatro testimonios de apelación del expediente 852/2002, remitidos por la autoridad responsable Primera Sala Familiar Regional de Tlalnepantla, Estado de México. Notifíquese.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, seis de octubre de dos mil veintidós. Téngase por recibido el oficio el oficio 874-IV, remitido por la Actuaria Judicial del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, por medio del cual remite el original del juicio de amparo directo 629/2022, de su índice, formado con motivo de la demanda promovida por Cecilia Herrera Ramírez, en su carácter de albacea de la sucesión a bienes de Elvira Ramírez López, al determinar el referido órgano que carece de competencia para conocer de la misma, por los motivos que se exponen en el auto de doce de septiembre de dos mil veintidós. Anexando al mismo, las constancias remitidas por la Primera Sala Familiar Regional de Tlalnepantla, Estado de México, consistentes en copia certificada del toca de apelación 553/2022 y cuatro testimonios de apelación del expediente 852/2002, que obran por separado en cinco tomos e informe justificado rendido por la responsable; en consecuencia, hágase del conocimiento del órgano declinante que este juzgado de distrito se avoca al conocimiento de la demanda en cuestión; acúsese el recibo de estilo correspondiente. Ahora bien, atendiendo a la voluminosidad de dichas constancias, fórmense legajo de pruebas por separado en cinco tomos. Recepción de la demanda. DIANA SELENE MEDINA HERNANDEZ 70.6a.66.20.20.74.65.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.20.06 25/05/24 18:00:00 2 JUZGADO OCTAVO EXP. 1155/2022 Vista la demanda de amparo promovida por Cecilia Herrera Ramírez, en su carácter de albacea de la sucesión a bienes de Elvira Ramírez López, en contra de los actos reclamados a la Primera Sala Familiar Regional de Tlalnepantla, Estado de México. Registro. Fórmese expediente y regístrese en el libro de control de este juzgado con el consecutivo 1155/2022, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva a cabo este Juzgado Federal, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 174 a 179 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince. Promociones duplicadas y acuses. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena únicamente certificar y agregar a los autos los trámites siguientes: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes; y c) acuses de recibo. Estudio de la demanda. Previo a acordar lo que en derecho corresponda, conviene precisar que en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se establece la obligación que tiene este juzgador de examinar en su integridad la demanda de amparo, y si encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Los artículos precisados son del tenor literal siguiente: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato." "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En relación con lo expuesto por diversos tribunales de la Federación, éstos se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que, lo DIANA SELENE MEDINA HERNANDEZ 70.6a.66.20.20.74.65.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.20.06 25/05/24 18:00:00 3 JUZGADO OCTAVO EXP. 1155/2022 ??A???????????? indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto; de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. En este sentido, a fin de explicar el concepto de motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se trae a colación la jurisprudencia I.6o.C. J/19 del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo X, septiembre de 1999, página 730, cuyo rubro y texto a la letra dicen: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." De conformidad con el artículo 62, de la Ley de Amparo, la procedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público que debe estudiarse por el juzgador, aun de oficio, lo aleguen o no las partes. Ahora, en el caso la quejosa se duele esencialmente de la resolución interlocutoria dictada el tres de agosto de dos mil veintidós, en el toca de apelación 553/2022, del índice de la Primera Sala Familiar Regional de Tlalnepantla, Estado de México, por lo que de su estudio se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIX de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: DIANA SELENE MEDINA HERNANDEZ 70.6a.66.20.20.74.65.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.20.06 25/05/24 18:00:00 4 JUZGADO OCTAVO EXP. 1155/2022 "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107.- El amparo indirecto procede: (.) V.- Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)". De la interpretación a tales numerales se advierte que el amparo indirecto sólo procederá cuando el acto que pretenda reclamarse tenga una ejecución que sea de imposible reparación para la parte quejosa, así el amparo indirecto sólo procede contra los actos intraprocesales que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. Por tanto, cuando los actos reclamados no sean de los considerados como de imposible reparación, el juicio de amparo será improcedente en términos de los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 107 fracción V, éste último interpretado en sentido opuesto, ambos de la Ley de la Materia. Así tenemos que los actos en juicio de imposible reparación, se consideran a aquellos que afectan de modo inmediato y directo derechos sustantivos consagrados en la constitución, y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte y no se considerarán como tales cuando solamente afecten derechos adjetivos o procesales, lo cual sucede, por regla general, cuando concurren circunstancias de gran trascendencia que implican una situación relevante para el procedimiento, de cuya decisión depende la suerte de todo el juicio natural, bien para asegurar la continuación de su trámite con respeto a los derechos procesales esenciales del quejoso, o bien, porque conlleve la posibilidad de evitar el desarrollo ocioso e innecesario del procedimiento. Sustenta lo anterior, por identidad jurídica, la tesis P./J.24/92 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número 56, Agosto de 1992, página 11, Materia Común, Octava Época, con registro 205651, que dispone: DIANA SELENE MEDINA HERNANDEZ 70.6a.66.20.20.74.65.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.20.06 25/05/24 18:00:00 5 JUZGADO OCTAVO EXP. 1155/2022 ??A???????????? "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.- El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen ´ejecución irreparable´ los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio". Así como la diversa tesis P. LVIII/2004 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Octubre de 2004, página 10, Materia Común, Novena Época, con registro 180217, que señala: "VIOLACIONES PROCESALES DENTRO DEL JUICIO QUE AFECTAN A LAS PARTES EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR. NOTAS DISTINTIVAS. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al analizar actos procesales que afectan a las partes en el juicio en grado predominante o superior, ha establecido, implícitamente, un criterio orientador para decidir cuándo revisten tales matices y se tornan de ejecución irreparable, en términos del artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo cual sucede, por regla general, cuando concurren circunstancias de gran trascendencia que implican una situación relevante para el procedimiento, de cuya decisión depende la suerte de todo el juicio natural, bien para asegurar la continuación de su trámite con respeto a las garantías procesales esenciales del quejoso, o bien porque conlleve la posibilidad de evitar el desarrollo ocioso e innecesario del procedimiento, debiendo resaltarse que siendo la regla general que las violaciones procesales dentro del juicio se reclamen junto con la sentencia definitiva en amparo directo, es lógico que aquellas que sean impugnables en amparo indirecto tengan carácter excepcional. Estas bases primarias para determinar los actos procesales que afectan a las partes en el juicio en grado predominante o superior, requieren que se satisfagan íntegramente, sin desdoro del prudente arbitrio del juzgador para advertir similares actos de esa naturaleza que puedan alcanzar una afectación exorbitante hacia el particular dentro del juicio". En este orden de ideas, acerca del tema relativo a los actos en el juicio de imposible reparación, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia visible en la página 11, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número 56, de agosto de 1992, ha sustentado en lo conducente, que la ejecución de lo irreparable se presenta para la procedencia del amparo indirecto contra actos dentro del juicio cuando estos afectan de modo directo o inmediato derechos consagrados en la Constitución, pero no en los casos en que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, lo cual sucede, por regla general, cuando concurren circunstancias de gran trascendencia que implican una situación relevante para el procedimiento, de cuya decisión depende la suerte de todo el juicio natural, bien para asegurar la continuación de su trámite con respeto a los derechos procesales esenciales del quejoso, o bien, porque conlleve la posibilidad de evitar el desarrollo ocioso e innecesario del procedimiento, criterios que deben aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto respecto de cualquier acto dentro del juicio. DIANA SELENE MEDINA HERNANDEZ 70.6a.66.20.20.74.65.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.20.06 25/05/24 18:00:00 6 JUZGADO OCTAVO EXP. 1155/2022 Lo anterior encuentra sustento, en la tesis I.13o.A.3 K del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, Marzo de 2001, página 1742, Materia Común, Novena Época, con registro 190188, que a la letra dice: "DERECHOS SUSTANTIVOS Y ADJETIVOS, DIFERENCIA DE LOS, CUANDO SE TRATA DE ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. El artículo 107, fracción III, inciso b, de nuestro Texto Constitucional señala que: ´Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: ... III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: ... b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan´.. Del texto anterior se desprende que cuando se reclaman, en amparo indirecto, actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento que aún no ha concluido, resulta indispensable que los daños causados por éstos no tengan reparación alguna para el gobernado, afectando sus derechos sustantivos y no los adjetivos, entendiéndose por los primeros, los que lesionan los derechos fundamentales del agraviado, mismos que se encuentran tutelados en nuestro Texto Constitucional a través de las llamadas garantías individuales, en virtud de que la afectación no se destruye con el sólo hecho de que quien la sufra obtenga una sentencia definitiva favorable en el juicio; por el contrario, los derechos adjetivos son los que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, puesto que inciden dentro del procedimiento legal, de acuerdo a como se va desarrollando éste, debido a la intervención de las partes con vista a la obtención de una sentencia favorable; por lo que si esto se logra, tales actos se extinguen sin haber causado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado. Así, la distinción entre un derecho sustantivo y un adjetivo, para determinar cuándo se está en presencia de un acto de imposible reparación, versará en la afectación sufrida por el gobernado en relación con sus derechos fundamentales y los actos procesales que se dicten dentro del procedimiento respectivo". En este sentido, los actos reclamados en este juicio no constituyen actos cuya ejecución sea de imposible reparación, no trae consecuencias irreparables, con base en las siguientes argumentaciones: En efecto, los actos reclamados son violaciones procesales que no son de imposible reparación, pues por ésta debe entenderse aquélla cuyas consecuencias son susceptibles de afectar en forma inmediata alguno de los derechos fundamentales del gobernado que tutela la Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, porque la afectación o sus efectos no se destruyen por el solo hecho de que quien las sufre, obtenga sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica. En este sentido, las determinaciones reclamadas no constituyen actos de imposible reparación, pues las mismas no inciden sobre derechos sustantivos de la parte quejosa, sino que sus efectos recaen en el procedimiento natural, por lo que sus consecuencias son procesales, pues con tales decisiones o DIANA SELENE MEDINA HERNANDEZ 70.6a.66.20.20.74.65.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.20.06 25/05/24 18:00:00 7 JUZGADO OCTAVO EXP. 1155/2022 ??A???????????? determinaciones, no depende la suerte de todo el juicio natural, ni conlleva la posibilidad de evitar el desarrollo ocioso e innecesario del procedimiento, por el contrario, lo que se pretende con su dictado, es continuar con el procedimiento en el juicio de origen, por tanto, resultan violaciones procesales cuyos efectos se extinguen en el caso de obtener una resolución favorable, es decir, los perjuicios formales que le hubieran podido originar los actos reclamados, desaparecerán de obtener un resolución definitiva favorable a la acción principal que intenta en el juicio natural, dejando intacta la esfera jurídica de la afectada al no alterarse ningún derecho sustantivo con tales actos de autoridad. Resulta aplicable a esto último, por identidad jurídica, la jurisprudencia 3a. 40 de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo IV, Primera Parte, Julio-Diciembre de 1989, página 280, Materia Común, Octava Época, con registro 207332, que establece: "AMPARO POR VIOLACIONES PROCESALES. CUANDO Y COMO PROCEDE. La Constitución y la Ley de Amparo no establecen que el amparo proceda contra todas las violaciones que se puedan dar en el procedimiento judicial; por el contrario, la Constitución en el artículo 107, fracción III, inciso a), señala que para que proceda el amparo por violaciones en el procedimiento, éstas deben afectar "las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo". La Ley de Amparo, con las mismas palabras repite esta orden constitucional en su artículo 158, para determinar la procedencia del amparo directo. La propia Constitución señala a la anterior regla general, las excepciones: contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan y contra actos que afecten a personas extrañas a juicio. Así, para las violaciones en el procedimiento hay una regla general establecida en el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución y 158 de la Ley de Amparo y en estos casos procede el amparo directo; y una serie de excepciones que señala la propia Constitución en el artículo 107, fracción III, incisos b) y c) y que precisa el artículo 114, fracciones III, IV y V de la Ley de Amparo, procediendo en estos casos el amparo indirecto". Asimismo, en la diversa jurisprudencia VI.2o. J/344 del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 84, Diciembre de 1994, página 56, Materia Común, Octava Época, con registro 209641, que dispone: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA VIOLACIONES A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO. Si de la demanda de garantías que se proponga en la vía indirecta se desprende que el acto reclamado lo constituye alguna de las hipótesis previstas en el artículo 159 de la Ley de Amparo como una violación al procedimiento que afecta las defensas del quejoso y que, por lo mismo, tiene que ser reclamada a través del juicio de amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva, debe concluirse entonces que es manifiesta e indudable la improcedencia del juicio de garantías en la vía indirecta contra el mismo acto, por lo que procede desechar la demanda con fundamento en el artículo 145 de la Ley de Amparo". De los anteriores criterios jurisprudenciales derivan las premisas fundamentales para definir que las resoluciones DIANA SELENE MEDINA HERNANDEZ 70.6a.66.20.20.74.65.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.20.06 25/05/24 18:00:00 8 JUZGADO OCTAVO EXP. 1155/2022 combatidas en esta vía constitucional son actos que no tienen ejecución de imposible reparación, en virtud de que de acuerdo a su naturaleza y alcances legales, no son determinaciones constitutivas de derechos, ni de condena, sino simplemente declarativas en relación a las peticiones formuladas por las partes del juicio natural. En efecto, para la procedencia del juicio constitucional en la vía indirecta, contra un acto dentro de juicio, es necesario que el acto reclamado afecte de modo directo e inmediato los derechos sustantivos de la quejosa consagrados en la Constitución y no sólo los derechos adjetivos o procesales que pueden ser reparados con una resolución favorable al término del proceso o, en su caso, a través del amparo directo, para el caso que dicha violación procesal haya afectado las defensas de la parte quejosa y trascendido con un resultado del fallo desfavorable. Se afirma lo anterior, pues la sucesión materia del presente asunto, está compuesta de cuatro etapas, a saber: 1. La denuncia de la sucesión; declaración de herederos y designación de albacea. 2. De inventarios y avalúos. 3. De administración; y, 4. De partición y adjudicación, que guarda relación con las tres anteriores. Secciones que se componen y deciden por separado, mediante la resolución particular correspondiente; mismas, que adquieren firmeza para las partes. En ese orden y para robustecer lo anterior, resulta necesario tener presente el contenido de los artículos 4. 29, 4. 30, 4. 31 y 4.32 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, que disponen: "Artículo 4.29.- La primera sección es de sucesión y contendrá, en sus respectivos casos: I. El testamento o testimonio de protocolización o la denuncia del intestado; II. Las citaciones a los herederos y la convocación a los que se crean con derecho a la herencia; III. Lo relativo al nombramiento y remoción de albacea e interventores, y al reconocimiento de derechos hereditarios; IV. Los incidentes que se promuevan sobre el nombramiento o remoción de tutores, y V. Las resoluciones que se pronuncien sobre la validez del testamento, la capacidad legal para heredar y la preferencia de derechos. Artículo 4.30.- La sección segunda es de inventario y avalúos: I.- El inventario provisional del interventor; II.- El inventario y avalúo; III.- Los incidentes que se promueva; IV. La resolución sobre inventario y avalúos. DIANA SELENE MEDINA HERNANDEZ 70.6a.66.20.20.74.65.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.20.06 25/05/24 18:00:00 9 JUZGADO OCTAVO EXP. 1155/2022 ??A???????????? Artículo 4.31.- La tercera sección es de administración y contendrá: I.- Todo lo relativo a la administración; II.- Las cuentas, su glosa y calificación. Artículo 4.32.- La cuarta sección es de partición y contendrá: I.- El proyecto de distribución provisional de los productos de los bienes hereditarios; II.- El proyecto de partición de los bienes; III.- Los incidentes que se promuevan al respecto; IV.- Los convenios relativos; V.- Las resoluciones sobre los proyectos mencionados; VI.- Lo relativo a la adjudicación de los bienes". La intelección de los dispositivos citados refiere el cumplimiento concatenado y cronológico de las fases previstas en ella; dado lo cual, de los antecedentes de los actos reclamados vertidos por la parte accionante de amparo, se pone de manifiesto que la primera sección relativa al nombramiento y remoción de albacea e interventores, y al reconocimiento de derechos hereditarios, aún no ha sido resuelta. De lo expuesto, se evidencia que de lo que se duele la quejosa es de la remoción de su cargo de albacea de la sucesión a bienes de Elvira Ramírez López, probable actualización de violaciones procesales con el dictado de la interlocutoria de tres de agosto de dos mil veintidós, misma que reclama en esta instancia constitucional; sin embargo, cierto es que la primera etapa procesal de las que comprenden el juicio sucesorio testamentario, aún no concluye, pues según se desprende de los artículos precitados, dicha fase terminará hasta que se dicten las resoluciones que se pronuncien sobre la validez del testamento, la capacidad legal para heredar y la preferencia de derechos; por lo que, no es momento de analizar las violaciones acontecidas en esta etapa del juicio. Sostener lo contrario, alentaría a que se diversificara la promoción de amparos y, en consecuencia, no es factible reclamar las posibles transgresiones sufridas, ya que ello sólo se justificará hasta que se dicte la resolución respectiva dentro de la primera etapa del juicio sucesorio correspondiente; caso en el cual, procedería el juicio de amparo directo contra la resolución con que culminara esa fase, pudiéndose reclamar válidamente, en tal oportunidad, todas las violaciones acaecidas dentro de aquélla; además, en caso de no obtener una resolución favorable tendrá a su alcance la promoción del juicio de amparo aludido contra dicha determinación; lo que lleva DIANA SELENE MEDINA HERNANDEZ 70.6a.66.20.20.74.65.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.20.06 25/05/24 18:00:00 10 JUZGADO OCTAVO EXP. 1155/2022 a estimar que los actos reclamados no causan una afectación de carácter irreparable que justifique la procedencia del juicio biinstancial, precisamente porque a la sección primera del juicio sucesorio testamentario aún no ha sido aprobada. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 643 del Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Enero de 1999, página 789, Materia Común, Novena Época, con registro 194833, que dispone: "SUCESIONES, VIOLACIONES PROCESALES. Como en los juicios sucesorios no existe una sentencia definitiva que comprenda todo el procedimiento ya que cada una de las secciones que lo componen se decide por separado, mediante la resolución especial correspondiente, las infracciones de tipo procesal cometidas durante el trámite de la sección de reconocimiento o de declaración de herederos, que no impidan la continuación del procedimiento respectivo, son impugnables por la vía constitucional cuando se reclame la resolución que ponga fin a dicha sección, toda vez que de atacarse de manera inmediata, sin esperar al dictado de aquélla, el amparo indirecto resultaría improcedente, atento a lo dispuesto por el artículo 114, fracción IV, de la ley de la materia, a contrario sensu". Así como la diversa emitida por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen 187-192, Cuarta Parte, página 231, Materia Común, Séptima Época, con registro 240224, que establece: "SUCESIONES. SÓLO LA SENTENCIA DE ADJUDICACIÓN TIENE EL CARÁCTER DE DEFINITIVA PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. La Suprema Corte de Justicia ha sostenido el criterio de que las sentencias que se pronuncien en las diversas etapas de un juicio sucesorio, con excepción de la que se refiere a la adjudicación de los bienes, no son definitivas para los efectos del amparo, porque no resuelven el juicio sucesorio en lo principal". En consecuencia, hasta lo aquí expuesto, resulta incuestionable que las determinaciones que aquí se reclaman no tienen una ejecución dentro del juicio natural de imposible reparación sobre la parte quejosa en sus derechos personales o reales, cuyos efectos ya no se pudieran reparar en el curso del juicio del que provienen tales actos procesales, aunque se obtuviera una resolución favorable al término del mismo, pues la misma no afecta directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera; sino sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, los actos relimados, no implican necesariamente determinaciones irreparables en la sentencia que se dicte en el juicio natural. Se desecha demanda de amparo. DIANA SELENE MEDINA HERNANDEZ 70.6a.66.20.20.74.65.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.20.06 25/05/24 18:00:00 11 JUZGADO OCTAVO EXP. 1155/2022 ??A???????????? Por tanto, lo que procede es desechar de plano la presente demanda en estudio. Notificaciones a la parte quejosa. Por otro lado, con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones únicamente de carácter personal, el ubicado en Avenida Valle de México número 51, Colonia El Mirador, Municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en el presente asunto (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). Autorizados. Téngase por autorizada a la persona que indica para los efectos precisados, hasta en tanto acredite haber registrado su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el artículo 12, párrafo segundo de la Ley de Amparo, en la inteligencia de que si ya lo hizo, podrá válidamente promover en términos amplios del dispositivo legal invocado. Exhortación a las partes para continuar la tramitación del juicio mediante del uso de su Firel o E.firma (antes Fiel). De conformidad con el artículo 1, fracción I, párrafo tercero del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este juzgador exhorta a la parte quejosa, para que, de ser posible, continúe la tramitación del presente juicio de amparo a través del sistema de "juicio en línea", es decir, mediante el uso de los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, páralo cual, podrán DIANA SELENE MEDINA HERNANDEZ 70.6a.66.20.20.74.65.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.20.06 25/05/24 18:00:00 12 JUZGADO OCTAVO EXP. 1155/2022 consultar el manual de uso actualizado se encontrará disponible en la siguiente liga del propio Portal de Servicios en Línea: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/A yuda Y, de no ser posible lo anterior, por no contar con alguna firma electrónica, en términos del artículo 2º, fracción XIX del invocado Acuerdo General, proporcionen algún correo electrónico al que se le puedan hacer llegar subsecuentes comunicaciones, así como el nombre y teléfono de la persona responsable del mismo, a fin de estar en posibilidad de confirmar la recepción de cualquier comunicación que les sea enviada por este medio. Con la precisión de que, lo anterior no implica que esa información (correo electrónico y número telefónico), sustituya los requisitos precisados con anterioridad, para la tramitación del juicio en línea, sino que facilitará el contacto con las partes, por lo que se autoriza a los Actuarios para que prioritariamente realicen las notificaciones a través de medios electrónicos, con la razón actuarial correspondiente. Integración del expediente físico. Se instruye a los secretarios y actuarios para que se incorporen al expediente la totalidad de las constancias que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, en el entendido de que la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Se ordena al fedatario correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico en caso de que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas. Devolución de documentos. Se hace del conocimiento de la parte oferente de documentos originales, que al concluirse el presente juicio deberá recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a que cause estado la resolución que ponga fin al presente juicio, en DIANA SELENE MEDINA HERNANDEZ 70.6a.66.20.20.74.65.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.20.06 25/05/24 18:00:00 13 JUZGADO OCTAVO EXP. 1155/2022 ??A???????????? términos de los capítulos séptimo y octavo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el entendido que de no hacerlo, se destruirán en términos de los artículos 18 y 20, del citado Acuerdo General. Para ello se instruye al secretario del Juzgado para que certifique junto con la orden de archivo la existencia de tales documentos. Se precisa que no se consideran como documento original la carta poder manuscrita, ni aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico. Transparencia y acceso a la información pública. Infórmese a las partes que al elaborarse la versión pública de la resolución que se dicte en el presente asunto, se suprimirá la información confidencial proporcionada por ellas, salvo que exista consentimiento de su parte para permitir el acceso a la misma, de conformidad con los artículos 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracciones I, II y III, 68 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, comuníqueseles también que no se requiere de su consentimiento para ese efecto ante la actualización de alguna de las hipótesis enunciadas en el artículo 117 del ordenamiento antes citado. Finalmente, se ordena al Actuario Judicial adscrito que vincule de inmediato la totalidad de las constancias de notificación que integran el sumario constitucional en que se actúa.1 Notifíquese; y personalmente a la quejosa Cecilia Herrera Ramírez.
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