Cecilia Guadalupe Ponce Jimenez
Expediente 1396/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tabasco. 2 actuaciones registradas, la última del 24 de septiembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1396/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 24/09/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Cecilia Guadalupe Ponce Jimenez
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación de cuenta, se desprende que ha transcurrido el plazo de cinco días que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja previsto por el artículo 97, fracción I, inciso a), de dicha Ley, contra el proveído de once de septiembre de dos mil dieciocho (fojas 28 a 33), mediante el cual se desechó la demanda de amparo promovida por Cecilia Guadalupe Ponce Jiménez, por sí y en representación de su menor hija de identidad reservada y de iniciales M.G.P.; en consecuencia, se declara que dicho proveído ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes. En cuanto al valor jurídico, se estima que este juicio de amparo carece de él. ANOTACIONES Ahora, toda vez que se trata de un asunto totalmente concluido y que no existe acuerdo pendiente por dictar, se ordena el archivo definitivo del mismo, previa realización de las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno de este Juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, así como al Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en vigor, se establece: 1. El presente sumario es destruible, dado que en el mismo se desechó la demanda de amparo. 2. Por lo que, previo transcurso del plazo de cinco años procédase a su destrucción. El presente expediente carece de relevancia documental. En la carátula del expediente anótese la circunstancia de que es destruible y la fecha en que se ordena su archivo. Háganse las anotaciones en el Libro de Registro de Juicios de Amparo de este Juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; de igual modo, hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS Toda vez que la parte quejosa anexó documento original a su demanda; en términos de lo dispuesto en el último párrafo del punto décimo primero del aludido Acuerdo General conjunto, requiérasele para que comparezca dentro del término de noventa días naturales, en día y hora hábil ante este Juzgado para que sea entregado previo recibo y razón que deje asentado en autos; apercibida que de no hacerlo podrá ser destruidos junto con el expediente en el que se actúa. Notifíquese personalmente.
- Principal
RADICACIÓN DE LA DEMANDA Visto lo de cuenta; se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por Cecilia Guadalupe Ponce Jiménez, por sí y en representación de su menor hija de identidad reservada y de iniciales M.G.P., contra actos del Juez Cuarto Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Centro, Tabasco, regístrese en el libro de gobierno con el índice 1396/2018-II-3, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y fórmese sumario. ANÁLISIS DE LA DEMANDA Ahora, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De la anterior disposición legal se desprende que el Juez de Distrito, debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Luego, es ineludible precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que, se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independiente de los elementos que pudieran aportar las partes. Sirve de apoyo la tesis I.13o.A.J/6, emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época, publicada en la página 1631 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, septiembre de 2004, con número de registro 180663, del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." En ese contexto, después de analizar la demanda de amparo este órgano jurisdiccional advierte que, existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo, pues se actualiza la causal prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con la fracción V del artículo 107 ambos de la legislación de la materia, interpretado en sentido contrario. En efecto el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de Amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." Por su parte, el artículo 107, fracción V, del mismo ordenamiento legal preceptúa: "El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" En ese sentido, debemos entender que para efectos del juicio de amparo, un acto de imposible reparación se entiende como aquél que afecta de modo directo e inmediato los derechos fundamentales consagrados en la Constitución y los tratados internacionales. Por otra parte, los actos intraprocesales que no reúnen tales características por sí mismos no afectan a los gobernados, puesto que sus efectos pueden o no manifestarse en el contenido de la sentencia que ponga fin al procedimiento, en cuyo caso podrá interponer los medios de defensa conducentes. Así, los actos procesales que tienen efectos sobre las cosas o las personas, no tienen el carácter de irreparables mientras la afectación no incida directamente en sus derechos sustantivos y exista la posibilidad legal que el afectado obtenga una sentencia favorable a sus pretensiones, ya que en este caso los efectos intraprocesales producidos por aquellas actuaciones desaparecen, esto es, dichos actos únicamente producen efectos de carácter formal o intraprocesal e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vistas a obtener un fallo favorable. En efecto, conforme al artículo 107 de la Ley de Amparo, se define con precisión lo que se debe entender por actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, al señalarse expresamente que son aquéllos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; por lo que ahora, en la nueva ley en cita, el legislador no dejó a la interpretación del Poder Judicial de la Federación cuándo se produce una afectación de imposible reparación, como sucedió antaño, sino que, en la actualidad, fue taxativo al señalar qué debe entenderse por una cuestión jurídica y que es precisamente lo destacado con antelación. En la especie, de la lectura integral de la demanda de amparo, de conformidad con el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado: el auto de veintisiete de agosto de dos mil dieciocho, en el cual se declara incompetente el Juez Cuarto Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Centro, Tabasco, por razón de territorio y ordena la declinación del asunto al Juez Competente Civil y/o Familiar de Primera Instancia en turno de Oaxaca de Juárez, Oaxaca. Al respecto, es aplicable en lo conducente y por el criterio que sostiene de que la demanda es un todo, la tesis visible en la página "167", del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Primera Parte, Julio a Diciembre de 1988, Octava Época, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "ACTO RECLAMADO, ESTUDIO INTEGRAL DE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINAR EL. No obstante que algún acto propuesto como materia del amparo no se incluya en el apartado de la demanda referente a los actos reclamados, atento al criterio de esta Suprema Corte de Justicia, si del análisis integral del escrito de la demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, en capítulo especial, dentro de los conceptos de violación se señala dicho acto como lesivo de garantías individuales, resulta correcto el estudio que se haga de la constitucionalidad del mismo, teniéndolo como acto reclamado, en virtud de que la demanda debe contemplarse como un todo." Por tanto, es evidente que tal actuación no puede considerarse como un acto cuya ejecución sea de imposible reparación, pues no produce de manera inmediata una afectación a algún derecho fundamental contenido en sus derechos públicos subjetivos, sino que en todo caso, la violación de derechos produce únicamente efectos formales en el procedimiento. Es aplicable al caso la siguiente jurisprudencia, publicada el dos de mayo de dos mil catorce en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, de aplicación obligatoria a partir del seis de mayo del mismo año, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013, cuyo rubro es: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013". Conforme a lo anterior, es incuestionable que el auto que ahora se reclama no constituye la última resolución en lo que se refiere a la declinatoria de competencia que hizo la autoridad señalada como responsable, sino que se encuentra supeditada a lo que en su momento determine al Juez Competente Civil y/o Familiar de Primera Instancia en turno de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, en cuanto al envío del expediente y la aceptación de la competencia, por lo que será esta última resolución la que, en su caso, es susceptible de afectar a la parte quejosa. Lo anterior, queda de manifiesto que el acto que pretende combatirse, dada su naturaleza, no es de modo alguno irreparable, ni afecta a las partes en grado predominante o superior siendo precisamente éstos supuestos en que sería procedente el juicio de amparo indirecto, en términos de lo previsto en el artículo 107, fracción VIII, de la ley de la materia; sin embargo, dicha porción normativa no puede interpretarse literalmente, sin soslayar los principios constitucionales y legales que lo rigen, entre los que destacan los relativos a que el acto produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica de la interesada, lo que en el caso no acontece, pues -como ya se dijo- el auto que ahora se combate no es definitivo. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 17/2015, instada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 5, Tomo I, Agosto de 2015, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que dice: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).Aunque en la porción normativa indicada el legislador introdujo expresamente la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, aquélla no puede interpretarse literalmente y aseverar que, por ese solo hecho, el juicio de amparo procede indefectiblemente cuando se reclamen actos de tal naturaleza, soslayando para ello los principios constitucionales y legales que lo rigen, entre los que destacan los relativos a que el acto produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del interesado y a que éste cumpla con el principio de definitividad, pues bajo esa interpretación podrían desencadenarse consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y contravenirse la regularidad constitucional que se busca preservar con dicho medio extraordinario de defensa. En ese sentido, de la interpretación conforme del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual exige optar por aquella de la que derive un resultado más acorde al Texto Supremo, a fin de garantizar la supremacía constitucional y, simultáneamente, permitir una adecuada y constante aplicación del orden jurídico, se concluye que los actos de autoridad susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, con fundamento en dicho precepto legal, deben entenderse referidos a aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en este momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. De esta manera, la decisión del órgano de declararse incompetente o la solicitud de una autoridad a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto no pueden considerarse determinaciones que justifiquen la procedencia del juicio de amparo indirecto con fundamento en el artículo 107, fracción VIII, aludido, sino en el caso de que aquéllas se tornen definitivas".-Lo resaltado es propio-. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con la fracción V, del artículo 107, interpretado en sentido contrario, con apoyo en el artículo 113, todos de la Ley de Amparo, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por Cecilia Guadalupe Ponce Jiménez, por sí y en representación de su menor hija de identidad reservada y de iniciales M.G.P., contra actos del Juez Cuarto Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Centro, Tabasco. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Por otro lado, tomando en cuenta la carga de trabajo de este Juzgado, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, ibídem, se faculta al Actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de derechos fundamentales. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase como domicilio para oír y recibir citas y notificaciones el que menciona en su escrito inicial de demanda, y como autorizado en términos amplios de los artículos 12 y 24 de la Ley de Amparo a Beatriz Verónica Carreto Pérez, por encontrarse registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales Colegiado de Circuito y Juzgados de Distrito; y únicamente en términos restringidos de los citados numerales a la restante persona que refiere, por no contar con dicha autorización. MEDIOS DIGITALES Este Juzgador autoriza la toma de las actuaciones mediante cámaras, grabadoras o lectores ópticos, ello con fundamento en la Circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Para dicha práctica podrán intervenir únicamente el promovente y sus autorizados, siempre y cuando no se contraríe la función jurisdiccional de este Juzgado y con el cuidado de que las herramientas sean utilizadas preservando la integridad del expediente. En el entendido de que las reproducciones se autorizan con el fin de que se impongan de los autos, tal y como lo dispone el artículo 12 de la Ley de Amparo, por lo que el uso y reproducción posterior de las citadas imágenes será bajo su más estricta responsabilidad, en términos de la legislación aplicable en materia de protección de datos personales e información pública. DIGITALIZACION Asimismo, atento a lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico. Notifíquese personalmente.
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