Cecilia Guadalupe Medina Aguilar
Expediente 474/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 12 actuaciones registradas, la última del 8 de marzo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 474/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 08/03/2019
Partes del expediente
- Cecilia Guadalupe Medina Aguilar
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, OCHO DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE. Téngase por recibido el escrito signado por el autorizado de la parte quejosa y con fundamento en el artículo 27, fracción I de la Ley de Amparo Vigente, se le tiene señalando como nuevo domicilio procesal el que indica y por revocado el precisado en su escrito de demanda. Notifíquese.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, TREINTA DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de garantías, se advierte que mediante oficio recibido en este Juzgado Federal el quince de junio de dos mil dieciocho, la Presidenta de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, manifestó la forma en que se dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En relación a lo anterior, por acuerdo de dieciocho de junio del año en curso, se dio vista a la parte quejosa y tercera interesada, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera y se les apercibió que de no hacer manifestación alguna, este Órgano Jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Luego, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo Vigente, este Órgano Jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la Jurisprudencia número 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos uno, Tomo XXX, Diciembre de dos mil nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución". Así pues, mediante resolución dictada en el presente sumario de amparo el treinta de abril de dos mil dieciocho, se concedió a la parte quejosa, el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclamó a la autoridad responsable, para los efectos siguientes: ".que la Junta Laboral responsable, en forma pronta y expedita, de conformidad con los lineamientos previstos en la Ley Federal del Trabajo, de manera inmediata continúe con la sustanciación del procedimiento, para lo cual deberá ordenar las diligencias conducentes y en su caso formular los requerimientos necesarios, con el objeto de que proceda con prontitud a dictar el laudo respectivo conforme a los términos legales y ordene su notificación dentro del juicio laboral 494/2012. En el entendido, que deberá hacer todas las gestiones conducentes para que se emita el laudo en forma inmediata, haciendo en su caso uso de los medios de apremio y parámetros previstos en la ley para su cabal cumplimiento." Ante ello, la Presidenta de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, por oficio recibido en este Juzgado Federal el quince de junio de dos mil dieciocho (folios 51 a 62), remitió copia certificada del laudo de seis de junio del año en curso, emitido dentro del expediente 494/2012. Sin que sea óbice a lo anterior, la circunstancia de que la autoridad de previa cita, no haya acompañado las constancias de la notificación efectuadas a las partes de la emisión del laudo de que se trata, pues atendiendo a la formalidad que debe revestir la notificación de una respuesta de amparo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que tratándose de juicios de amparo en los que ha sido concedida la protección constitucional para el efecto de que se dicte una determinación y se notifique la misma en forma personal a la parte agraviada, puede el juzgador, una vez que la autoridad le envía el acuerdo respectivo, ordenar que éste se le notifique en forma personal al solicitante del amparo para los efectos legales consiguientes, pues con ello se evitan requerimientos y actuaciones judiciales innecesarias que entorpecen la administración de justicia. Lo que en el presente caso aconteció el dieciocho de junio del año en curso, oportunidad en la cual se ordenó notificar personalmente a la parte quejosa y tercera interesada el laudo que dictó la aquí autoridad responsable. Es aplicable al respecto por analogía, la jurisprudencia de rubro y texto siguiente: "INEJECUCIÓN. LA NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA DEL OFICIO MEDIANTE EL CUAL LA RESPONSABLE PRETENDE CUMPLIR CON LA SENTENCIA DE AMPARO, PUEDE REALIZARLA EL JUZGADOR, NO OBSTANTE QUE ESA NOTIFICACIÓN FORME PARTE DEL CUMPLIMIENTO. Si se concede el amparo para el efecto de que se dicte una resolución y se notifique la misma en forma personal a la parte quejosa, es obvio que el fallo protector sólo se acatará totalmente cuando la autoridad responsable haya ejecutado dichos actos. Sin embargo, como el fin último del juicio de garantías es que las sentencias constitucionales que conceden el amparo y la protección de la Justicia Federal se cumplan, puede el juzgador, una vez que la autoridad le envía la resolución, ordenar que ésta se le notifique en forma personal a la parte quejosa para los efectos legales consiguientes, pues con ello se evitan requerimientos y actuaciones judiciales innecesarias que entorpecen la administración de justicia y además, tal actuación es congruente con lo dispuesto por el artículo 111 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, que ordena que el juzgador que emitió la sentencia protectora, puede hacer cumplir la ejecutoria de que se trate dictando las órdenes necesarias para ello." Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la parte solicitante de amparo en el goce de las garantías individuales violadas, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo vigente; motivo por el que debe concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Ley de Amparo vigente, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. Ahora bien, en cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 01/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en su punto Vigésimo Primero, fracción I, del Capítulo Quinto, prevé que en los Juzgados de Distrito son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuentan con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el dicho acuerdo; en ese sentido, se establece que el juicio en que se actúa, se ubica en la hipótesis prevista en el Capítulo Quinto, Apartado Vigésimo Primero, fracción IV, en virtud de que, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa y no existen documentos originales exhibidos por las partes, aunado a que carece de relevancia documental, acorde a lo establecido en el artículo 11 del citado Acuerdo; por lo tanto, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno que corresponda, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia dictada, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión toda vez que no se tramitó. Por otra parte, devuélvase a la autoridad responsable, un legajo de constancias certificadas que envió vía informe justificado, toda vez que en el presente juicio de amparo biinstancial se ordenó el archivo definitivo del mismo, como se precisó. La presente foja corresponde a la parte final del proveído de treinta de julio de dos mil dieciocho, emitido dentro del juicio de amparo 474/2018. Conste.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, TREINTA DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de garantías, se advierte que mediante oficio recibido en este Juzgado Federal el quince de junio de dos mil dieciocho, la Presidenta de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, manifestó la forma en que se dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En relación a lo anterior, por acuerdo de dieciocho de junio del año en curso, se dio vista a la parte quejosa y tercera interesada, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera y se les apercibió que de no hacer manifestación alguna, este Órgano Jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Luego, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo Vigente, este Órgano Jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la Jurisprudencia número 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos uno, Tomo XXX, Diciembre de dos mil nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución". Así pues, mediante resolución dictada en el presente sumario de amparo el treinta de abril de dos mil dieciocho, se concedió a la parte quejosa, el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclamó a la autoridad responsable, para los efectos siguientes: ".que la Junta Laboral responsable, en forma pronta y expedita, de conformidad con los lineamientos previstos en la Ley Federal del Trabajo, de manera inmediata continúe con la sustanciación del procedimiento, para lo cual deberá ordenar las diligencias conducentes y en su caso formular los requerimientos necesarios, con el objeto de que proceda con prontitud a dictar el laudo respectivo conforme a los términos legales y ordene su notificación dentro del juicio laboral 494/2012. En el entendido, que deberá hacer todas las gestiones conducentes para que se emita el laudo en forma inmediata, haciendo en su caso uso de los medios de apremio y parámetros previstos en la ley para su cabal cumplimiento." Ante ello, la Presidenta de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, por oficio recibido en este Juzgado Federal el quince de junio de dos mil dieciocho (folios 51 a 62), remitió copia certificada del laudo de seis de junio del año en curso, emitido dentro del expediente 494/2012. Sin que sea óbice a lo anterior, la circunstancia de que la autoridad de previa cita, no haya acompañado las constancias de la notificación efectuadas a las partes de la emisión del laudo de que se trata, pues atendiendo a la formalidad que debe revestir la notificación de una respuesta de amparo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que tratándose de juicios de amparo en los que ha sido concedida la protección constitucional para el efecto de que se dicte una determinación y se notifique la misma en forma personal a la parte agraviada, puede el juzgador, una vez que la autoridad le envía el acuerdo respectivo, ordenar que éste se le notifique en forma personal al solicitante del amparo para los efectos legales consiguientes, pues con ello se evitan requerimientos y actuaciones judiciales innecesarias que entorpecen la administración de justicia. Lo que en el presente caso aconteció el dieciocho de junio del año en curso, oportunidad en la cual se ordenó notificar personalmente a la parte quejosa y tercera interesada el laudo que dictó la aquí autoridad responsable. Es aplicable al respecto por analogía, la jurisprudencia de rubro y texto siguiente: "INEJECUCIÓN. LA NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA DEL OFICIO MEDIANTE EL CUAL LA RESPONSABLE PRETENDE CUMPLIR CON LA SENTENCIA DE AMPARO, PUEDE REALIZARLA EL JUZGADOR, NO OBSTANTE QUE ESA NOTIFICACIÓN FORME PARTE DEL CUMPLIMIENTO. Si se concede el amparo para el efecto de que se dicte una resolución y se notifique la misma en forma personal a la parte quejosa, es obvio que el fallo protector sólo se acatará totalmente cuando la autoridad responsable haya ejecutado dichos actos. Sin embargo, como el fin último del juicio de garantías es que las sentencias constitucionales que conceden el amparo y la protección de la Justicia Federal se cumplan, puede el juzgador, una vez que la autoridad le envía la resolución, ordenar que ésta se le notifique en forma personal a la parte quejosa para los efectos legales consiguientes, pues con ello se evitan requerimientos y actuaciones judiciales innecesarias que entorpecen la administración de justicia y además, tal actuación es congruente con lo dispuesto por el artículo 111 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, que ordena que el juzgador que emitió la sentencia protectora, puede hacer cumplir la ejecutoria de que se trate dictando las órdenes necesarias para ello." Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la parte solicitante de amparo en el goce de las garantías individuales violadas, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo vigente; motivo por el que debe concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Ley de Amparo vigente, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. Ahora bien, en cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 01/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en su punto Vigésimo Primero, fracción I, del Capítulo Quinto, prevé que en los Juzgados de Distrito son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuentan con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el dicho acuerdo; en ese sentido, se establece que el juicio en que se actúa, se ubica en la hipótesis prevista en el Capítulo Quinto, Apartado Vigésimo Primero, fracción IV, en virtud de que, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa y no existen documentos originales exhibidos por las partes, aunado a que carece de relevancia documental, acorde a lo establecido en el artículo 11 del citado Acuerdo; por lo tanto, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno que corresponda, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia dictada, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión toda vez que no se tramitó. Por otra parte, devuélvase a la autoridad responsable, un legajo de constancias certificadas que envió vía informe justificado, toda vez que en el presente juicio de amparo biinstancial se ordenó el archivo definitivo del mismo, como se precisó. La presente foja corresponde a la parte final del proveído de treinta de julio de dos mil dieciocho, emitido dentro del juicio de amparo 474/2018. Conste.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, DIECIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO. Téngase por recibido el oficio signado por la Presidente de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, a través del cual, informa el cumplimiento dado al fallo protector; luego, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo en vigor, dése vista a la parte quejosa y tercera interesada, para que dentro del término de tres días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este auto, manifiesten lo que a su derecho convenga, apercibidos que de no hacer pronunciamiento alguno, con apoyo en la ejecutoria de amparo y demás actuaciones que obran en el sumario, se pronunciará en relación con el cumplimiento a la sentencia amparadora, sin tomar en cuenta las manifestaciones que se hagan en forma extemporánea.
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