Cecilia Guadalupe Enriquez Preciado
Expediente 3390/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 10 actuaciones registradas, la última del 9 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 3390/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 09/10/2019
Partes del expediente
- Cecilia Guadalupe Enriquez Preciado
- Cecilia Guadalupe Enriquez Preciado y Otros.
- Guillermo Antonio Enriquez Preciado
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Del estado procesal de los presentes autos, así como de la certificación realizada por el Secretario, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que las partes interpusieran recurso de inconformidad contra el auto de veintitrés de mayo de dos mil diecinueve, mediante el cual, se tuvo por cumplida la sentencia de amparo; en consecuencia, se provee: Orden de archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y archívese el expediente, como asunto concluido. Orden de depuración. En cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, en su artículo Vigésimo Primero, el presente expediente es susceptible de depuración, toda vez que se concedió la protección constitucional. Relevancia documental. Ahora bien, hágase saber para los efectos establecidos en multicitado acuerdo que el presente expediente no contiene información de relevancia documental e histórica. Devolución de documentos. De conformidad con lo dispuesto por el artículo Décimo Primero, del referido Acuerdo General, hágase del conocimiento que en el presente expediente no existe documento alguno en original que devolver a las partes. Finalmente, visto el estado que guardan los presentes autos, hágase del conocimiento de las partes que a partir del día uno de junio de dos mil diecinueve, la Juez Luz Elba de la Torre Orozco, fungirá como Titular del Juzgado Primero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, de conformidad con lo estipulado en el oficio XXXX, de fecha veintidós de mayo de dos mil diecinueve, emitido por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, lo anterior, para los efectos legales consiguientes. Tiene sustento a lo anterior, la Jurisprudencia 104/2010 emitida en sesión de treinta de junio de dos mil diez, por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis número 119/2010, misma que señala: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO. Del primer párrafo del artículo 66 de la Ley de Amparo se advierte que los juzgadores federales no son recusables; sin embargo, están obligados a manifestar su impedimento para conocer del juicio de actualizarse alguna de las causas previstas en las diversas fracciones del propio precepto. Por su parte, el primer párrafo del artículo 70 del indicado ordenamiento establece que las partes podrán alegar el impedimento de los juzgadores federales, por lo que para formularlo deben conocer quién es el titular del órgano jurisdiccional que dictará la sentencia o resolución correspondiente, para lo cual en caso de cambio de titular, debe notificarse, por regla general, mediante lista al quejoso y al tercero perjudicado, y por oficio a las autoridades responsables, en términos del artículo 28, fracciones I y III, de la Ley, salvo que el Juez del conocimiento, con fundamento en el artículo 30 de la referida legislación, ordene que se haga personalmente. Ahora bien, la violación procesal consistente en la falta de notificación a las partes del cambio de titular trasciende al resultado del fallo y, por ende, con fundamento en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe reponerse el procedimiento; lo anterior siempre que la recurrente haga valer en los agravios el argumento referente al impedimento del Juez, pues de no hacerlo así, aun cuando exista dicha violación al procedimiento, no trasciende al resultado del fallo, siendo innecesario ordenar la reposición del procedimiento, pues ello a nada práctico lleva y, por el contrario, dilataría la impartición de justicia en contravención del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
- Principal
Vista la certificación que antecede, así como el estado de autos, se advierte que en proveído de veinticinco de febrero de dos mil diecinueve, se tuvo por recibido el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial Número Dieciocho de la Federal de Conciliación y Arbitraje, mediante el cual remitió copia certificada de diversas constancias del juicio laboral de origen 2332/2016, con las que a su parecer da cumplimiento al fallo protector. Con el citado oficio y anexo, se dio vista a la parte quejosa para que dentro del plazo de tres días, manifestara lo que a su interés legal conviniera, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, este órgano jurisdiccional de acuerdo a las constancias que obran en autos, procedería a resolver si la sentencia se encuentra o no cumplida. En esas condiciones, en virtud de que a la fecha la parte quejosa no desahogó dicha vista, y el plazo de tres días otorgado feneció, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el citado auto, y por tanto, este órgano jurisdiccional procede a resolver, de oficio, si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido, de conformidad con el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo. Al respecto, debe decirse lo siguiente: por sentencia de treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho, este Juzgado de Distrito, concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa Cecilia Guadalupe Enríquez Preciado, Guillermo Antonio Enriquez Preciado y Claudia Enriquez Preciado, contra actos de la Junta Especial Número Dieciocho de la Federal de Conciliación y Arbitraje, cuyos efectos consistieron esencialmente, en: [...] pronuncie con plenitud de jurisdicción el proyecto de resolución en forma de laudo dentro del expediente laboral 2332/2016. [...]. Por acuerdo de seis de febrero de dos mil diecinueve, causó ejecutoria la sentencia de amparo y se requirió a la autoridad responsable por el cumplimiento del fallo protector. En este contexto, el cumplimiento otorgado por la autoridad responsable fue el siguiente: - Mediante auto de veinticinco de febrero del año en curso, se tuvo a los integrantes de la junta responsable remitiendo a este Juzgado, copia certificada del laudo dictado el veinte de febrero del año en curso, en el juicio laboral de origen 2332/2016. En consecuencia, debe decirse que la autoridad responsable, cumplió con los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio; por tanto, se declara cumplida de conformidad con lo dispuesto en los artículos 196, párrafos segundo, tercero y cuarto y 214 de la Ley de Amparo. En el entendido de que este órgano jurisdiccional no advierte que exista exceso o defecto en el cumplimiento llevado a cabo por la autoridad responsable. Orienta lo anterior, la tesis: 2a. XCVI/2013 (10a.), de epígrafe y contenido: SENTENCIAS DE AMPARO. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER TOTAL, ATENTO A LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y DE EXHAUSTIVIDAD. Acorde al nuevo sistema de materia de cumplimiento de sentencias de amparo, establecido por el legislador en la Ley de Amparo vigente a partir del 3 de abril de 2013, dicho cumplimiento, debe ser total, sin excesos o defectos, por tanto, tratándose del pronunciamiento de sentencias o laudos, deben contener la declaración de la autoridad en relación con la solución integral del conflicto conforme a los principios de congruencia y de exhaustividad, que obligan a dirimir todas las cuestiones litigiosas, entre las que se encuentran tanto las que son materia de ejecución de la sentencia de amparo, como las que quedaron definidas o intocadas por la propia ejecutoria; de ahí que la autoridad debe reiterarlas en la sentencia o laudo que cumplimente. Por tanto, en su oportunidad, una vez que transcurra el plazo de quince días al que alude el artículo 202 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de inconformidad en contra del presente auto, se proveerá lo relativo al archivo del presente asunto. Hágase del conocimiento de las partes que a partir del día diecisiete de abril de dos mil diecinueve, la licenciada Elisa Georgina Álvarez Maldonado, funge como Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, en funciones de Juez de Distrito, de conformidad con lo estipulado en el oficio CCJ/ST/1513/2019, de fecha dieciséis de abril de dos mil diecinueve, emitido por la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, con apoyo además en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y para los efectos legales consiguientes. Tiene sustento a lo anterior, la Jurisprudencia 104/2010 emitida en sesión de treinta de junio de dos mil diez, por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis número 119/2010, misma que señala: SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO. Del primer párrafo del artículo 66 de la Ley de Amparo se advierte que los juzgadores federales no son recusables; sin embargo, están obligados a manifestar su impedimento para conocer del juicio de actualizarse alguna de las causas previstas en las diversas fracciones del propio precepto. Por su parte, el primer párrafo del artículo 70 del indicado ordenamiento establece que las partes podrán alegar el impedimento de los juzgadores federales, por lo que para formularlo deben conocer quién es el titular del órgano jurisdiccional que dictará la sentencia o resolución correspondiente, para lo cual en caso de cambio de titular, debe notificarse, por regla general, mediante lista al quejoso y al tercero perjudicado, y por oficio a las autoridades responsables, en términos del artículo 28, fracciones I y III, de la Ley, salvo que el Juez del conocimiento, con fundamento en el artículo 30 de la referida legislación, ordene que se haga personalmente. Ahora bien, la violación procesal consistente en la falta de notificación a las partes del cambio de titular trasciende al resultado del fallo y, por ende, con fundamento en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe reponerse el procedimiento; lo anterior siempre que la recurrente haga valer en los agravios el argumento referente al impedimento del Juez, pues de no hacerlo así, aun cuando exista dicha violación al procedimiento, no trasciende al resultado del fallo, siendo innecesario ordenar la reposición del procedimiento, pues ello a nada práctico lleva y, por el contrario, dilataría la impartición de justicia en contravención del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, por medio del cual remite un legajo certificado de diversas constancias sin costurar, relativas al presente juicio, así como un cuaderno de antecedentes relativo al incidente de suspensión 688/2015. Por otra parte, se tiene por recibido el oficio signado por la Directora General de Registro y Control Documental del Registro Agrario Nacional, por medio del cual en cumplimiento al requerimiento efectuado el diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho informa que derivado de una investigación se desprende que no obra guarda y custodia la documentación solicitada. En tales condiciones, se requiere a la Delegación del Registro Agrario Nacional del Estado de Jalisco para que dentro del término de tres días remita copias certificadas de la totalidad de constancias que obren en dicha dependencia en relación con el expediente 511/2006, del núcleo agrario denominado Puente de Arcediano, municipio de Ixtlahuacán del Río, Estado de Jalisco. Se apercibe a la autoridad responsable que, de no cumplir en lapso antes indicado, en términos de lo que disponen los artículos 192, 193 y 258 de la Ley de Amparo, se hará acreedor a una multa por la cantidad de cien veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización que equivale a la cantidad $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos moneda nacional), tomando como base el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización que es de $84.49 (ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos moneda nacional); así como a la substanciación del incidente de inejecución que pudiera culminar con la separación de su puesto y su consignación.
- Principal
DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE TERCERA INTERESADA EL PROVEÍDO DE DOCE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE DICE: Téngase por recibido y agréguese a los autos, el oficio signado por el Secretario del Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, por medio del cual, remite testimonio de la ejecutoria emitida el veinticuatro de enero de dos mil diecinueve, dentro del recurso de revisión 130/2018. Acúsese el recibo de estilo correspondiente, glósese a los autos el cuaderno de antecedentes, así como el citado testimonio, y hágase del conocimiento de las partes lo resuelto en éste, para los efectos legales a que haya lugar. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 192 y 197, de la Ley de Amparo, se requiere a la Junta Especial Número Diecisiete de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco, para que en el término de tres días, siguientes al que sea notificado del presente proveído, realice lo siguiente: Resuelva de manera inmediata el incidente de nulidad interpuesto dentro del expediente laboral 282/2017. Seguido en todas sus etapas, continúe el procedimiento y con prontitud formule el proyecto de resolución en forma de laudo, audiencia de votación. Distribuya el mismo a los miembros de dicho órgano laboral. Señale hora y fecha para la audiencia de discusión y votación. En caso de existir diligencias pendientes por desahogar, las lleve a cabo, o en caso contrario, eleve a la categoría de definitivo dicho proyecto. Asimismo, en igual término se requiere al Actuario Notificador adscrito a la Junta Especial Número Diecisiete de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco, para que realice lo siguiente: Notifique a las partes la resolución de incidente de nulidad interpuesto en el juicio laboral 282/2017. Notifique el laudo dictado. Se apercibe a la autoridad requerida, que de no cumplir con lo anterior, en lapso indicado, se le impondrá una multa por el importe de cien veces el valor diario, de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), equivalente a la cantidad de $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos moneda nacional), tomando como base el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización que es de $84.49 (ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos moneda nacional), establecido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, publicado el diez de enero de dos mil dieciocho, en el Diario Oficial de la Federación; de conformidad con los numerales 192, 193 y 258 de la Ley de Amparo, preceptos que a su vez establecen que en el caso de que no se obedeciere la ejecutoria, a pesar de los requerimientos efectuados, el órgano jurisdiccional, remitirá el expediente original al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia, para la substanciación del incidente de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación.
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