Cecilia Guadalupe Aracen Gónzalez

Expediente 736/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 7 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
736/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
07/09/2023

Partes del expediente

  • Cecilia Guadalupe Aracen Gónzalez

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, a siete de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, de la que se aprecia que ha transcurrido el término para interponer el recurso de queja contra del proveído por el que se desechó la demanda de amparo, sin que se hubiere hecho uso de tal derecho; por tanto, con fundamento en el artículo 2°, de la ley invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales; háganse las anotaciones en el libro de gobierno. En consecuencia, nada habiendo que cumplimentar, archívese el expediente como asunto concluido. En cumplimiento a los criterios establecidos en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés. Valoración del expediente De conformidad con el artículo 15 del mencionado acuerdo y al prudente arbitrio del suscrito, este asunto no es de relevancia documental. Asimismo, se advierte que SE DESECHÓ LA DEMANDA DE AMPARO. Ahora, acorde a lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este expediente es susceptible de ser DESTRUIDO, por lo que tal valoración deberá constar en la carátula. De conformidad con lo dispuesto en el citado numeral, consérvese por el término de tres años en el archivo de este juzgado de Distrito, contado a partir de que se ordenó su archivo, una vez concluido dicho plazo, procédase a su destrucción. Asimismo, se instruye al secretario, a efecto de que certifique que la versión electrónica del expediente coincida en su totalidad con la impresa. Notifíquese.

  2. Principal

    Ciudad de México, veinticinco de agosto de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por ******, por propio derecho, contra actos de la Mtra. *********, Juez de Control del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la Ciudad de México adscrita a la Unidad de Gestión Judicial número Cuatro. Aspectos Generales Regístrese la demanda de amparo con el número de juicio 736/2023-IV. Genérese el expediente electrónico e impreso. Fijación de Litis Ahora bien, de la lectura integral del escrito que se remite, se aprecia que el acto del cual se duele la justiciable, es el siguiente: Auto de veinticinco de julio de dos mil veintitrés, mediante el cual no se autoriza generar la audiencia solicitada por el quejoso. Ahora bien, antes de proveer sobre la admisión de la demanda, debe precisarse que de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Amparo, se analiza la procedencia del juicio de amparo ya que dicha cuestión debe atenderse preferentemente. El artículo 113 de la Ley de Amparo, señala que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda y si encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, dicho dispositivo dispone: "ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". Toda vez que el acto reclamado lo es el auto de veinticinco de julio de dos mil veintitrés, mediante el cual no se autoriza generar la audiencia solicitada por el quejoso, se desecha la demanda de amparo, el suscrito considera que resulta notoriamente improcedente la contienda constitucional que se intenta pues la parte quejosa no agotó el principio de definitividad, prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, porque contra él procede el recurso de revocación previsto en el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales, como se analizará a continuación. El artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de la materia establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.).". Se afirma lo anterior, porque la legislación que rige al citado acto reclamado es el Código Nacional de Procedimientos Penales, que en el artículo 465, establece que el recurso de revocación procede en cualquier etapa del procedimiento penal en las que interviene la autoridad contra las resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin substanciación, cuyo texto dice: "Artículo 465. Procedencia del recurso de revocación El recurso de revocación procederá en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial en contra de las resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación. El objeto de este recurso será que el mismo Órgano jurisdiccional que dictó la resolución impugnada, la examine de nueva cuenta y dicte la resolución que corresponda.". (Lo subrayado es nuestro) De tal precepto, se desprende que la figura jurídica del recurso de revocación se trata de uno de los medios de defensa establecidos por el legislador para que las partes puedan recurrir decisiones judiciales en el contexto de un proceso penal acusatorio. Del primer párrafo del dispositivo en cita se advierten al menos dos enunciados normativos en cuanto a la procedencia del recurso, un primero que describe la etapa en que procede: en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en que interviene autoridad judicial; y un segundo que se refiere al tipo de decisiones judiciales que son recurribles a través de este medio de defensa: las resoluciones de mero trámite que se resuelven sin substanciación. En tal virtud, contra el auto aquí reclamado, procede interponer el citado recurso de revocación, pues es un acuerdo de mero trámite que no requirió de sustanciación. Tiene aplicación la siguiente tesis de rubro y texto siguiente: "AUDIENCIA PARA LA SUSTANCIACIÓN DEL RECURSO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. CONTRA EL ACUERDO QUE DECLARA IMPROCEDENTE CONVOCAR A SU CELEBRACIÓN DEBE AGOTARSE EL RECURSO DE REVOCACIÓN ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 465 DEL PROPIO ORDENAMIENTO, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. En términos del artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales proceda algún recurso o medio de defensa dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan modificarse, revocarse o nulificarse, sin que exista obligación de agotarlo si el acto reclamado se ubica en alguna de las excepciones previstas en la propia fracción de ese precepto. Por su parte, del artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que el recurso de revocación procede ante el órgano jurisdiccional que dictó la resolución impugnada, contra las resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación, en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial; además, conforme al diverso numeral 456 de este ordenamiento, las resoluciones judiciales sólo podrán ser recurridas por los medios y en los casos establecidos por el propio código. Ahora bien, como el acuerdo del Juez de control que determina que es improcedente convocar a la audiencia para la sustanciación del recurso previsto en el artículo 258 del código citado, es de mero trámite, pues en él no se analiza el fondo de la cuestión planteada, en su contra procede el recurso de revocación, cuyo efecto sería modificar, revocar o nulificar dicho acto de autoridad, motivo por el que debe agotarse dicho medio de defensa antes de acudir al juicio de amparo indirecto, a fin de cumplir con el principio de definitividad.". (Lo destacado es nuestro) Por tanto, de conformidad con lo establecido en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, resulta notoria e indudable la causal de improcedencia que se invoca. En ese sentido, por las consideraciones expuestas, se desecha por notoriamente improcedente la demanda de amparo. Domicilio de la parte quejosa En cuanto a la solicitud de que sea notificada a través de los correos electrónicos que proporciona, no ha lugar a acordar de conformidad su solicitud, toda vez que la Ley adjetiva no prevé dicho medio y el mismo sólo se tendrá como dato de contacto, con la finalidad de que sean utilizados por el personal de este órgano de control constitucional, únicamente en caso de ser necesario. En ese sentido, al no señalar domicilio alguno para oír y recibir notificaciones, dado lo determinado con antelación y de conformidad con el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se tiene ordena la notificación de la presente determinación; así como las subsecuentes por medio de lista. Autorización y habilitación al personal del Juzgado Se autoriza a los secretarios para que firmen los oficios relativos al presente juicio de amparo, así como los del incidente suspensión. Se habilita al actuario para que practique en horas y días inhábiles las notificaciones de carácter personal. Notifíquese.

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