Cecilia García Villasana

Expediente 409/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 2 actuaciones registradas, la última del 21 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
409/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
21/09/2021

Partes del expediente

  • Cecilia García Villasana

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede, se advierte que el auto que desechó la demanda promovida por ***********, no fue recurrido dentro del término de cinco días, previsto en el numeral 98 de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Por otra parte, en cumplimiento al artículo 21 inciso d), del acuerdo en cita, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran tres años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se determinó tener por no presentada la demanda de amparo; en ese orden de ideas, una vez cumplido dicho término, dentro de los treinta días siguientes, deberá ser destruido. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula de este expediente, el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes -SISE-. Finalmente, en atención a que este órgano jurisdiccional realiza el trabajo de manera remota o a distancia y en forma presencial en un turno vespertino, en términos de los artículo 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, la presente resolución se autoriza con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL); quedando pendiente su engrose por parte del personal que acudirá presencialmente al juzgado en dicho turno vespertino, por lo que se anexa al mismo la evidencia criptográfica de las firmas electrónicas. Notifíquese. Lo proveyó y firma Norma Elizabeth López Rodríguez, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles, en funciones de Jueza de Distrito en términos del artículo 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como de los lineamientos del oficio CCJ/ST/2714/2021 de nueve de agosto de dos mil veintiuno, signado por el Secretario Técnico, de la Comisión de Carrera Judicial, del Consejo de la Judicatura Federal, quien actúa ante la licenciada Selene Vázquez Sánchez, Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, veinte de agosto de dos mil veintiuno. Téngase recibida la demanda de amparo promovida por ..., contra actos que reclama del Presidente Municipal de esta ciudad y otras autoridades, al considerar agraviados los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 4, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Registro. Atento a lo anterior, se ordena formar y registrar los expedientes impreso y electrónico en el libro de gobierno de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes bajo el número 409/2021. Digitalización. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que, por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico estará a disposición de las partes, tan pronto como las mismas cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Desechamiento de demanda. A efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo citado, se desprende que el Juez de Distrito tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de garantías para que en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la deseche de plano. Esencialmente, el citado criterio jurisprudencial interpreta que para el desechamiento de plano de la demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo como cita sea manifiesto, es decir, cuando se advierta, en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Asimismo, la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda, según sea el caso específico. En efecto, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente acreditado y no requiere mayor demostración, toda vez que se ha advertido en forma absoluta y patentemente clara de la lectura del escrito de demanda; además, da la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata, es operante al caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, con independencia de los elementos que pudieran allegar las partes, y considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de manera que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que se hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. En el caso, se considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 5º, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general La disposición imperativa de la fracción XXIII transcrita, a diferencia de las veintidós fracciones que le preceden, no prevé de manera específica algún motivo de improcedencia del juicio de amparo, sino que ésta se relaciona con las causas de improcedencia establecidas en la Carta Magna y en la propia Ley de Amparo que no encuadran en alguno de los supuestos específicos que prevé el artículo 61 de este último ordenamiento. Es así, que de la interpretación en sentido contrario del artículo 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, se deduce que el juicio de amparo se tornará improcedente, cuando se haga valer contra actos provenientes de una autoridad, que no tenga tal carácter para efectos del amparo. En efecto, conforme a los preceptos legales transcritos, la procedencia del juicio de amparo se encuentra supeditada al hecho que los actos u omisiones, normas generales o tratados internacionales que en el mismo se reclamen provengan de autoridad; entendiéndose por tal aquélla que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Por tanto, se considera que autoridad para efectos del juicio de amparo es aquella que cuenta con las características de órgano público que le dan las normas jurídicas, que tiene la potestad de emitir o realizar actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera de los gobernados, sin requerir de la voluntad del afectado o aún en contra de ella. Cabe señalar en relación con el concepto de autoridad, que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido, de acuerdo con la doctrina, que existen los siguientes tipos de relaciones jurídicas que derivan de la actuación del Estado y sus órganos: Las relaciones de coordinación, que son los vínculos que se entablan por una diversidad de causas entre dos o más personas físicas o morales, en su calidad de gobernados. Las relaciones de supraordinación, que son las que se efectúan entre los diferentes órganos de gobierno en el desempeño de sus atribuciones. Las relaciones de supra a subordinación, que son las que surgen entre los órganos de autoridad por una parte, y el gobernado por la otra. En estas relaciones la autoridad desempeña frente al particular los actos de autoridad propiamente dichos, que tienen como características la unilateralidad, la imperatividad y la coercitividad. Se dice que tales actos son unilaterales porque su existencia depende sólo de la voluntad de la autoridad; son imperativos en virtud de que se imponen aun en contra de la voluntad del gobernado y son coercitivos dado que si no se acatan voluntariamente se puede lograr su cumplimiento coactivo mediante el uso de la fuerza pública. Así, el calificativo de acto de autoridad involucra a un órgano del Estado constituido por una persona o por un cuerpo colegiado, que ejecuta ciertos actos en ejercicio del poder de imperio, actos que modifican, crean o extinguen una situación de hecho o de derecho por medio de una decisión, con la ejecución de esa decisión, o bien por ambas. Otros argumentos que resultan ilustrativos para distinguir cuándo se está en presencia de una autoridad para los efectos del juicio de amparo y que complementan a los anteriores, son los expresados por la propia Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando estableció que las notas distintivas de los actos de autoridad son las siguientes: La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. Que la relación tenga su nacimiento en la norma legal que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio resulta irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de donde emana. Que emita actos unilaterales en virtud de los cuales cree, modifique o extinga, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera jurídica del particular. Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precisar del consenso de la voluntad del afectado Asentado lo anterior, del estudio integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama de las autoridades responsables: La omisión de implementar las medidas preventivas para la mitigación y control de riesgo para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), mediante el cual se determina como medida preventiva "Evitar la asistencia a centros de trabajo a las personas que se encuentran dentro de un grupo vulnerable". Omisión que pone en riesgo mi salud y mi vida. La violación sistemática al artículo 4 de la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al incumplir las responsables las medidas de protección a la salud derivadas de la emergencia sanitaria por COVID-19. La omisión de considerar que la suscrita padezco hipertensión arterial sistemática, además de padecer el pasado año, el contagio por COVID-19, con gran riesgo de secuelas y por tanto pertenezco a la categoría de grupo vulnerable." Bajo esa tesitura, es evidente que la relación establecida entre la parte quejosa y las autoridades que señaló como responsables, no es de supra a subordinación, sino que se trata de una relación de coordinación regulada por el derecho laboral, dado que como se aprecia el acto reclamado en esencia se relaciona con la asistencia de la demandante de amparo al lugar de trabajo para realizar sus labores, lo que evidentemente no es un acto de autoridad, considerando que existe un vínculo laboral entre las partes, en el cual se encuentran en plano de igualdad en cuanto la relación patrón-trabajador. Además, dicho acto no reúne las características de unilateralidad, imperatividad y coercibilidad. No es unilateral, pues no crea, modifica o extingue por sí o ante sí, una situación jurídica que afecte la esfera legal de la parte quejosa, esto es, las responsables designadas, en el particular, no ejercen facultades decisorias que le estén atribuidas en la ley y que por ende, constituyan una potestad administrativa cuyo ejercicio sea irrenunciable, y que por tanto, se traduzca en verdaderos actos de autoridad; por el contrario, nacieron en el ejercicio de un derecho surgido con motivo de la relación laboral existente entre la parte quejosa y las responsables. Igualmente, el actuar de las responsables en relación con el acto tildado de inconstitucional, tampoco reviste el carácter de imperativo, ya que su ejecución sería, en todo caso, una consecuencia de la relación laboral a que está sujeta la quejosa. De igual manera, tampoco estamos en presencia de actos coercitivos, pues las responsables no pueden exigir mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades el cumplimiento del acto reclamado en cuestión, sino que en todo caso, se trata de una controversia que debería ventilarse ante las autoridades competentes, a través de los medios legales correspondientes. Así las cosas, no hay duda que la cuestión que la solicitante de amparo somete a la consideración constitucional de Juzgado, no puede ser ventilada a través del juicio de amparo, dado que al tenor de las consideraciones antes sustentadas, se concluye que, los entes señalados como responsables, no tienen el carácter de autoridad para los efectos del amparo. Hechos. Trabajadores de distintas Instituciones Médicas reclamaron de sus patrones en la vía indirecta de control constitucional, la negativa a otorgarles medidas (como resguardo domiciliario) ante la contingencia sanitaria por el virus SARSCoV2, que causa la enfermedad Covid-19, siendo que las demandas relativas fueron admitidas por los jueces de Distrito y, esa forma de proceder fue controvertida a través del recurso de queja por la parte patronal a quien se le atribuyó el carácter de autoridad responsable. Criterio jurídico. Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que los patrones no son autoridad para efectos del juicio de amparo indirecto, cuando se les reclama la negativa a otorgar medidas (como resguardo domiciliario) ante la contingencia sanitaria existente por el virus SARS-CoV2, que causa la enfermedad Covid-19, por lo que procede desechar la demanda de amparo indirecto por causa notoria e indudable de improcedencia. De modo que, al no tener el carácter de autoridades responsables las señaladas por la quejosa para efectos del juicio de amparo indirecto, al reclamárseles negativas y/o omisiones a otorgar medidas -como resguardo domiciliario- ante la contingencia sanitaria existente por el virus SARS-CoV2, que causa la enfermedad Covid-19, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, por lo que es procedente desechar de plano la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 113 de la Ley aplicada, por causa notoria e indudable de improcedencia. Autorizados. Por otro lado, se autoriza en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Luis Ángel Contreras Malibrán, toda vez que cuenta con cédula profesional expedida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, para ejercer como licenciado en derecho, según se deduce de la consulta al Registro Nacional de Profesionistas de la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, fuente que constituye un hecho notorio para este órgano de control constitucional, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. En este sentido, toda vez que su autorizado Luis Ángel Contreras Malibran tiene como nombre de usuario "LuisContrerasMalibran", el cual se encuentra registrado en el FIREL (Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación); en consecuencia, al advertirse que cumple con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza el acceso y consulta electrónica del presente expediente, así como las notificaciones de manera electrónica. Por cuanto hace a la autorización, que la quejosa realizar respecto de Bianka Erika Hernández Torres y Miguel Ángel Pérez Sánchez, se les tiene autorizados en términos de la parte final del párrafo segundo del precepto legal en cita, esto es, únicamente para imponerse de autos y recibir notificaciones, lo anterior, por así haberlo solicitado expresamente. Domicilio. Por otra parte, se advierte que la parte quejosa señala como domicilio para oír y recibir notificaciones en Carretera Damián Carmona número setecientos doce, colonia Rotarios, Ciudad Valles, San Luis Potosí. Asimismo, se toma nota del correo electrónico cmalibran@hotmail.com, para establecer comunicaciones que se precisen en el momento procesal oportuno. Notifíquese personalmente a la quejosa.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · 3,298 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano