Cecilia Gabriela Flores Ruíz
Expediente 742/2020 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 6 actuaciones registradas, la última del 12 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 742/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 12/03/2021
Partes del expediente
- Cecilia Gabriela Flores Ruíz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Zapopan, Jalisco, doce de marzo de dos mil veintiuno . Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por remisión expresa del artículo 2°, de ésta, se acuerda: Se califica cumplimiento. De la certificación secretarial que antecede, así como del estado de autos, se advierte que mediante acuerdo de veintidós de febrero de dos mil veintiuno, se dio vista a las parte quejosa con las constancias que en cumplimiento al fallo protector aportó la autoridad responsable; lo anterior, para que dentro del término de tres días manifestara(n) lo que a su interés legal conviniera, con el apercibimiento de que en caso de ser omisa(s), este órgano jurisdiccional se pronunciaría sobre el cumplimiento únicamente con las constancias que integran este expediente. Ahora bien, no obstante que el mencionado acuerdo se notificó a la parte quejosa el cinco de marzo de dos mil veintiuno, fue (ron) omisa(s) en emitir pronunciamiento al respecto. Sin embargo, toda vez que, en términos de los artículos 196 y 214 de la Ley de Amparo, el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, y es obligación de los tribunales pronunciarse sobre el mismo, para estar en aptitud de determinar si la sentencia de amparo se encuentra cumplida, es necesario destacar las directrices establecidas en el fallo protector, y precisar los deberes impuestos en éste y, con base en ello, determinar si la autoridad señalada como responsable dio el cumplimiento esperado. En este orden de ideas, se tiene que en la sentencia concesoria de amparo, en lo que interesa, se resolvió: ".De inmediato, acredite que realizó el emplazamiento a la parte demandada dentro del juicio laboral 1652/2020, de su índice; en su defecto acredite fehacientemente la causa legal que le impida hacerlo". Al respecto, el Presidente de la Junta Especial Número Diecisiete de la Federal de Conciliación y Arbitraje, remitió copia certificada relativa a las razones actuariales levantadas por el actuario responsable, de las cuales se desprende la imposibilidad que tuvo para llevar a cabo el emplazamiento a la demandada en el juicio de origen. Constancias que, de conformidad con los artículos 129 y 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo dispone su artículo 2°, este juzgador, en uso de la facultad otorgada para la justipreciación de pruebas, considera que tienen valor probatorio pleno, dado su carácter de documentos públicos, expedido por autoridad en ejercicio legal de sus funciones y con motivo de ellas, que contiene la existencia regular de membretes, sellos y firmas que así lo demuestran. Así, atento al marco fáctico que antecede y de la comparación entre los efectos ordenados en el fallo, y la actuación de la autoridad responsable frente a éstos, se demuestra que la autoridad responsable se encontró imposibilitada para cumplir con la totalidad de los efectos ahí contenidos; ello, acreditado fehacientemente con las razones actuariales levantas el quince y diecisiete de febrero del año en curso, de las cuales se advierte que, por lo que ve a la demandada "Fuente de Trabajo ubicada en la calle María Reyes, número 3636, colonia Cantarranas, Guadalajara, Jalisco", no le fue posible localizar el domicilio señalado por la parte actora para efecto de su emplazamiento; además, por lo que ve a la demandada "MOF Operadora, Sociedad Anónima de Capital Variable", su domicilio se encuentra fuera del área metropolitana de Guadalajara, por lo cual, el emplazamiento respectivo deberá encomendarse vía exhorto a la autoridad más próxima a la que corresponda dentro de la República Mexicana. Por tanto, resulta evidente que al encontrarse imposibilitado el Actuario Notificador adscrito a la Junta Especial número Diecisiete de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco, la responsable no incurrió en exceso, porque no se extralimitó en el cumplimiento, ya que no fue más allá de lo ordenado en la ejecutoria; ni existe defecto, dado que no hubo deficiencia en el actuar de la entidad obligada al cumplimiento. Se ordena hacer del conocimiento de la parte quejosa el presente proveído, para los efectos de los artículos 201, fracción I y 202 de la ley en cita. Archivo. En atención a lo anterior, archívese el expediente como asunto totalmente concluido, de conformidad a lo dispuesto en el cuarto párrafo del artículo 196, en relación con el 214 de la ley de la materia; y, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Destino del cuaderno principal. Asimismo, como no existen constancias pendientes de agregarse al presente expediente, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé el artículo 15 del citado acuerdo general. De igual forma, se destaca que en el presente asunto se concedió el amparo solicitado, por los que es susceptible de depuración una vez transcurridos tres años, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído; debiéndose hacer las anotaciones en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo, esto con fundamento en el artículo 18 inciso b), del aludido acuerdo general conjunto. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Zapopan, Jalisco, catorce de diciembre de dos mil veinte. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que a la fecha en que se actúa la autoridad responsable, no ha dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo; en consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente al Actuario Notificador Adscrito a la Junta Especial Diecisiete de la Federal De Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco, para que en el término de tres días legamente computados, a partir de que se le comunique el presente proveído, informe las gestiones que se encuentra realizando a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo o en su defecto acredite fehacientemente la causa legal que le impida hacerlo. Es aplicable, en lo conducente, la Jurisprudencia 2a./J. 9/2016 (10a) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 27, febrero de 2016, Tomo I, página 832 de rubro y texto: "SENTENCIAS DE AMPARO. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER TOTAL, ATENTO A LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y DE EXHAUSTIVIDAD. Acorde al nuevo sistema en materia de cumplimiento de sentencias de amparo, establecido por el legislador en la Ley de Amparo vigente a partir del 3 de abril de 2013, dicho cumplimiento debe ser total, sin excesos o defectos; por tanto, tratándose del pronunciamiento de sentencias o laudos, éstos deben contener la declaración de la autoridad en relación con la solución integral del conflicto conforme a los principios de congruencia y de exhaustividad, que obligan a dirimir todas las cuestiones litigiosas, entre las que se encuentran tanto las que son materia de ejecución de la Se requiere cumplimiento sentencia de amparo, como las que quedaron definidas o intocadas por la propia ejecutoria; de ahí que la autoridad debe reiterarlas en la sentencia o laudo que cumplimente". Apercibida(s) que de no hacerlo, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario y se le(s) impondrá una multa equivalente a CIEN unidades de medida y actualización, prevista en el artículo 26, apartado B, párrafos sexto y séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; lo anterior, de acuerdo con lo establecido en el artículo 260, fracción II, de la ley citada. Medida de apremio que equivale a la cantidad de $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional), la cual se obtiene de multiplicar por cien el valor de la Unidad de Medida y Actualización, siendo este de $84.49 (ochenta y cuatro pesos 49/100 moneda nacional). En el entendido de que si nuevamente es omiso en el cumplimiento del fallo protector, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito competente, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación del cargo que ostenta y será puesto a disposición del juez de Distrito que corresponda, para que actúe en consecuencia, con apoyo en lo dispuesto en el numeral 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en concordancia con el 193 de la Ley de Amparo. Sin que por ahora se esté en condiciones de remitir el expediente para el trámite del incidente de inejecución, porque la multa y el inicio del procedimiento de inejecución son medidas de apremio de distinta gravedad, ya que no es lo mismo una sanción económica que la destitución del cargo y la consignación ante las autoridades penales, de manera que al establecer que primero debe imponerse la multa, y después requerir nuevamente el cumplimiento, dejando transcurrir un tiempo razonable, antes de iniciar el procedimiento de inejecución, tiene como finalidad el vencer la rebeldía de las autoridades responsables, sin tener que llegar a la máxima sanción, pues finalmente el objeto de dichas medidas es obtener el cumplimiento del fallo protector y no sancionar a la autoridad respectiva. Es aplicable la Jurisprudencia P./J. 54/2014 (10a.) sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, noviembre de 2014, Tomo I, página 19, que señala: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo". Ahora bien, se hace del conocimiento de la autoridad requerida que el comunicado por el cual dé respuesta a este mandato judicial federal, deberá contener la leyenda "SE CUMPLE REQUERIMIENTO DE TÉRMINO". Notifíquese.
- Principal
Zapopan, Jalisco, cinco de noviembre de dos mil veinte. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por remisión expresa del artículo 2°, de ésta, se acuerda: Causa ejecutoria sentencia. De la certificación secretarial que antecede, así como del estado de autos, se advierte que ha transcurrido el término señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes en dicho plazo hubiere recurrido la sentencia dictada el catorce de octubre de dos mil veinte; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, se declara que la resolución de mérito ha causado ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes. Se requiere cumplimiento. Ahora, con el fin de lograr el debido cumplimiento de la ejecutoria de amparo -respetándose con ello el procedimiento derivado de los artículos 107, fracción XVI, constitucional, y del 192 al 197 de la ley de la materia-, se indica, de forma puntual, a la autoridad o autoridades responsables y/o a la autoridad o autoridades vinculadas, los actos que deben verificar y/o ejecutar para cumplimentar el fallo, que en la especie consisten en: ".De inmediato, acredite que realizó el emplazamiento a la parte demandada dentro del juicio laboral*, de su índice; en su defecto acredite fehacientemente la causa legal que le impida hacerlo." Establecido lo anterior, se requiere al Actuario Notificador adscrito a la Junta Especial Número Diecisiete de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, para que en el término de tres días legalmente computados, a partir de que se le comunique el presente proveído, cumpla cabalmente con cada uno de los deberes impuestos en la sentencia de amparo conforme a los lineamientos establecidos en ella y lo acredite de manera fehaciente ante este órgano de control constitucional. Es aplicable, en lo conducente, la Jurisprudencia 2a./J. 9/2016 (10a) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 27, febrero de 2016, Tomo I, página 832 de rubro y texto: "SENTENCIAS DE AMPARO. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER TOTAL, ATENTO A LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y DE EXHAUSTIVIDAD. Acorde al nuevo sistema en materia de cumplimiento de sentencias de amparo, establecido por el legislador en la Ley de Amparo vigente a partir del 3 de abril de 2013, dicho cumplimiento debe ser total, sin excesos o defectos; por tanto, tratándose del pronunciamiento de sentencias o laudos, éstos deben contener la declaración de la autoridad en relación con la solución integral del conflicto conforme a los principios de??????????????? congruencia y de exhaustividad, que obligan a dirimir todas las cuestiones litigiosas, entre las que se encuentran tanto las que son materia de ejecución de la sentencia de amparo, como las que quedaron definidas o intocadas por la propia ejecutoria; de ahí que la autoridad debe reiterarlas en la sentencia o laudo que cumplimente". Apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, dentro del plazo otorgado, entonces, de conformidad con los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa equivalente al valor correspondiente a CIEN UNIDADES de Medida y Actualización a la data en que se le haga efectiva dicha sanción, 1 en cuyo caso, si no cumple con la sentencia de amparo aun después de habérsele impuesto la multa, ello implicará que se remita el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito competente, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación del cargo que ostenta y será puesto a disposición del juez de Distrito que corresponda, para que actúe en consecuencia, con apoyo en lo dispuesto en el numeral 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en concordancia con el 193 de la ley de la materia. Medida de apremio que equivale a la cantidad de $8,688.00 (ocho mil seiscientos ochenta y ocho pesos 00/100 moneda nacional), la cual se obtiene de multiplicar por cien el valor de la Unidad de Medida y Actualización, siendo este de $86.88 (ochenta y seis pesos 88/100 moneda nacional). Anotaciones en el Libro de Gobierno. Por último, realícense las anotaciones que procedan en el Libro de Gobierno correspondiente. Notifíquese.
- Principal
Zapopan, Jalisco, catorce de octubre de dos mil veinte. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por remisión expresa del artículo 2, de este último ordenamiento, se acuerda: Téngase por recibido el oficio que signa la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, mediante el cual remite el testimonio certificado de la ejecutoria pronunciada el siete de agosto de dos mil veinte, en los autos del toca de revisión incidental 460/2019, del índice del tribunal oficiante y el cuaderno original del presente incidente de suspensión del índice de este juzgado. Ahora bien, el punto resolutivo de la citada ejecutoria es del tenor siguiente: Hágase del conocimiento de las partes el sentido de dicha determinación y acúsese el recibo correspondiente. Dése vista con el presente acuerdo en el juicio de amparo del que deriva este incidente de suspensión, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese.
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