Cecilia Esperanza Juárez Lozano

Expediente 468/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 8 actuaciones registradas, la última del 26 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
468/2021
Año
2021
Actuaciones
8
Última actuación
26/07/2021

Partes del expediente

  • Cecilia Esperanza Juárez Lozano
  • Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora, ciudad

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    HA CAUSADO ESTADO AUTO QUE DECRETÓ EL SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA, SE ORDENA AL ARCHIVO EL EXPEDIENTE.

  2. Principal

    CON ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA AL QUEJOSO, EL CONTENIDO DEL AUTO DE FECHA 26/JULIO/2021, QUE EN LO CONDUCENTE DICE:HA CAUSADO ESTADO AUTO QUE DECRETÓ EL SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA, SE ORDENA AL ARCHIVO EL EXPEDIENTE

  3. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, uno de julio de dos mil veintiuno. Agréguese la razón firmada por el actuario judicial adscrito, de la cual se advierte, que no le fue posible notificar personalmente a la parte quejosa Cecilia Esperanza Juárez Lozano, el auto de dieciséis de junio del presente año, por los motivos que en dicha razón expone; por tanto, se ordena notificar a la quejosa del referido proveído , por medio de lista que se fije en los estrados de este juzgado, con apoyo en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, así como las subsecuentes notificaciones. Notifíquese a la parte quejosa Cecilia Esperanza Juarez Lozano el auto de dieciséis de junio de dos mil veintiuno por medio de lista que se fija en los estrados de este juzgado. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    CON ESTA FECHA SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA POR MEDIO DE ESTRADOS EL CONTENDIO DEL AUTO DE 16 DE JUNIO DE 2021, EN EL CUAL SE DECRETO: Auto. Hermosillo, Sonora, dieciséis de junio de dos mil veintiuno. Cumple requerimiento. Agréguese a sus autos el oficio firmado por el presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, mediante los cuales en cumplimiento al requerimiento formulado por auto de treinta y uno de mayo anterior, remite las constancias solicitadas. Pruebas. Se tiene por ofrecida la prueba documental que envía la autoridad oficiante, en términos del numeral 119, párrafos primero y segundo de la Ley de Amparo, de las cuales se deriva una causal de improcedencia. Sobreseimiento fuera de audiencia. En efecto, del contenido de las documentales remitidas en copia certificada por la autoridad oficiante, las cuales tienen pleno valor probatorio en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2, se advierte la actualización manifiesta e indudable de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. En efecto, dicha porción normativa dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado [.]." El precepto normativo expone que el juicio de amparo es improcedente con motivo de la cesación de los efectos respecto del acto por el cual se haya ejercido la acción constitucional. En relación con el motivo de improcedencia que se menciona, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en el sentido de que para la actualización de dicha causa no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario que, aún sin hacerlo, destruya la totalidad de sus efectos de forma tal, que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Resulta de esa manera, porque los efectos del acto reclamado cesan cuando la autoridad o autoridades responsables derogan o revocan el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca o también cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una nueva situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y restituye al quejoso en el goce de la garantía violada. De modo tal, que la cesación de efectos no sea más que el hecho de que la autoridad que haya emitido el acto impugnado deje de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, lo cual debe entenderse en el sentido de que ello debe ser no sólo de manera definitiva, sino que los efectos de aquél deben desaparecer totalmente de la realidad, pues la razón que justifica la causa de Santiago Flores Cota improcedencia en trato, no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte efectos, ni los surtirá y, que no dejó huella en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. Es decir, dicha hipótesis normativa se encuentra orientada por la imposibilidad de concretar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, esto es, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía violada, al restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a las autoridades responsables a que obren en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que ésta exija. Argumento que se ve robustecido con la jurisprudencia 2a./J.59/99, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, página 38, que a la letra dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal.", Bajo ese contexto, con apoyo en el numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo, de acuerdo a la lectura íntegra del contenido de la demanda y demás constancias existentes en autos, se precisa que el reclamo constitucional se hace consistir en: ? La omisión de señalar fecha para celebrar la audiencia prevista por el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, dentro del término de quince días, pues la fijó para el nueve de agosto de dos mil veintiuno; y, ? Del actuario adscrito a la junta responsable la omisión de notificar la fecha que señale la Junta para tal efecto. El anterior reclamo corresponde al juicio laboral 3168/2020, del índice de la Junta de Trabajo responsable. Al respecto, el presidente y el actuario de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, al rendir su informe justificado respectivo admitieron la existencia de los actos reclamados; sin embargo, remitieron copia certificada del acuerdo dictado el doce de mayo de este año, en el juicio laboral de origen, en el que determinaron subsanar la irregularidad relativa a la fijación de la fecha para la celebración de la audiencia de ley y señalaron para tal efecto, las diez horas con treinta minutos del día primero de junio del presente año. Dichos informes y la documental en mención, se agregaron en autos del presente sumario, mediante acuerdo de treinta y uno de mayo pasado, en el que se requirió a las responsables para que remitieran las constancias con las que se acreditara que hubieran notificado a las partes el proveído mencionado en el párrafo anterior, a lo cual el presidente de la Junta de Trabajo responsable, dio cumplimiento a través del oficio y anexos que se agregan en autos en esta fecha. De esas constancias (que ya fueron valoradas con antelación), se advierte que se notificó a las partes el acuerdo de doce de mayo pasado y, aunado a ello, que se celebró el uno de junio que transcurre, la audiencia a que se refiere el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, en lo concerniente a la etapa de demanda y excepciones, cerrando dicha etapa y procediendo a fijar las once horas de dos de julio de este año, para la continuación de la audiencia en lo que refiere al artículo 880 de la ley laboral (etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas). En consecuencia, resulta evidente la actualización de la causal de improcedencia invocada, toda vez que con el actuar de la responsable, se restituyó a la parte quejosa en sus derechos, como si se hubiera otorgado la protección constitucional solicitada, ya que si bien, en el particular el perjuicio que el acto reclamado le ocasionaba a la parte quejosa fue la circunstancia de que no se señalara fecha para la audiencia de ley en el juicio laboral de origen dentro del plazo de quince días (había sido señalada para el nueve de agosto de dos mil veintiuno; sin embargo, la junta responsable dejó sin efecto aquélla fecha señalada, la cual notificó a las partes y procedió a fijar diversa data para el uno de junio de este año, la cual llevó a cabo en la etapa que corresponde; de ahí, que al actualizarse la causal de improcedencia en estudio, resulte improcedente el juicio de amparo por haber cesado los efectos del reclamo constitucional. De esta forma, lo que procede es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de derechos, de conformidad con lo dispuesto en la fracción V del numeral 63, de la Ley de Amparo. Sustenta la anterior determinación, la jurisprudencia 2a./J.10/2003, visible en foja 386, del Tomo XVII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, correspondiente al mes de marzo dos mil tres, cuyo rubro dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE". Atento a lo anterior, se deja sin efecto la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional. Por otro lado, háganse las anotaciones respectivas en el libro uno de Registro de Juicios de Amparo, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; y, en su oportunidad, archívese el presente como asunto concluido. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario que autoriza y da fe. Doy fe. Santiago Flores

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