Cecilia Encarnación Reyes Loera y Otros.

Expediente 405/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 19 actuaciones registradas, la última del 5 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
405/2020
Año
2020
Actuaciones
19
Última actuación
05/04/2021

Partes del expediente

  • Cecilia Encarnación Reyes Loera y Otros.
  • Cecilia Encarnación Reyes Loera
  • Marisol Manriquez Reyes
  • Emiliano Manriquez Reyes
  • Emiliano Manriquez Reyes y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Principal

    Mazatlán, Sinaloa, cinco de abril de dos mil veintiuno. Estado procesal. Visto el estado procesal y atendiendo a la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que señala el artículo 86, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión contra la sentencia en la cual se sobreseyó en el juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, se declara que la misma ha causado ejecutoria. Orden de archivo. Háganse las anotaciones correspondientes y archívese el expediente como asunto concluido. Orden de destrucción. De acuerdo a lo establecido en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, destrúyase el presente asunto, una vez transcurridos tres años de su fecha de archivo, toda vez que se decretó el sobreseimiento respecto de todos los actos reclamados. IV. Información reservada. Hágase saber para los efectos establecidos en el citado Acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. V. Oposición de datos personales. De la certificación de cuenta se advierte que las partes no manifestaron oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. VI. Devolución de documento. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 18, párrafo segundo, del acuerdo general en comento, hágase del conocimiento que en el presente expediente no existen documentos algunos, en original, que devolver a las partes. VII. Acuerdo en incidente. Tomando en consideración lo anterior, acuérdese lo correspondiente en el incidente de suspensión, para los efectos legales a que haya lugar. IX. Remisión de oficios. Se instruye al secretario o secretaria y al oficial del trámite respectivo, para que se efectúe y corrobore la remisión inmediata de los oficios correspondientes. En la inteligencia que la responsabilidad del envío efectivo de los mismos recae en el actuario judicial de la adscripción que corresponda. Notifíquese.

  2. Incidental

    Mazatlán, Sinaloa, cinco de abril de dos mil veintiuno. Orden de archivo. Vista la certificación que antecede, y atento al estado procesal de autos, se ordena archivar los cuadernos del incidente de suspensión en los que se actúa, tomando en consideración que se declaró concluido el expediente principal relativo. II. Acuerdo de depuración y destrucción. Cuaderno original. De acuerdo con lo establecido en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, el cuaderno original del incidente de suspensión es susceptible de depuración, es decir, deberá conservarse la resolución relativa al otorgamiento de la medida cautelar y el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido. b) Cuaderno duplicado. Atendiendo al artículo vigésimo, fracción III, del citado acuerdo, el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción en el plazo de seis meses. III. Relevancia documental. La presente incidencia no se considera de relevancia documental, siguiendo los lineamientos establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto, citado en el párrafo que antecede. IV. Devolución de documentos. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 18, párrafo segundo, del acuerdo general en comento, se hace constar que ninguna de las partes allegó documentos originales a la incidencia en que se actúa. V. Remisión de oficios. Se instruye al secretario o secretaria y al oficial del trámite respectivo, para que se efectúe y corrobore la remisión inmediata de los oficios correspondientes. En la inteligencia que la responsabilidad del envío efectivo de los mismos recae en el actuario judicial de la adscripción, que corresponda. Notifíquese.

  3. Principal

    Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 405/2020, promovido por Cecilia Encarnación Reyes Loera, por propio derecho, y en representación de las menores E.M.R. y M.M.R., contra actos del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, con sede en la Ciudad de México y otras autoridades. R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el diecisiete de septiembre de dos mil vente, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, y turnado el mismo día a este juzgado, se solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por los actos siguientes: Autoridades responsables: 1. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. 2. Consejo de Salubridad General. 3. Secretaría de Salud Federal. 4. Gobernador del Estado de Sinaloa. 5. Congreso del Estado de Sinaloa. 6. Secretaría de Salud del Estado de Sinaloa. 7. Presidente Municipal del Ayuntamiento de Escuinapa, Sinaloa. 8. Ayuntamiento de Escuinapa, Sinaloa. Actos reclamados: a) La omisión de prever la generar de las condiciones, programas, becas o cualquier otra denominación para la implementación de las medidas preventivas que garanticen su derecho del mínimo vital, con motivo de la declaratoria de pandemia por el COVID-19. b) La omisión del pago del mínimo vital que alcance para cubrir sus necesidades básicas indispensables para asegurarles una subsistencia digna desde el treinta y uno de marzo de dos mil veinte hasta que termine la aludida pandemia. c) La omisión de legislar respecto de una Ley de Seguro de Desempleo, y su Reglamento, que garanticen su subsistencia hasta que termine la pandemia provocada por el Covid-19. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. El dieciocho de septiembre de dos mil veinte, se admitió la demanda y se requirió a las responsables su informe con justificación, se ordenó dar vista a la representante social de la adscripción, y se señaló hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, a la cual se dio inicio en los términos del acta precedente. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este juzgado es competente para resolver el juicio, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República, en relación con los diversos preceptos 33, 35, 37 y 107, todos de la Ley de Amparo, así como con el diverso 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que los actos reclamados, al ser de naturaleza negativa (omisiones), competen al Juez de Distrito ante el cual se haya presentado la demanda. SEGUNDO. Oportunidad de la presentación de la demanda. La demanda fue promovida oportunamente, dado que las omisiones reclamadas, son de tracto sucesivo; por tanto, no está sujeto al término de quince días a que alude el artículo 17 de la Ley de Amparo, sino que puede reclamarse en cualquier momento. TERCERO. Fijación de los actos reclamados. En términos de lo dispuesto en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, de la lectura integral de la demanda, y de la totalidad de las constancias integrantes del presente sumario constitucional, se advierte que los actos reclamados consisten en: Actos reclamados: a) La omisión de prever la generar de las condiciones, programas, becas o cualquier otra denominación para la implementación de las medidas preventivas que garanticen su derecho del mínimo vital, con motivo de la declaratoria de pandemia por el COVID-19. b) La omisión del pago del mínimo vital que alcance para cubrir sus necesidades básicas indispensables para asegurarles una subsistencia digna desde el treinta y uno de marzo de dos mil veinte hasta que termine la aludida pandemia. c) La omisión de legislar respecto de una Ley de Seguro de Desempleo, y su Reglamento, que garanticen su subsistencia hasta que termine la pandemia provocada por el Covid-19. CUARTO. Inexistencia de los actos reclamados. No son ciertos los actos reclamados Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos; Secretario del Consejo de Salubridad General y Secretaría de Salud, todos con sede en la Ciudad de México; Congreso; Gobernador y Secretario de Salud, del Estado de Sinaloa, con residencia en Culiacán; Ayuntamiento y Presidente Municipal, ambos de Escuinapa, Sinaloa, pues así lo manifestaron en sus informes justificados. No obstante, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció una metodología a seguir por parte del juzgador de amparo, a efecto de corroborar lo expuesto por las autoridades responsables, esto es, que los actos que se les reclaman efectivamente son inexistentes. Así, sostiene, para que el juzgador adquiera convicción de que los actos no existen, es pertinente que se realice el análisis de la aptitud para actuar de las autoridades responsables; es decir, si estaban en condiciones de emitir una actuación; pues al tratarse el acto reclamado de una omisión, cuando la autoridad la niega bajo la justificación de que no estaba en posibilidad de actuar, el juzgador debe verificar si esa autoridad podía o no emitir una determinación. En resumen, el Máximo Tribunal del País determinó que es imperativo corroborar que las autoridades responsables realmente no estaban constreñidas a la realización de los actos controvertidos, a fin de justificar la inexistencia de las omisiones que se les imputan. Tales consideraciones dieron lugar a la jurisprudencia de rubro y contenido siguiente: "ACTOS OMISIVOS. CUANDO LA AUTORIDAD NIEGA SU EXISTENCIA, EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO. Ante el reclamo de actos de omisión, cuando la autoridad responsable los niegue bajo la justificación de que no estaba en posibilidades de actuar, el juzgador de amparo, en el capítulo de existencia de la sentencia respectiva, debe analizar precisamente este aspecto, es decir, si la autoridad se encontraba en condiciones y momento de contestar la solicitud de origen, o si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución, lo que, en su caso, podrá dar lugar al sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados; cuestión que no implica el estudio de fondo, pues no involucra el análisis de la constitucionalidad de los acto (Tesis 99/2018; Segunda Sala, visible en la página 926, Libro 59, Tomo I, octubre de 2018, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta) También sirve de sustento a lo anterior la tesis que dice: "ACTOS DE NATURALEZA OMISIVA. PARA ESTAR EN APTITUD DE PRECISAR SU CERTEZA O FALSEDAD, DEBE ACUDIRSE EN PRINCIPIO A LAS NORMAS LEGALES QUE PREVÉN LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD PARA DETERMINAR SI EXISTE O NO LA OBLIGACIÓN DE ACTUAR EN EL SENTIDO QUE INDICA EL QUEJOSO. Para que se actualice la omisión en que incurre una autoridad debe existir previamente la obligación correlativa, conforme lo dispongan las normas legales; por tanto, un acto omisivo atribuido a la autoridad, como puede ser que el presidente de la República, no haya sancionado un acuerdo expedido por un secretario de Estado, independientemente de las afirmaciones de la quejosa y las manifestaciones de la responsable, será cierto o inexistente, en función de las obligaciones y facultades constitucionales que ineludiblemente está constreñida a realizar, sea en vía de consecuencia de un acto jurídico previo que lo origine, o bien, en forma aislada y espontánea sin que tenga como presupuesto una condición; y no simplemente por el solo hecho de incurrir en la omisión por sí misma con criterios subjetivos. En estas circunstancias, para estar en aptitud de precisar la certeza o falsedad de un acto de naturaleza omisiva cuando se le imputa a determinada autoridad, debe acudirse en principio a las normas legales que prevén su competencia para verificar si en realidad está obligada a realizar esa conducta, es decir, antes de pronunciarse sobre una posible omisión es necesario identificar si existe obligación jurídica de actuar en la forma que la quejosa indica, porque de no ser así se llegaría a la conclusión errónea de que cualquier omisión reclamada fuera cierta soslayando la exigencia objetiva de que se debe obrar en determinado sentido, que después de todo puede servir como referencia para iniciar el análisis de certeza de actos (Tesis 1a. XXIV/98 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, junio de 1998, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro digital 196080) En esa tesitura, como se dijo, la autoridad responsable Congreso del Estado de Sinaloa, negó la existencia del acto que se le reclamó; es decir, que haya sido omisa en legislar una Ley de Seguro de Desempleo, y su reglamento, que garantice la subsistencia digna de la quejosa hasta que termine la pandemia actual provocada por Covid-19. Así las cosas, no son ciertos los actos reclamados a dicha autoridad de índole legislativo, toda vez que no existe un mandato constitucional federal o local en concreto que establezca de manera precisa el deber de legislar en un determinado sentido y/o materia (Ley de Desempleo y Reglamento) y que esa obligación haya sido incumplida total o parcialmente. Apoya lo anterior la tesis aislada de rubro y texto siguientes: "OMISIONES LEGISLATIVAS. SU CONCEPTO PARA FINES DEL JUICIO DE AMPARO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que en el marco del juicio de amparo sólo habrá una omisión legislativa propiamente dicha cuando exista un mandato constitucional que establezca de manera precisa el deber de legislar en un determinado sentido y esa obligación haya sido incumplida total o parcialmente. En efecto, en caso de no existir un mandato constitucional que establezca conducta de la autoridad carecería de toda relevancia jurídica para efectos del juicio de amparo, de ahí que en esta vía procesal no tenga mucho sentido hablar de omisiones de ejercicio potestativo. Por último, es importante aclarar que autoridades distintas al Congreso de la Unión también podrían estar constitucionalmente obligadas a emitir normas generales, abstractas e impersonales." (Tesis 1a. XX/2018 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, marzo de 2018, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro digital 2016424) Por su parte, el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos; Consejo de Salubridad General; Secretaría de Salud del Gobierno Federal, todos con sede en la Ciudad de México; Gobernador Constitucional y Secretaría de Salud, ambos del Estado de Sinaloa, con residencia en Culiacán, también negaron que hayan sido omisas en prever la generación de las condiciones, programas, becas o cualquier otra denominación para la implementación de las medidas preventivas que garanticen su derecho al mínimo vital, con motivo de la declaratoria de pandemia por el COVID19 y/o pagar el mínimo vital para cubrir sus necesidades básicas indispensables para asegurarles una subsistencia digna, hasta que termine la aludida pandemia. Al respecto, la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, manifestó que existen subsidios del ramo Administrativo 20 Bienestar, dirigidos exclusivamente a la población en condiciones de pobreza, vulnerabilidad, adultos mayores, rezago y marginación, en términos del artículo 32, primer párrafo1 , del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2020. Programas sociales que se encuentran enumerados en el anexo 14 del referido Presupuesto de Egresos, denominado "ANEXO 14 RECURSOS PARA LA ATENCIÓN DE GRUPOS VULNERABLES"2 , y consisten en: - Articulación de Políticas Integrales de Juventud - Desarrollo integral de las personas con discapacidad - Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores - Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente - Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF) - Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras - Sembrando Vida - Servicios a grupos con necesidades especiales De igual manera, el Gobierno del Estado de Sinaloa cuenta con programas sociales, entre los cuales destaca el denominado "Programa Emergente de Apoyo Alimentario"3 , el cual consiste en lo siguiente: "Derivado de la crisis económica que ha generado la expansión de la pandemia del coronavirus en nuestro país y el mundo, el Gobierno del Estado de Sinaloa, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, da inicio al Programa Emergente de Apoyo Alimentario, dirigido a la población en zonas de vulnerabilidad social señaladas por el Coneval, así como a las familias afectadas en su economía relacionadas con esta situación de emergencia. Dicho programa consiste en la entrega de tarjetas electrónicas para la adquisición de la canasta básica mediante un convenio resultado de una licitado pública nacional con la empresa comercializadora Casa Ley S.A. de C.V. bajo el compromiso de ofrecer en todas sus tiendas de autoservicio las mejores condiciones de seguridad sanitaria, calidad, precio y garantía de abasto, atendiendo los principios de sano, variado, suficiente y oportuno. El objetivo principal del programa es apoyar a las familias que han perdido de manera total o parcial, su capacidad de ingresos, haciéndoles llegar tarjeta electrónica canjeable por 17 productos de la canasta básica debidamente seleccionados. Es importante señalar que es altamente probable que durante el trabajo de campo de este programa se detecten nuevas familias en situación de carencia por ingreso, debido al progresivo aumento en la tasa de desempleo producto de esta crisis, que una vez detectadas pasarán a formar parte del universo de atención. Cabe mencionar que los apoyos alimentarios estarán enfocados a las de Pobreza, instrumentos técnicos imparciales, elaborados por especialistas del Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social y el INEGI. Así mismo, dentro del programa Emergente de Apoyo Alimentario se estableció crear un portal de información en el que se muestren de manera georeferenciada los avances de la entrega de tarjetas electrónicas por municipio, así como de la cantidad de tarjetas electrónicas por familia, con la finalidad de trasparentar la entrega de los apoyos de este programa. Zonas de Atención Prioritaria (ZAP) son aquellas áreas o regiones que son de carácter predominantemente rural o urbano, cuya población registra índices de pobreza, marginación indicativos de la existencia de marcadas insuficiencias y rezagos en el ejercicio de los derechos para el desarrollo social establecidos en la Ley General de Desarrollo Social. Los criterios que orientan la localización de las ZAPs, los define el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) que señala la Ley y deberá, en todo tiempo, promover la eficacia cuantitativa y cualitativa de los ejecutores de la Política Social. Así mismo, el Ejecutivo Federal revisará anualmente las zonas de atención prioritaria, teniendo como referente las evaluaciones de resultados de los estudios de medición de la pobreza, que emita el CONEVAL e informará a la Cámara de Diputados sobre su modificación, desagregado a nivel de localidades en las zonas rurales y a nivel de manzanas en las zonas urbanas, para los efectos de asignaciones del Presupuesto de Egresos de la Federación. La Cámara de Diputados, al aprobar el presupuesto, hará la declaratoria de zonas de atención prioritaria, la cual deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación, junto con el decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación. (.) Y por Polígonos de Pobreza como aquella zona delimitada de la ciudad donde se concentra la población con altos índices de pobreza y marginación. Cabe resaltar que este Programa Emergente de Atención Alimentaria, forma parte de los diversos esfuerzos que el Gobierno del Estado viene realizando, de los cuales se suman la entrega de 37 mil 700 despensas para comunidades indígenas en 11 municipios de la entidad, así como también los diferentes programas en coordinación con el DIF Sinaloa para la entrega de alimentos por las Brigadas Itinerantes de Salud de la Secretaría de Desarrollo Social, acciones que se vieron fortalecidos por el compromiso solidario de particulares, empresas agrícolas e industriales, bancos de alimentos y demás organizaciones civiles y religiosas, que han engrandecido el esfuerzo conjunto por ayudar a los que en estos momentos más lo necesitan." Es decir, se trata de un apoyo a cargo del Gobierno Estatal, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, que surgió a raíz de la crisis económica que ha generado la expansión de la pandemia del coronavirus en nuestro país y el mundo, dirigido a la población en zonas de vulnerabilidad social señaladas por el "Coneval", así como a las familias afectadas en su economía relacionadas con esta situación de emergencia. Dicho programa consiste en la entrega de tarjetas electrónicas para la adquisición de la canasta básica; cuyo objetivo principal es apoyar a las familias que han perdido de manera total o parcial, su capacidad de ingresos, haciéndoles llegar tarjeta electrónica canjeable por 17 productos de la canasta básica debidamente seleccionados. Aunado a los diferentes programas en coordinación con el DIF Sinaloa para la entrega de alimentos por las Brigadas Itinerantes de Salud de la Secretaría de Desarrollo Social, acciones que se vieron fortalecidos por el compromiso solidario de particulares, empresas agrícolas e industriales, bancos de alimentos y demás organizaciones civiles y religiosas, que han engrandecido el esfuerzo conjunto por ayudar a los que en estos momentos más lo necesitan. Asimismo, la autoridad responsable Secretaría de Salud del Gobierno Federal, precisó que el veintidós de abril de dos mil veinte, el ejecutivo federal expuso el Plan para enfrentar la crisis económica derivada de la pandemia de COVID-194 , el cual establece el otorgamiento de tres millones de créditos dirigidos a la población más necesitada y a la clase media, así como la creación de dos millones de nuevos empleos; acciones orientadas a proteger al 70% de las familias mexicanas, equivalente a 25 millones de hogares, sobre todo a los más pobres e integrantes de las clases medias. Además, en el propio Plan, el Ejecutivo Federal respaldó la continuación en el funcionamiento de los programas de: - Pensiones para adultos mayores y persona con discapacidad - Sembrando Vida - Apoyo para el Bienestar de los Hijos de Madres Trabajadoras - Becas para el Bienestar Benito Juárez - Jóvenes Construyendo el Futuro - Tandas para el Bienestar - Atención médica y medicamentos gratuitos - Producción para el Bienestar, entre otros. En adición a lo anterior, el ocho de mayo de dos mil veinte, fue publicado el Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual incorpora la obligación del Estado en garantizar la entrega de un apoyo económico a las personas que tengan discapacidad permanente en los términos que fije la Ley, dando prioridad a los menores de dieciocho años, indígenas y afromexicanos hasta la edad de sesenta y cuatro años, así como a las personas que se encuentren en condición de pobreza. Asimismo, incorporó el derecho de las personas mayores de sesenta y ocho años a recibir una pensión no contributiva en los términos que fije la Ley. Aunado a lo anterior, se establece un sistema de becas para estudiantes de todos los niveles escolares del sistema de educación pública dando prioridad a aquellos pertenecientes a familias que se encuentren en condición de pobreza, para garantizar con equidad el derecho a la educación. Por otro lado, el Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS CoV2 (COVID-19), publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de marzo de dos mil veinte, establece: "ARTÍCULO PRIMERO. Se establece como acción extraordinaria, para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, que los sectores público, social y privado deberán implementar las siguientes medidas. .II. Solamente podrán continuar en funcionamiento las siguientes actividades, consideradas esenciales. .d) Las relacionadas directamente con la operación de los programas sociales del gobierno.". Es decir, los referidos programas sociales5 a cargo del Gobierno Federal se encuentran operando a pesar de la pandemia, en uso de las políticas de apoyo social que el Ejecutivo considera prioritario atender. Mientras que respecto a las autoridades municipales, de acuerdo con la Ley de Gobierno emisión de lineamientos de carácter general como los que pretende la solicitante. Aunado a lo anterior, de la lectura integral de la demanda de amparo no se advierte que la parte quejosa haya solicitado para sí o a favor de sus menores hijos, la inscripción en alguno de los programas enunciados y, en consecuencia, obtenido una respuesta negativa (de hecho o por omisión) por parte de las autoridades correspondientes (sin que ello le vede el derecho de hacer la solicitud respectiva del programa que considere le puede ser aplicable). En suma, por las razones dadas, no es cierto que las autoridades responsables hayan sido omisas en prever la generación de las condiciones, programas, becas o cualquier otra denominación para la implementación de las medidas preventivas que garanticen su derecho al mínimo vital, con motivo de la declaratoria de pandemia por el COVID19; y en pagar el mínimo vital para cubrir las necesidades básicas indispensables para asegurarle una subsistencia digna a la parte quejosa, hasta que termine la aludida pandemia. En consecuencia, ante la inexistencia de las omisiones reclamadas, de conformidad con los artículos 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobreseer en el presente juicio promovido por Cecilia Encarnación Reyes Loera, por su propio derecho, y en representación de los menores E.M.R. y M.M.R. Con motivo de lo anterior, no es factible realizar el estudio de los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, puesto que el sobreseimiento constituye un acto procesal que termina la instancia por cuestiones ajenas al aspecto de fondo planteado, y se insiste, no prejuzga sobre la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, ni sobre la responsabilidad de la autoridad responsable al ordenarlo o ejecutarlo. Finalmente, resulta innecesario estudiar las diversas causas de improcedencia invocadas por la autoridad Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos (por conducto de la Secretaría de Bienestar), ya que su estudio parte del supuesto de que los actos reclamados sean ciertos. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Cecilia Encarnación Reyes Loera, por su propio derecho, y en representación de los menores E.M.R. y M.M.R., contra los actos reclamados a las autoridades responsables precisadas en el considerando tercero de la presente sentencia, por las razones dadas en el propio apartado. Notifíquese en término de Ley y dentro del plazo legal.

  4. Principal

    Vista la certificación que antecede, se advierte que al día de hoy, se encuentra transcurriendo a las partes el plazo de ocho días, con la vista del informe justificado, rendido por la autoridad responsable Secretaría de Salud, con sede en la Ciudad de México.---En consecuencia, se difiere la audiencia constitucional programada para el día de hoy, y se señalan las nueve horas con veinticinco minutos del diez de diciembre de dos mil veinte, para su celebración.-...Notifíquese.

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