Cecilia del Rosario Lopez Mosqueda

Expediente 1911/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 25 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1911/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
25/11/2021

Partes del expediente

  • Cecilia del Rosario Lopez Mosqueda

Actuaciones

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos, y la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto el recurso de queja a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la citada Ley de la materia, en contra del acuerdo de ocho de noviembre del año en curso, en el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo. En tal virtud, se declara que el referido proveído HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes; en consecuencia, previas las anotaciones conducentes en el libro de gobierno respectivo, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso d, del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda y que carece de relevancia documental. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, ocho de noviembre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan estos autos y lo de cuenta, se acuerda: se tiene por recibido el oficio número 2089 del Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, con el que devuelve estos autos y remite copia certificada de la resolución de veintiuno de octubre del año en curso, dictada en el toca 281/2020, formado con motivo del recurso de revisión interpuesto por el quejoso ALFONSO LÓPEZ CALDERÓN, contra la sentencia emitida en el presente juicio de amparo. Ejecutoria que en su resolutivo primero confirmó la sentencia recurrida, y en el segundo negó a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia de la Unión. Acúsese recibo. Por otra parte, glósese a estos autos el cuaderno de antecedentes formado con motivo del recurso de revisión interpuesto en este asunto, dejando los autos originales que lo conforman y deséchense las copias certificadas que lo originaron para evitar la voluminosidad del presente expediente. En mérito de lo anterior, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso b, del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de depuración. Lo anterior, al ser un juicio de amparo negado y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el numeral 15 de citado Acuerdo General. Debiéndose hacer las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. Hágase lo anterior del conocimiento de las partes, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, doce de noviembre de dos mil veintiuno. Toda vez que mediante proveído de uno de septiembre del año en curso, se ordenó reexpedir a través de la Consejería Jurídica del Gobierno Federal, el oficio 11670/2021-VII-B, de trece de mayo del año en curso, dirigido al Presidente de la República, con el que se le pidió su informe justificado; por tanto, SE ACUERDA: No obstante que ya obra en los autos la tarjeta de acuse de recibo correspondiente al oficio 2205//2021-VII-B, con el que se pidió a la citada Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, que canalizara dicha misiva (11670/2021), a la autoridad a quien legalmente le competa representar al Titular del Poder Ejecutivo Federal; circunstancia que a la fecha no se tiene dato alguno. Por ello, no es factible celebrar la audiencia constitucional relativa, pues el hecho de que obre en los autos la citada tarjeta, ello únicamente acredita que la citada Consejería Jurídica la ha recibido, pero no que el Presidente de la República se encuentre notificado de este juicio de amparo y por ende, esté en posibilidad de rendir su informe justificado. En tal sentido, se difiere la audiencia constitucional que debería tener verificativo este propio día y se fijan las NUEVE HORAS CON VEINTISIETE MINUTOS DEL SEIS DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, para su celebración. Notifíquese y cúmplase.

  4. Principal

    VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo número 1391/2021-VI-B, promovido por JUAN CARLOS CHÁVEZ RODRÍGUEZ; y, RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el nueve de agosto de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad de Mérida, y turnado el diez siguiente a este Juzgado Segundo de Distrito, compareció el citado quejoso a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto que reclama de las siguientes autoridades responsables: TITULAR DE LA COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS, DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE SALUD, CON SEDE EN LA CIUDAD DE MÉXICO; DIRECTOR EJECUTIVO DE REGULACIÓN DE ESTUPEFACIENTES, PSICOTRÓPICOS Y SUSTANCIAS QUÍMICAS DE LA COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS, CON SEDE EN LA CIUDAD DE MÉXICO; y, DIRECTOR DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS DEPENDIENTE DE SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN, CON SEDE EN ESTA CIUDAD. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Por acuerdo de once de agosto de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de amparo, la cual quedó registrada con el número 1391/2021-VI-A. Se solicitó informe justificado a las autoridades responsables; se dio la intervención legal a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en la ciudad de Mérida, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 37 de la Ley de Amparo, 48 y 52, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos 3/2013 y 3/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y publicados en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO. Precisión el acto reclamado. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, por técnica jurídica, se procede a precisar el acto reclamado que constituye la materia del presente juicio, lo cual encuentra fundamento además, en la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos cincuenta y cinco, Tomo XIX, correspondiente al mes de abril de dos mil cuatro, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En el caso, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y de las constancias que conforman este expediente, se advierte que el acto reclamado lo hizo consistir el quejoso JUAN CARLOS CHÁVEZ RODRÍGUEZ, fundamentalmente, en: La omisión de dar contestación a la solicitud realizada mediante escrito presentado el siete de mayo de dos mil veintiuno, mediante el cual solicita la autorización sanitaria para consumo personal de cannabis sativa (índica y americana o mariguana, su resina, preparados y semillas), del psicotrópico THC (Tetrahidrocannabinol, los isómeros A6a (10a), A6(7), A7, A8, A9(11) y sus variantes estereoquímicas (conjuntamente "marihuana" o "cannabis"), así como la adquisición, posesión y transporte. TERCERO. No es cierto el acto reclamado al Director de Protección Contra Riesgos Sanitarios Dependiente de Servicios de Salud de Yucatán, con sede en esta ciudad, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado, sin que la parte quejosa hubiese desvirtuado dicha negativa con prueba en contrario. En consecuencia, procede sobreseer en el presente juicio, respecto a la autoridad señalada en el párrafo anterior, con apoyo en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, y la Tesis de Jurisprudencia número 284 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, visible en la página 236, del Tomo VI, Materia Común, que a la letra dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." CUARTO. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables Titular y Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas Consultiva, ambos de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud (COFEPRIS), con sede en la Ciudad de México, pues así lo manifestaron al rendir su informe justificado, por conducto de la Subdirectora Ejecutiva de lo Contencioso adscrita a la Coordinación General Jurídica y Consultiva de la Comisión en cita; por tanto, así deben tenerse para los efectos legales conducentes. Es aplicable la jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos treinta y uno, Tomo VI, Materia Común, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Quinta Época, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". QUINTO. Análisis de las causales de improcedencia propuestas. Por cuestión de técnica jurídica, previamente al estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, precisa examinar la causal de improcedencia que invocan las responsables, en su informe justificado, pues de ser fundada, sería ocioso analizar las cuestiones de fondo planteadas en el juicio. Consecuentemente, por ser la improcedencia de la acción de amparo cuestión de orden público cuyo estudio puede efectuarse inclusive de oficio, de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo, con mayor razón procede llevarlo a cabo cuando así lo solicite alguna de las partes en el juicio de amparo. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 814, consultable en la página 553, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "IMPROCEDENCIA CAUSALES DE, EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia en el juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Las autoridades responsables hicieron valer la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, al estimar que el aquí quejoso no cuenta con interés jurídico o legítimo, pues refieren que la solicitud realizada por el mismo aún se encontraba dentro del plazo establecido en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Luego, el numeral 61 de la ley de la materia en su fracción XII dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [.]" Resulta oportuno precisar que el interés jurídico es uno de los presupuestos para promover el juicio de amparo, en razón de que éste tiene como finalidad proteger al individuo de algún perjuicio que pueda resentir en su persona, patrimonio o derechos, como consecuencia de la ejecución del o de los actos que estima ilegales, entendiéndose por perjuicio la ofensa que se hace a los derechos e intereses de los que es titular. El interés jurídico existe cuando una norma jurídica específica (constitucional, legal o contractual), confiere un derecho determinado a un individuo, quien además, por esa misma norma tiene la protección, frente a cualquier persona o autoridad, del derecho conferido. Así, el interés jurídico consiste en la titularidad del derecho que se estima violado por el acto de autoridad. Sirve de sustento, a lo anterior, la jurisprudencia del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, tomo 60, Diciembre de 1992, de la Octava Época, con el número de tesis I. 1o. A. J/17, vista en la página 35, cuyo tenor literal es el siguiente: "INTERÉS JURÍDICO, NOCIÓN DE. PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO: El interés jurídico necesario para poder acudir al juicio de amparo ha sido abundantemente definido por los tribunales federales especialmente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Al respecto, se ha sostenido que el interés jurídico puede identificarse con lo que se conoce como derecho subjetivo, es decir, aquel derecho que, derivado de la norma objetiva, se concreta en forma individual en algún objeto determinado otorgándole una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad. Así tenemos que el acto de autoridad que se reclame tendrá que incidir o relacionarse con la esfera jurídica de algún individuo en lo particular. De esta manera no es suficiente, para acreditar el interés jurídico en el amparo, la existencia de una situación abstracta en beneficio de la colectividad que no otorgue a un particular determinado la facultad de exigir que esa situación abstracta se cumpla. Por ello, tiene interés jurídico sólo aquel a quien la norma jurídica le otorga la facultad de exigencia referida y, por tanto, carece de ese interés cualquier miembro de la sociedad, por el solo hecho de serlo, que pretenda que las leyes se cumplan. Estas características del interés jurídico en el juicio de amparo son conformes con la naturaleza y finalidades de nuestro juicio constitucional. En efecto, conforme dispone el artículo 107, fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el juicio de amparo deberá ser promovido sólo por la parte que resienta el agravio causado por el acto reclamado, para que la sentencia que se dicte sólo la proteja a ella, en cumplimiento del principio conocido como de relatividad o particularidad de la sentencia". También, la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, consultable en la página 1790, del Tomo XX, Septiembre de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo texto y rubro son del tenor siguiente: "INTERÉS JURÍDICO, DEFINICIÓN DE. El interés jurídico del promovente, ya fuere en el incidente de suspensión o en el juicio de garantías, debe sustentarse en un derecho objetivo reconocido por la ley, es decir, tal interés a que se refiere la ley de amparo a de demostrarse en ciertos casos con el documento o medio de convicción idóneo con fuerza y valor probatorio pleno por el que una persona demuestra la titularidad de un derecho tutelado por la ley, mediante el cual pone en movimiento a la autoridad jurisdiccional federal para que ésta resuelva lo conducente en relación con la afectación alegada de ese derecho, lo cual para el juzgador en materia de amparo debe ser eficientemente probado; empero, tratándose de una controversia judicial del orden común, la autoridad judicial, de acuerdo con las normas aplicables al caso, decidirá si a alguna de las partes le asiste o no un derecho subjetivamente tutelado por la ley de la materia aplicable". En consecuencia, es evidente que el interés jurídico de quien promueva la acción constitucional sólo se puede surtir en la medida que demuestre que el acto de autoridad combatido le ha causado molestias en su esfera jurídica, entendiéndose por ésta el cúmulo de derechos y obligaciones que legalmente le correspondan. Así, resulta indiscutible que el aquí quejoso sí tiene interés jurídico para promover el juicio de amparo contra la omisión de dar contestación a la solicitud realizada mediante escrito presentado el siete de mayo de dos mil veintiuno, pues de la documental que adjuntó a su demanda de amparo, se desprende que fue el propio quejoso quien solicitó la autorización sanitaria para consumo personal de cannabis sativa (índica y americana o mariguana, su resina, preparados y semillas), del psicotrópico THC (Tetrahidrocannabinol, los isómeros A6a (10a), A6(7), A7, A8, A9(11) y sus variantes estereoquímicas (conjuntamente "marihuana" o "cannabis"), así como la adquisición, posesión y transporte, por lo que es éste quien resiente directamente la afectación. De lo anterior se desprende que, contrario a lo aseverado por las responsables, no se actualiza la causal de improcedencia en estudio. Pues, se insiste, es el promovente del amparo quien resiente directamente el acto que por esta vía constitucional se impugna, al haberse sido quien presentó la solicitud de que se trata, como quedó precisado en párrafos precedentes. Por otra parte, tampoco es dable sostener bajo el argumento que pretende la responsable, en el sentido que no se han violentado derechos de la parte quejosa, ya que de conformidad con el artículo 17 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, aún no había transcurrido el plazo de los tres meses a que se refiere. Es así, porque en el caso concreto no puede de manera alguna considerarse que por la circunstancia de que exista la figura de la negativa ficta y no haya transcurrido el plazo para que se actualizarse, ello traiga como consecuencia la falta de interés jurídico; cuando lo que se reclama en el juicio constitucional es la violación al artículo 8º Constitucional. Ello es así, ya que una resolución negativa ficta no puede actualizar la causal de improcedencia a que alude la autoridad, cuando se reclama la omisión de la responsable de dar respuesta a una petición presentada por escrito, de manera pacífica y respetuosa, dado que dicha figura jurídica no tiene por finalidad obligar a las autoridades a contestar en breve término, como lo exige el artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sino que ante la falta de contestación de la autoridad administrativa a una petición que se le formula, se considera, por ficción de la ley, como una resolución negativa, empero, se insiste, no constituye ni se equipara a la contestación por escrito que exige el artículo 8º de la Constitución Federal. Tiene aplicación al caso, por analogía, la tesis aislada IV.3o.A.20 K (10a.), de los Tribunales Colegiados de Circuito, localizable en la Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXV, Octubre de 2013, Tomo 3, página 1760 y registro 2004685, del tenor siguiente: "DERECHO DE PETICIÓN. CUANDO EN EL JUICIO DE AMPARO SE RECLAMA SU VIOLACIÓN, LA CONFIGURACIÓN DE LA NEGATIVA FICTA NO ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XXII, DE LA LEY DE LA MATERIA, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013. El artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, establece que el juicio de amparo es improcedente cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno, por haber dejado de existir su objeto o materia, lo que implica que jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce del derecho que se estime violado, o bien, ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria. En ese entendido, dado que el derecho de petición previsto en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se limita únicamente a la facultad de pedir algo a la autoridad, sino que también conlleva recibir una respuesta en breve término, congruente con lo pedido, y que la negativa ficta constituye la resolución que por ficción de la ley, se entiende que recayó a una solicitud, petición o instancia formulada por escrito por los gobernados, ante la conducta omisa en que incurrió una autoridad, no puede válidamente considerarse que por la configuración de dicha negativa haya dejado de existir la materia u objeto del juicio de amparo en que se reclame la violación al señalado derecho, en tanto que esa figura legal no puede eximir a la autoridad de emitir una respuesta escrita que, por mandato constitucional, está obligada y, por tanto, la negativa ficta no actualiza la aludida causal de improcedencia, ya que no impide que jurídicamente los efectos del acto reclamado se concreten a la esfera jurídica del quejoso." De ahí que por tales consideraciones, resulta infundado el motivo de improcedencia aludido por las autoridades responsables. Finalmente, al no existir una diversa causa de improcedencia de este juicio, ni se observa alguna que deba ser analizada oficiosamente, en términos de lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, procede estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado. SEXTO. Innecesaria transcripción de los conceptos de violación. En el caso a estudio, no se advierte la actualización de alguna otra causa de improcedencia de las previstas por el artículo 61 de la Ley de la Materia, ni las partes lo hicieron valer, por lo que se procede al estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, cuya transcripción se estima innecesaria, y además, porque no existe algún precepto que obligue a ello. Apoya la anterior consideración la jurisprudencia 2ª./J.58/2010 emitida por el Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." SÉPTIMO. Estudio de la litis constitucional. El concepto de violación hecho valer por la parte quejosa es esencialmente fundado y suficiente para conceder la protección constitucional, por los motivos y fundamentos que se exponen a continuación. En efecto, el promovente refiere en esencia que la omisión reclamada transgrede en su perjuicio el derecho fundamental previsto en el artículo 8° Constitucional, porque la autoridad responsable, ha sido omiso en dar respuesta a su escrito presentado el siete de mayo de dos mil veintiuno. Ahora bien, el artículo 8° Constitucional dispone lo siguiente: "Artículo 8. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario". De igual forma, resulta necesario atender el contenido de las tesis con rubros y datos de identificación siguientes: "PETICIÓN. LA EXISTENCIA DE ESTE DERECHO COMO GARANTÍA INDIVIDUAL PARA SU SALVAGUARDA A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO REQUIERE QUE SE FORMULE AL FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO EN SU CALIDAD DE AUTORIDAD". (Tesis de jurisprudencia P./J. 42/2001; emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 126, tomo XIII, Abril de 2001, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 189914). "PETICIÓN, DERECHO DE. A LA AUTORIDAD RESPONSABLE CORRESPONDE LA PRUEBA DE QUE SE DICTÓ LA RESOLUCIÓN A LO SOLICITADO Y LA DIO A CONOCER AL PETICIONARIO". (Tesis de jurisprudencia, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 138, Volumen CXXXII, Tercera Parte, Sexta Época, Semanario Judicial de la Federación, registro 802744). "PETICIÓN. LA GARANTÍA CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 8o. CONSTITUCIONAL SE CONFORMA DE DIVERSAS SUBGARANTÍAS QUE LE DAN CONTENIDO, Y QUE DEBEN CONSIDERASE POR EL JUEZ DE DISTRITO EN EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO POR VIOLACIÓN A DICHO DERECHO". (Tesis de jurisprudencia VI.1o.A. J/54 (9a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, publicada en la página 931, Libro VI, Marzo de 2012, Tomo 2, Décima Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 160206). "DERECHO FUNDAMENTAL DE PETICIÓN. PARA DETERMINAR SU ALCANCE Y CONTENIDO, PUEDE ATENDERSE AL CONCEPTO DE "PLAZO RAZONABLE" DESARROLLADO POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, EN APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD". (Tesis aislada, emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en la página 2004, Libro 19, Junio de 2015, Tomo III, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación). Del contenido del precepto constitucional y de las tesis a que se ha hecho referencia, se advierte que los funcionarios públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa, así como que, a cada petición deberá recaer un acuerdo escrito y la autoridad tendrá obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario. Así tenemos que los elementos del derecho humano de petición consisten en: a) Que se realice una petición, la cual debe formularse por escrito, de manera pacífica y respetuosa; ser dirigida a una autoridad, y recabarse la constancia de que fue entregada; y la autoridad debe notificar el acuerdo recaído a la petición en forma personal al gobernado en el domicilio que señaló para tales efectos. b) La respuesta consiste en que la autoridad debe emitir un acuerdo en breve término, entendiéndose por éste, el que racionalmente se requiera para estudiar la petición y acordarla; y la misma tendrá que ser congruente con la petición; la autoridad debe notificar el acuerdo recaído a la misma, en forma personal al gobernado en el domicilio que señaló para tales efectos. En ese sentido, por "breve término" es necesario precisar que en el sistema jurídico mexicano respecto del derecho fundamental de petición consagrado en el artículo 8º Constitucional, no se establece un determinado plazo para que las autoridades den respuesta a las solicitudes formuladas por los gobernados. Por lo tanto, se ha establecido que ante esa indefinición, en aplicación del principio de progresividad previsto en el artículo 1º, párrafo tercero, de la Constitución Federal, válidamente puede atenderse al concepto de "plazo razonable" desarrollado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a partir de los artículos 7, numeral 5 y 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, con la finalidad de determinar el alcance y contenido del derecho mencionado. En ese sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que no es conveniente fijar un plazo genérico para el cumplimiento de la obligación de dar respuesta al gobernado, sino que debe atenderse a las circunstancias específicas de cada caso, como pueden ser las relacionadas con su complejidad técnica, jurídica y material, con la actividad que el solicitante hubiera desplegado en seguimiento a su petición, con la que las autoridades hayan llevado a cabo para dar respuesta y sus cargas de trabajo, lo cual corresponde al concepto de "plazo razonable" descrito. De ahí que, en el caso concreto, se tiene que la autoridad responsable en el presente juicio de amparo contó con un plazo razonable para dar contestación a la parte quejosa, o por lo menos darle trámite e informarle las gestiones realizadas al promovente para efecto de dar contestación a su petición formulada, pues del análisis practicado al escrito respectivo se advierte que solicitó la autorización sanitaria para consumo personal de cannabis sativa (índica y americana o mariguana, su resina, preparados y semillas), del psicotrópico THC (Tetrahidrocannabinol, los isómeros A6a (10a), A6(7), A7, A8, A9(11) y sus variantes estereoquímicas (conjuntamente "marihuana" o "cannabis"), así como la adquisición, posesión y transporte. En ese contexto, no se advierte que la contestación que debe emitir la responsable implique una complejidad técnica, jurídica y material para no dar respuesta a la parte quejosa hasta el momento en que presentó su demanda de amparo, ni menos aún a la fecha en que se resuelve la presente instancia constitucional. Al respecto resulta aplicable la tesis I.1o.A.E.63 A (10a.), del Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en el Distrito Federal y Jurisdicción en toda la república, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 19, Junio de 2015, Tomo III, Materia(s): Constitucional, página: 2004 y registro: 2009511, que señala: "DERECHO FUNDAMENTAL DE PETICIÓN. PARA DETERMINAR SU ALCANCE Y CONTENIDO, PUEDE ATENDERSE AL CONCEPTO DE "PLAZO RAZONABLE" DESARROLLADO POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, EN APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD. En la tesis 1a. CDV/2014 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 21 de noviembre de 2014 a las 9:20 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 12, Tomo I, noviembre de 2014, página 714, de título y subtítulo: "DERECHOS HUMANOS. SU CONTENIDO NO SE LIMITA AL TEXTO EXPRESO DE LA NORMA QUE LO PREVÉ, SINO QUE SE EXTIENDE A LA INTERPRETACIÓN QUE LOS ÓRGANOS AUTORIZADOS HAGAN AL RESPECTO.", la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo el criterio consistente en que el contenido de los derechos humanos no se limita al texto expreso de las normas que los reconocen, sino que se robustece con la interpretación evolutiva o progresiva que al respecto realicen tanto los tribunales de constitucionalidad nacionales, como los organismos internacionales autorizados en la materia. Así, en nuestro sistema jurídico, el derecho fundamental de petición se reconoce en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo texto no dispone un plazo determinado para que las autoridades den respuesta a las solicitudes formuladas por los gobernados, pues su segundo párrafo se limita a señalar que el acuerdo recaído a la petición deberá hacerse del conocimiento del solicitante en "breve término", sin que establezca un referente temporal concreto. Ante esa indefinición, en aplicación del principio de progresividad previsto en el artículo 1o., párrafo tercero, de la Constitución Federal, válidamente puede atenderse al concepto de "plazo razonable" desarrollado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a partir de los artículos 7, numeral 5 y 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, con la finalidad de determinar el alcance y contenido del derecho mencionado". En conclusión, del contenido del derecho fundamental de petición se advierte que los funcionarios públicos habrán de respetarlo, siempre que se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa, así como que, a cada petición deberá recaer un acuerdo escrito y la autoridad tendrá obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario. De ahí que, en el caso, en autos del presente juicio de amparo, obra el citado ocurso con acuse de recibo, del que fundamentalmente se aprecia que el ahora quejoso elevó una petición a la autoridad antes mencionada. Y por su parte, la autoridad responsable fue omisa en acreditar que antes de la presentación de la demanda de amparo e incluso durante el trámite del presente juicio de amparo, hubiera emitido una respuesta en relación a la misma y aún menos que le hubiera sido notificado en el domicilio que señaló para tal efecto; por tanto, es claro que vulnera en su perjuicio el derecho humano fundamental contenido en el artículo 8º de nuestra Carta Magna. Por ende, al quedar demostrado que la autoridad responsable no ha dictado la contestación correspondiente a la petición que formuló la parte quejosa mediante el escrito recibido por la responsable el siete de mayo de dos mil veintiuno, menos aún, notificado la respuesta a ésta, se concluye que su actuar viola flagrantemente el derecho fundamental consagrado en el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pues es obligación de las autoridades dar contestación a la petición del gobernado, independientemente del sentido que se le dé a la misma y si le es favorable o no a los intereses del peticionario, siempre y cuando la respuesta sea congruente con lo pedido. Sin que sea obstáculo, que la responsable manifieste que la omisión de dar contestación a dicha petición se encuentra justificada y deriva precisamente del término de tres meses que el artículo 17 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, le concede para emitir sus resoluciones. Lo anterior, por cuanto la parte quejosa acude a la instancia constitucional en reclamo a la violación directa al derecho fundamental de petición tutelado por el artículo 8° Constitucional. Esto es, la omisión de dar respuesta a la solicitud ante ella presentada, no podría configurar la negativa ficta a la que alude al invocar el precepto legal que la define, por cuanto esta figura jurídica, es una institución que, surge debido al transcurso del tiempo, sin respuesta específica y por escrito de la autoridad a la que se le planteó la solicitud, cuyo objeto primordial no es satisfacer el derecho humano que tutela el invocado ordinal 8° Constitucional, la cual no puede quedar suspendida por la creación o existencia de figuras jurídicas -como la negativa ficta-, que la hagan nugatoria, pues ello equivaldría a limitarla, restringirla o disminuirla y a condicionar su vigencia a lo que dispongan las leyes secundarias. En efecto, contrario a lo que expone, la falta de respuesta a una solicitud formulada por un gobernado en términos del artículo 8° Constitucional, no puede considerarse solventada mediante el silencio administrativo, debido a que el derecho fundamental de petición ejercido, no puede estimarse respetado y satisfecho mediante la falta de respuesta, pues su efectiva tutela se exige mediante una respuesta por escrito, congruente con lo pedido en breve plazo y con su notificación al peticionario. De ahí que, no puede garantizarse tal derecho mediante la negativa ficta, porque no lo autoriza la Constitución, ya que esa figura opera para otro tipo de trámites o instancias administrativas, no para el derecho fundamental de petición, como en el caso nos ocupa. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó, en la ejecutoria de la contradicción de tesis 51/2018, que la negativa ficta recaída legalmente prevista para operar ante una instancia o procedimiento o solicitud administrativa de un interesado no elimina la violación al derecho de petición tutelado en el artículo 8º Constitucional. Pues la figura jurídica de la negativa ficta no puede impedir, restringir ni condicionar el derecho fundamental de petición reconocido en el citado precepto de la Carta Magna, en virtud que dados los términos en que está concebido el derecho fundamental, la respuesta debe ser por escrito y no solo emerger de manera ficta una contestación negativa por la omisión de la autoridad y el transcurso de un lapso prolongado, porque ese silencio no satisface las obligaciones constitucionales que impone a las autoridades el derecho en cuestión. Consideraciones que fueron sustentadas en la jurisprudencia 2a./J. 136/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo X, diciembre de 1999, página 245 y registro 192641, del tenor siguiente: "PETICIÓN, DERECHO DE. NO DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO CON BASE EN QUE EL SILENCIO DE LA AUTORIDAD CONSTITUYE UNA NEGATIVA FICTA. Cuando se reclama en amparo la violación al derecho de petición consagrado en el artículo 8o. constitucional, no es procedente sobreseer en el juicio con base en que el silencio de la autoridad constituyó una negativa ficta, por las razones siguientes: 1) porque la aludida garantía constitucional no puede quedar suspendida por la creación o existencia de figuras jurídicas (como la negativa ficta) que la hagan nugatoria, pues ello equivaldría a limitarla, restringirla o disminuirla y a condicionar su vigencia a lo que dispongan las leyes secundarias; 2) porque la negativa ficta es una institución que, por sus características peculiares, es optativa para los particulares, la cual, por surgir debido al transcurso del tiempo, sin respuesta específica y por escrito de la autoridad a la que se planteó la solicitud, no puede satisfacer el objeto primordial que se persigue con la garantía que tutela el artículo 8o. constitucional; y 3) porque el Juez de amparo no puede prejuzgar sobre cuál es el medio de defensa con que debe ser impugnado el silencio de la autoridad, cuando precisamente se le está pidiendo que obligue a esa autoridad a dar una respuesta, como lo exige el artículo constitucional invocado. Lo anterior, sin perjuicio de que cuando el particular optó por impugnar la resolución ficta, ya no puede, válidamente, exigir contestación expresa, pues en tal supuesto clausuró su derecho de petición." Así como la diversa jurisprudencia I.1o.A. J/2, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Octubre de 1997, Materia(s): Administrativa, Página: 663 y Registro: 197538, que señala. "NEGATIVA FICTA Y DERECHO DE PETICIÓN. SON INSTITUCIONES DIFERENTES. El derecho de petición consignado en el artículo 8o. constitucional consiste en que a toda petición formulada por escrito en forma pacífica y respetuosa deberá recaer una contestación también por escrito, congruente a lo solicitado, la cual deberá hacerse saber al peticionario en breve término; en cambio, la negativa ficta regulada en el artículo 37 del Código Fiscal de la Federación no tiene como finalidad obligar a las autoridades a resolver en forma expresa sino que ante la falta de contestación de las autoridades fiscales, por más de tres meses, a una petición que se les formule, se considera, por ficción de la ley, como una resolución negativa. En consecuencia, no puede establecerse, ante dos supuestos jurídicos diversos, que la negativa ficta implique también una violación al artículo 8o. constitucional, porque una excluye a la otra". Por tanto, el silencio administrativo no colma las obligaciones constitucionales que impone a las autoridades el derecho fundamental de petición tutelado en el artículo 8° de la Constitución Federal. Sobre esas bases, la omisión de dar respuesta a la petición formulada por la parte quejosa, ante la autoridad responsable, resulta violatoria del derecho de petición tutelado en el citado ordinal, pues no demostró, ni aun a la fecha del dictado de la presente determinación, haberla dado por escrito y congruente a la petición, ni que la hubiere notificado. Lo anterior, conlleva a que se conceda el amparo y protección de la Justicia Federal, a la parte quejosa para el efecto de que la autoridad responsable realice los siguientes actos: 1. Dé inmediata respuesta a la petición que le fue formulada por escrito de la parte quejosa, lo que deberá hacer de manera congruente con lo pedido, fundada y motivadamente. 2. Así como le notifique de manera personal dicha determinación, en el domicilio aportado para ello. En la inteligencia de que el amparo aquí concedido no la obliga a acordar de conformidad con lo solicitado, pues el derecho de petición consagrado en el artículo 8° Constitucional, no implica que las autoridades emitan su resolución precisamente en el sentido expresado por los interesados, sino sólo las obliga a contestar oportunamente, en breve término, y por escrito, las promociones que se presenten. Apoya lo anterior, la jurisprudencia número 130, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en la página 89 del tomo III, Parte SCJN, Quinta Época del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995, con registro 391020, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "PETICIÓN, DERECHO DE. NO CONSTRIÑE A RESOLVER DE CONFORMIDAD. Las garantías del artículo 8o. constitucional tienden a asegurar un proveído sobre lo que se pide y no a que se resuelvan las peticiones en determinado sentido." Así como la tesis del Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VIII, Septiembre de 1991, página 124, que dice: "DERECHO DE PETICIÓN, ALCANCE LEGAL DEL. Las garantías del artículo 8o. constitucional tienden a asegurar un proveído sobre lo que se pide y no a que se resuelvan las peticiones en determinado sentido, por tanto, una autoridad cumple con la obligación que le impone este precepto, al dictar un acuerdo, expresado por escrito, respecto de la solicitud que se le haya hecho, con independencia del sentido y términos en que esté concebido". OCTAVO. Publicación de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. NOVENO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. DÉCIMO. Expedición de copias. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto, considerado y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 77, 215, 216, 217 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se RESUELVE PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por JUAN CARLOS CHÁVEZ RODRÍGUEZ, en contra del acto que reclama al Director de Protección Contra Riesgos Sanitarios Dependiente de Servicios de Salud de Yucatán, con sede en esta ciudad; por los motivos precisados en el considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a JUAN CARLOS CHÁVEZ RODRÍGUEZ, en contra de los actos reclamados al Titular de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, dependiente de la Secretaría de Salud, y Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal Para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, ambos con sede en la Ciudad de México, para los efectos y por las razones expuestas en el considerando séptimo de la misma. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando octavo de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando noveno de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese.

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